POLITICA
El presidente Javier Milei recibirá a su par chileno Kast y buscará reforzar la coordinación política del Gabinete
El Gobierno pondrá en marcha este lunes una secuencia política diseñada para intervenir de manera simultánea en tres planos: la política exterior, la coordinación interna de la gestión y el frente legislativo. Javier Milei recibirá en Casa Rosada al presidente de Chile, José Antonio Kast, encabezará luego un encuentro con todos los ministros junto a Karina Milei y seguirá de cerca la antesala de la sesión del miércoles en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo espera convertir en ley el proyecto de glaciares que ya cuenta con media sanción del Senado.
La evaluación de la Casa Rosada integra estos movimientos como parte de una estrategia unificada: mostrar iniciativa, ordenar la gestión y proyectar capacidad de articulación política en distintos niveles de poder.
La visita de Kast constituye el primer eje de esa secuencia. El mandatario chileno eligió a la Argentina como destino inicial de su primera gira internacional desde que asumió el 11 de marzo, en una decisión que se inscribe en una tradición política, pero que también tiene una lectura contemporánea. “Como ha sido costumbre en la historia de nuestra patria, el primer viaje se hace en la República hermana de Argentina”, señaló antes de partir, al tiempo que recordó que lo mismo hicieron Sebastián Piñera y Gabriel Boric.
Kast llegó anoche a Buenos Aires, donde fue recibido con honores, y desplegará una agenda breve pero concentrada. La reunión bilateral con Milei, prevista para las 10 de la mañana en Casa Rosada, será el punto central, pero no el único elemento relevante. El formato ampliado del encuentro, con presencia de los gabinetes de ambos países, busca dotarlo de densidad política y operativa.
La composición de la delegación chilena confirma esa intención. Kast arribó acompañado por el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna; la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert; el ministro de Obras Públicas, Martín Arrau; y la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Paula Estévez.
Cada uno de esos nombres responde a un eje concreto de la agenda. Infraestructura, seguridad y comercio aparecen como los tres vectores principales de la relación bilateral en esta etapa. En el plano de la integración física, el foco estará puesto en los pasos internacionales y en la necesidad de mejorar la conectividad logística entre ambos países, un aspecto central para las economías regionales y para el flujo comercial.
En materia de seguridad, el énfasis estará en la coordinación frente al avance del crimen organizado y el narcotráfico. Kast lo explicitó antes de viajar al sostener que se trata de fenómenos que exceden las fronteras nacionales y que requieren respuestas coordinadas. Esa definición no solo ordena la agenda bilateral, sino que también ubica a ambos gobiernos en una narrativa común frente a un problema que atraviesa a la región.
La visita también incorpora un componente político más explícito. Kast habló de enemigos comunes y eligió una fecha simbólica —el aniversario de la Batalla de Maipú— para inscribir la relación en una lógica de cooperación estratégica. En ese marco, reintrodujo el caso de Galvarino Apablaza, el guerrillero acusado por el crimen de Jaime Guzmán. “Ha quedado claro que el señor Apablaza es un prófugo de la justicia y agradecemos la colaboración que ha prestado el gobierno argentino”, afirmó, al tiempo que anticipó que impulsará gestiones para que el acusado rinda cuentas ante la justicia chilena.
La bilateral tendrá, además, un efecto hacia adentro del Gobierno argentino. Milei decidió que el encuentro sea acompañado por su gabinete, en una señal de alineamiento político. Esa imagen funciona como antesala del segundo movimiento del día.
La coordinación interna y el rol de Adorni
Al mediodía, está previsto que el Presidente encabece un encuentro con todos los ministros junto a Karina Milei, con un rol preponderante del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Según pudo saber Infobae de fuentes oficiales, el objetivo será reforzar la ejecución de la gestión y asegurar que cada área avance en los objetivos definidos.
En ese esquema, Adorni asumirá un papel central en la coordinación política del gabinete. La intención es consolidar un mecanismo de conducción que articule el seguimiento de la gestión con la toma de decisiones estratégicas, complementando las reuniones individuales que el jefe de Gabinete ya mantiene con distintos ministerios. Será otra señal inequívoca de respaldo, en medio de la tormenta política que se desató hace semanas por investigaciones judiciales en torno a su situación patrimonial.
La reunión tendrá una impronta distinta a las anteriores por el lugar que ocupará Adorni, con el aval directo de Milei y de Karina Milei. El objetivo es ordenar la ejecución, alinear prioridades y reforzar la conducción política del Ejecutivo en una etapa en la que la gestión empieza a exigir resultados concretos en distintas áreas.
El tercer eje de la secuencia se proyecta hacia el Congreso y tiene el objetivo de trasladar al ámbito parlamentario la iniciativa política, después de semanas de parálisis. El oficialismo tiene puesta la atención en la sesión convocada para el miércoles en la Cámara de Diputados, donde se tratará la Ley de Glaciares. El proyecto ya cuenta con media sanción del Senado y, de aprobarse, quedará convertido en ley.
El martes habrá una reunión previa —la última antes de la sesión— en la que se terminarán de consolidar los apoyos. En la Casa Rosada prevén un escenario de aprobación basado en una mayoría previsible, construida sobre el bloque libertario, aliados parlamentarios como la UCR y el PRO, y el respaldo de gobernadores peronistas que tienen incidencia directa sobre votos clave. El Gobierno podrá mostrar así, en caso de lograr la sanción de la primera ley en el período ordinario, que continúa políticamente sólido.
El acompañamiento de esos mandatarios resulta central. Son quienes vienen impulsando la norma como una herramienta para otorgar seguridad jurídica al sector y despejar restricciones que afectan el desarrollo de la actividad minera. Para el Gobierno, la eventual aprobación no solo implicaría un avance legislativo, sino también una señal política de capacidad de articulación con actores territoriales.
Avances legislativos y agenda judicial
En paralelo, la Casa Rosada activará otra agenda de impacto institucional,con el envío de más pliegos para cubrir vacantes en el Poder Judicial. El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, continuará remitiendo nombres al Senado en un esquema progresivo que busca abordar un problema estructural.
Es que, según estimaciones oficiales, las vacantes superan el 35% de los cargos de camaristas, jueces, fiscales y defensores. El proceso que se pone en marcha apunta a reducir ese déficit de manera gradual, con envíos escalonados que incluyan distintas jurisdicciones del país.
Ese movimiento se combinará con la definición de la comisión bicameral de inteligencia, un ámbito clave en la arquitectura institucional del Congreso y de alta sensibilidad política. El oficialismo buscará moldear su conformación y posicionar a figuras de confianza, entre ellas Sebastián Pareja en la presidencia, en un esquema que le permita ordenar ese espacio.
La estrategia contempla acuerdos con bloques dialoguistas para estructurar la integración de la bicameral, al tiempo que se busca limitar la capacidad de incidencia del kirchnerismo. En ese tablero aparece también un sector del peronismo con posicionamientos menos confrontativos, integrado por dirigentes como Guillermo Michel y Victoria Tolosa Paz, dentro de un bloque que formalmente conduce Germán Martínez.
La conducción parlamentaria del oficialismo -en la que tiene especial gravitación Martín Menem– evalúa esos movimientos con lógica pragmática. No se trata de alianzas estables, sino de acuerdos que permitan sostener mayorías y evitar bloqueos en instancias clave.
Toda esta secuencia se desarrolla mientras el Gobierno busca ordenar el frente interno y despejar tensiones. El fin de semana, Milei salió a respaldar públicamente a figuras centrales de su esquema político y a negar cualquier versión de internas, con mensajes en los que elogió el rol de Santiago Caputo, el principal estratega del Gobierno y uno de los asesores de mayor confianza del Presidente.
Ese movimiento convive con la gestión de otras controversias recientes. En el caso de los créditos otorgados por el Banco Nación a funcionarios y legisladores, el Presidente fijó una posición clara: no hay cuestionamientos a la legalidad de esas operaciones realizadas con la entidad oficial.
Para la Casa Rosada, la política de créditos —en particular los hipotecarios— forma parte de una política de Estado destinada a la clase media y orientada a reactivar una palanca de crecimiento que estuvo bloqueada durante años de alta inflación y de un Estado que absorbía el crédito disponible para financiar el déficit. El propio Milei se ocupó de desterrar las sospechas y cuestionó las críticas planteadas en torno a los créditos que tomaron funcionarios y legisladores oficialistas.
En ese contexto, según pudo saber Infobae, la ministra Sandra Pettovello tomó la decisión de echar a su jefe de Gabinete, Leandro Massaccesi, pero aclaró que esto no tuvo nada que ver con el crédito por más de 400 millones de pesos que, se confirmó, obtuvo del Nación. “Era una persona de confianza, que representaba al Ministerio en muchos temas de enorme sensibilidad. No se puede tener a alguien que oculta cosas. El crédito no es cuestionable, lo que no se puede tolerar son las mentiras”, le dijo la ministra a un interlocutor que habló con ella el fin de semana, según pudo confirmar este medio.
La visita de Kast, la centralidad que asumirá Adorni en la coordinación del gabinete, la apuesta por la Ley de Glaciares y el avance en la agenda judicial forman parte de un mismo diseño. La Casa Rosada busca encadenar decisiones en distintos frentes para sostener la iniciativa política, ordenar el funcionamiento del Gobierno y proyectar capacidad de acción en un contexto donde cada movimiento tiene impacto inmediato sobre el equilibrio interno y la dinámica legislativa.
En ese marco, la secuencia que se despliega desde este lunes no se agota en la agenda del día. Funciona como un intento de reorganizar prioridades, reforzar la conducción y enviar una señal hacia el sistema político: el Gobierno busca volver a marcar el ritmo y condicionar la discusión pública desde la acción, más que desde la reacción.
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El proceso de elaboración del Presupuesto Nacional es uno de los momentos más decisivos para la administración pública argentina. Para el ejercicio 2027, la administración nacional mediante la publicación fijó un cronograma específico para la formulación del proyecto de ley de presupuesto y del presupuesto plurianual 2027-2029, estableciendo responsabilidades y fechas que buscan garantizar el cumplimiento oportuno de cada etapa.
La decisión, formalizada mediante la publicación el Boletín Oficial de la Resolución 446/2026, involucra a una serie de áreas técnicas y de gestión que, como integrantes del Grupo de Apoyo para la Elaboración del Presupuesto (GAEP), quienes deberán cumplir con actividades y plazos establecidos en los anexos oficiales. El objetivo es asegurar la presentación ante la Honorable Cámara de Diputados de la Nación en la fecha límite, el 15 de septiembre.
La organización de los trabajos para la elaboración del proyecto de ley de presupuesto y del presupuesto plurianual recae en la Subsecretaría de Presupuesto, dependiente de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía. Esta dependencia tendrá la misión de coordinar el GAEP y podrá ajustar el cronograma para adaptarse a la marcha de los trabajos, además de requerir colaboración de otras áreas si fuera necesario.
El proceso de formulación incluye la utilización de sistemas digitales como el Sistema de Información Financiera para Empresas Públicas, Fondos Fiduciarios, Entes Excluidos del Presupuesto de la Administración Nacional y Universidades Nacionales (SIFEP). Esta herramienta ha permitido perfeccionar la gestión y la presentación de la información presupuestaria por parte de empresas públicas, fondos fiduciarios y otros entes del sector público nacional, integrando múltiples actores bajo un enfoque macroeconómico y fiscal.
El cronograma oficial, cuya versión definitiva forma parte de los anexos de la resolución ministerial, comprende actividades que van desde la recopilación de información de base hasta la proyección de variables, la elaboración de anteproyectos y la redacción final del mensaje de remisión del proyecto de ley. Cada etapa está sujeta a plazos precisos, asignación de responsables y mecanismos de control interno.
El cronograma paso a paso
De acuerdo con el Anexo 1 que acompaña la resolución, desde el mes de abril de 2026, la Subsecretaría de Presupuesto del Ministerio de Economía asumió la coordinación inicial del Grupo de Apoyo para la Elaboración del Presupuesto (GAEP). Esta estructura es responsable de articular los trabajos, emitir instrucciones técnicas y acompañar a las jurisdicciones y entidades en cada una de las etapas fijadas en el cronograma oficial.
Durante los primeros días de este mes, la Oficina Nacional de Presupuesto comunicó las instrucciones y brindó asistencia técnica remota a todas las áreas involucradas. Paralelamente, la Secretaría de Hacienda y la Secretaría Ejecutiva de la Jefatura de Gabinete de Ministros establecieron los criterios de priorización y selección de proyectos de inversión para el periodo 2027-2029. Esta fase inicial incluyó la carga en el Banco de Proyectos de Inversión (BAPIN) de los requerimientos recibidos tanto de jurisdicciones y entidades nacionales como de empresas públicas y fondos fiduciarios.
El cronograma establece que la recopilación y presentación de la información relativa a la planta ocupada de cargos y la ejecución mensual del gasto en personal correspondiente al año 2026 debía culminar a principios de mayo. Este insumo es fundamental para proyectar los recursos humanos del sector público.
Entre el 20 de abril y el 4 de mayo, la Subsecretaría de Análisis y Modelación Económica, junto a la Dirección Nacional de Modelos y Proyecciones, trabajará en la proyección de las variables macroeconómicas para el período 2027-2029. Casi simultáneamente, la Subsecretaría de Ingresos Públicos se encargó de estimar los recursos impositivos y las contribuciones a la seguridad social. La Subsecretaría de Financiamiento, por su parte, programará el servicio de la deuda pública interna y externa, desglosando intereses, amortizaciones y comisiones según tipo de acreedor.
Otro de los hitos clave es la programación de los gastos financiados con préstamos de organismos internacionales y convenios bilaterales, tarea que recayó en la Subsecretaría de Relaciones Financieras Internacionales. Todos estos aportes confluirán en la formulación preliminar del presupuesto, que cada jurisdicción y entidad nacional tendrá que remitir digitalmente entre el 4 y el 29 de mayo.
Tras la integración de la información y la revisión de los avances, el proceso continuará con la elaboración y remisión del Informe de Avance del Proyecto de Presupuesto al Congreso, actividad que se extenderá hasta fines de junio. A continuación, la Subsecretaría de Presupuesto y la Oficina Nacional de Presupuesto prepararon los techos presupuestarios para el trienio 2027-2029, que serán comunicados oficialmente a las jurisdicciones y entidades entre el 30 de junio y el 3 de julio.
Durante julio y agosto, las jurisdicciones y entidades nacionales formularán y remitirán sus anteproyectos de presupuesto mediante firma digital, utilizando el sistema eSIDIF-FOP. En paralelo, fondos fiduciarios, empresas públicas y otros entes del sector público nacional no financiero realizaron la misma tarea a través del sistema SIFEP, asegurando la cobertura de todos los componentes del sector público argentino.
La segunda mitad de agosto marcará el inicio de la redacción del proyecto de Ley de Presupuesto, a cargo de la Subsecretaría de Presupuesto y la Oficina Nacional de Presupuesto. En ese mismo período, se preparrá y remitirá la información macrofiscal al Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal, dando cumplimiento a la Ley 25.917. Además, se estimarán los resultados primarios y financieros por nivel de gobierno, así como los límites de endeudamiento y la proyección de recursos por provincia y ciudad autónoma.
Entre el 7 y el 11 de septiembre, la Jefatura de Gabinete de Ministros y el Ministerio de Economía aprobarán y consolidarán el documento definitivo del Proyecto de Ley de Presupuesto Nacional 2027. Finalmente, el 14 de septiembre fue la fecha fijada para la remisión formal del proyecto al Honorable Congreso de la Nación, en cumplimiento del plazo legal establecido.
La elaboración y remisión del Presupuesto Plurianual 2027-2029 continuará hasta finales de octubre, con la participación de la Jefatura de Gabinete, la Secretaría Ejecutiva, el Ministerio de Economía, la Secretaría de Hacienda y la Subsecretaría de Presupuesto, en conjunto con la Oficina Nacional de Presupuesto.
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POLITICA
Tensión en el Senado: bloques dialoguistas advierten que no acompañarán sólo proyectos libertarios
La relación entre el oficialismo y los bloques dialoguistas en el Senado atraviesa un momento de creciente tensión. En las últimas horas, referentes de espacios aliados dejaron un mensaje claro: no están dispuestos a seguir acompañando una agenda limitada exclusivamente a proyectos impulsados por el Gobierno.
El reclamo surge en medio de negociaciones que buscan destrabar el funcionamiento legislativo y dar mayor dinamismo a la Cámara alta.
Tras una reunión virtual reciente, las partes acordaron volver a encontrarse el próximo martes, en lo que se perfila como una instancia decisiva para definir el rumbo de la agenda parlamentaria.
Desde los sectores dialoguistas plantean que el Congreso no puede repetir esquemas del pasado donde el oficialismo imponía su propia hoja de ruta sin dar lugar a otras iniciativas.
En ese sentido, una voz con peso dentro del Senado fue contundente, en diálogo con Infobae: “Si seguimos sólo con los proyectos libertarios, sería lo mismo que en épocas pasadas y nadie quiere eso”.
El planteo refleja un malestar que viene creciendo de manera silenciosa entre senadores que, si bien han acompañado al Gobierno en votaciones clave, ahora buscan mayor protagonismo en la definición de prioridades legislativas.
En este contexto, la figura de Patricia Bullrich cobra especial relevancia. Como jefa del bloque oficialista, se consolidó como la principal interlocutora con los aliados y la encargada de canalizar los reclamos. Su capacidad de negociación será determinante para evitar un quiebre que complique el avance de leyes en el Senado.
Uno de los principales puntos de conflicto es la cantidad de proyectos impulsados por distintos bloques que permanecen sin tratamiento. Legisladores dialoguistas consideran que llegó el momento de ponerlos en discusión, especialmente aquellos vinculados a educación, minería, regulación del lobby —denominado “gestión de intereses”— y juego.
Sin embargo, el margen de maniobra del Gobierno está condicionado por su política económica, centrada en el equilibrio fiscal. Varias de las iniciativas propuestas por los aliados podrían entrar en tensión con ese objetivo, lo que obliga a negociar cada paso con cautela.
A pesar de las diferencias, dentro del Senado también hay sectores que buscan sostener el diálogo y aprovechar el contexto actual. “La mayoría ya se dio cuenta que hay aprovechar todo lo acordado con Bullrich, a quien consideramos racional y seria, para encender las comisiones y trabajar. Si no es en este año no electoral, ¿cuándo va a ser?”, expresó un referente legislativo.
En paralelo, también emergen desconfianzas cruzadas. Desde el oficialismo observan con recelo a algunos legisladores que participan de las reuniones pero luego adoptan posiciones divergentes en el recinto. En ese clima, no faltan críticas internas hacia dirigentes que son señalados como “extorsionadores seriales”, una etiqueta que circula cada vez con más frecuencia en los pasillos del Congreso.
De cara a la próxima semana, el Senado podría comenzar a moverse con mayor intensidad. Se espera la convocatoria a comisiones para tratar dos iniciativas clave. Por un lado, un proyecto del Ejecutivo que busca reforzar la protección de la propiedad privada mediante cambios en normas de expropiación, tierras y barrios populares.
Por otro, volverá a escena el debate sobre falsas denuncias, un tema sensible que ya generó fuertes discusiones en el pasado y que ahora intenta retomarse con ajustes para evitar conflictos con marcos legales internacionales.
Además, en el horizonte inmediato aparece la posibilidad de una sesión para dar ingreso formal a pliegos judiciales enviados por el Gobierno, junto con la designación de la exsenadora Lucila Crexell como embajadora en Canadá.
El desenlace de estas negociaciones será clave para definir si el oficialismo logra sostener el respaldo de sus aliados o si, por el contrario, la tensión escala y complica el tratamiento de leyes en los próximos meses.
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La Libertad Avanza,LUCILA CREXELL,Patricia bullrich,Senado
POLITICA
El Gobierno oficializó la designación de la Guardia Revolucionaria de Irán como organización terrorista
El Gobierno oficializó la inscripción de la Guardia Revolucionaria de Irán en el Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET). La decisión se formalizó mediante una resolución conjunta de los Ministerios de Seguridad y de Relaciones Exteriores, publicada este lunes en el Boletín Oficial. El Ejecutivo consideró que la organización representa una «amenaza para la seguridad nacional».
Tal y como había adelantado el Gobierno, mediante el anuncio de la medida con un comunicado difundido por la Oficina del Presidente, la norma declara reunidos los requisitos necesarios para avanzar con la incorporación de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica al registro.
Según se detalla en el texto, la medida se basa en informes reservados elaborados por las carteras de Seguridad y Cancillería, que analizaron el alcance de las actividades de la organización. La conclusión a la que llegaron es que la Guardia Revolucionaria representa una “amenaza externa real o potencial” para la Argentina.
Incluso, la norma sostiene que los integrantes de la organización ponen en riesgo “la vida, los bienes y el patrimonio de los habitantes” del territorio nacional. A su vez, menciona la existencia de evidencia vinculada con su participación en el financiamiento y la ejecución de «atentados terroristas», como fueron los sucedidos en la ciudad de Buenos Aires en 1992 y 1994 contra la embajada de Israel y la AMIA.
La decisión del Gobierno fue celebrada y destacada por Estados Unidos. El Departamento de Estado norteamericano compartió un mensaje en su cuenta oficial de X en el que destacaba la iniciativa de Casa Rosada, alineada con la política exterior de Donald Trump: «Aplaudimos las acciones de la administración de Milei para combatir al terrorismo”.
Sin embargo, Irán condenó la medida . “No solo perjudica seriamente las relaciones bilaterales entre la Argentina e Irán, sino que también establece un precedente peligroso en las relaciones internacionales y genera responsabilidad internacional para el gobierno argentino”, expresó el régimen islámico en un comunicado de su embajada en Uruguay.
La Guardia Revolucionaria es un conglomerado militar, político y económico que fue fundado como una fuerza militar paralela al ejército regular de Irán en 1979, tras la Revolución Islámica. Hoy está presente en todos los estamentos, incluso en la política: de las 290 bancas de la Asamblea Legislativa, unas 30 pertenecen a oficiales superiores de los pasdarán.
Su poder económico también es fuerte, ya que un tercio de la economía del país depende de compañías que controla la Guardia Revolucionaria. Es el principal enemigo de Israel y Estados Unidos en la guerra que ya lleva un mes de existencia para evitar el desarrollo de armas nucleares de parte de la República Islámica.
Su incorporación al RePET implica no solo que son declarados una organización terrorista, sino que también establece consecuencias para la Guardia Revolucionaria.
Tras su incorporación, se puede disponer el congelamiento administrativo inmediato de bienes, dinero y activos de la entidad, lo que incluye cuentas bancarias, inversiones y cualquier otro recurso económico que esté bajo su control. Esto significa que la organización pierde la disponibilidad sobre sus fondos en la Argentina.
También prohíbe la posibilidad de operar en el sistema financiero nacional. Toda actividad que esté vinculada a la Guardia Revolucionaria debe ser reportada a la Unidad de Información Financiera (UIF), por lo que se establece un sistema de seguimiento y control.
La decisión del Gobierno argentino ocurre mientras se intensifican los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra el régimen iraní. El presidente Javier Milei se plantó en América Latina como uno de los aliados de Donald Trump y Benjamin Netanyahu, sus dos principales socios internacionales. Incluso habló sobre la guerra en uno de sus discursos y afirmó: “Vamos a ganar”.
Además, se declaró el mandatario “más sionista del mundo” y proclamó a Irán públicamente como “enemigo”. Allí mencionó el vínculo de la república islámica con los atentados a la AMIA y a la Embajada de Israel.
Esto último tiene relación fundamental con la decisión de la gestión libertaria. A principios de marzo Irán designó como comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria a un acusado por el atentado a la sede de la mutual judía en la Argentina en 1994. Ahmad Vahidi tiene un pedido de captura de Interpol desde 2007 después de gestiones realizadas desde la Argentina para dar con los acusados iraníes por el ataque en el que murieron 85 personas.
Vahidi había sido ministro de Defensa de Irán desde septiembre de 2009 hasta agosto de 2013, y ministro del Interior desde agosto de 2021 hasta agosto de 2024. También ascendió en las filas de las fuerzas terroristas Al-Quds, una unidad de élite dentro de la Guardia Revolucionaria que comandó de 1988 a 1998. En esta fuerza participó de actividades terroristas a nivel mundial.
El grupo de los acusados y reclamados por el Estado argentino ante la Justicia internacional lo completan el expresidente de Irán, Ali Akbar Hashemi Rafsanjani; los exministros Ali Fallahijan y Ali Akbar Veleyati; el excomandante Moshen Rezai; el exjefe de Seguridad Exterior, Imad Fayez Moughnieh; el exconsejero cultural de la embajada, Mohsen Rabbani, y el tercer secretario de la delegación diplomática en Buenos Aires, Reza Ashgari.
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