POLITICA
El referéndum que divide a Italia: ¿Por qué el voto en Argentina puede definir el futuro de sus jueces?
En los próximos días, los buzones de Almagro, Belgrano o el centro de Córdoba —pero también los de San Pablo, Montevideo y Caracas— se convertirán en el escenario de una de las batallas institucionales más profundas de la Italia contemporánea. No se eligen legisladores ni presidentes. Se elige, ni más ni menos, qué tipo de justicia tendrá la tercera economía de Europa para las próximas décadas.
El gobierno de Giorgia Meloni impulsa una reforma constitucional para modificar la estructura del Poder Judicial. Para sus defensores, es el paso necesario para que Italia tenga una “justicia justa”; para sus detractores, es un caballo de Troya para someter a los fiscales al poder político. En el medio, una comunidad italiana en América Latina que, a menudo alejada del día a día de Roma, tiene en este referéndum un peso electoral que puede ser la balanza del resultado.
Qué dice la reforma: tres cambios clave
Para entender qué se vota, hay que despejar el lenguaje técnico. La reforma se apoya en tres cambios fundamentales que buscan desarmar el modelo actual, nacido en 1948 tras la caída del fascismo:
1) Separación de carreras: hoy, un magistrado italiano puede alternar funciones: ser fiscal (quien acusa) y luego juez (quien juzga). La reforma lo prohíbe definitivamente: quien elige ser juez no podrá ser nunca fiscal, y viceversa. El objetivo declarado es garantizar la imparcialidad del juez, que no debería haber “pensado como fiscal” en ningún momento de su carrera.
2) El sorteo del CSM: el Consejo Superior de la Magistratura (CSM) es el órgano de gobierno de los jueces italianos: nombra, evalúa y disciplina a los magistrados. Hoy es uno solo. La reforma crea dos: uno para los jueces y otro para los fiscales. Además, ya no sería elegido solo por votos entre pares, sino mediante un sorteo. Se busca romper con las facciones internas —las llamadas correnti.
3) La Alta Corte Disciplinare: se crea un tribunal externo para juzgar las faltas disciplinarias de los magistrados, quitándole esa potestad al CSM.
El mapa de la grieta italiana: ¿Quién es quién?
El debate no se agota en los partidos políticos; ha movilizado a todo el ecosistema legal de Italia. En el bando del SÍ, además de la coalición de gobierno (Fratelli d’Italia, Lega y Forza Italia), el apoyo más ferviente proviene de la Unione delle Camere Penali Italiane (la asociación que nuclea a los abogados penalistas). Para ellos, la reforma es una deuda histórica para que el abogado defensor deje de ser el “pariente pobre” en el proceso y se enfrente a un fiscal que no comparta el mismo gremio que el juez.
Del otro lado, el frente del NO tiene como columna vertebral a la Asociación Nacional de Magistrados (ANM), que representa a casi el 90% de los jueces y fiscales del país. La ANM considera que la reforma busca “domesticar” a la justicia y romper la unidad de la magistratura que fue clave para investigar al poder en las últimas décadas. A este bloque se suman los partidos de centroizquierda (Partido Democrático (PD), Movimento 5 Stelle, Verdes e Izquierda) y una gran parte de la academia jurídica, que ve en el sorteo del CSM un experimento arriesgado y sin precedentes en las democracias occidentales.
El modelo argentino bajo la lupa
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Para el lector latinoamericano, la “separación de carreras” suena a algo familiar. En Argentina o Brasil, el Ministerio Público es un órgano ya separado del Poder Judicial. Entonces, ¿por qué en Italia genera tanto ruido?
“No hay ningún país en el mundo que tenga el modelo italiano actual. Cualquier modelo, incluido el argentino, es un modelo a seguir. Necesitamos que Italia se aggiorni”, explica a este medio Claudio Zin, ex senador de Italia y referente del MAIE (Movimiento Asociativo Italianos en el Exterior), aliado del gobierno de Meloni. Para Zin, se trata de una cuestión de transparencia: “Separar la investigación y la acusación de la garantía de la sentencia es básico en cualquier división de poderes”.
Sin embargo, desde la vereda de enfrente, el diputado por la circunscripción de América del Sur, Fabio Porta (Partido Democrático) sostiene que el argumento de la “modernización” es una cortina de humo. “Cada sistema es fruto de su historia. En Italia, los datos dicen que menos del 1% de los magistrados pasa de una carrera a otra. Es una excepción rarísima. Decir que esta reforma es para separar lo que ya está de hecho separado es difícil de justificar”, dispara Porta. Según él, el verdadero objetivo es debilitar la autonomía de los magistrados para hacerlos “permeables al Ejecutivo”.
¿El fantasma de la “democracia iliberal”?
Aquí es donde entra la mirada académica y profunda de Edoardo Fracanzani, doctor en Política y Gobierno por la Universidad La Sapienza de Roma, radicado en Córdoba y autor de Le origini del conflitto (Los orígenes del conflicto), un libro que indaga precisamente en los vínculos históricos entre la política y la magistratura en Italia. Para él, la reforma no ocurre en el vacío, sino en un contexto global de retroceso democrático.
“En Hungría —quizás el caso más citado— los gobiernos de Viktor Orbán redujeron la independencia de los jueces mediante reformas institucionales. Algo similar ocurrió en Polonia”, advierte Fracanzani. El experto señala que el riesgo no está solo en el texto de la reforma, sino en lo que habilita después: “La creación de dos órganos distintos permite que, a través de leyes ordinarias, se adopten reglas que introduzcan algún nivel de control sobre los fiscales”.
Fracanzani recuerda que la tensión entre la derecha italiana y la justicia no es nueva. Viene de la época del escándalo de corrupción de Mani Pulite y los años de Silvio Berlusconi. “El sistema de 1948 garantiza un alto nivel de independencia. Gracias a eso se pudieron investigar vínculos con la mafia y la corrupción de alto nivel. La reducción de esa autonomía implicaría, de manera directa, una menor capacidad de control por parte de los fiscales”, sentencia.
Frente a la advertencia de una posible “hungarización” de la justicia, Claudio Zin sostiene una visión diametralmente opuesta. Para el ex senador, la creación de dos consejos separados no es un camino hacia el control político, sino una garantía de transparencia para el ciudadano de a pie. “Esta nueva estructura evita la concentración del control de la justicia en una sola mano”, afirma Zin. Además, califica como “ingenuo” el planteo de que la reforma busca convertir a los jueces en peones del oficialismo: “Pensar que a partir de esta reforma las togas van a ser todas de derecha es un planteo muy básico. Los jueces y fiscales van a seguir manejando la gran mayoría del espacio de poder, sus carreras y concursos. La participación política seguirá siendo mínima”, asegura.
El sorteo: ¿confianza o manipulación?
Uno de los puntos que más asombra a los analistas es la idea de elegir a los miembros del órgano de gobierno de los jueces por sorteo. Según la lógica del gobierno de Meloni, el azar es el único método capaz de dinamitar el sistema de las correnti (las facciones internas que han dominado la justicia italiana durante décadas). Al dejar la elección librada a un bolillero, el argumento oficial sostiene que se elimina de raíz la posibilidad de que los partidos políticos —de cualquier signo— negocien en las sombras y pongan “a dedo” a sus favoritos en el órgano que debe vigilarlos.
Para Zin, esto viene a “aclarar sospechas” y evitar que la ciudadanía piense que las decisiones tienen una connotación política. Para Porta, en cambio, es una trampa matemática: “Si pones a personas elegidas al azar, que no se conocen entre sí, frente a un tercio compacto elegido por la política y la mayoría parlamentaria, es obvio que ese tercio terminará teniendo una influencia desproporcionada”.
Por qué el voto en Argentina y América Latina es determinante
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A diferencia de otros referéndums italianos (como los que buscaron derogar la ley del aborto o el divorcio), esta consulta es de carácter constitucional. Y aquí reside la clave para los ciudadanos en el exterior.
Miguel De Luca, politólogo de la Universidad de Buenos Aires y experto en sistemas electorales, explica la diferencia crucial: “En el referéndum abrogatorio se necesita que vote más del 50% del padrón (quórum) para que sea válido. En el constitucional, no hay quórum. La reforma se aprueba si los ‘Sí’ son más que los ‘No’, sin importar cuánta gente vaya a las urnas”.
Esto convierte al millón de italianos en Argentina en un actor central. “El voto en el exterior puede ser determinante. Primero por la dimensión del electorado: equivale al de varias regiones de Italia. Segundo, porque históricamente estas votaciones se han resuelto por un puñado de votos”, explica De Luca a Infobae. El académico recuerda que, de los últimos cuatro referéndums constitucionales en Italia, dos fueron rechazados por la gente a pesar de tener mayoría en el Parlamento.
¿Impacto en el tramite de ciudadanía?
Para muchos italianos en América Latina, la justicia suena a algo lejano, hasta que toca el trámite de la ciudadanía o un juicio sucesorio.
Fabio Porta vincula directamente ambos temas: “La gran mayoría de los jueces cree que este sistema no debe cambiarse así. No es algo abstracto: la justicia es la que hoy corrige las leyes equivocadas del Parlamento, como cuando las mujeres antes de 1948 no podían transmitir la ciudadanía. Si debilitamos la justicia, debilitamos nuestra última garantía como italianos en el exterior”.
Porta también llama a usar el voto como una señal política hacia el gobierno de Meloni, especialmente tras el decreto que impuso restricciones para obtener la ciudadanía: “Votar ‘No’ es responder a un gobierno que nos ha maltratado con las nuevas leyes de ciudadanía”.
Frente a la postura de Porta, Claudio Zin desestima que la reforma pueda entorpecer los trámites que desvelan a la comunidad en Argentina. Para el referente del MAIE, se trata de cuerdas separadas que no deben mezclarse en el debate. “Para los italianos residentes en el exterior, el cambio en la justicia italiana no debería afectarnos ni favorecernos en absolutamente nada”, asegura Zin, quien sostiene que los procesos de ciudadanía o sucesiones no se verán alterados por la nueva estructura judicial. “El tema de la ley de ciudadanía es otro camino, otra historia, y no tiene nada que ver con este referéndum. Lo que está en juego aquí es el compromiso con la madre patria y demostrar que, aunque no paguemos impuestos allá, tenemos una participación activa en su vida política”, concluye.
Un acto de compromiso
Desde el plano institucional, Darío Signorini, presidente del Comites de Buenos Aires, mantiene la neutralidad técnica pero hace un llamado urgente a la participación. “Debo incidir para que los connacionales participen activamente. Es una forma de mostrarle a Italia que la ‘otra Italia’, la del exterior, tiene tanto compromiso como la de la península por los cambios que se están generando”, afirma.
Por su parte, Fabio Porta coincide en que una alta afluencia enviaría un mensaje potente a Roma. “Sería un gesto de gran civismo para demostrar que nuestra sensibilidad y participación puede ser igual o incluso superior a la de los italianos en la península”, señala el diputado, quien ve en el voto una forma de reivindicar la importancia de los ciudadanos en el exterior frente a los intentos de relegarlos a una categoría de “segunda serie”.
Claudio Zin refuerza esta idea desde el compromiso cívico: “Necesitamos que más del 30% de los ciudadanos de Argentina voten para demostrar que, si bien no somos contribuyentes en Italia, tenemos una participación activa en su vida política”.
La justicia italiana, que según Zin hoy es “un acto de fe” por sus demoras, está en una encrucijada. Los sobres ya están en camino. En un sistema sin piso de participación, el silencio de los que no voten será, quizás, el grito más fuerte de este referéndum.
GUÍA PRÁCTICA PARA EL VOTANTE
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Calendario diferenciado: Mientras que en Italia la votación se realizará de manera presencial el domingo 22 y lunes 23 de marzo, para los ciudadanos en el exterior el proceso es enteramente anticipado y postal.
¿Cómo se vota? Se vota por correo postal. El sobre con la boleta y el cupón electoral debe recibirse en el domicilio antes del 4 de marzo. De no ser así para el 8 de marzo, se debe tramitar un duplicado en la sede consular respectiva. Para emitir el voto: marcar la opción elegida (SÍ o NO), colocar la boleta en el sobre blanco pequeño (sin inscripciones externas) e introducir este último —cerrado— junto con el cupón en el sobre de envío con franqueo pago. Puede remitirse gratuitamente por vía postal o entregarse de manera presencial en el Consulado.
Fecha Límite: El sobre debe llegar al Consulado de referencia antes del jueves 19 de marzo a las 16:00 hs.
La Pregunta: ¿Aprueban el texto de la ley de revisión de los artículos 87, párrafo décimo, 102, párrafo primero, 104, 105, 106, párrafo tercero, 107, párrafo primero, y 110 de la Constitución, aprobada por el Parlamento y publicada en el Boletín Oficial del 30 de octubre de 2025 con el título “Normas en materia de ordenamiento jurisdiccional y de institución de la Corte Disciplinaria?”.
International,Relations,Diplomacy / Foreign Policy,Europe
POLITICA
Javier Milei llegó a Miami para participar de la cumbre de mandatarios de América Latina organizada por Trump
(Enviado especial a Miami, Estados Unidos) Javier Milei llegó a Miami para participar del lanzamiento oficial del Escudo de las Américas, un foro multilateral conformado por Donald Trump para combatir el narcoterrorismo, la ofensiva comercial de China y la inmigración indocumentada en la región.
El presidente arribó pasadas las 22:42 horas -00:42 horas, según el horario local- a Estados Unidos, acompañado por Karina Milei –secretaria general-, Manuel Adorni -jefe de gabinete- y Pablo Quirno -canciller-, y toda la delegación oficial se alojará en el hotel Trump Doral, que ya está protegido por el servicio secreto como una fortaleza.
“El propósito de esta nueva cumbre de América Latina es promover la libertad, la seguridad y la prosperidad en nuestra región”, definió Karoline Leavitt, vocera de la Casa Blanca.
Y añadió: “El presidente (Trump) hablará con los líderes de estos países que realmente han formado una coalición histórica para trabajar juntos para abordar las bandas y cárteles criminales narcoterroristas y contrarrestar la migración ilegal y masiva”.
Trump había convocado a la cumbre para definir una estrategia común destinada a frenar el avance regional de Beijing, pero la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán colocó en un segundo plano las aspiraciones de Xi Jinping respecto a America Latina.
En este sentido, el líder republicano aprovechará la ceremonia inaugural del foro Escudo de las Américas para describir sus razones geopolíticas que llevaron a iniciar el conflicto con Teherán y su probable evolución en las próximas semanas.
Trump ha sostenido en las últimas horas que pretende la rendición incondicional del régimen chiíta y que eso sucederá cuando considere que el poder de los ayatollahs ha terminado en Irán.
Las deliberaciones serán este sábado antes del mediodía en el hotel Trump Doral, y participarán doce mandatarios que tienen sintonía ideológica y geopolítica con la administración republicana.
Javier Milei -Argentina-, Rodrigo Paz -Bolivia-, José Antonio Kast -Chile-, Rodrigo Chaves -Costa Rica-, Luis Abinader -República Dominicana-, Daniel Noboa -Ecuador-, Nayib Bukele -El Salvador-, Tito Asfura –Honduras-, Mohamed Irfaan Alí -Guyana-, José Mulino -Panamá-, Santiago Peña -Paraguay- y Kamla Persad-Bissessar-Trinidad y Tobago son los socios fundadores de la iniciativa Escudo de las Américas.
Será la primera vez que Trump expone ante mandatarios extranjeros su perspectiva del enfrentamiento contra el régimen fundamentalista, justo a una semana del comienzo de las operaciones militares en Medio Oriente.
La guerra contra Irán no es un asunto internacional ajeno a América Latina, y por eso se tratará en detalle durante la cumbre regional convocada por el líder republicano.
Irán es aliado estratégico de Cuba y Nicaragua, y en épocas de Nicolás Maduro, su influencia era muy profunda en el régimen caribeño. También tenía a Honduras como un proxy en América Central, una base de operaciones regional que se clausuró con la llegada de Asfura a la presidencia.
Teherán financió a su organización terrorista Hezbollah a través de negocios articulados con los carteles de la droga que operan en México y Colombia, y hay incontables células dormidas del grupo fundamentalista libanés que aguardan órdenes de Irán en sus guaridas de Ciudad del Este (Paraguay).
En 1992 y 1994, Hezbollah ejecutó dos ataques terroristas en Buenos Aires, y la justicia argentina ya probó que estos atentados se decidieron en Teherán.
El presidente argentino Javier Milei es un aliado clave de los Estados Unidos y dispuso incorporar a la lista de organizaciones terroristas a todos los resortes de Irán vinculados a actos fundamentalistas a nivel global.
Ante el inédito escenario internacional, Trump entonces propondrá ante los doce mandatarios de América Latina establecer un sistema de cooperación multilateral para asfixiar la estructura terrorista que Teherán tiene a su disposición en América Latina.
Cuando termine la cumbre de presidentes, Javier Milei, Karina Milei, Manuel Adorni y Pablo Quirno embarcarán rumbo a New York, para iniciar la segunda etapa de esta gira oficial por Estados Unidos.
North America
POLITICA
Vacantes judiciales, reformas pendientes y tensiones con los tribunales: los desafíos que enfrenta Mahiques en Justicia
El gobierno designó a Juan Bautista Mahiques como nuevo ministro de Justicia y con esta decisión espera destrabar un conflicto latente que suma reclamos de distintos sectores: el nombramiento de jueces y fiscales.
Mahiques cuenta con una larga trayectoria en el Poder Judicial, donde ocupó distintos cargos y tejió contactos, y tiene un perfil más “dialoguista” que su predecesor, Mariano Cúneo Libarona. Conocedor desde adentro del sistema, el hijo de Carlos “Coco” Mahiques, salpicado en el escándalo de la AFA, el nuevo ministro es una línea directa del gobierno con Comodoro Py.
Leé también: Mahiques les pidió la renuncia a los titulares de la IGJ y de la UIF
El ahora nuevo ministro deberá encarar distintas medidas que el presidente Javier Milei nombró como pilares fundamentales de su gestión pero durante la gestión de Cúneo Libarona quedaron truncas, como el envío de pliegos al Senado, la reforma del Código Penal y la implementación del sistema acusatorio. Esta última generó fuertes enfrentamientos entre el ministerio y el Procurador General interino, Eduardo Casal.
En 2023, tras asumir su gestión, Milei retiró del Senado todos los pliegos que habían sido enviados por el expresidente Alberto Fernández para evaluar los nombres, pero no envió nuevas propuestas. Esto generó el agravamiento de una situación que ya existía en la Justicia que es la falta de coberturas de vacantes. En la actualidad, 364 de los 1.002 cargos de jueces federales y nacionales están vacantes.
De esas 364 vacantes, 203 están en manos del Ejecutivo y las otras se encuentran en trámite ante el Consejo de la Magistratura de la Nación. La situación genera sobrecarga de trabajo en los tribunales, retrasos en las resoluciones y mayor utilización de subrogancias. Muchos jueces advirtieron en reiteradas oportunidades que la Justicia está cerca de declararse en inactividad.
Además de los juzgados federales y nacionales, el sistema judicial también enfrenta otras posiciones clave sin cubrir, como la Procuración General de la Nación y dos vacantes en la Corte Suprema. Aunque, según declaró Mahiques en sus primeras horas como ministro, estos asuntos no son una prioridad por el momento.
Junto con Mahiques asumió como viceministro de Justicia Santiago Viola, apoderado de La Libertad Avanza y reemplazará a Sebastián Amerio. Con esta decisión, el gobierno se asegura de tejer puentes con la Justicia no solo en diálogo directo con los jueces sino también desde el Consejo de la Magistratura, órgano encargado de elevar las ternas de jueces.
Viola, además, mantiene buena relación con Casal que mantuvo fuertes enfrentamientos con Cúneo Libarona por la implementación del sistema acusatorio, cuyo desembarco en Comodoro Py está previsto para abril. El jefe de los fiscales le planteó al exministro que la medida no era viable por la falta de recursos: faltan jueces, fiscales, defensores y administrativos. Además de recursos materiales como espacio físico y elementos de trabajo.
Por orden del Ejecutivo, Cúneo accedió a posponer la entrada en vigencia del sistema en algunas jurisdicciones pero aclaró que no había marcha atrás.
Las causas contra el Gobierno
El cambio se da en un momento donde los escándalos judiciales comenzaron a golpear al gobierno de manera directa. Una de las causas más resonantes es la vinculada a la presunta estafa relacionada con la criptomoneda $LIBRA.
En paralelo, otra investigación judicial analiza presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). En ese expediente se investiga el supuesto cobro de sobornos en el organismo y ya fue imputado el exdirector, Diego Spagnuolo, quien mantenía un vínculo personal con el presidente.
Leé también: La CGT se presentó ante la Justicia para intentar frenar la reforma laboral
El gobierno mantiene un litigio también con la AFA por la supuesta retención indebida de aportes y fue el escenario elegido por Mahiques para dar los primeros mensajes de su gestión: desplazó al extitular de la Inspección General de Justicia (IGJ), Daniel Vítolo, y avanzó con la designación de veedores en la entidad que preside Claudio “Chiqui” Tapia.
La designación de veedores está relacionada con un expediente abierto por la IGJ para evaluar la situación institucional y financiera de la AFA. La intervención de este organismo responde a las facultades de control que posee sobre asociaciones civiles y entidades sin fines de lucro registradas en el país.
Justicia, Javier Milei
POLITICA
La CGT presentó el primer amparo contra la reforma laboral: apunta a frenar el traspaso del fuero del Trabajo a CABA
La CGT presentó este viernes una acción de amparo judicial para frenar la aplicación de varios artículos de la recién promulgada reforma laboral impulsada por Javier Milei: en su presentación, advirtió que el traspaso de la justicia laboral nacional a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires podría generar un colapso judicial y afectar a miles de causas en trámite y empleados.
La denuncia de la central obrera, que cuenta con la firma de su triunvirato de conducción, constituye el primer paso en una estrategia legal más amplia para rechazar aspectos centrales de la ley aprobada durante las sesiones extraordinarias del Congreso.
La acción judicial fue sorteada a favor del Juzgado Contencioso número 7, a cargo de Enrique Lavié Pico, el mismo magistrado que a comienzos de 2024 rechazó dos amparos contra el DNU 70/2023.
En la presentación, la CGT cuestiona la constitucionalidad del traspaso del fuero laboral nacional a la justicia porteña y señala que el convenio que habilita esta transferencia fue aprobado sin intervención de la Comisión Bicameral exigida por la Ley 24.588, lo que, aseguran, vulneraría el principio de juez natural y dejaría a trabajadores y empleados judiciales en un estado de incertidumbre.
Según la central obrera, el traspaso implicaría el cierre inmediato de 30 juzgados laborales y de la Sala VII de la Cámara de Apelaciones del Trabajo, con la posibilidad de una futura eliminación total del fuero laboral nacional. A esto se suma la preocupación por el impacto en miles de causas y la situación laboral de empleados y funcionarios judiciales, que quedarían sujetos a nuevas autoridades y reubicaciones en la órbita de la justicia porteña, en un distrito gobernado por el PRO.
El artículo 91 de la reforma laboral contempla la transferencia basada en el acuerdo firmado el 9 de febrero de este año entre el gobierno de Jorge Macri, jefe de Gobierno de la Ciudad, y la administración nacional de Milei. La CGT sostiene que esa aprobación se dio en sesiones extraordinarias y sin el cumplimiento de los requisitos constitucionales vigentes para este tipo de traspasos, lo que, resalta la central obrera, fue advertido por la vicepresidenta Victoria Villarruel.
La presentación judicial actual difiere en su enfoque a la táctica que aplicó la central obrera contra el DNU 70 en diciembre de 2023, aunque mantiene cierto paralelismo. En aquella oportunidad, los sindicatos presentaron múltiples denuncias en juzgados de primera instancia, lo que facilitó que la Cámara del Trabajo suspendiera parcialmente el decreto y la cuestión escalara hasta la Corte Suprema, que nunca emitió un fallo definitivo. Ahora, la CGT prevé presentar otra cautelar en el fuero laboral y promover acciones individuales de los gremios en los tribunales.
El nuevo procurador del Tesoro de la Nación, Sebastián Amerio, será el encargado de defender la posición del Estado en esta controversia legal que comienza.
La demanda judicial presentada por la CGT se concentra en la cuestión de la transferencia del fuero y omite deliberadamente otros aspectos de la reforma laboral que generaron debate, como las modificaciones en indemnizaciones, los períodos de prueba, la limitación del derecho de huelga y la ampliación de las jornadas de trabajo hasta 12 horas, entre otros puntos.
El lunes pasado, la CGT realizó una marcha frente al Palacio de Tribunales para acompañar la impugnación judicial, que se presentó ahora porque esta mañana se promulgó la ley de reforma laboral, que lleva el número 27.802, con su publicación en el Boletín Oficial.
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