POLITICA
El Procurador reclamó que Cristina Kirchner sea condenada a 12 años de prisión por la causa Vialidad
El Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, dictaminó hoy que se debe revisar la condena de Cristina Kirchner y agravarla a 12 años de prisión por asociación ilícita. Es decir, Casal pidió que la expresidenta no solo sea castigada por fraude en torno a los actos de corrupción que tuvieron lugar con 51 licitaciones de obra pública en Santa Cruz.
Tras el pronunciamiento de Casal, solo resta ahora que la Corte Suprema de Justicia dicte su fallo y decida si rechaza todos los recursos de presentados por la defensa y la parte acusatoria, y confirma la condena a 6 años de prisión, o, si por el contrario, abre el recurso de queja de la expresidenta o el del Procurador.
La primera alterantiva implica que la condena debe ejecutarse de inmediato con la prisión de la expresidenta y su inhabilitación para postularse a cargos públicos nacionales o provinciales. Y la segunda implica que el caso regrese a la Cámara Casación para revisar si debe agravarse la pena, con lo que Cristina kirchner ganaría tiempo y no correría riesgo de que se active su inhabilitación para postularse en las elecciones del año en curso. El cierre de las candidaturas en la provincia de Buenos Aires será el 19 de julio.
El Procurador Casal respaldó la apelación del fiscal de Casación Mario Villar en el caso de obra pública y apunta la “arbitrariedad” judicial del fallo de Casación, que dejó firme su condena.
Consideró que la sentencia de la Cámara incurrió en una “causal definida de arbitrariedad” por omitir responder argumentos clave de la fiscalía y aplicar interpretaciones consideradas incorrectas sobre la figura de la asociación ilícita, la doctrina del “hecho único” en la administración fraudulenta, la valoración de la prueba y la cuantificación del decomiso.
El dictamen de la Procuración cuestiona principalmente las absoluciones por el delito de asociación ilícita y la reducción del decomiso.
Específicamente, el Procurador atacó la absolución de Cristina Kirchner, José López, Nelson Periotti y Lázaro Báez por asociación ilícita.
El nudo del reclamo fiscal, avalado por la Procuración, reside en que los tribunales “descartaron la asociación ilícita por ausencia de un elemento del tipo: el propósito colectivo de cometer plurales delitos”.
En su lugar, consideraron que el objetivo fue una “sola defraudación, dentro de la categoría del delito continuado”, argumentando que los acusados cometieron un “hecho único ‘conformado por distintos hechos dependientes y relacionados entre sí’” y no tuvieron “‘planes delictivos independientes” como lo reclama el tipo penal de la asociación ilícita.
El fiscal, con el apoyo de la Procuración, rebatió este enfoque destacando que la asociación ilícita es un delito autónomo y de “peligro abstracto, que hace punible una actividad preparatoria y se consuma para cada miembro por la acción de tomar parte de la organización, con independencia de que los delitos planeados logren ejecutarse”.
Lo crucial para la figura es la “pluralidad de acciones y que pueda afirmarse el elemento de permanencia”, de modo que “la efectiva preparación de un plan no agote los fines de la asociación, los cuales desbordan el plan concreto para dirigirse, sin total y detallada previsión, a otros hechos distintos”.
En este sentido, el dictamen señaló: “El fiscal general [Villar] valoró, con argumentos concluyentes, que esa era la exacta característica de la organización conformada por los imputados”, ya que al constituirse el grupo no se acordó “un catálogo detallado de cuáles iban a ser las conductas concretas que se ejecutarían para cumplir con los fines defraudatorios”.
Argumentó que hay un delito «plural y diverso» . Dijo que si bien puede tratarse como una unidad a los fines del castigo, “es una suma de hechos y actos jurídicos perfectamente diferenciados, determinados, independientes y susceptibles de ser separados”, en cada contrato.
Otro punto cuestionado, y que la Cámara de Casación no habría abordado, fue el argumento alternativo de que, incluso bajo la lógica del tribunal, la ocurrencia de las 51 licitaciones en “tres administraciones presidenciales” rompía la unidad y sugería una multiplicidad de planes delictivos.
El dictamen también acompaña el reclamo fiscal respecto de revocar las absoluciones de Julio De Vido, Abel Fatala y Héctor Garro.
Sobre De Vido, señala Casal que su contribución fue que desde el plano material al “dictar numerosos actos administrativos” que asignaron fondos a la empresa beneficiada. La Cámara aplicó un “excesivo formalismo” al interpretar su conducta y excusar sus omisiones de control, según Casal.
A partir de pruebas, De Vido “no sólo adaptó su contribución a un plan criminal en curso que conocía a la perfección, sino que más bien fue uno de sus principales organizadores”, sostuvo el Procurador General.
Respecto a Fatala, objetó que la Casación adoptó un criterio laxo sobre sus deberes de control, mientras que la fiscalía, basándose en evidencias. “Fatala asumió su cargo con la deliberada intención de no ejercer sus atribuciones, siendo esa la causa verdadera de que haya omitido toda acción dirigida a la evitación del delito”, dijo.
En cuanto a Garro, criticó que la sentencia “se negó a valorar prueba decisiva” y examinó los elementos de convicción de manera aislada, en contradicción con la propia noción de “hecho único complejo” sostenida por el tribunal para otras cuestiones.
Otra “causal de arbitrariedad que justifica la descalificación de la sentencia” dijo el Procurador, es el rechazo por parte del tribunal oral de incorporar pruebas ofrecidas por el ministerio público, como las declaraciones de imputados colaboradores y “arrepentidos” del caso de los “cuadernos de las coimas”.
Finalmente, el dictamen avala el reclamo del fiscal Villar sobre la confirmación de la sanción accesoria de decomiso que fue al final, por un monto “sustancialmente menor al solicitado por su parte”.
La Procuración señala que el tribunal oral consideró “no cuantificable” el daño por ciertas irregularidades, pese a que el Ministerio Público “presentó un detallado y minucioso cálculo que no obtuvo por parte de la cámara tratamiento alguno, ya que sólo fue desestimado mediante una fórmula abstracta”.
Casal consideró que la apelación del fiscal Villar “posee “sólidos argumentos y clara fundamentación legal” para que la Corte agrave la condena de la expresidenta.
POLITICA
Monteoliva dijo que Nahuel Gallo habló con «Chiqui» Tapia antes de subirse al avión que lo trajo a la Argentina
La ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, confirmó que el gendarme Nahuel Gallo recibió una videollamada de Claudio “Chiqui” Tapia momentos antes de subirse al avión que lo trajo de nuevo a la Argentina. En ese intercambio, el titular de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) le confirmó que iba a volver al país luego de haber permanecido detenido 448 días en Venezuela.
En la misma entrevista, la funcionaria cuestionó el rol de la AFA en la liberación del agente, aunque reconoció su función como medio de negociación. “No lo veo como una apropiación, sino como una necesidad de protagonizar y decir: ‘Lo trajimos nosotros’”, expresó.
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Noticia que está siendo actualizada.-
Nahuel Gallo, Chiqui Tapia, Alejandra Monteoliva
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ARCA confirmó amplias irregularidades en una empresa vinculada a Toviggino que blanqueó USD 1,4 millones
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) identificó irregularidades financieras y estructurales en Malte SRL, una firma que blanqueó activos por 1,4 millones de dólares y que mantiene vínculos directos con el entorno de Pablo Toviggino, actual tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). El informe oficial, al que accedió Infobae, sitúa a la compañía en el centro de una investigación penal que involucra a referentes de la conducción de la AFA, entre ellos Claudio Tapia y el propio Toviggino, bajo sospecha de evasión fiscal, apropiación indebida de fondos y uso de sociedades fantasma.
De acuerdo con documentación de ARCA, Malte SRL fue declarada por la AFIP como “usina sin capacidad operativa económica y/o financiera”, tras detectar patrones de funcionamiento asociados a empresas pantalla. El reporte señala: “Malte SRL carece de capacidad económica real para justificar su volumen de movimientos patrimoniales y comerciales, presentando reiteradas inconsistencias en su actividad”. Entre las anomalías figuran cambios frecuentes de domicilio fiscal, multiplicidad de objetos sociales sin relación entre sí, y transferencias reiteradas de vehículos de alta gama, maquinaria e inmuebles, todos con escasa trazabilidad documental.
El análisis incluyó el seguimiento de operaciones electrónicas y facturación abultada entre empresas vinculadas, sobre conceptos alejados de la actividad declarada formalmente por Malte SRL y sus contrapartes. Según el expediente, la empresa mantuvo una estructura de empleo atípica: solo un trabajador declarado en todos los períodos analizados, domiciliado en Buenos Aires, mientras que la sociedad fijó sus sedes impositivas en Santiago del Estero. Las direcciones IP empleadas para la emisión de comprobantes fueron compartidas con otras firmas del grupo, algunas de ellas identificadas como Carbello SRL, Servicios Lindor SA y Soma SRL.
El informe de ARCA remarca la falta de actuación de Malte SRL como agente de retención en ejercicios con volúmenes de compra relevantes (2020, 2021, 2024 y 2025), hecho incompatible con su nivel de facturación. Además, se detectó la existencia de servicios facturados por la escribana Gilda Milani, que vinculan a la empresa con Luciano Pantano, otro actor señalado en la investigación.
Uno de los puntos que más llamó la atención de los investigadores es el blanqueo de bienes por 1,4 millones de dólares, realizado al amparo de la Ley 27.743 de sinceramiento fiscal. La maniobra se inscribe en un contexto de operaciones con la AFA cuya trazabilidad resulta “indeterminable”. El reporte plantea: “La sociedad registró operaciones de gran volumen con la Asociación de Fútbol Argentino, sin respaldo patrimonial ni personal operativo acorde a los montos involucrados”.
Estas revelaciones se producen mientras la Justicia avanza sobre la dirigencia de la AFA. El juez federal Diego Amarante citó a indagatoria al presidente Claudio Tapia, al tesorero Pablo Toviggino y otros miembros de la comisión directiva, y les prohibió salir del país, en una causa por presunta apropiación indebida de aportes impositivos y de la seguridad social que superan los 19.300 millones de pesos argentinos. La denuncia sostiene que la AFA retuvo y no depositó esos fondos entre marzo de 2024 y septiembre de 2025, y que ese comportamiento se sostiene en un circuito de órdenes directas entre los máximos responsables de la entidad.
El pedido de ARCA se fundamentó en pruebas documentales y testimonios internos de la AFA, que desmienten una eventual imposibilidad financiera y apuntan a una decisión deliberada de no cumplir con las obligaciones tributarias. El expediente judicial recoge declaraciones de la gerente de Control y Administración, Mónica Bouvet, quien describió un esquema donde la autorización de transferencias dependía exclusivamente de la orden del tesorero, y los balances oficiales llevaban la firma conjunta de Tapia, Toviggino y el secretario general.
El expediente también menciona maniobras de desvío de fondos mediante empresas pantalla en el extranjero y sociedades constituidas en paraísos fiscales, relacionadas con la estructura financiera de la AFA bajo la gestión de Tapia y Toviggino. Entre 2021 y 2025, la entidad habría canalizado más de 300 millones de dólares fuera del circuito bancario argentino, valiéndose de intermediarios y firmas offshore como TourProdEnter LLC y Global FC LLC. Estas operaciones están bajo investigación penal por presunto lavado de activos y administración fraudulenta.
En el caso de Malte SRL, la AFIP concluyó que se trata de una sociedad apócrifa o de fachada, creada para simular operaciones y facilitar maniobras de evasión. Su inclusión en la base e-apoc como “usina sin capacidad operativa” implica la imposibilidad de justificar los flujos de fondos y bienes declarados ante el fisco. La investigación detectó, además, la participación de familiares y allegados de dirigentes futbolísticos en la administración y control de las empresas vinculadas.
El avance de la causa penal, impulsada por ARCA, mantiene a la conducción de la AFA bajo estricta vigilancia judicial. El juez Amarante convocó a declarar a los principales directivos y ordenó medidas restrictivas, como la prohibición de salida del país, ante la “gravedad de los hechos investigados y la severidad de la pena en expectativa” prevista en la legislación penal tributaria argentina. La defensa de la AFA intentó cerrar la causa aduciendo falta de acción, pero la Justicia rechazó ese planteo y confirmó la continuidad de la instrucción.
POLITICA
Los gobernadores dialoguistas viajan a Nueva York en búsqueda de inversiones y para mejorar el vínculo con Milei
En los próximos días, el Presidente Javier Milei volverá a mostrarse con gobernadores aliados. Será en el evento internacional Argentina Week, que se realizará en Nueva York entre el 9 y el 12 de marzo. Está orientado a atraer inversiones extranjeras, en especial en energía, minería, agroindustria y sectores estratégicos.
La invitación se generó a través de la Cancillería y de la Embajada argentina en Washington. El evento reunirá a mandatarios provinciales, empresarios y ejecutivos de compañías internacionales en una agenda enfocada en negocios y financiamiento. “Es una gran oportunidad para atraer inversiones”, indicaron a TN desde el entorno de uno de los mandatarios provinciales.
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Según pudo saber este medio, los gobernadores tienen pautadas varias reuniones, pero la agenda central la concentra Nación. Entre los invitados que pudo confirmar TN se encuentran Ignacio Torres (Chubut), Raúl Jalil (Catamarca), Claudio Vidal (Santa Cruz), Rolando Figueroa (Neuquén) y Alberto Weretilneck (Río Negro). También se habría extendido la invitación a Carlos Sadir (Jujuy), Gustavo Sáenz (Salta), Alfredo Cornejo (Mendoza), Marcelo Orrego (San Juan), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Osvaldo Jaldo (Tucumán).
Varios de ellos se reunieron de manera virtual semanas atrás. “El interior profundo se alinea detrás de una mirada federal para la Argentina”, indicaron a TN desde una de las provincias representadas en el encuentro. Según señalaron, debatieron desafíos comunes y las formas de “articular visiones sobre el papel que estas jurisdicciones deben jugar en la agenda económica y política del país”.
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Se analizó también el rol de estas provincias en el Congreso a través de sus representantes en Diputados y el Senado, así como “el aporte de todos los gobiernos provinciales a la gobernabilidad de la Argentina”. Además, se comprometieron a tener este tipo de reuniones de manera periódica para “potenciar sus posibilidades de desarrollo y crecimiento”.
Una de las posturas más firmes en la reunión fue de parte de los gobernadores que encarnan proyectos políticos provinciales (Figueroa, Weretilneck y Passalacqua), que remarcaron la necesidad de que el federalismo “sea real y concreto y no quede solo en anuncios”. No obstante, distintas fuentes consultadas hicieron hincapié en que esta iniciativa “no tiene nada que ver con cuestiones electorales”.
La agenda común que buscan instalar los gobernadores incluye la producción agrícola, el turismo, la minería, el desarrollo energético, políticas impositivas, ganadería, entre otros puntos. La intención es sentar las bases para generar “una línea de trabajo que parta de las realidades provinciales”, con especial énfasis en la producción, desarrollo energético y generación de infraestructura para el crecimiento.
El impacto del vínculo entre los gobernadores y Milei
La distancia entre los mandatarios peronistas no alineados con Cristina Kirchner se traduce casi inmediatamente como una cercanía al Gobierno de Javier Milei. Al menos, les habilita otro margen de maniobra.
Y esto se ve reflejado en los números del Congreso. El oficialismo aprobó la reforma laboral con el acompañamiento del PRO, la UCR, el MID, pero también con el apoyo del tucumano Osvaldo Jaldo; los sanjuaninos de Marcelo Orrego, los misioneros que responden a Hugo Passalacqua, y los salteños de Gustavo Sáenz.
Pero hay más: también se confirmó el rompimiento del interbloque de Unión por la Patria, con la salida de tres integrantes del bloque Convicción Federal. La jujeña Carolina Moisés, que responde al mandatario de Salta, Gustavo Saenz; la tucumana Sandra Mendoza con referencia en el gobernador Osvaldo Jaldo y el catamarqueño Guillermo Andrada, con terminal en Raúl Jalil. Todos ellos se alejan del kirchnerismo.
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“La oposición y las minorías deben estar representadas en las cámaras legislativas a través de los dictámenes, las propuestas, los proyectos y la participación en el debate de forma institucional. (…) Este espacio parlamentario va a ocupar los lugares que le corresponden en las comisiones para sostener la representatividad que el kirchnerismo hoy le niega a la oposición”, se lee en el comunicado que publicaron luego de la formalización del nuevo espacio.
Gobernadores, Javier Milei, Nueva York
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