POLITICA
El repliegue electoral del PRO: los candidatos elegidos para la lista de CABA y las tres provincias donde iría con lista propia
Mauricio Macri y el PRO atraviesan un cierre de listas tan inédito como inquietante de cara al futuro. El partido que gobernó de manera simultánea el país, la compleja provincia de Buenos Aires y CABA, transita un proceso de repliegue político que se traduce en una oferta electoral, con información hasta la madrugada de este domingo, por lo menos acotada: la boleta amarilla estará presente solo en tres provincias; en otras nueve la marca acompaña procesos locales, en muchos casos encabezados por los propios gobernadores, y en 12 provincias quedó subsumido a la lógica y a la impronta libertaria.
En la sede de la calle Balcarce, en el barrio porteño de San Telmo, conviven dos miradas contrapuestas. “Este proceso ya lo vivimos dos veces. En 2013, cuando hicimos una alianza con Sergio Massa, fue peor, porque no nos dejaron que presentemos un apoderado y casi perdemos la personería legal; en ese año estábamos mucho peor que ahora, donde por lo menos estamos jugando. Después, si estás más fuerte o más débil es otro tema”, señaló a Infobae un importante dirigente del PRO. Es el vaso medio lleno.
El expresidente se enfocó en completar los espacios que le dejó La Libertad Avanza en CABA: dos lugares con chances de lograr una banca en Diputados, en el quinto y sexto lugar. “Sí, es verdad, te achicás un poco, pero lo hacés con PRO puros”, reflexionó un importante operador amarillo, cercano a Macri. Ayer se confirmaron los nombres de Fernando De Andreis y Antonela Giampieri.
El primero fue legislador porteño, secretario general de la Presidencia, exjefe de campaña en varios procesos electorales y es un hombre de extrema confianza del líder del PRO. La segunda es secretaria parlamentaria del bloque Vamos Juntos en el parlamento de la ciudad de Buenos Aires, cercana al presidente de la bancada, Darío Nieto, también de mucha confianza con Macri. “Es una abogada súper capaz y trabajadora, sin contactos y no llega por ser hermana o familiar de alguien; se lo merece”, afirmó a este medio un dirigente que conoce la estructura parlamentaria porteña.
En un principio se había propuesto el nombre de Jimena de la Torre, también abogada, exfuncionaria de AFIP durante la gestión Cambiemos, y dos veces ganadora de las elecciones de abogados para el Consejo de la Magistratura. Pero no superó el filtro de Karina Milei, que rechazó que se sume a la lista.
El PRO renueva tres diputados en CABAl, de los cuales una es Sabrina Ajmechet, cercana a Patricia Bulrich. Los otros son Fernando Iglesias y María Eugenia Vidal, que rechazó de manera pública el acuerdo con LLA. “Dos para reponer dos. No me parece un mal acuerdo. Es un acuerdo para mantener”, argumentan los defensores de la alianza.
Los pesimistas tienen otros argumentos: las disputas internas, fugas de dirigentes, los intereses contrapuestos que dinamitaron el partido en Córdoba y Mendoza, dos importantes plazas electorales, los cuestionamientos públicos a Macri “por entregar el partido a los libertarios” y la certeza de que es necesario una refundación para volver a ser competitivo en 2027.
Así, a menos de 24 horas de la fecha límite para el cierre de las listas, y con varios nombres ya confirmados, el PRO se encamina a presentar en las próximas elecciones legislativas boleta amarilla en tres provincias.
En Córdoba, la situación es compleja. El PRO transita una disputa interna y judicial entre la conducción nacional, que designó al ex intendente de Pinamar Martín Yeza como interventor, y el diputado nacional Oscar Agost Carreño, presidente del partido provincial, que fue relegado de esa función por, entre otros motivos, no alinearse al bloque amarillo en el Congreso: integra la bancada liderada por Miguel Ángel Pichetto, pero podría encabezar la nómina amarilla. El conflicto judicial podría dilatar una definición.
En Santa Cruz: hace dos semanas, el Consejo Directivo Nacional del PRO resolvió intervenir el partido provincial por una serie de observaciones legales formuladas por la Justicia Electoral Federal. Se designó como interventor a Gustavo Perroni. A la cabeza de la lista de diputados irá Sergio Torres, ex interventor del PAMI en Caleta Oliva, según confirmaron del partido a Infobae. La provincia renueva tres bancas en la Cámara baja, ninguna en el Senado.
En Río Negro: La Libertad Avanza (LLA) y el PRO habían oficializado una alianza para competir bajo el color violeta, pero el acuerdo estalló por los aires. Juan Martín encabezará la lista para el senado, y Martina Lacour para diputados.
En otras ocho provincias, el esquema electoral respetó la libertad de acción que propició el propio Macri para que cada lugar haga el mejor acuerdo posible, pero “con dignidad”. En Mendoza, el PRO atraviesa horas convulsionadas: Alfredo Cornejo, ex socio en Cambiemos, firmó un acuerdo electoral con LLA, que anunció la candidatura a senador de Luis Petri. El presidente del partido, Gustavo Pradines, aún negocia lugares dentro del armado de los gobernadores de Provincias Unidas, a través de un frente denominado La Unión Mendocina.
En Santiago del Estero, el PRO quiere una diputación y formalizó su integración el frente Despierta Santiago, junto a la UCR, el Movimiento Viable y el Partido Autonomista, que llevará al radical Alejandro Parnás como candidato a la gobernación.
En Formosa, el PRO había negociado sobre la base del Frente Amplio Formoseño, en alianza con la UCR y el MID. Pero finalmente acordó con LLA. Se eligen solo dos diputados: el desafío es arrancarle uno al oficialismo.
En Corrientes, el PRO apoyará el frente ECO, del gobernador Gustavo Valdés. La diputada Sofía Brambilla ya fue compensada con un cargo provincial.
En Santa Fe, el macrismo es parte de Unidos por Santa Fe del gobernador Maximiliano Pullaro. Una de las máximas referentes del PRO es la vicegobernadora Gisela Scaglia, que encabezará la lista para diputada nacional dentro del frente Provincias Unidas (Grito Federal).
Jujuy, Neuquén, San Juan y Chubut, son otras cuatro provincias donde el PRO no acordó con LLA. El gobernador chubutense, Ignacio Torres, definió la lista para presentar este domingo. En su caso, el sello será Frente Despierta Chubut, el mismo con el que se ganó en el 2021 y 2023, pero será la representación local de Provincias Unidas. Ana Clara Romero, quien debe renovar su banca, es la elegida para encabezar la competencia e irá acompañada por el vicegobernador Gustavo Menna.
En el resto de las provincias, como en la Ciudad de Buenos Aires, los cierres de lista siguieron la misma lógica de un acuerdo electoral con LLA: los libertarios conducen y el PRO acompaña.
En territorio bonaerense, Macri delegó en Cristian Ritondo la negociación para la elección local del 7 de septiembre, que también se replicará en la nacional de octubre, y que encaró con su par libertario Sebastián Pareja. El proceso generó tensiones internas, enojos y la salida de al menos cuatro intendentes amarillos, que optaron por otra estrategia electoral. Diego Santilli irá en el tercer lugar de la lista que encabezan el economista José Luis Espert y la actriz Karen Reichardt, y el exministro de Educación, Alejandro Finnochario iría en el octavo lugar.
POLITICA
Zulemita Menem cruzó al Gordo Dan por su cuestionamiento al Islam: “La fe no divide, confundirla con el terrorismo sí”
En las últimas horas hubo un fuerte cruce en redes sociales entre Zulemita Menem y Daniel “Gordo” Dan, por el cuestionamiento del influencer libertario al Islam. “Confundir al Islam con el terrorismo es un error grave y doloroso para quienes profesamos esta fe y rechazamos toda forma de violencia, provenga de donde provenga”, apuntó la hija del expresidente Carlos Saúl Menem desde su cuenta de X.
En un mensaje en respuesta a una publicación de Dan en la misma red social en la que señalaba: “Su religión es liberticida, asesina y pedófila, desde su concepción, desde que fue escrita, siendo absolutamente incompatible con los valores morales de Occidente». Acto seguido, Zulemita lo cruzó: “Nunca es sano confundir conceptos, y mucho menos cuando se trata de espiritualidad y valores”.
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En tanto, la hija de Carlos Menem recordó que se conocen desde hace “muchos años” y que colaboró en su formación política “acercándolo a dirigentes y espacios” y hasta remarcó que en el pasado les permitió utilizar frases de su padre en remeras.
“Hablo como argentina y musulmana. Cuando el mundo es golpeado por la violencia, las víctimas hieren a la condición humana en su conjunto, sin distinción de religión, cultura o creencia. Esa realidad debería impulsarnos a buscar la paz entre los hombres, no a profundizar divisiones ni prejuicios”, resaltó.
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“Somos muchos los argentinos que profesamos la fe islámica que vivimos en este país. Trabajamos y damos trabajo, convivimos con respeto y cumplimos con uno de los pilares de nuestra fe, la asistencia a los pobres y a los huérfanos. Aportamos a la sociedad y creemos profundamente en la convivencia. Merecemos el mismo respeto hacia nuestra fe que el que brindamos a los demás”, añadió Menem.
En la misma línea, señaló: “Ayer me dolió ver cómo se filmaba a una mujer musulmana recibiendo comentarios y palabras terribles simplemente por llevar una abaya mientras caminaba por su barrio. Y me pregunto con honestidad: ¿qué debería suceder cuando vemos a una mujer vestida con muy poca ropa, a una mujer judía que, por su fe, viste de manera recatada, o a una monja profesando su religión? La respuesta debería ser siempre la misma: Respeto“. Y sentenció: “La fe no divide. Confundirla con el terrorismo, sí”.
En tanto, expresó: “Vale recordar que personas que hoy acompañan al Presidente y a su hermana en el proceso de transformación de la Argentina tienen raíces musulmanas, y que algunos de ellos profesan el Islam. Esto habla, una vez más, de diversidad, convivencia y compromiso con valores que trascienden cualquier religión“.
Esta última referencia de Zulemita tiene que ver con la advertencia de Dan: “El presidente Milei no hizo un milagro económico con nuestro país para que lo tiremos a la basura en dos días dejando a entrar a una cultura invasora que le rinde culto a la muerte».
Zulemita Menem, Redes Sociales, Islam
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Pro alertó sobre un rebrote de inseguridad y la falta de avances en la lucha contra la corrupción en la era Milei
A dos meses de la última cena de Javier Milei y el expresidente Mauricio Macri que selló el divorcio entre ambos dirigentes, Pro volvió a tomar distancia respecto del líder de La Libertad Avanza y reclamó por una mayor inversión en infraestructura y un fortalecimiento institucional. Aunque reconocen los avances de la administración libertaria en cuanto a baja de la inflación y equilibrio de las cuentas públicas, destacan que “el orden macroeconómico por sí solo no alcanza”.
Así surge del último informe de la Fundación Pensar, titulado “A mitad de Camino”, en el que el principal aliado del oficialismo presentó un balance de los primeros dos años de gestión de Milei. En el think tank que conduce la exdiputada nacional María Eugenia Vidal señalan la lucha contra la corrupción, la reanudación de la obra pública y la inseguridad, entre otros ejes, como las principales deudas de esta primera mitad de mandato.
El informe celebra los esfuerzos del gobierno para bajar la inflación y consolidar el equilibrio fiscal y los avances en materia de desregulación económica, un rumbo que -consideran sus autores- se debe profundizar en el corto plazo. En este sentido, destacan la necesidad de completar la liberalización del mercado de cambios y avanzar con una reforma tributaria que genere alivio fiscal entre los empresarios.
No es el único cambio que Pro demanda al gobierno. También pide por la aprobación de una reforma laboral, a tratarse en febrero, que permita ampliar la base de trabajadores privados registrados -estancada, según señalan, desde 2014- y cambios que permitan apuntalar un fortalecimiento institucional. Es sobre este último punto sobre el que concentran sus principales críticas a La Libertad Avanza, que se profundizaron tras la postergación de Pro en las listas nacionales y la cena fallida de Macri y Milei en la Quinta de Olivos a fines de octubre, cuando el expresidente cuestionó las divisiones al interior del oficialismo y el encumbramiento de Manuel Adorni como jefe de Gabinete.
A mediados de noviembre, el exmandatario reunió a la Mesa Nacional de Pro en la sede central del partido, donde se terminó de ratificar la ruptura con LLA. En esa oportunidad confirmaron que el espacio amarillo tendría su propio bloque parlamentario y que se dedicaría a reconstruir su identidad a partir, entre otros ejes, de su histórica defensa a la institucionalidad, una deuda por la que ahora presionan al Presidente.
“Es imperioso que junto a las reformas económicas, el gobierno avance con el fortalecimiento institucional de nuestro país, empezando por la Justicia.”, explica Silvia Lospennato, exdiputada nacional y presidenta del bloque Pro en la Legislatura de la Ciudad. Reclama, entre otras cuestiones, porque se insista con una ley de ficha limpia -un proyecto que impulsó durante su paso por la Cámara baja, pero se cayó en el Senado- y se retrotraigan los decretos por los que se quitó la facultad de querellar a la Unidad de Información Financiera (UIF) y se restringió el derecho de acceso a la información pública.
En el informe, además, cuestiona el intento de LLA de sortear al Congreso y avanzar con las designaciones de los jueces de la Corte Suprema, Ariel Lijo y Manuel García Mansilla, por decreto. Las dificultades para alcanzar acuerdos parlamentarios -uno de los ejes que no deja de señalar Pro, pese a haber sido un aliado estratégico del oficialismo en este ámbito- afectaron la cobertura de un total de 580 vacantes del Poder Judicial, entre jueces, fiscales y defensores.
Las vacantes que sí se cubrieron en otros organismos, por su lado, también supusieron un foco de tensión entre el macrismo y el partido de Milei en materia institucional. El acuerdo del oficialismo y el kirchnerismo para designar a los representantes de la Auditoría General de La Nación (AGN), sin previo aviso, en la misma sesión en que se trató el Presupuesto 2026, abrió un nuevo capítulo en el distanciamiento entre LLA y Pro, incluso con los sectores que mantuvieron un estrecho vínculo con el Gobierno en este primer período.
“El cambio que defendemos no es cualquier cambio. Es un cambio inteligente, sustentable, de fondo, cuidando las instituciones, con reglas claras y con respeto a la Constitución. Por eso, cerramos el año defendiendo esos valores, incluso cuando eso implica marcar límites, como lo hicimos a la hora de denunciar la inconstitucionalidad del nombramiento de los miembros de la AGN”, sostuvo Cristian Ritondo, titular de la bancada amarilla en Diputados, en sus redes sociales. La disputa por los auditores no está mencionada en el informe de la Fundación Pensar.
El malestar de Pro en materia institucional, sin embargo, encuentra un límite en la sanción de la Boleta Única de Papel, utilizada por primera vez este año a nivel nacional, y del Presupuesto 2026, que otorga previsibilidad y reduce la discrecionalidad del Ejecutivo en materia de gasto. Pro respaldó la ley de leyes, pese a que no deja de reclamar una mayor inversión en infraestructura, otro de los contrapuntos que lo alejan del oficialismo y que ratificó el balance de la Fundación Pensar. Abogan por la reanudación de la obra pública energética, hidráulica y de transporte a nivel nacional.
El texto del think tank macrista advierte, de igual modo, sobre la baja inversión en educación superior -que alcanzó sus niveles mínimos en los primeros dos años de gestión libertaria-, pero pone el énfasis en la necesidad de que el debate educativo trascienda lo meramente presupuestario. “Aún está pendiente implementar políticas para cumplir con el Pacto de Mayo: modernizar la educación inicial, primaria y secundaria, reducir el abandono escolar y lograr la alfabetización plena. Así como sancionar proyectos de ley para institucionalizar evaluaciones de fin de curso, las prácticas profesionales, la educación financiera y programación, entre otras”, establece el informe.
En cambio, Silvia Lospennato, a cargo del capítulo institucional, destacó la aprobación del Presupuesto 2026. El propio Macri emitió un tuit la semana pasada en el que celebró la sanción de la ley de leyes y destacó el aporte de los bloques de Pro.
Los cuestionamientos a la gestión de Milei también alcanzan a una exaliada de Pro. Se trata de la exministra de Seguridad Patricia Bullrich, ahora presidenta del bloque libertario en el Senado y artífice del desguace parlamentario de Pro: ocho legisladores que respondían a su figura migraron a las filas del oficialismo y, en la ciudad, sus legisladores se plegaron al espacio que lidera Pilar Ramírez, mano derecha de Karina Milei en el distrito.
Aunque no la mencionan de manera directa, en la Fundación Pensar plantearon el retroceso en materia de seguridad, lo que deja en evidencia reparos a su trabajo como funcionaria por el aumento de la delincuencia. Según consigna en el balance presentado, “la Argentina terminó 2025 con un incremento del 20% en los episodios vinculados a la inseguridad”.
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POLITICA
Pullaro rechazó un pedido de Caputo para traer ahora USD 800 millones del exterior: “Santa Fe no puede perder un peso”
El gobernador Maximiliano Pullaro confirmó que dialogó con el ministro de Economía, Luis Caputo, quien le solicitó que Santa Fe ingresara de inmediato los USD 800 millones correspondientes a un crédito internacional obtenido por la provincia. La administración provincial rechazó el pedido y argumentó que, bajo las condiciones actuales, no puede asumir un riesgo financiero que implique pérdidas para las arcas santafesinas.
Los fondos provienen de un bono emitido en los mercados internacionales a principios de este mes, por un monto de USD 800 millones, con un plazo de nueve años y una tasa de interés anual del 8,10%. La colocación fue ampliamente demandada tanto por inversores internacionales como locales, lo que desde la gobernación se interpretó como una señal de confianza en la calidad crediticia de la provincia.
“El crédito es para obra pública, no para gastos corrientes”, señaló el gobernador durante una entrevista con Cadena 3 de Rosario. “Los dólares los tenemos afuera, y los vamos a ir trayendo en función del pago de certificados de obras. Nación pretendía que los trajésemos ya, pero es muy difícil encajarlos con lo que va aumentando el dólar”, expresó Pullaro al describir el intercambio con Caputo.
Precisó que la evolución del tipo de cambio entre el momento de la adquisición y las cotizaciones actuales podría implicar una pérdida para Santa Fe si los fondos ingresan sin cobertura adecuada.
Pullaro sostuvo que, si existiera “algún instrumento financiero que asegure que si el dólar aumenta Santa Fe estaría cubierta, desde luego que los traemos”. Dejó así abierta la posibilidad de coordinar con Nación la llegada de los fondos si se logra un mecanismo de cobertura cambiaria satisfactorio para la provincia.
El diálogo entre Pullaro y Caputo ocurre mientras el gobierno de Javier Milei enfrenta un próximo vencimiento de deuda del orden de los USD 4.300 millones. Hasta el momento, el Poder Ejecutivo no ha detallado públicamente de dónde provendrán los dólares para ese pago, lo que mantiene la discusión sobre las reservas y la disponibilidad de divisas.
Pullaro remarcó que la decisión de Santa Fe responde a criterios técnicos enfocados en la preservación del valor de los recursos y su destino exclusivo a las obras para las cuales fueron obtenidos. “Queremos que al país le vaya bien y, si podemos colaborar con el Gobierno nacional, lo vamos a hacer. Siempre lo hicimos”, afirmó Pullaro, aunque aclaró que la provincia no puede asumir un riesgo de pérdida al ingresar los fondos sin un mecanismo que proteja su valor.
Desde la gobernación santafesina enfatizaron en diálogo con Infobae que la postura provincial no constituye un desafío político al Gobierno nacional. Fuentes del Ejecutivo provincial, en diálogo confidencial con Infobae, afirmaron: “No hay ningún desafío al Gobierno ni se puede tomar la conversación con Caputo como una presión para que Santa Fe traiga los dólares”. Destacaron que la relación institucional con la Casa Rosada continúa “buena, más allá de que tenemos reclamos que todavía no encontraron una respuesta satisfactoria”.
Entre los reclamos planteados, desde la provincia subrayó dos cuestiones prioritarias: la reparación y mantenimiento de rutas nacionales, considerada urgente, y la restitución del flujo por parte de la Caja de Jubilaciones interrumpido en enero de 2024, situación que afecta las cuentas provinciales y que, según Santa Fe, sigue sin resolverse.
La emisión de deuda de Santa Fe, concretada en diciembre pasado, representó uno de los hitos financieros de la provincia. Según el comunicado oficial, la salida al mercado internacional fue exitosa: se recibieron ofertas por 1.800 millones de dólares, más del doble del monto emitido, con la participación de más de 111 grandes inversores internacionales y más de 1.200 minoristas, incluidos ochocientos inversores locales argentinos. La gobernación interpretó esto como un respaldo a la gestión fiscal y a la capacidad de financiamiento internacional de la provincia.
El destino de los recursos fue definido por Santa Fe como la financiación de obras estratégicas: proyectos energéticos, mejoras en infraestructura vial —especialmente rutas clave para la circulación de bienes—, inversiones en seguridad pública y obras sociales. La provincia sostiene que los ingresos de divisas deben acompañar la ejecución efectiva de certificados de obra, principio que motiva su rechazo a anticipar el ingreso total de los fondos.
La discusión entre Nación y Santa Fe expone una tensión técnica, no política. El Gobierno nacional busca ordenar el flujo de dólares para afrontar compromisos de deuda sin afectar su estrategia financiera. Por su parte, la provincia administra recursos obtenidos en condiciones de mercado internacional, con compromisos contractuales para infraestructura, y aplica una interpretación estricta que prioriza la ejecución de obras y la preservación del valor de los fondos.
La postura de Pullaro se inscribe en un contexto político más amplio: a diferencia de otros gobernadores no alineados con el kirchnerismo, el mandatario santafesino no participó en la ronda de reuniones que el Gobierno nacional mantuvo recientemente con mandatarios provinciales encabezadas por el ministro del Interior, Diego Santilli, ni con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Este dato fue interpretado como una señal de una relación distante pero institucional entre la provincia y la Casa Rosada.
La posición de Santa Fe ante el pedido de Caputo se fundamenta en argumentos financieros y técnicos, con una visión de coordinación que no compromete la autonomía ni la administración de los recursos provinciales. Pullaro dejó en claro que la decisión responde a los objetivos de ejecución de obra pública para los que se tomaron los fondos, sin perjudicar el patrimonio provincial. Al mismo tiempo, manifestó su disposición a colaborar con el Gobierno nacional siempre que existan condiciones para proteger el valor de los recursos.
La definición sobre cómo y cuándo ingresarán los USD 800 millones al país será clave en las próximas negociaciones entre la provincia y la Nación, en un escenario donde cada flujo de divisas adquiere relevancia para la política económica nacional y provincial.
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