POLITICA
El plan de Milei para sobrevivir a la era de proteccionismo que lanzó Trump en pleno calendario electoral
Esta semana, Donald Trump provocó un tsunami de escala mundial. Impuso aranceles a todos los países que le exportan a los Estados Unidos y empujó a todos hacia una nueva era. La globalización, que cobró vuelo en los años ‘90, queda ahora tabicada, compartimentada, donde cada Estado nacional negocia, se maneja con sus propias reglas, ya no uniformes.
Trump no solo castigó a empresas extranjeras que exportan su producción a los Estados Unidos, como por ejemplo automotrices alemanas, sino también a firmas americanas: Apple produce más del 80% de sus celulares en China.
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Javier Milei aprovechó el viaje que lo había llevado originalmente a los Estados Unidos, aun cuando no pudo obtener una foto y una reunión con Trump, que fuese el moño del acuerdo con el FMI, para subirse a la nueva ola.
Estaba en el lugar correcto en el momento oportuno. Demostró agilidad. Dijo que adecuará la legislación argentina a los nuevos requerimientos del presidente norteamericano, mientras el canciller Gerardo Werthein negocia arancel cero para 50 productos que exporta el país a EE.UU.
Las medidas de Trump y la interpretación que se hace de ellas tienen, sin embargo, sus grises.
Trump y Milei son dos líderes de derecha radical, pero de impronta bien distinta. Mientras el presidente norteamericano es proteccionista y pretende fortalecer a la industria de su país; Milei es aperturista, partidario del libre mercado y de favorecer las importaciones. Quizás los industriales argentinos se sientan más cómodos con el magnate norteamericano que con el presidente argentino.
En ese sentido, Guillermo Michel, ex director General de Aduanas, explicó que “la Argentina no obtiene ningún beneficio con estas medidas impuestas por Trump. El mismo arancel lo tienen países que no están alineados con EE.UU., como Chile, Brasil, Colombia y el resto de los países de América.
“La industria argentina se va a ver claramente afectada con este arancel del 10%: le quita competitividad. Al ver el discurso de Trump rodeado de trabajadores y afiliados a sindicatos, da la pauta de que la Argentina, en comparativa, en materia de comercio exterior, está en el pasado. Creo que el programa económico que está impulsando el gobierno libertario apunta a un mundo no existe más: el mundo precrisis de Lehman Brothers”, apuntó.
Para los productos argentinos, será 10% más caro ingresar en Estados Unidos. A esto hay que sumarle el atraso cambiario que encarece la producción nacional. También, el derrumbe de los precios de las materias primas que exporta el país. Y mientras China respondió a Trump elevando los aranceles, no está claro lo que terminará haciendo la Argentina.
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La Corte, en problemas
En los Estados Unidos, Milei pareció desentenderse de la suerte de los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla. El Senado los sepultó en votos negativos. Una fuerte derrota política para el Gobierno: pese al esfuerzo que hicieron Santiago Caputo y Sebastián Amerio para sostener las nominaciones, el contexto político no le daba margen para tener éxito.
Victoria Villarruel, la vicepresidenta que ayer ejercía la presidencia, favoreció la realización de la sesión, que tenía final anunciado. Mauricio Macri, enemistado con Milei, pidió que el PRO ayudara al quórum y, aunque la mayoría de los senadores lo desobedecieron, dos bajaron al recinto. Y Cristina Kirchner, acorralada por la Justicia, les bajó el dedo a los pliegos: mientras el Gobierno no habilite una negociación amplia de cargos, Unión por la Patria no facilitará sus votos.
Ricardo Lorenzetti fue el gran promotor de Lijo y salió derrotado. Pero ayer le envió un misil a García-Mansilla: “Yo nunca hubiese aceptado ser nombrado por decreto en comisión”, dijo, lapidario.
Pero el problema no lo tienen Lorenzetti ni Lijo, que nunca llegó al alto tribunal y seguirá siendo juez federal. El problema lo tiene la Corte y el país: los fallos del máximo tribunal que de ahora en más firme García-Mansilla serán impugnados de nulidad.
El Gobierno intentará sostener a García-Mansilla en el cargo hasta el 30 de noviembre, cuando termina el periodo ordinario de sesiones legislativas. Es una interpretación posible de la Constitución nacional. Pero la fuerza que tiene la decisión del Senado pone en serias dudas la legitimidad del juez.
García-Mansilla es constitucionalista, pero parece aferrarse a la interpretación que más lo favorece a él mismo para mantenerse en el máximo cargo judicial. La Corte es una institución demasiado importante para quedar expuesta a semejante desgaste.
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Fractura expuesta
La realidad política está resquebrajada. El exuberante número de candidatos en las elecciones porteñas muestra la fractura de alianzas y partidos.
Anoche, Mauricio Macri presentó sus candidatos en un acto en el Planetario. Está dispuesto a ser la cara visible de la campaña, con una voz crítica contra el Gobierno. Siente que enfrenta la batalla final, la supervivencia de su escudería. Javier y Karina Milei lo quieren aislar y el presidente de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja, fue explícitamente claro cuando dijo que LLA no va por un acuerdo con el PRO, sino con los dirigentes del PRO que sean más afines.
En tanto, el PJ bonaerense muestra fractura expuesta. El jueves, la sesión en la Legislatura pasó a un cuarto intermedio y se retoma el martes. La suspensión muestra posiciones hasta ahora irreconciliables: Axel Kicillof quiere desdoblar las elecciones y Cristina Kirchner insiste en unificarlas con las nacionales. Sergio Massa intentó una negociación, una diagonal, para lograr la unidad. Pero, por ahora, parece difícil de lograr.
Todo indica que los bonaerenses irán a internas abiertas en las PASO del 13 de julio, que vuelvan a votar en los comicios provinciales de fines de agosto y, por tercera vez, en las elecciones nacionales del 25 de octubre.
Algunos expertos en el sistema electoral bonaerense -distinto al nacional-, incluso algunos muy allegados a Massa, dicen que ese escenario sería el ideal.
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Explican que las elecciones en cada una de las secciones electorales son muy distintas. Son ocho elecciones distintas. En algunas secciones donde se votan muchos diputados -segunda, tercera y sexta-, vale la pena una interna en la que tres o más listas peronistas se disputen ubicaciones para armar la lista que llevan a los comicios. Pero en otras secciones, donde se eligen pocos diputados, una interna resulta muy costosa y poco beneficiosa.
Además, el sistema electoral es muy restrictivo y penaliza al menos votado, privándolo de conseguir una banca que se redistribuyen en favor del que salió primero. El ejemplo más claro es la primera sección, donde LLA se siente más fuerte y tiene chances de vencer.
Javier Milei, Donald Trump
POLITICA
El Senado tratará la próxima semana la designación de Lucila Crexell como embajadora y ascensos militares
El Senado de la Nación volverá a sesionar la próxima semana con una agenda en donde las cuestiones de privilegio podrían llegar a romper la monotonía del debate. La intención del oficialismo es avanzar en el tratamiento de los pliegos del mundo judicial, de las fuerzas armadas y de Lucila Crexell, la exsenadora que es propuesta como embajadora argentina en Canadá.
“Aún resta definir si se sesiona el miércoles o jueves y se está estudiando la posibilidad de ampliar el temario pero, en principio, es solo pliegos”, explicó una fuente del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara Alta. Cuando se refiere a los pliegos es que habrá dos partes diferentes. Una, que seguramente será la primera parte, que será la votación a mano alzada para aceptar los 45 pedidos de acuerdo para jueces nacionales y federales de diferentes fueros, en su mayoría con asiento en la Capital Federal.
En este caso, lo destacable de este paquete de pliegos que envió el Ejecutivo y que forma parte de los 300 que aseguró el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, que enviará en el corto plazo; es que se incluyó la postulación de Emilio Rosatti, hijo del juez de la Corte Suprema Horacio Rosatti, quien es propuesto para un tribunal federal de juicio con asiento en la ciudad de Santa Fe. También concentra la atención el pliego de María Julia Sosa, secretaria del juzgado de Julián Ercolini.
Se especulaba que en esta tanda también ingresara Ana María Cristina Juan, esposa del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, quien está a cargo de la investigación por la presunta megaestafa con la criptomoneda $LIBRA, pero desde Justicia aseguran que será en el próximo envío de pliegos. Este es un trámite simple ya que no incluye un debate sobre cada uno de los casos sino simplemente darle entrada para su tratamiento en la comisión de Asuntos Constitucionales.
La segunda parte de la sesión podría implicar algún tipo de debate y es en la que el oficialismo buscará sancionar los ascensos militares y a Crexell como embajadora. La semana pasada la Comisión de Acuerdos, presidida por el senador Juan Carlos Pagotto (LLA), dictaminó de manera favorable doce pliegos remitidos por el Poder Ejecutivo Nacional (PEN), los cuales tomaron estado parlamentario en la sesión ordinaria del pasado 18 de marzo. Entre ellos se encuentran diez pliegos de promoción de jerarquía en las Fuerzas Armadas que incluyen la suba de grado de los jefes del Ejército -el actual general de división Oscar Santiago Zarich-, la Armada y el Estado Mayor Conjunto -vicealmirantes Juan Carlos Romay y Marcelo Alejandro Dalle Nogare, respectivamente; la designación de las autoridades de la Autoridad Nacional de la Competencia, organismo descentralizado del Ministerio de Economía; y el pliego que propone a la exlegisladora Lucila Crexell (Neuquén) como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria ante Canadá.
En la Comisión firmaron de manera conjunta oficialistas y dialoguistas por lo que se espera que eso mismo se repita en el recinto. Lo mismo sucedió a la hora de firmar el dictamen como embajadora -política- argentina en Canadá a la exlegisladora nacional Lucila Crexell (Neuquén), ante un kirchnerismo que quedó muy en soledad con sus acusaciones contra la postulante, quien incluso fue defendida por la -de nuevo- peronista sin témpera cristinista Carolina Moisés (Jujuy), que criticó a sus excompañeras endilgándoles violencia de género y “sororidad demagógica”.
La posición del kirchnerismo ya la adelantó Juliana Di Tullio quien en el debate en la comisión dijo que “esto está viciado de nulidad total y absoluta. Todo lo que se trate en esta comisión, y usted lo sabe bien”, manifestó Di Tullio a Pagotto por los pocos lugares que oficialismo y dialoguistas dejaron al cristinismo en Acuerdos.
Respecto al pliego de Crexell, que es señalada porque cambió su posicionamiento en la Ley Bases y su voto fue el que permitió al oficialismo empatar con la oposición y habilitó a que Victoria Villarruel defina a favor del gobierno, la riojana María Florencia López del bloque K expresó que “si teníamos dudas de conceder o no el acuerdo -por el pliego de Crexell- hoy es imposible, cuando reconoce que en la casa de las leyes hubo negociaciones oscuras para aprobar la ley Bases”.
POLITICA
La fortuna de Ariel Vallejo, retratada en una frase: “Mamá, me olvidé de contarte, me compré una Ferrari”
Ariel vallejo, el financista cercano a la AFA y dueño de Sur Finanzas, es millonario: inyectó en el mercado un capital inicial ilícito de 108.138.762 dólares, provenientes de infracciones al régimen cambiario y de intermediación financiera no autorizada mediante las sociedades que constituyeron su financiera.
Tal es su fortuna, que junto con su madre y su exsuegra acumuló una flota de autos de alta gama a su nombre, de su familia y sus empresas, que incluyen un Audi, Mercedes Benz, Alfa Romeo, Land Rover BMW y hasta una Ferrari California descapotable negra, destinada a su uso personal, que estacionaba frente a la financiera.
Diez de esos autos fueron secuestrados por el juez Luis Armella, a pedido de la fiscal Cecilia Incardona. Pero tal era la velocidad de los negocios y la cantidad de bienes que a veces Vallejos no los recordaba con precisión.
Tal es así que en uno de los mensajes recuperados por la Justicia en la investigación, le dijo a su madre vía chat: “Ahh me olvidé de contarte, me compré un auto, un Ferrari California”.
El vehículo fue adquirido a un empresario marplatense el 10 de julio de 2025 por 152.100.000 de pesos, unos 110.000 dólares al tipo de cambio blue de ese momento. Lo colocó a nombre de Cluster Palace Beach S.A. cuya presidenta es Bárbara Denise Sena Argis, pero luego de los allanamientos y secuestros practicados en la causa fue transferido.
“La conexión con el lavado se perfecciona y agrava con la maniobra de ocultamiento posterior: a solo diez días de los allanamientos judiciales, teniendo pleno conocimiento de la investigación, Vallejo simuló la venta de dicha Ferrari a una mujer jubilada de 73 años por el mismo monto en que había sido adquirida, evidenciando una maniobra fraudulenta para eludir embargos”, dijo la fiscal Incardona al pedir la indagatoria de Vallejo.
La fortuna de Vallejo es incalculable. Solo un indicio de a cuánto podría ascender lo da el hecho de que, para la Justicia, inyectó 108 millones de dólares producto de sus negocios con la intermediación financiera, el cambio en negro y otros negocios fuera de la ley.
Ese dinero, según concluyó la fiscal Incardona, fue blanqueado mediante la firma de contratos de esponsoreo con clubes de fútbol, desde los que compiten en la Superliga hasta las divisiones inferiores, o clubes de barrio y contratos con la AFA por el auspicio de sus empresas a la Selección nacional.
Con esa liquidez marginal, Vallejo y su círculo íntimo amasaron un patrimonio desproporcionado. A través de la firma Cluster Palace Beach, por ejemplo, adquirieron siete inmuebles, con propiedades en Adrogué por hasta U$S 300.000 y una finca en San Vicente por casi 400.000.000 de pesos.
“La evidencia documental secuestrada en la sede de Sur Finanzas establece un patrón de ilicitud financiera y demuestra que el ecosistema del fútbol profesional argentino es el vehículo principal para el reciclaje de bienes de origen ilícito que se atribuye a Sur Finanzas”, escribió la fiscalía al pedir las indagatorias.
La operatoria de “lavado y simulación” alcanzó niveles grotescos en los clubes del ascenso. La financiera pactó inyectar grandes sumas de dinero en pesos justificadas en “publicidad”, pero los allanamientos demostraron que los carteles publicitarios ni siquiera existían.
El caso más paradigmático es el de la Escuela de Recreación y Deportes Estrella del Sur, un humilde club de la Primera C. Vallejo firmó un contrato para entregarles $5.000.000 mensuales en efectivo y por adelantado, bajo el concepto de “ayuda económica” y patrocinio de un estadio que ni siquiera utilizaban.
En la Primera B Metropolitana, al Deportivo Armenio le asignaron $3.000.000 por mes mediante un contrato donde la cifra original estaba tachada a mano con la leyenda “NO VALE”. En la B Nacional, el club Los Andes firmó el patrocinio más jugoso de la categoría: unos 180 millones de pesos anuales, y la institución debía cobrar a través de la billetera virtual del grupo.
La maniobra era vaciar a los clubes de primera con préstamos impagables y firmar contratos para enviar efectivo clubes chicos mediante patrocinios ficticios para blanquear el capital. La fiscal Incardona resumió así las maniobras de lavado de activos “llevadas adelante por el holding Sur Finanzas, con la intermediación o participación de la AFA”, en perjuicio de los clubes.
Por ejemplo, dijo la fiscal que se acreditó que el Club Atlético San Lorenzo de Almagro cedió y transfirió sus derechos de cobro futuros de televisación a Sur Finanzas Group SA, en garantía de préstamos obtenidos con tasas usurarias.
Así la AFA, a través de la Liga Profesional de Fútbol (LPF), cedió los derechos y la Liga depositó directamente los fondos de los derechos de televisación a la cuenta de la financiera investigada (NEBLOCKCHAIN SA, hoy Sur Finanzas PSP S.A.).
“Esta operación demuestra un mecanismo de interposición institucional donde la entidad rectora del fútbol desvía un activo financiero limpio (derechos de TV) directamente a la estructura de la organización lavadora”, dijo Incardona, colocando a la AFA en un rol activo en el delito.
Además, Sur Finanzas es el esponsor oficial de las selecciones nacionales, el contrato más sensible y de mayor envergadura económica que tiene la firma. Sur Finanzas Group S.A le transfirió a la AFA en 2024 $158.851.500 y en 2025 $625.581.688. Por su parte, Maximiliano Ariel Vallejo, a título personal, le transfirió a la AFA $3.696.000,00.
“El análisis de la operatoria con derechos de televisación, complementado con la reconstrucción periodística de los documentos, sitúa a Sur Finanzas no solo como acreedor, sino como un proveedor de servicios financieros con múltiples roles que facilita la opacidad sistémica del fútbol argentino”, dijo al fiscal.
En el mundo del lavado de dinero se conoce a estos actores como “Multi-Rol High-Risk Provider”, pues actúan al mismo tiempo como cobrando y pagando dinero.
Así por un lado está la esponsorización (publicidad), patrocinio de camisetas y el naming del torneo (“Copa Sur Finanzas”) y por otro los préstamos y refinanciación de deudas proveyendo la mayor parte del capital a clubes como San Lorenzo, Banfield y Racing, actuando como “principal acreedor y rescatista financiero”.
Asimismo, hace la gestión financiera y coordinación institucional de adelantos de derechos de TV, a la vez que tiene servicios de pagos y billetera virtual para múltiples clubes y terceros. “Esta concentración de roles dentro del ecosistema del fútbol profesional facilita la mezcla de flujos lícitos e ilícitos, la triangulación contable y el eventual auto-favorecimiento de actores dirigentes”, deslizó Incardona.
La fiscalía concluyó que “se ha logrado demostrar que el holding Sur Finanzas aplicó un patrón sistémico y uniforme para captar y defraudar a diversas instituciones deportivas, obteniendo ganancias extraordinarias mediante la interposición en sus flujos de activos”. Y sostuvo que la maniobra “constituyó una de las fuentes principales de ganancias ilícitas que luego fueron recicladas por la organización”.
Más aún, la fiscalía cree que hubo acuerdos espurios, debajo de la mesa, entre Sur Finanzas y las dirigencias de los clubes con los que se firmaron los contratos. Las operaciones y contratos fueron con Barracas Central, Acassuso, Argentinos Juniors, Deportivo Armenio, Defensores de Glew, Dock Sud, Independiente, Los Andes, Temperley, Victoriano Arenas, Brown de Adrogué, Racing Club, Morón, San Lorenzo, Platense y Banfield.
“El examen de estos acuerdos refleja anomalías comerciales severas que sostienen la sospecha de administraciones fraudulentas subyacentes, orquestadas entre las cúpulas de los clubes y la estructura de Sur Finanzas.
Los ejemplos más claros son por ejemplo los intereses leoninos cobrados a Argentinos Juniors. El club cedió e-cheqs por $600.000.000. Sin embargo, Sur Finanzas solo le transfirió $400.000.000, y absorbió una diferencia de $200.000.000 (una quita inmediata del 33,33%). Dijo que era el costo financiero del 33%. A su vez, tomó un préstamo de $200.000.000 a devolver en 10 cuotas, donde la financiera le debitaba mensualmente $10.000.000 como “comisión por préstamo otorgado”, un concepto de fantasía.
Otro ejemplo es lo ocurrido con Banfield donde se ve el esquema de vaciamiento diseñado por Vallejo. “La prueba recolectada demuestra que los directivos del club, en connivencia indispensable con el holding Sur Finanzas, ejecutaron una serie de actos financieros ruinosos cuyo único fin fue procurar un lucro indebido para el prestamista y generar una masa de dinero no trazable (“en negro”).
Hicieron dos contratos de mutuo con Sur Finanzas Group S.A. Uno por 500.000 dólares a una tasa del 3% mensual de interés, usuraria. Y otro de 500.000 dólares con una tasa mayor aún del 4% de interés.
Hernán Cappiello,Conforme a
POLITICA
La Justicia suspendió la aplicación de un punto de la reforma laboral que limitaba el paro docente
El Juzgado Nacional del Trabajo N° 74 suspendió este miércoles la aplicación del artículo 101 de la reforma laboral que introducía cambios en la actividad docente.
El fallo firmado por el juez José Ramonet dejó sin efecto el artículo que declaraba a la docencia como actividad esencial, que limitaba la capacidad de huelga de los docentes y les exigía el 75% de presencialidad en caso de paro.
La demanda fue interpuesta por la Unión Docentes Argentinos (UDA), que, tras conocerse la medida, aseguró a través de un comunicado: “Esencial es garantizar salarios dignos y condiciones adecuadas para el proceso educativo, y no restringir derechos colectivos que justamente buscan resguardar esas condiciones”.
“Destacamos la importancia institucional de esta decisión judicial, que preserva el equilibrio del sistema de relaciones laborales y evita que se consoliden restricciones que podrían afectar el núcleo esencial de los derechos colectivos de los trabajadores de la educación”, agregó el gremio.
La medida tiene carácter cautelar, lo que implica que no define aún la validez definitiva de la ley, sino que suspende sus efectos en forma preventiva.
De esta manera, hasta que se dicte una sentencia definitiva, “continúa resguardado el ejercicio del derecho constitucional de huelga y la plena vigencia de los principios de libertad sindical y negociación colectiva”, remarcó la UDA.
La suspensión en el sector docente agrega un nuevo frente al conflicto judicial en torno a la reforma, que continúa escalando y podría tener una definición final en instancias superiores.
La sentencia se dictó dos días después de que la Justicia suspendió la aplicación de 82 artículos de la reforma laboral tras un reclamo de la Confederación General del Trabajo (CGT).
El juez sostuvo que para dictar una cautelar no se requiere certeza absoluta sobre el derecho invocado, sino verificar que exista una apariencia razonable que justifique una tutela preventiva mientras se discute el fondo del asunto. Esa lógica es la que habilitó la suspensión provisoria de las disposiciones cuestionadas hasta que haya una sentencia definitiva.
En su análisis preliminar, el juez consideró que para dictar una cautelar no se requiere certeza absoluta sobre el derecho invocado, sino la verificación de una apariencia razonable que justifique una tutela preventiva mientras se discute el fondo del asunto.
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Desde el gobierno, la cartera que conduce Sandra Pettovello informó que apelará el fallo para intentar revertir la cautelar y restituir la vigencia de los artículos suspendidos mientras se tramita el proceso principal.
En un comunicado, el ministerio sostuvo que existen sectores que “pretenden obstaculizar las reformas necesarias para superar el desempleo y el estancamiento”, y reafirmó su compromiso con la ley de Modernización Laboral.
reforma laboral, Docencia, Justicia
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