Panorama delicado le espera al Gobierno en el Senado, tras la insistencia en Diputados de las leyes que declara la emergencia pediátrica por un año -con el hospital Garrahan como emblema- y que blinda el presupuesto de universidades públicas. En la Cámara alta, ambas iniciativas fueron sancionadas el 21 de agosto pasado con sobrados dos tercios de los votos: la primera obtuvo 62 adhesiones, mientras que la segunda logró 58 avales, sobre un pleno que es de 72 integrantes.

En dicho encuentro, el proyecto sobre el Garrahan fue rechazado por los siete legisladores libertarios -ya se cuenta aquí al formoseño Francisco Paoltroni– y la macrista violácea Carmen Álvarez Rivero (Córdoba), mientras que la votación marcó dos ausencias: el peronista disidente Juan Carlos Romero (Salta), y el jefe del Pro en el Senado, el aliado circunstancial del oficialismo Alfredo De Ángeli (Entre Ríos).

Dicha situación no se repitió para universidades, pese a haberse realizado en la misma sesión. En esa definición, Romero y las macristas Andrea Cristina (Chubut) y Victoria Huala (La Pampa) prefirieron abstenerse, mientras que los diez votos negativos fueron los siete del oficialismo más Rivero, la radical Carolina Losada (Santa Fe) y el misionero Martín Goerling (Pro-Misiones). De Ángeli evadió de nuevo la exposición y fue el único ausente.

Garrahan

Uno de los artículos deja en claro que la emergencia en cuestión implicará “la asignación prioritaria e inmediata de recursos presupuestarios para bienes de uso y consumo, insumos críticos, mantenimiento de infraestructura, medicamentos, vacunas, tecnologías médicas y personal esencial destinados al cuidado y atención pediátrica en el país”.

Además, se establece “la recomposición inmediata de los salarios del personal de salud asistencial y no asistencial que atiende a la población pediátrica con criterios de equiparación y reconocimiento por funciones críticas”, que incluye “a los residentes nacionales de salud de todas las especialidades que se desempeñan en efectores de salud pediátricos y no pediátricos”. De hecho, la “recomposición no podrá ser menor a la que recibían en términos reales en noviembre” de 2023.

Otro punto importante es la eximición “a todo el personal de salud que se desempeña en efectores públicos y privados del pago de ganancias cuando desempeñan actividades críticas, horas extras y/o guardias”. Como emblema de esta puja se declara “al Hospital de Pediatría ‘Prof. Dr. Juan P. Garrahan’ como hospital de referencia nacional en la atención pediátrica de alta complejidad”. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), el “impacto fiscal” de julio a diciembre sería de $65.573 millones.

Universidades

El texto impone la actualización “al 1º de enero de 2025, según la variación acumulada del Índice de Precios al Consumidor(IPC) informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC),en el período comprendido entre el 1º de mayo al 31 de diciembre de 2024”, del “monto de los gastos de funcionamiento de las universidades públicas”. Y, para el corriente año, subas bimestrales.

Por otra parte, el Ejecutivo “deberá actualizar los salarios de los docentes y no docentes de las universidades públicas entre el período 1º/12/2023 hasta la sanción de la presente ley, en un porcentaje que no puede ser inferior al Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC en el mismo período”. Y todo incremento tendrá que “ser remunerativo y bonificable”.

Además, ante una eventual reactivación de la ley, al mes habrá que “convocar con carácter obligatorio a la negociación paritaria, con una periodicidad que no podrá exceder los tres (3) meses calendarios, asegurando en todos los casos y tramos de la negociación una actualización mensual no inferior a la inflación publicada” por el INDEC, tanto “para personal docente como no docente”.

debate en la Cámara de Diputados de la reforma de la ley que regula los DNU,Laura Serra,Conforme a

El vínculo entre Javier Milei y los gobernadores dialoguistas atraviesa una nueva etapa, tras la derrota del oficialismo nacional en las elecciones bonaerenses. El Gobierno intenta recomponer el vínculo, pero entre los mandatarios provinciales, aunque se muestran dispuestos a abrir canales de comunicación con la Casa Rosada, la mayoría coincide en que un encuentro amplio deberá esperar hasta después de las votaciones del 26 de octubre.

La relación fue tensa desde el inicio del gobierno libertario. Apenas asumió, Milei profundizó el ajuste fiscal con un recorte inédito sobre los giros automáticos a las provincias, la eliminación de fondos compensadores y la licuación de transferencias discrecionales. El mensaje fue claro: no había margen para las negociaciones tradicionales que tenían a la billetera como disciplinadora.

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Los gobernadores acusaron el golpe y comenzaron a buscar formas de coordinación, primero con expresiones públicas y más tarde con gestos políticos más visibles, con el debate de leyes en el Congreso nacional como principal eje de disputa.

La semana pasada, el presidente estadounidense, Donald Trump, le pidió a Milei que consiga un acuerdo con los gobernadores, como una de las condiciones de las negociaciones por una ayuda financiera para la Argentina.

“El único pedido formal que hicieron fue que ordenáramos lo político y la inestabilidad en el Congreso”, reconocieron en Casa Rosada. Desde entonces, los contactos se aceleraron, a tal punto que este lunes a las 10 está convocada a una reunión del Consejo de Mayo. El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, que ocupa la silla en representación de los mandatarios provinciales, confirmó su asistencia, pero el Gobierno aspira en una presencia más amplia.

En paralelo, los mandatarios que integran el espacio Provincias Unidas se concentrarán en la campaña. El martes mostrarán músculo político en Puerto Madryn, donde Ignacio “Nacho” Torres (Chubut) será anfitrión de un acto que busca consolidar un bloque de al menos 20 diputados en el Congreso.

Confirmaron su presencia Gustavo Valdés (Corrientes), Carlos Sadir (Jujuy), Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Martín Llaryora (Córdoba). Buscan enviar una señal doble: marcar independencia frente a la Casa Rosada y, al mismo tiempo, mostrar que pueden revalidarse como actores de peso en la próxima etapa parlamentaria.

El guiño de Milei a las provincias

En los últimos días, un grupo de seis mandatarios y una vicegobernadora se reunió en Bariloche durante el Foro Iberoamericano de Garantías y Financiamiento. Allí dejaron en claro que el diálogo con Nación no está cerrado, pero plantearon que las condiciones políticas y el clima de campaña hacen inviable un acuerdo inmediato.

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“Siempre estuvimos dispuestos, cada vez que nos llamaron fuimos”, sostuvo Sergio Ziliotto, gobernador de La Pampa, en conferencia de prensa, aunque aclaró que “la Argentina productiva nace en las provincias y no en la Casa Rosada”.

Otros fueron más duros. Gustavo Sáenz (Salta) advirtió que “el error más grande del Gobierno fue la soberbia” y cuestionó el centralismo de la gestión libertaria. Alberto Weretilneck (Río Negro), anfitrión del encuentro, coincidió en que después de octubre podría haber “menor tensión” y, sobre todo, mayor claridad sobre lo que expresen las urnas.

Esa referencia al calendario electoral no es casual. En los despachos provinciales entienden que Milei necesita apoyos legislativos para encarar las reformas de la segunda parte de su mandato, pero al mismo tiempo nadie quiere regalar una foto de consenso que el Presidente pueda usar como capital político antes de las legislativas.

Pero, comprometido con Trump, el Gobierno busca acelerar los puentes. Este lunes, a las 10, se reactivará el Consejo de Mayo en la Casa Rosada, con la presencia del jefe de Gabinete, Guillermo Francos; ministros; legisladores; sindicalistas y empresarios. En representación de los mandatarios asistirá Cornejo, uno de los pocos aliados de Milei en el interior, junto a Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Leandro Zdero (Chaco).

El rol de Francos volverá a ser clave, pero esta vez acompañado por el ministro del Interior, Lisandro Catalán. Son los funcionarios con llegada a casi todos los gobernadores y quienes se encargan de amortiguar los choques con el Presidente.

Un nuevo vínculo tras las elecciones

La tensión no es nueva. Desde que asumió, Milei abrió múltiples frentes con los gobernadores: la coparticipación; la pulseada por los fondos educativos; y la negociación frustrada por la primera versión de la Ley Bases, que naufragó en Diputados por la resistencia de los mandatarios. Aunque en la segunda vuelta legislativa el oficialismo consiguió aprobar la norma, quedó claro que el poder territorial de los gobernadores puede inclinar la balanza.

En ese contexto, cada gesto cuenta. Que Weretilneck se haya mostrado como anfitrión en Bariloche, o que Torres convoque en Puerto Madryn, refleja que las provincias se organizan para hablar en bloque. A la vez, el oficialismo confía en que el desgaste de campaña y la necesidad de fondos frescos obligarán a los mandatarios a acercarse. Milei apuesta a que eso reordene la correlación de fuerzas.

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El día después de las elecciones será distinto. Con un nuevo mapa legislativo y con la urgencia de definir el 2026, el Gobierno necesitará apoyos concretos. Los gobernadores, por su parte, tendrán que decidir si se convierten en un bloque de resistencia o si entran en una negociación pragmática que les permita recuperar fondos y obras públicas.

El Presidente necesita respaldo territorial para garantizar la gobernabilidad; los mandatarios requieren de Nación recursos para sostener sus gestiones. Esa tensión define hoy la política argentina. La foto conjunta -si se diera- llegaría después de que hablen las urnas, pero nadie se anima a confirmarlo.

Elecciones 2025, Javier Milei, Gobernadores