El reciente fallo judicial en Estados Unidos que obliga a la Argentina a pagar más de 16 mil millones de dólares por la estatización de YPF reavivó un debate que parecía olvidado. No todos, aunque casi todos, se dejaron llevar por la épica de la expropiación. En abril de 2012, el mi rol de senador nacional por Salta, voté en contra del proyecto impulsado por el kirchnerismo y propuse una alternativa que, de haberse aprobado, habría evitado el daño económico e institucional que hoy enfrenta el país.

No me oponía a que el Estado recuperara el control energético, me oponía al mecanismo. Improvisado, prepotente y violatorio del derecho. Hoy los argentinos pagamos por esa irresponsabilidad que, tras conocerse este nuevo fallo del tribunal de Nueva York, deja expuesta una maniobra kirchnerista que tuvo todo el camuflaje típico de ese modelo político.

El proyecto al que hago mención proponía que el Estado argentino adquiriera hasta el 51% de las acciones clase “D” de YPF mediante una Oferta Pública de Adquisición (OPA), las normativas de la Comisión Nacional de Valores y el Estatuto de YPF. A diferencia de la estatización exprés que aprobó el Congreso ese año, mi propuesta implicaba actuar la ley argentina y los principios del derecho internacional. Justamente no haber transitado ese camino, es la base argumental en la que se asienta el fallo contrario a los intereses argentinos.

Además, el texto preveía distribuir el 49% restante de las acciones entre las provincias productoras de hidrocarburos, fortaleciendo el federalismo y reconociendo los derechos de los estados sobre sus recursos naturales (art. 124 de la CN). En otro artículo agregaba que se debía designar directores con experiencia comprobada, ajenos a la función pública y con aval legislativo, garantizando profesionalismo y transparencia. Asimismo, protegía explícitamente las regalías y la gestión autónoma de los recursos provinciales blindando el rol de las provincias frente a cualquier avance del gobierno central.

En aquella sesión de 2012 en la que solo tres senadores votamos en contra de este atropello, expresé que “no se trata de estatizar a los empujones, ni de actuar como ocupas. El Estado tiene herramientas legales y financieras para hacerlo con orden y respeto institucional”.

Lamentablemente, aquella advertencia se volvió sentencia. No había que ser adivino ni futurólogo para saber que este accionar, iba a traer consecuencias: una violación del debido proceso, la afectación al federalismo, el debilitamiento del estado de derecho y la pérdida de credibilidad ante los mercados internacionales. Es el costo de tomar decisiones como si estuviéramos en un país sin ley, sin mercado y sin Constitución.

A pesar de haber propuesto una alternativa lógica, la mayoría oficialista de entonces, acompañada por una gran mayoría insistió en desconocer el Estatuto de YPF y la omisión del mecanismo de OPA, lo que se convirtió en la antesala de una disputa internacional que terminaría con la Argentina condenada.

La épica militante nos salió carísima. No es el único ejemplo, pero tal vez sea el más costoso, de todas aquellas aventuras de La Cámpora y el entonces viceministro de Economía, Axel Kicillof, responsables políticos de una maniobra cargada de ideología, soberbia y desconocimiento jurídico, ya que la estatización de YPF fue tratada como si se tomara un edificio por la fuerza, tal como lo expresé en aquella sesión.

Se podría haber comprado YPF con legalidad, sin afectar nuestra imagen internacional ni comprometer reservas del Banco Central. Hoy, estamos muy cerca de tener que pagar con dólares que podrían haberse destinado al desarrollo, a la producción o al combate contra la pobreza.

A más de una década, el reciente fallo de la jueza Loretta Preska expone los errores de un modelo que privilegió el relato sobre el derecho, la épica sobre la gestión, y la urgencia política sobre el futuro económico.

El fallo, además de lo cuantioso, conlleva un costo mucho más alto aún, por el momento que atraviesa el país, el de sumar reservas, bajar la inflación, ingresar al mercado internacional y mostrar seriedad ante el mundo. Todo eso queda en la endebles con la que el mundo nos mira desde hace décadas.

La Argentina necesita reglas claras, respeto institucional, gestión profesional, cumplir con los compromisos, tanto los externos como con los argentinos que viven en el postergado interior, esos que esperan un crecimiento económico y una economía que no los agobie. El sendero correcto lo inició este Gobierno que debe superar con gestión, diálogo y voluntad política estos durísimos escollos que nos dejó el populismo.

Para eso, nunca hay que perder de vista el inmenso valor que tienen los consensos, los acuerdos a largo plazo y el fortalecimiento institucional. Nadie pierde nada con acordar. Todos ganamos. Por eso, es hora de terminar con el continuo enfrentamiento, aprovechar los resultados de las desregulaciones que se están haciendo y seguir transitando un camino que le devuelva la esperanza a los argentinos de vivir en un país normal, donde las oportunidades de desarrollo estén en cada rincón del país.