El Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) movilizó este martes en Rosario junto a más de 100 organizaciones gremiales de todas las centrales obreras para rechazar la reforma laboral impulsada por el Gobierno. La protesta tuvo como objetivo exigirle a los gobernadores provinciales y sus senadores que se opongan a la iniciativa que se debatirá en sesión este miércoles en la Cámara alta.

Mientras el Gobierno cerró toda vía de diálogo con los sectores más opositores, el titular de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Nacional, Rodolfo Aguiar, dio un fuerte mensaje de advertencia a los mandatarios dialoguistas. “Los gobernadores que avalen esta reforma laboral estarán firmando su propia sentencia de muerte, y la sentencia de muerte de su provincia”, apuntó.

El gremialista, uno de los más confrontativos con la Casa Rosada, afirmó días atrás que el proyecto contempla una rebaja en el impuesto a las ganancias para las grandes empresas, financiada con el 60% de los fondos coparticipables destinados a las provincias. Según su análisis, esta medida pondría en riesgo “todos los derechos laborales que conocemos” e instó a los gobernadores a “defender a los ciudadanos que habitan en cada uno de sus territorios”.

“Todos los derechos laborales que conocemos están en riesgo de perderse. Por eso es un error grave prohibirles mañana miércoles 11, que movilicen al Congreso que ejerzan el derecho de huelga a los trabajadores. Es una oportunidad perdida», lamentó, en un video compartido por redes sociales.

El gremio ATE advirtió que el capítulo fiscal de la reforma impactará directamente en las provincias. Estiman que la reducción de las alícuotas de Ganancias para grandes empresas representará 1,9 billones de pesos menos en recaudación anual, de los cuales $1,12 billones corresponderían a provincias y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y $790.000 millones al Gobierno nacional.

Esta mañana, los sindicatos agrupados en el nuevo frente gremial ultraopositor –impulsado por la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), ATE, las dos CTA y la Federación de Aceiteros– continuaron con su plan de lucha, sin el aval de la CGT, pero con medidas que incluyen movilizaciones y paros. Este sector sindical tiene críticas hacia la central obrera, e impulsa un perfil más beligerante a las medidas oficial de La Libertad Avanza (LLA).

“Este frente de sindicatos no para de crecer. Tiene que seguir peleando, no solo para derrotar la reforma laboral. La tiene que trascender, porque lo que hay que derrotar es el modelo económico de saqueo y empobrecimiento de Milei”, alentó.

En este marco, Aguiar sostuvo que la reforma laboral propuesta “ataca a los sindicatos para debilitar y desproteger a los trabajadores a la hora de discutir sus salarios y sus condiciones laborales”, y anticipó que podrían profundizar el plan de acción si la ley avanza en el Congreso. Además, vinculó la coyuntura de seguridad en Santa Fe al referirse al acuartelamiento policial, como un “ejemplo” de la tensión social que, dijo, podría agravarse con la aprobación de la reforma.

Días atrás, el 5 de febrero, sindicatos del mismo nucleamiento gremial realizaron una movilización en Córdoba como parte del “Plan Nacional de Lucha contra la Reforma Laboral Regresiva”, que busca promover acciones de resistencia en todo el país.

Daniel Yofra, secretario general de la Federación de Trabajadores Aceiteros y Desmotadores de Algodón, expresó: “Llaryora y sus legisladores tienen que entender que es una ley en contra de los trabajadores que la armaron los patrones por beneficio de ellos”. Según Yofra, el problema de fondo es económico y no se soluciona con cambios en la legislación laboral.

Las jornadas de protesta buscan exponer la posición de los gobernadores frente a la reforma y responsabilizarlos por un eventual avance del proyecto. El frente sindical rechaza cualquier intento de negociación parcial y desconfía de posibles declaraciones de inconstitucionalidad posteriores por parte de la Corte Suprema.

Este miércoles, la actividad gremial continuará con movilizaciones de la Confederación General del Trabajo (CGT) y otras centrales en la Plaza de los Dos Congresos, mientras algunos sindicatos optarán por un cese parcial de actividades para facilitar la asistencia de sus afiliados, y otros, de perfil más combativo, realizarán una huelga de veinticuatro horas.

El sector estatal, nucleado en el sindicato ATE, anunció para el miércoles 11 de febrero un paro nacional con movilización al Congreso, en coincidencia con el tratamiento de la iniciativa en el Senado. Sin embargo, el otro gremio de peso, la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), solo se limitó a convocar a la concentración ante el Congreso.

En el sector del transporte, la respuesta será dispar. La Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) resolvió no realizar un paro general, sino ceses de actividades parciales. Hasta las 14.30, horario previsto para la concentración frente al Congreso, el transporte público funcionará normalmente, aunque algunas organizaciones podrían realizar paros breves al cierre de la jornada. La Unión Tranviarios Automotor (UTA), a cargo de Roberto Fernández, garantizó el servicio de colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

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El Gobierno definió finalmente ampliar por decreto un día las sesiones extraordinarias para llegar con los tiempos de la reforma laboral. La decisión se instrumentará mediante un decreto de Javier Milei y apunta a ganar margen para completar el trámite parlamentario antes de la apertura de las sesiones ordinarias.

En la Casa Rosada sostienen que la extensión responde a las dificultades que impuso el calendario legislativo, atravesado por el fin de semana largo de Carnaval y por los plazos reglamentarios que condicionan la emisión de dictámenes y el giro de los proyectos entre ambas cámaras.

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En Balcarce 50 admiten que, con el esquema original -que preveía el cierre el 27 de febrero-, el margen era demasiado ajustado para cumplir con los tiempos formales. En el entorno del jefe de Estado ya habían reconocido la posibilidad de impulsar la extensión luego de la reunión de mesa política de la semana pasada.

El principal obstáculo estuvo en la imposibilidad de dictaminar dentro de los últimos diez días del período extraordinario, como establece el reglamento de la Cámara de Diputados. A eso se sumó el impacto de los feriados, que mantendrá al Congreso sin actividad durante dos días y complica la presencia de legisladores que prevén viajar a sus provincias.

La medida se definió tras evaluar la agenda de ambas cámaras y el cronograma de sesiones previsto para la segunda quincena de febrero. El Gobierno busca que el texto que se apruebe en el Senado sea convalidado luego por Diputados sin modificaciones, para evitar que el proyecto deba volver a la cámara de origen y se dilaten los tiempos.

El Ejecutivo buscará avanzar mañana con la votación de la reforma laboral en el Senado y asegura que tienen los votos para darle media sanción. Insisten con que la jefa de bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, acordó cambios con más de 40 senadores y mantienen la postura de que no modificarán el artículo que contiene la reducción del Impuesto a las Ganancias.

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La Casa Rosada apunta además a tratar este jueves la Ley Penal Juvenil -que incluye la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años- y busca sumar a la sesión el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur. Se trata de cuestiones que abordó la mesa política de Nación en la reunión de este martes.

En Balcarce 50 argumentan que buscan llegar al 1 de marzo -fecha en la que el jefe de Estado inaugura el período ordinario ante la Asamblea Legislativa- con los principales proyectos de su agenda ya definidos. El foco inmediato estará puesto en el poroteo final y en la firma de los dictámenes, en un escenario que el oficialismo reconoce como “ajustado”.

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Los movimientos sociales, la CGT organizaciones piqueteras, sindicatos de base, y las dos CTA, junto con otros sectores, como jubilados, y gremios docentes, preparan una gran movilización, que prometen será “multitudinaria” para este miércoles 11 de febrero frente al Congreso de la Nación, en rechazo al tratamiento parlamentario de la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei.

Desde la cartera de Seguridad anticiparon a Infobae que se “aplicará el protocolo antipiquetes como lo hacemos en cada marcha, corte y manifestación” con el con el objetivo de garantizar la circulación y evitar incidentes. Se instalará un vallado en las inmediaciones del Congreso y en Plaza de Mayo.

La protesta coincide con el inicio del debate legislativo del proyecto en la Cámara Alta y anticipa la transformación del Congreso en el epicentro de un conflicto político y social de alta tensión, con miles de manifestantes en las calles y un fuerte despliegue de seguridad anunciado por el Gobierno nacional.

La presencia de columnas piqueteras trotskistas, y partidos y movimientos de izquierda como el Polo Obrero, el Partido Obrero, el MST, el PTS, el MAS, el Bloque Nacional Piquetero, Territorios en Lucha y el FOL, entre otros, puso en alerta a la Casa Rosada ya que las últimas concentraciones terminaron en incidentes, algunos de gravedad.

Ante la magnitud de la convocatoria, el Ministerio de Seguridad, a cargo de Alejandra Monteoliva, además del vallado preventivo en zonas críticas desplegará “un operativo de seguridad especial” que incluirá la participación de fuerzas federales y la coordinación con la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.

El dispositivo contempla controles en los accesos, cortes y desvíos de tránsito y un esquema preventivo para evitar incidentes durante la movilización, con el objetivo de garantizar el funcionamiento del Congreso durante el debate parlamentario sobre la reforma laboral.

El epicentro de la movilización será la Plaza Congreso, aunque se prevé que las columnas comiencen a concentrarse desde el mediodía en distintos puntos del centro porteño. Entre ellos el Obelisco. La Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), cuyo secretario general es Alejandro Gramajo, convocó a movilizar desde las 14.30. En un comunicado, la organización expresó: “Este miércoles movilizamos en todo el país contra esta reforma laboral que recorta derechos a los trabajadores. Por derechos y dignidad para los trabajadores y trabajadoras de la economía popular. Sin poder popular no hay justicia social”. Las organizaciones anticiparon, además, movilizaciones en distintas provincias en rechazo a la iniciativa oficial.

La Confederación General del Trabajo (CGT) anunció una movilización nacional, sin paro general, para ese día, tras una reunión de su Consejo Directivo en la que quedaron expuestas diferencias internas respecto de la estrategia frente a la reforma laboral.

Mientras algunos gremios impulsaban un paro general, otros sectores plantearon la necesidad de una manifestación masiva sin huelga total. Finalmente, la conducción cegetista resolvió avanzar con la marcha y descartar el paro general, aunque habilitó a los sindicatos más duros a tomar medidas de fuerza por actividad.

La movilización de la CGT comenzará formalmente a las 15 horas, aunque las principales columnas gremiales se concentrarán desde el mediodía en las inmediaciones del Congreso y frente a la sede de los sindicatos que participan. El acto central esta previsto para las conco de la tarde.

Jorge Sola, secretario general del sindicato de Seguros e integrante del Triunvirato de la CGT, junto a Cristian Jerónimoy Octavio Arguello se manifestó de manera contundente contra proyecto oficial: “Nuestro rechazo es total y absoluto. Es una pretendida modernización con sesgo ideológico que cercena derechos individuales y colectivos de los trabajadores y transfiere riqueza del sector trabajador al sector empleador”.

En el marco de la jornada de protesta, la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) confirmó un paro desde las 11 de la mañana y la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) ratificó una huelga general. Otros gremios, como Bancarios, Camioneros y Canillitas, aún no definieron si suspenderán actividades.

En paralelo, el oficialismo necesita sumar apoyos de fuerzas aliadas para avanzar con la reforma laboral, que propone cambios en indemnizaciones, jornada laboral y régimen de vacaciones.

Los gremios docentes universitarios confirmaron su participación en la movilización y no descartan nuevas medidas de fuerza en marzo. “La situación de la docencia universitaria ya es insostenible. En ese marco, la CONADU resolvió la necesidad de impulsar un plan de lucha de paros y movilización”, afirmó Clara Chevalier, secretaria general de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU). Entre los reclamos centrales figuran el llamado urgente a paritarias docentes, el cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario (Ley 27.795) y la recomposición salarial de docentes y no docentes.

La Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) convocó a un paro docente para este miércoles 11 de febrero “en repudio al ajuste en educación y en reclamo de la devolución del FONID”, y confirmó su adhesión a la marcha. También participarán agrupaciones de jubilados, movimientos piqueteros independientes y el Plenario del Sindicalismo Combativo, que reclamaron un paro nacional y un plan de lucha para frenar la reforma laboral. La dirigente jubilada Nora Biaggio, del Plenario de Trabajadores Jubilados, declaró: “Este plenario es el que le enseña a luchar a la CGT”.

La marcha del miércoles 11 de febrero se perfila como una jornada clave para el futuro de la reforma laboral y para la relación entre el Gobierno y el movimiento sindical y social. Mientras el oficialismo busca avanzar con uno de los ejes centrales de su programa de reformas, los convocantes anticipan una movilización multitudinaria que podría marcar el inicio de un plan de lucha sostenido si el proyecto continúa su tratamiento parlamentario.

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