POLITICA
El radicalismo no superó el piso en las secciones que encabezaba y más de la mitad de sus intendentes perdieron

El radicalismo bonaerense sufrió un duro revés en las elecciones provinciales del domingo último. Si bien había logrado imponer hombres propios en el cierre de listas de Somos Buenos Aires -designó a la mitad de las cabeza de nómina- no pudo superar el piso mínimo en ninguna de las secciones que lideraba. Además, menos de la mitad de sus intendentes lograron ganar la batalla por los Concejos Deliberantes.
La polarización de los comicios bonaerenses relegó a la alianza Somos Buenos Aires al tercer lugar. Con una cosecha global de 5,25%, quedó muy por debajo de Fuerza Patria (47,28%) y La Libertad Avanza (33,71%). Al interior de la coalición, el resultado poco favorable marcó claros ganadores y dejó expuesto el retroceso de la Unión Cívica Radical, incluso en el interior de la provincia.
Tras turbulentas negociaciones por la definición de candidaturas, el radicalismo había logrado liderar cuatro de siete listas seccionales (en la segunda, el frente de centro no presentaba nómina propia por la inscripción de Hechos). Encabezaba en la tercera, la quinta, la séptima y la octava. Se perfilaba, así, como el gran ganador del cierre de listas.
El resultado de este domingo, sin embargo, terminó de marcar los límites de ese protagonismo interno. El partido centenario no logró superar el piso en ninguna de las secciones que lideraba y no alcanzó a ubicar a ninguna de sus principales figuras de campaña en la Legislatura.
Tuvo su peor desempeño en la tercera sección electoral, donde Pablo Domenichini -quien supo ser el candidato de Martín Lousteau en la interna por la conducción del radicalismo bonaerense- quedó quinto con el 2,82% de los votos. Terciar entre Fuerza Patria y La Libertad Avanza en el distrito era un desafío demasiado ambicioso, pero lo llamativo fue que la alianza de centro terminó detrás del Frente de Izquierda y Nuevos Aires, el nuevo espacio creado a instancias de la radical disidente de Adolfo Gonzáles Chaves, Lucía Gómez.
A pesar del desenlace adverso en toda la Provincia, el radicalismo logró quedarse con dos de las cuatro bancas que obtuvo Somos Buenos Aires el domingo. Natalia Quintana asumirá como representante en la Cámara alta bonaerense y Priscilla Minnaard hará lo propio en Diputados. Ambas desembarcarán en la Legislatura luego de que un sector disidente de Pro y la Coalición Cívica terciaran la elección en la cuarta y sexta sección, respectivamente.
Quintana secundaba en la nómina para el Senado a Pablo Petrecca, intendente de Junín y dirigente amarillo, mientras Minnaard ocupaba el segundo lugar detrás del “lilito” de Bahía Blanca, Andrés De Leo. Así, aunque el radicalismo se verá favorecido en el reparto final de las bancas, los laureles quedaron en manos de otras fuerzas de la coalición.
La derrota del radicalismo no solo se dio a nivel seccional. El partido centenario también enfrentó un revés en más de la mitad de los municipios que conduce. Solo diez de sus 24 intendentes que competían bajo el sello Somos Buenos Aires lograron salir primeros en la contienda por la renovación de los Concejos Deliberantes.
El caso más emblemático de esa debacle tal vez sea el de Tandil, donde el jefe comunal Miguel Lunghi obtuvo un resultado electoral adverso por primera vez en dos décadas. Fuerza Patria se impuso en la contienda municipal y, con apenas 14,21% de los votos, la lista del radical quedó relegada al tercer lugar con 20 puntos de diferencia respecto de La Libertad Avanza, que se alzó con el segundo puesto.
Santiago Hafford – La Nación
La UCR también quedó en tercer lugar en Lincoln, Adolfo Alsina y General Alvear y terminó segundo en las elecciones municipales de otros diez distritos: Florentino Ameghino, General Viamonte, Balcarce, Ayacucho, Maipú, Lezama, Coronel Dorrego, Tres Lomas, General Belgrano y Rauch. El intendente de este último municipio, Maximiliano Suescún, era, además, quien encabezaba la lista de Somos en la quinta sección, donde no superó el umbral del 20% para acceder a una banca parlamentaria.
Este retroceso del radicalismo en la provincia de Buenos Aires suma más presión sobre la conducción del partido, en manos del senador nacional Martín Lousteau. Es que la UCR viene de enfrentar, este año, otra desventura en la ciudad de Buenos Aires.
El 18 de mayo, en los comicios porteños, el radicalismo no logró superar el piso para acceder a una banca en el parlamento local. La lista que encabezaba la exdirigente universitaria Lucille “Lula” Levy, respaldada por el senador, apenas sumó 2,3% de votos y privó al partido centenario de ampliar su bloque.
Ahora, rumbo a la contienda nacional de octubre, Lousteau deberá remediar con su candidatura a la Cámara baja el magro desempeño que ha tenido el radicalismo en la Capital Federal. En la provincia, el futuro del partido es más incierto, pues no competirá formalmente en ninguna alianza y se presentará atomizado en distintos frentes.
imponer hombres propios en el cierre de listas,relegó a la alianza Somos Buenos Aires,Terciar entre Fuerza Patria y La Libertad Avanza,sector disidente de Pro,comicios porteños,se presentará atomizado,Abigail Contreiras Martínez,UCR,Conforme a,,Libertad de expresión. Revisarán la decisión judicial que impide difundir los audios atribuidos a Karina Milei,,Causa Seguros. Un fiscal de Cámara pidió dejar sin efecto el procesamiento de Alberto Fernández,,»Autocrítica». El Gobierno incorpora a intendentes y mantiene a Pareja y Bondarenko a cargo de la estrategia bonaerense,UCR,,Entuerto y alianzas cruzadas. La UCR implosionó en el cierre de listas y sus referentes se enfrentarán en la ciudad y la provincia,,Sorpresa en Córdoba. Los libertarios ponen al empresario Gonzalo Roca para competir contra Juan Schiaretti en octubre,,»No a cualquier precio». El radical De Loredo se baja de la candidatura
POLITICA
Una por una: 10 normas que se eliminarían con la Ley Hojarasca de Federico Sturzenegger

La “ley Hojarasca”, impulsada por Federico Sturzenegger, propone la eliminación de más de 70 normas.
Algunas, por “obsoletas o sin efecto por el avance de la tecnología, economía o paso del tiempo”; otras, porque “afectan a libertades individuales” o porque están “englobadas por legislaciones posteriores más completas y modernas”, entre otros motivos.
Entre las leyes que buscan derogar están:
– La Ley 14.034, promulgada en 1951, bajo el gobierno de Juan Domingo Perón, que establece: “Será reprimido con prisión de cinco a veinticinco años e inhabilitación absoluta y perpetua, el argentino que por cualquier medio propiciare la aplicación de sanciones políticas o económicas contra el Estado argentino“. Al respecto, el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado afirmó: “Esta ley prohíbe la defensa de los derechos humanos de la sociedad argentina en los foros internacionales”.
– La Ley 18.312, de 1969, que impone la creación de un fondo para el desarrollo de la producción de papel prensa y de celulosa. En este caso, desde el Ejecutivo señalaron que “busca restringir la libertad de expresión”.
– Dos legislaciones del gobierno de Alejandro Lanusse, que también consideró que atentan contra la libertad individual. Por un lado, agregó a la Ley 19.787, que, según el Ejecutivo, “restringe la elección de temas musicales en la programación de radios” y la Ley 20.120, que “hablita al Estado a prohibir reuniones privadas entre ciudadanos”.
– La Ley 20.959, de 1975, que le otorga a senadores y diputados de la Nación libre circulación y libre estacionamiento. De esta manera, Sturzenegger apuntó: “Hay pocos ejemplos de privilegio tan claros como el que deja en evidencia esta norma, inaceptable en una sociedad democrática”.
-La ley 26.688, aprobada durante el segundo mandato de Cristina Kirchner, que declara de interés nacional la investigación y producción pública de medicamentos, materias primas para la producción de medicamentos, vacunas y productos médicos, considerándolos bienes sociales. El Ejecutivo argumentó que la reglamentación de la legislación no impone acciones concretas.
-La ley N° 94, de 1864, que inhabilita por diez años a cualquier autoridad que “haga azotar a una persona”. El proyecto de ley destaca que la pena de azotes fue prohibida por la Constitución, que impide “toda especie de tormento y los azotes”. La iniciativa destaca: “Hoy en día es absurdo mantener una ley que contemple específicamente este instituto, que está prohibido en nuestra Constitución y nunca debe tener lugar en un Estado liberal y republicano. Es por ello que ha perdido vigencia y, en tal caso, esta conducta reprochable encuentra condena a través de otras figuras penales”.
-La ley N° 20.400 (1973). Establece que no se podrá realizar ninguna operación con el objeto de conseguir para sí o de proporcionar a un tercero mano de obra de personas que no ofrezcan voluntaria y espontáneamente sus servicios. Se considera a esta norma precursora en la lucha contra la trata de personas, precisa la iniciativa oficial, que destaca, que posteriormente, su articulado fue superado por normas de un sistema interrelacionado de lucha contra la trata, en particular la Ley N° 26.364, por lo cual en la actualidad no tiene aplicación práctica alguna.
-La ley 20.843 (1974). Esta norma reconoce la figura de “Padrinazgo Presidencial” y la institucionalizaron imponiendo que toda persona que haya sido apadrinada por el titular del Poder Ejecutivo Nacional tiene derecho a que el Estado Nacional “le asegure la realización gratuita de los estudios de nivel primario, secundario, universitario o especial que curse en establecimientos educativos oficiales”.
-La ley 22.109 (1979), que establece que el Poder Ejecutivo podrá disponer el aislamiento de enfermos o sospechosos de viruela y sus contactos, así como la vacunación y revacunación de los grupos expuestos al riesgo de enfermos y la adopción de otras medidas. “Esta norma ha sido superada por la Ley N°27.491 sobre control de enfermedades prevenibles por vacunación, que establece los mecanismos para lidiar con las enfermedades infectocontagiosas de manera integral», dice el proyecto.
Todas las leyes que el Gobierno buscará eliminar con el proyecto
ley Hojarasca,eliminación de más de 70 normas,pic.twitter.com/CkllI0gYd5,October 13, 2024,Conforme a
POLITICA
Javier Milei y sus medidas, EN VIVO: el Presidente vuelve a mostrarse hoy con Adorni para respaldarlo por el escándalo de los viajes y propiedades del jefe de Gabinete

POLITICA
La secretaria del piloto que facturó el vuelo de Adorni ratificó que el viaje de vuelta lo pagó el periodista Grandio

La causa por el vuelo en un avión privado de Manuel Adorni avanza con la declaración de la segunda testigo. Se trata de la secretaria del piloto que facturó el viaje de regreso desde Punta del Este a Buenos Aires.
La testigo mantuvo conversaciones vía WhatsApp con el periodista Marcelo Grandio, quien es amigo de Adorni, para vender el pasaje desde Punta del Este, 17 de febrero.
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Ayer el piloto Agustín Issin Hansen, quien como broker le compró a la firma aeronáutica Alpha Centauri diez viajes por 42.250 dólares se había presentado ante el juez Ariel Lijo. Uno de esos traslados fue adquirido por Grandio, a través de su productora Imhouse S.A. y usado por Adorni. La factura fue emitida el 9 de marzo por alrededor de 3.000 dólares para ese tramo.
Issin pidió declarar ante el juez al verse mencionado en la causa. Es quien facturó el vuelo de regreso y manifestó que ese pasaje junto al de ida habían sido abonados por Grandio.
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En conferencia de prensa, el jefe de Gabinete aseguró que él se hizo cargo de sus gastos y los de su familia. El testimonio del piloto Issin contradice esa versión.
La Justicia debe determinar si el presunto pago de Grandio respondió a una suerte de retribución de favores con Adorni por sus contratos con la TV Pública. Esa es una de las teorías de la investigación. Los otros ejes que se desprenderían de la investigación apuntan a un presunto enriquecimiento ilícito o negociaciones incompatibles con la función pública.
Grandio todavía no fue citado como testigo porque no se descarta una eventual citación como imputado, según cómo evolucione la investigación.
Los detalles de los pagos de los vuelos
En cuanto a la forma de pago de los vuelos, Issin diferenció claramente la ida de la vuelta. Respecto de la ida, declaró que fue facturado directamente entre Alpha Centauri S.A. y la empresa contratante, y que se pagó mediante transferencia bancaria. Sin embargo, no dejó asentado en ese acto el monto exacto efectivamente abonado por ese tramo y dijo que debía verificarlo.
Sobre el vuelo de vuelta, en cambio, fue más preciso: afirmó que los USD3.000 se pagaron en efectivo, a través de un tercero, y que esa entrega fue coordinada por WhatsApp y audios, respecto de los cuales dijo contar con respaldo.
El dato clave es que la factura de la vuelta fue emitida varias semanas después del vuelo. Frente a eso, Issin explicó que no obedeció a una nueva contratación ni a una modificación posterior del servicio, sino a que se encontraba de viaje y recién cuando regresó confeccionó la factura.
También aclaró que la constancia del cobro no habría sido un recibo formal, sino un mensaje enviado informando que el dinero había sido recibido por Whatsapp. Por último, cuando se le preguntó si le constaba que Adorni hubiera viajado con su empresa en alguna otra oportunidad anterior, respondió que no.
Manuel Adorni
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