POLITICA
El resultado golpeó a los candidatos cristinistas y reavivó el internismo
El resultado de la elección legislativa nacional dejó golpeados a los candidatos de Fuerza Patria, que en la mayoría de los distritos sufrieron derrotas con listas encabezadas por dirigentes alineados con Cristina Kirchner. La sorpresiva caída peronista en la provincia de Buenos Aires, además, dejó en evidencia la interna entre cristinistas y leales a Axel Kicillof, con reproches hacia el gobernador por haber aplicado la estrategia de desdoblamiento electoral en el territorio bonaerense.
La tropa cristinista tenía en Buenos Aires la apuesta principal, con la lista encabezada por Jorge Taiana. Con el avance de los resultados, y a a pesar de la presencia de Máximo Kirchner junto a Kicillof en el búnker peronista instalado en la ciudad de La Plata, arreciaron los reproches al mandatario provincial. En el camporismo consideraron que su desdoblamiento electoral (en la provincia de Buenos Aires se votó el 7 de septiembre) resultó perjudicial para la batalla electoral nacional. En los comicios bonaerenses, el peronismo se había impuesto con amplitud a La Libertad Avanza, pero ayer el escenario se dio vuelta y dejó al descubierto otra vez las internas del peronismo, que habían quedado en segundo plano durante la campaña electoral.
Fuerza Patria tuvo candidatos cristinistas al frente de sus listas en provincias como Jujuy, donde el Partido Justicialista fue intervenido por la conducción nacional, que ejerce Cristina Kirchner. La diputada camporista Leila Chaher estaba al frente de esa lista, que terminó en el tercer puesto en la provincia y no logró ninguna banca en la Cámara de Diputados. Apenas superó el 15%. El peronismo tuvo otra representación en la provincia, que encabezó José Pedro Pascuttini, que llegó a un 14% y tampoco logró bancas. Se trató de la nómina Primero Jujuy Avanza, del peronismo no kirchnerista en Jujuy.
Salta fue otro caso de peronismo dividido a partir de la intervención del partido definida por la conducción de Cristina Kirchner. Allí se quedó afuera del Congreso un peso pesado que regresó al redil kirchnerista: el exgobernador Juan Manuel Urtubey. No ingresó al Senado, y tampoco logró una banca de diputado Emiliano Estrada, el otro candidato impulsado por Cristina en la misma boleta de Fuerza Patria. Quedaron relegados al tercer puesto. Tampoco consiguió acceder al Congreso la fuerza que encabezó como candidato a senador Sergio “Oso” Leavy, que armó una lista aparte del kirchnerismo oficial. Otra porción del peronismo estuvo integrada al frente del gobernador Gustavo Sáenz, que salió segundo, por detrás de la boleta de La Libertad Avanza.
En la Ciudad de Buenos Aires, la derrota era previsible para las filas del cristinismo, que lograron sumar cuatro diputados y renovar la banca de senador del camporista Mariano Recalde.
En Catamarca, los candidatos fueron de consenso con los principales referentes provinciales (el gobernador Raúl Jalil, la senadora Lucía Corpacci). El peronismo se impuso por 11 puntos y ganó dos bancas de diputados sobre las tres que estaban en juego.
Tampoco pudo volver a la victoria el kirchnerista Jorge “Coqui” Capitanich, candidato en Chaco. Si bien logró una banca de senador y dos de diputados, el peronismo provincial, alineado con Cristina, quedó por debajo de La Libertad Avanza, que en la provincia norteña juega en coalición con el gobernador radical, Leandro Zdero.
En Chubut, el frente Unidos Podemos (la denominación que tuvo en la provincia Fuerza Patria) quedó en segundo lugar, pisándole los talones a La Libertad Avanza, en uno de los buenos desempeños kirchneristas de la jornada de ayer. Juan Pablo Luque, exintendente de Comodoro Rivadavia y alineado con Cristina, accedió a una banca en la Cámara de Diputados luego de los resultados obtenidos ayer por su nómina.
Corrientes representó otra derrota para el kirchnerismo, aunque tuvo el consuelo de lograr una banca de diputado a pesar del tercer puesto. Quedó en manos de Raúl “Rulo” Hadad, que fue intendente de la ciudad de San Roque, integró La Cámpora y está alineado con la expresidenta.
Córdoba fue, como suele repetirse, un mal territorio para el cristinismo. Pablo Carro, el candidato que llevaba Fuerza Patria, quedó en cuarto puesto, sin acceder a una banca con el 5% logrado.
La Lista de Entre Ríos (Fuerza Entre Ríos) también tuvo aval de Cristina, aunque su principal cara (Guillermo Michel) tiene un alineamiento claro con Sergio Massa. Con el segundo puesto en la provincia, accedieron a dos bancas de diputados y una de senadores.
Formosa fue una previsible victoria kirchnerista (el peronismo se llevó un escaño para la Cámara baja, y LLA accedió a otro).
Fue muy ajustado el resultado para el kirchnerismo en La Pampa, donde encabezaba el dirigente filokirchnerista Abelardo Ferrán, alineado con el gobernador Sergio Ziliotto. Le ganó por menos de un punto de ventaja a La Libertad Avanza y logró dos bancas en la Cámara baja (una de los libertarios).
Sin ligazón directa con Cristina, tuvo una victoria por mínimo margen (0,5 puntos) la lista que en La Rioja armó el gobernador Ricardo Quintela. Recién al final de la jornada logró pasar en el primer lugar a la nómina libertaria. Se repartieron las dos bancas.
Río Negro le dio alguna alegría al kirchnerismo. Si bien no ganó, puso en el Congreso un diputado. Se impuso en la elección de senadores, y sumó dos (uno de ellos, el cristinista Martín Soria).
En San Juan, el peronismo se impuso, como en Santiago del Estero Tucumán y Santa Cruz. En Tierra del Fuego, terminó segundo.
La derrota mendocina del peronismo era también previsible, a pesar de que no encabezó un dirigente de perfil cristinista (Emir Félix), aunque sí tiene esa orientación la segunda candidata (Marisa Uceda). Fuerza Justicialista Mendoza logró una banca en Diputados.
Santa Fe fue un golpe para el peronismo, con Caren Tepp al frente y el cristinista Agustín Rossi en la lista. Perdió ante LLA por unos 12 puntos, en una elección que tenía en sus cálculos como positiva.
En el resto de las provincias el desempeño fue pobre. En Misiones, la camporista María Cristina Brítez no logró con su boleta conseguir una banca. Quedaba en un lejano tercer puesto.
El cristinismo tampoco consiguió bancas por Neuquén ni San Luis (ingresó un peronista alineado con Alberto Rodríguez Saá).
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El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, fue el encargado de comunicar la presentación judicial contra una serie de manifestantes, a los que el Gobierno identificó como los culpables de los incidentes en las inmediaciones del Congreso.
“Atacar al Congreso de la Nación y agredir a las fuerzas de seguridad es un delito grave contra el orden constitucional. El que las hace, las paga”, señaló el funcionario libertario en las últimas horas.
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Según dejó trascender el oficialismo, son 17 los identificados y gran parte de ellos, cuenta con antecedentes por robo agravado, lesiones y otros delitos.
Los nombres brindados por el Ministerio de Seguridad, fueron: Lucas Horacio Cabrera, Claudio Marcelo Figueroa, Héctor Rodolfo Cabrera, Martín Castiñeiras, Federico Alberto Mazzagalli, Matías Enzo Roldán y Patricio Hernán Castellan.
También figuran Denis Alejandro Figueredo, Néstor Alejandro Flores, Lucas Ezequiel Lobato, Nahuel Ezequiel Britos, Carlos Nicolás Kipper Amalfi, Manuel Edgardo Barrios, Natanael Benjamín Aguirre, Jorge Ismael González, Pedro Antonio Juárez y Roberto Daniel Tassano.
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La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, confirmó que el Gobierno presentará una denuncia por terrorismo contra los responsables de los hechos violentos registrados durante el debate de la reforma laboral en el Congreso.
Según explicó, los incidentes no fueron “una agresión más contra las fuerzas de seguridad, sino una acción organizada destinada a desestabilizar el orden institucional”.
Monteoliva subrayó que los actos excedieron “el marco de las manifestaciones tradicionales”. “Gente con bidones de nafta y bombas molotov en la mochila, bulones para tirar con gomera, palos de bandera convertidos en lanzapalos. ¿Cómo se llama eso? Eso es violencia extrema con la intención de desestabilizar”, afirmó. Y agregó: “Fue un acto de terrorismo”.
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La funcionaria precisó que la denuncia invocará la Ley Antiterrorista (N° 26.734), que contempla penas más severas, detenciones sin excarcelación inmediata y una investigación federal.
“Vamos a denunciar por terrorismo, porque una bomba molotoves una bomba. Es un arma, y con toda la intención de generar no solo muerte, sino caos”, enfatizó.
Sobre el accionar policial, Monteoliva explicó que la prioridad fue dispersar los focos de violencia con agua y gases para minimizar daños. “La intención primera es dispersar precisamente para desconcentrar ese conflicto que se había focalizado en dos o tres puntos”, dijo. También destacó la dificultad de detener a los agresores en flagrancia: “No había manera de detenerlos con brigadas en ese momento cuando están tirando bombas molotov”.
Hasta el momento se identificaron más de diecisiete personas, con edades que van de 20 a más de 60 años, provenientes de distintas provincias. La ministra aclaró que no todos tienen antecedentes, aunque algunos presentan historial delictivo extenso, y mencionó la posible vinculación de algunos con barras bravas o agrupaciones de izquierda combativa y anarquistas.
Monteoliva rechazó rumores sobre policías infiltrados: “Eso de estar diciendo que es un policía o que es un expolicía, no sé de dónde lo sacan. Es un disparate”. Según el balance oficial, hubo más de setenta detenidos y heridos leves, principalmente efectivos y civiles.
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Alejandra Monteoliva,Bomba del día,Congreso,Ley Antiterrorista,Reforma Laboral
POLITICA
“Una de más”: el Gobierno reconoce que los cambios a las licencias por enfermedad podrían traer problemas en las negociaciones
El proyecto de reforma laboral que el oficialismo logró aprobar en el Senado había pasado casi desapercibido en uno de sus aspectos: la reducción sustancial de los plazos de las licencias pagas y la redefinición del porcentaje salarial que percibirán los trabajadores ante enfermedades o accidentes no vinculados al trabajo.
En el bloque legislativo de La Libertad Avanza reconocen que ese apartado había pasado “por debajo del radar” hasta el mismo día de la sesión en el Senado. Pero señalan que el tema cobró relevancia la mañana siguiente a la media sanción, cuando el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, brindó un ejemplo para explicar el alcance de la medida.
“Si te lastimaste jugando al fútbol, es decir, en una situación en la que tomaste una acción activa y el empleador no tuvo nada que ver, y quedaste temporalmente incapacitado para trabajar, en ese caso la cobertura es del 50%”, indicó. “La idea es que esto también apunta a reducir las licencias que se volvían prácticamente eternas, porque en la práctica no implicaban ningún costo para la parte que ingresaba en ese esquema”, agregó.
Dos miembros del Poder Ejecutivo reconocieron que ese ejemplo catapultó el tema de discusión a la agenda pública. “Se mandó una de más, como siempre”, afirmó una fuente del bloque de La Libertad Avanza a Infobae.
“Eso fue lo que calentó, como cada vez que sale a hablar Sturzenegger”, comentó un miembro del oficialismo. La molestia dentro del Gobierno no se debe al contenido del ejemplo, con el que están de acuerdo, sino a que no era el momento de instalar esa cuestión en la agenda pública.
Los especialistas en comunicación ya analizan cómo revertir la carga negativa que tuvo ese caso en los medios y en las redes. El Gobierno cuenta con más de una semana antes de que se trate esta cuestión en una sesión en el recinto, y La Libertad Avanza debe conseguir adhesiones en la Cámara de Diputados para que el proyecto remitido desde el Senado no sufra modificaciones.
Si se rechaza o modifica un solo título del proyecto, el oficialismo debe devolverlo a la Cámara alta, lo que demoraría la sanción definitiva de toda la reforma. Milei ya firmó el decreto para extender un día más el período de sesiones extraordinarias para que la reforma laboral pueda tener sanción el 28 de febrero, un día antes de la Apertura de Sesiones Ordinarias en la que hablará Javier Milei.
El temor en el oficialismo es que la discusión que se generó sobre este punto desincentive a actores de la oposición dialoguista para avalar ese apartado. Una alta fuente reconoció a Infobae su preocupación por no poder conseguir los votos necesarios para ratificar ese punto.
Tras la media sanción de la reforma, el oficialismo afirmaba tener asegurados los votos para la aprobación en general y altas posibilidades para las votaciones en particular. Actualmente, esto no está garantizado: el primer bloque que expresó su desacuerdo fue el PRO, al pedir que se reincorpore el artículo que permite recibir el sueldo a través de una billetera virtual.
El bloque de Provincias Unidas mantiene serias diferencias con más aspectos del proyecto. “Vamos a marcar diferencias en el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), en el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI). Con lo de las licencias por enfermedad no hay fisuras, nos oponemos”, remarcó uno de sus integrantes, informando que solo hay apoyo de ese bloque en 9 de los 26 títulos.
Las críticas sobre la modificación de las licencias surgen por lo que podría ocurrir en casos de enfermedades más graves y que no necesariamente tengan vínculo directo con el desempeño en el lugar de trabajo. Además, se discute si esto traerá mayor judicialización o no, un aspecto que el proyecto busca reducir. El abogado laboralista Julián de Diego afirmó a Infobae En Vivo que la reforma provocará una mayor cantidad de conflictos legales en las empresas.
Qué dice la modificación de las licencias por enfermedad
Las nuevas reglas establecen límites de entre 3 y 6 meses para las licencias pagas, según si el trabajador tiene personas a cargo, y reducen los porcentajes de sueldo abonados durante la baja.
El texto prevé que, cuando la imposibilidad de trabajar derive de una actividad voluntaria y consciente que implicara un riesgo para la salud, el empleado percibirá el 50% de su remuneración básica. Este período será de 3 meses si no tiene cargas de familia y de 6 meses si las tuviera. Para situaciones donde no hubo voluntad ni conciencia del riesgo, el porcentaje de pago sube al 75%, manteniendo el mismo plazo de licencia.
Estas modificaciones resultaron de extensas negociaciones entre el Gobierno y las empresas. En el esquema vigente, un trabajador con menos de 5 años de antigüedad y sin cargas de familia accede a una licencia paga de 3 meses, y de 6 meses si tiene cargas de familia. Si la antigüedad supera los 5 años, actualmente la licencia por enfermedad o accidente es de 6 o 12 meses según el grupo familiar, y se paga el 100% del sueldo. La reforma elimina la extensión a 12 meses y el pago total, limitando la licencia a un máximo de 6 meses y ajustando el porcentaje abonado.
Estas disposiciones también abarcan los accidentes o enfermedades psiquiátricas originadas fuera del trabajo y obligan al trabajador a informar de inmediato cualquier imposibilidad para asistir al primer día laboral por enfermedad o accidente, salvo motivos de fuerza mayor. Si el aviso no se realiza y no se comprueba la causa posteriormente, se pierde el derecho a la remuneración.
Las inasistencias deberán justificarse mediante certificados médicos emitidos y firmados digitalmente por profesionales habilitados. El trabajador deberá someterse a controles médicos designados por el empleador; si existiera una discrepancia insalvable entre diagnósticos, la ley prevé la intervención de una junta médica en entidad oficial o la solicitud de un dictamen en institutos reconocidos, cuyo costo asumirá el empleador.
Respecto a la recidiva de enfermedades crónicas, la reforma aclara que no serán consideradas nuevas enfermedades, salvo que la reaparición ocurra después de 2 años desde el primer episodio. La normativa también establece que la suspensión del trabajador por motivos económicos o disciplinarios no afecta el derecho a cobrar la remuneración parcial correspondiente a la licencia paga por enfermedad o accidente.
POLITICA
Coimas en la ANDIS: la Cámara Federal obligó a revisar el embargo multimillonario contra la empresa aérea Baires Fly
La investigación judicial por presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumó un nuevo capítulo. La Cámara Federal porteña dispuso recalcular el embargo millonario que pesaba sobre la firma de aviación privada Baires Fly SA, una de las compañías señaladas en el expediente por supuestos movimientos financieros vinculados al pago de medicamentos.
El embargo había sido fijado por el juez federal Sebastián Casanello por una suma superior a los $7.000 millones. Sin embargo, los camaristas entendieron que el monto carecía de fundamentación suficiente y resultaba desproporcionado frente al estado actual de la causa, por lo que ordenaron emitir una nueva resolución con criterios más precisos.
Los magistrados remarcaron que la medida cautelar debe mantenerse, pero con un cálculo acorde a la evidencia reunida hasta el momento. En otras palabras, la empresa continuará afectada patrimonialmente, aunque el monto será redefinido.
El rol de la empresa en la causa
La investigación gira en torno a presuntas maniobras de facturación simulada y lavado de dinero vinculadas a la compra de medicamentos destinados a personas con discapacidad. Según la hipótesis fiscal, parte de los fondos habría sido canalizada a través de distintas empresas, entre ellas la aerolínea privada.
Coimas en la ANDIS: la Justicia procesó a Diego Spagnuolo por corrupción
El expediente incluye comunicaciones y transferencias bancarias bajo análisis judicial. De acuerdo con la pesquisa, algunas droguerías habrían enviado dinero a cuentas relacionadas con la compañía aérea, tras lo cual se emitían comprobantes por supuestas horas de vuelo o kilómetros aéreos.
La Justicia sospecha que esos servicios no se habrían prestado realmente y que las facturas podrían haber servido para justificar movimientos financieros. En el expediente se detectaron comprobantes emitidos entre 2023 y 2025 por montos millonarios, lo que motivó la intervención del juzgado y la posterior medida de embargo.
En paralelo, el magistrado procesó al ex titular de ANDIS, Diego Spagnuolo, junto a otros imputados, por delitos que incluyen asociación ilícita, cohecho y defraudación contra la administración pública. La causa continuará bajo la subrogancia del juez Ariel Lijo, quien deberá tomar nuevas declaraciones indagatorias.
Entre las personas citadas figura un empresario vinculado a la compañía aérea, sospechado de haber participado en la circulación del dinero investigado. La fiscalía considera que su intervención pudo haber sido clave para canalizar transferencias provenientes de empresas proveedoras del Estado.
El Gobierno anunció la disolución de la ANDIS tras el escándalo por las coimas en la compra de medicamentos
Los cuestionamientos de la Cámara
El tribunal de apelaciones señaló que, si bien existen elementos que justifican la cautelar, la suma fijada inicialmente no guarda relación clara con la responsabilidad que, por ahora, se le atribuye a la firma. Incluso destacó que la empresa no fue imputada formalmente como persona jurídica al momento de dictarse la medida.
Por ese motivo, los jueces indicaron que el juzgado debe volver a analizar la afectación patrimonial y establecer un monto razonable sustentado en pruebas concretas. Uno de los camaristas, en minoría, consideró suficiente aceptar como garantía una aeronave ofrecida por la empresa.
Además, en otra resolución vinculada al expediente, la Cámara dispuso revisar cómo se incorporaron al proceso ciertos audios que mencionarían presuntos pagos ilegales a funcionarios, una decisión que podría incidir en la validez de parte de la prueba.
La causa ANDIS se transformó en uno de los expedientes judiciales más delicados en materia de corrupción vinculada al sistema de salud y asistencia social. Con nuevas indagatorias en puerta y medidas bajo revisión, el avance de la investigación podría tener impacto político y judicial en los próximos meses.
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