El Club Político Argentino emitió un comunicado titulado “A cincuenta años del último golpe de Estado” en el que sostuvo que “la persistencia en la aplicación de la ley, el compromiso con la verdad, la búsqueda de un diálogo constructivo y el respeto irrestricto a las instituciones son la única garantía” para que “nunca más” el país padezca horrores como los vividos en la última dictadura.

En su documento, esta asociación, que tiene a Graciela Fernández Meijide como su presidenta honoraria, ratificó “su compromiso con la defensa de las instituciones republicanas, el respeto a la soberanía popular y a la plena vigencia de los derechos humanos consagrados en la Constitución Nacional y en los pactos internacionales”.

El Club Político Argentino, que recordó que el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 dio inicio a una de las etapas más trágicas y oscuras de la historia de nuestro país, afirmó que el camino recorrido durante estas cinco décadas no ha sido sencillo ni ha estado exento de fuertes embates.

“Sin embargo -sostuvo-, la consolidación de la democracia, con sus deficiencias, limitaciones y los desafíos en cuanto a su mejora continua, sigue siendo la opción escogida por el pueblo argentino.”

“La prepotencia, el crimen, la ocultación de la verdad no se han naturalizado. Y la Justicia (que logró, durante la compleja transición democrática, abrirse paso con el histórico juicio de 1985 a las juntas militares, responsables principales de la violación sistemática de derechos y garantías de la población) continúa siendo un ejemplo valorado por los ciudadanos del país y materia de estudio en el mundo entero”, afirma el comunicado.

“Las heridas infligidas durante aquellos violentos años serán por siempre irreparables -sostiene el documento-. Pero, la persistencia en la aplicación de la ley, el compromiso con la verdad, la búsqueda de un diálogo constructivo y el respeto irrestricto a las instituciones son la única garantía de que nunca más nuestro país tenga que padecer horrores semejantes.”

Tras vetar al diputado Cristian Ritondo, jefe del bloque de Pro y cercano al asesor presidencial Santiago Caputo, como futuro presidente de la Comisión Bicameral de Inteligencia, el círculo áulico que rodea a Karina Milei decidió que quien ocupará ese cargo estratégico será un diputado leal a la hermana del presidente, decidida a avanzar sobre el control del organismo que aglutina a los espías.

El nombre del elegido está por definirse, pero de lo que no caben dudas es de que surgirá del seno del “karinismo puro”, anticipan cerca del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, fiel lugarteniente de la secretaria general de la Presidencia. Todo un mensaje dirigido a Caputo, con quien Karina Milei mantiene una feroz disputa por los espacios de poder en la administración libertaria. Uno de ellos es la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), por ahora bajo el influjo de Caputo.

En los últimos días, la tensión interna alcanzó niveles de paroxismo. Las mentes más suspicaces del Gobierno sospechan que desde la SIDE surgieron los audios y videos que expusieron el presunto cobro de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) -que salpicó a la propia Karina Milei- y, más recientemente, el escándalo que envuelve al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por sus viajes a Nueva York y Punta del Este con su familia.

La caída en desgracia de Adorni habría convencido a Karina Milei a tomar el control de la SIDE. Mientras la pelea interna escala, la hermana del Presidente se decidió a acotar y controlar la injerencia que ejerce Caputo sobre el área; de allí su decisión de colocar a un ladero de su mayor confianza al frente de la Comisión Bicameral de Inteligencia para que marque el ritmo del control sobre lo que acontece dentro y fuera de la SIDE.

Las atribuciones de la Comisión Bicameral conferidas por la ley nacional de inteligencia son de vasto alcance. Esto no escapa a los lugartenientes de Karina Milei; por caso, la comisión tiene a su cargo la consideración, análisis y evaluación de la ejecución del Plan de Inteligencia Nacional. Además, lo que no es menor, está autorizada a supervisar y controlar los “gastos reservados” que ejecutan los organismos que integran el Sistema de Inteligencia Nacional, entre ellos la SIDE.

No solo eso: entre las facultades de la Comisión Bicameral figura la de controlar e investigar de oficio y la de requerir a la Dirección de Observaciones Judiciales (DOJ) y a las empresas de telecomunicaciones informes con clasificación de seguridad que contengan las interceptaciones y derivaciones que se hayan realizado en un período determinado.

Por la sensibilidad de los asuntos que trata, las reuniones de la Comisión Bicameral son secretas. Está integrada por 16 miembros: ocho por el Senado y ocho por la Cámara de Diputados. Todavía está pendiente su constitución tras la renovación parlamentaria del 10 de diciembre pasado, aunque los libertarios ya anticipan que buscarán asegurarse la mayoría con nombres propios y legisladores aliados.

El oficialismo todavía tiene fresco en su memoria el traspié que sufrió hace dos años, cuando el kirchnerismo pactó con Martín Lousteau el armado de una mayoría en la comisión que le permitió al entonces senador radical alzarse con la presidencia. “Eso no va a volver a suceder”, juran los libertarios.

En el kirchnerismo corre la sospecha de que el oficialismo, robustecido después de las elecciones legislativas, intentará dejarlo en minoría con solo cuatro miembros. Allí cayó pésimo la noticia de que Karina Milei buscará controlar y presidir la Comisión Bicameral; con Caputo las relaciones fueron de respeto mutuo, deslizan.

En una jugada preparada y a menos de una semana del recambio parlamentario en ambas cámaras, los representantes del oficialismo en la bicameral propusieron firmar un dictamen de aprobación del primer año de gestión del gobierno de Javier Milei al frente de la central de inteligencia.

Como contrapartida, el kirchnerismo hizo lo propio impulsando otro despacho que aprueba la gestión de la ex Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el último año de la administración de Alberto Fernández. En aquel tiempo la conducción del organismo fue compartida entre Agustín Rossi (hoy diputado nacional), hasta fines de febrero, y Ana Clara Alberdi.