POLITICA
El Senado avaló por unanimidad el reclamo de fondos a la Nación que impulsan los gobernadores
En una clara demostración de fuerza dirigida al Gobierno nacional, una heterogénea mayoría opositora del Senado aprobó y giró a la Cámara de Diputados en revisión los proyectos de ley que obligan al Poder Ejecutivo a repartir con las provincias los recursos que viene reteniendo en materia de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), de varios fondos fiduciarios y de una porción importante del impuesto a los Combustibles.
Se trata de una masa de fondos que la totalidad de los 23 gobernadores, más el jefe de Gobierno porteño, se pusieron de acuerdo en exigir su distribución a la administración de Javier Milei, al que acusan de sustentar la política de equilibrio fiscal reteniendo de manera indebida recursos que las provincias consideran que les corresponden. La iniciativa implica un cuestionamiento al Presidente y también a su ministro de Economía, Luis Caputo.
Los proyectos fueron votados sobre tablas, ya que no tenían dictamen de comisión, y resultaron aprobadas por 56 votos a favor y el solitario rechazo de Luis Juez (Pro-Córdoba) al término de una sesión que la Casa Rosada considera inválida, ya que fue iniciada sin que mediara una convocatoria oficial por parte de la presidenta de la Cámara alta, la vicepresidenta Victoria Villarruel. De hecho, el oficialismo abandonó el recinto luego de perder una discusión reglamentaria y se ausentó durante casi todo el debate.
La rebelión se produjo luego de que los mandatarios provinciales chocaran con la negativa del Poder Ejecutivo a responder a sus reclamos para que distribuya recursos que los distritos consideran propios. Sin una respuesta a sus pedidos, los caciques decidieron avanzar a pesar de las denuncias del oficialismo acerca de que las iniciativas alterarán el equilibrio fiscal.
A la delicada situación fiscal que atraviesan varios distritos se suma el traumático cierre de listas para las elecciones provinciales provocado por la negativa de un sector de la Casa Rosada, liderada por Karina Milei, a trabar alianzas en el interior del país.
“Si quieren negociar y parar los proyectos tienen el tratamiento en Diputados”, confió a un senador opositor de buena relación con la administración libertaria que no tiene un gobernador, pero que avala los reclamos de fondos de las provincias ante la cerrada negativa de Gobierno a atender los reclamos del interior del país.
El miembro informante de los proyectos fue el kirchnerista Fernando Salino (San Luis), vicepresidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, quien se preocupó por destacar que las iniciativas “tienen que ver pura y exclusivamente con la distribución del impuesto” a los combustibles que tenían asignación específica para el mantenimiento de rutas nacionales. “Esto lo hacemos en el marco de la Constitución Nacional y no estamos creando ningún tributo”, agregó.
Esta iniciativa también elimina los fideicomisos de Infraestructura Hídrica, de Infraestructura de Transporte y del Sistema Vial Integrado. Incluyen, además, los fondos Compensador del Transporte, el Especial de Desarrollo Eléctrico del Interior y el Nacional de la Vivienda.
Al respecto, el radical Martín Lousteau (Capital) destacó que “en todos los casos, el Estado no está usando los recursos o le ha cedido a las provincias la responsabilidad de hacer esas obras específicas”.
Sobre estos recursos, el proyecto establece que “serán distribuidos de conformidad” con lo que establecen los pactos de Coparticipación Federal de Impuestos, lo que hace automático y periódico el giro de esos fondos con todas las provincias y la Ciudad de Buenos Aires.
El otro proyecto incorpora a la la ley permanente de Presupuesto un artículo para que los “recursos que correspondieren distribuir al régimen al Fondo de Aportes del Tesoro Nacional a las provincias” se repartan de “forma diaria y automática” al considerarlos como parte integrante “de la masa de fondos coparticipables”.
“Pareciera que estamos volviendo a un debate del siglo XIX: centralismo contra las autonomías provinciales. No hemos vivido un período de centralismo tan marcado como el que estamos viviendo hoy”, se quejó la senadora Mónica Silva, que responde al gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck. “Lo que estamos pidiendo es que los recursos que ya existen se repartan de otra manera”, agregó.
Las quejas llegaron, incluso, de sectores que se han mantenido afín a las políticas del Gobierno, Es el caso de la tucumana Beatriz Avila (Pro), quien tras recordar que apoyó varios de los proyectos impulsados por la Casa Rosada apoyó estos proyectos por considerar que los fondos son de las provincias.
“Quienes conducen el país tienen que manejar el arte de gobernar, y gobernar es diálogo, es consenso, es empatía, es escuchar lo que el otro reclama”, se quejó Avila.
En otro fuerte gesto político dirigido a la Casa Rosada, una amplia mayoría opositora insistió por unanimidad con la ley que declaró la emergencia en Bahía Blanca para paliar la crisis generada por las inundaciones registradas en marzo último.
La norma, que fue vetada por Milei, crea un fondo de $200.000 millones para ayudar a los damnificados y a la reconstrucción de la ciudad bonaerense. La norma fue tachada el 24 de junio último, con las firmas del Presidente, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
Si Diputados logra reunir una mayoría de dos tercios para insistir, la ley quedará en vigencia de manera definitiva. Sería la primera norma que logre romper el cerco que la Casa Rosada pudo establecer con “los 87 héroes” de la Cámara baja que le han permitido a Milei sostener los vetos que aplicó desde que asumió la primera magistratura.
POLITICA
Cristina Kirchner podría perder el beneficio de la prisión domiciliaria por las marchas de La Cámpora
Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola solicitaron al Tribunal Oral Federal 2 que se le llame la atención a la expresidenta Cristina Kirchner por su conducta durante las recientes movilizaciones en las afueras de su domicilio en el barrio de Constitución.
El pedido surge tras la marcha del 24 de marzo, donde la exmandataria permaneció una hora en el balcón saludando a militantes, lo que los fiscales consideran una alteración del orden público. Ante esto, exhortaron al tribunal a realizar una advertencia “bajo apercibimiento de serle revocado el beneficio concedido” del arresto domiciliario.
Cristina Fernández de Kirchner podría ir a cárcel común. El fiscal Diego Luciani señala desórdenes por una marcha organizada por La Cámpora.
La Justicia evalúa quitarle la domiciliaria. Se imaginan que quede en una celda común? jijoo pic.twitter.com/BzUAlhZX7K
— Luca🦅🇦🇷 (@lucabassua) March 25, 2026
La fiscalía recordó que la condenada debe “abstenerse de adoptar comportamientos que puedan perturbar la tranquilidad del vecindario y/o alterar la convivencia pacífica de sus habitantes”.
Según el escrito presentado, sucesos como el del 17 de marzo (cuando declaró en Comodoro Py), cuando se registró una “llamativa concentración de personas” frente a su casa en la calle San José, desnaturalizan las condiciones de su detención. Los fiscales señalaron que estas movilizaciones fueron fomentadas por la agrupación La Cámpora a través de las redes sociales y no resultaron espontáneas.
🇦🇷 Cristina Kirchner vioIa los acuerdos de su prisión domiciliaria saliendo a su balcón colgando una bandera política para movilizar a su militancia en la marcha del Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
— Progresismo Out Of Context (@OOCprogresismo2) March 24, 2026
Para Luciani y Mola, el arresto domiciliario es un beneficio “extraordinario” fundamentado en “la seguridad personal de la peticionante como consecuencia del intento de homicidio que la tuvo como víctima”.
Argumentaron que la exposición pública en el balcón contradice el objetivo de neutralizar riesgos para su integridad y genera una “alteración de la circulación y normal orden del barrio”. Por ello, solicitaron que se exhorte a la exjefa de Estado a evitar situaciones similares para asegurar que las condiciones de seguridad se encuentren completamente garantizadas.
Mientras se analiza este pedido, la Cámara Federal de Casación debe resolver sobre el decomiso de los bienes de Cristina Kirchner, dispuesto tras quedar firme su condena. La defensa se opone al remate de las propiedades, planteo al que se sumaron Máximo y Florencia Kirchner, debido a que la fiscalía extendió el pedido de decomiso a los bienes heredados de Néstor Kirchner. El tribunal deberá decidir si hace lugar a estos recursos o avanza con la ejecución de la medida patrimonial solicitada por los fiscales.
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POLITICA
Una auditoría interna de la Armada de 2016 advirtió que el ARA San Juan tenía fuertes deficiencias técnicas
EL CALAFATE.- Un informe de la Auditoría de la Inspección General de la Armada del 20 de diciembre de 2016 sobre el Comando de la Fuerza de Submarinos, COFS, había advertido casi un año antes de la tragedia que el submarino ARA San Juan presentaba deficiencias técnicas que comprometían la seguridad del material y del personal. Del informe fueron notificados formalmente la cúpula de la Armada y el ministerio de Defensa.
La auditoría, que se encontraba bajo secreto militar, fue uno de los documentos centrales que se analizaron este miércoles en la séptima audiencia del juicio oral por el hundimiento del ARA San Juan y la trágica muerte de sus 44 tripulantes, que instruye el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Río Gallegos.
La audiencia puso el foco en las auditorías y procedimientos administrativos que giraron en torno al buque en el último año antes de la tragedia. También, se difundió una nota dirigida al comandante de la fuerza de submarinos, Claudio Villamide, con fecha del 27 de marzo de 2017, en la cual el comandante del ARA San Juan solicitaba las limitantes del buque y la necesidad que el mismo ingrese a dique seco.
Entre las conclusiones más relevantes de la auditoría que lleva la firma del contraalmirante (R.E.) Guillermo Luis Lezana, quien se desempeñó como Inspector General de la Armada, dictaminó que las fallas encontradas en el equipamiento operativo del ARA San Juan dificultaban su capacidad para cumplir con los planes navales en vigor, advirtió formalmente que el submarino no cumplía con los mantenimientos programados en dique seco con la periodicidad establecida, señalando que para febrero de 2017 la unidad cumpliría tres años sin inspección.
La auditoría señaló que, al no tener la certificación de sus escotillas, el submarino estaba imposibilitado de realizar entrenamientos de escape y rescate con otras fuerzas. Lezana quien prestó declaración testimonial en la causa y figuraba como testigo propuesto por el Ministerio Público Fiscal, no compareció este miércoles a declarar por encontrarse atravesando un problema de salud, según informó el Tribunal. “Creemos que es oportuno que el testimonio sea incorporado por lectura y se posponga su declaración para el momento oportuno”, propuso el fiscal Gastón Pruzán, y fue acompañado por las defensas.
En las declaraciones que constan en el auto de procesamiento, quedó acreditado que la cúpula de la Armada y el Ministerio de Defensa fueron notificados formalmente de que el submarino presentaba deficiencias técnicas.
Sobre el derrotero de la Auditoría en cuestión, se refirió el testigo de fiscalía, Eduardo Pérez Bacchi, -hoy retirado de la fuerza- quien asumió como Inspector General de la Armada el 27 de diciembre de 2016 y aportó declaraciones fundamentales sobre el proceso de seguimiento de la auditoría realizada al ARA San Juan y el estado de sus fallas durante el año 2017.
Este martes, Pérez Bacchi detalló el itinerario administrativo del informe de auditoría, aprobado originalmente en enero de 2017, para que las unidades corrigieran sus fallas: fue remitido al Comando de Adiestramiento y Alistamiento, se enviaron observaciones a la Dirección General del Material de la Armada, una copia del informe fue girado al Ministerio de Defensa y en abril al Comando de la Fuerza de Submarinos.
El 1 de julio del 2017, según Bacchi, vencía el plazo para que los organismos observados informaran sus avances. Señaló que la primera remisión de julio fue un poco confusa por lo que pidió telefónicamente una reformulación que recién llegó de manera clara el 11 de agosto de 2017.
El testimonio de Pérez Bacchi fue crucial durante la instrucción para demostrar que la cúpula naval sabía que el submarino operaba con “fallas de seguridad no subsanadas” y que el proceso de reparación se encontraba demorado o con informes poco claros durante la mayor parte del año 2017.
El auditor también se refirió durante la audiencia que el 25 de noviembre de 2017, cuando habían pasado diez días de la última comunicación del ARA San Juan, por orden del Jefe del Estado Mayor General de la Armada Argentina, almirante Marcelo Srur, efectuó una auditoría en la Base Naval Mar del Plata para verificar la existencia, vigencia y grado de actualización de la documentación que sustente el nivel de alistamiento y las actividades operativas del submarino, se dio mientras aún estaba vigente la búsqueda del buque.
En este punto, el abogado Juan Pablo Vigliero, defensor de Villamide, pidió que su defendido amplíe la declaración indagatoria para responder los informes de auditoría presentados este miércoles en el juicio y darle el derecho a defensa.
“Villamide quiere explicar, defender sobre lo que ustedes han expuesto en pantalla”, afirmó Vigliero y se excusó de hacerle preguntas al auditor sobre el que dijo que presentaba “inexactitudes, sobre las cuales no podría conjugar una línea de interrogatorio” y recordó: “Srur le metió una auditoría cuando Villamide estaba embarcado buscando el submarino”. El Tribunal debe definir cuándo se tomará la ampliación de declaratoria.
El pedido del comandante Pedro Martín Fernández
Durante la audiencia también se reprodujo la nota N° 02/17 “S” SUSJ 3FY, de fecha 27 de marzo de 2017, a través de la cual, el comandante del ARA San Juan, Pedro Martín Fernández, detalló una serie de fallas críticas que limitaban el desempeño operativo de la unidad, tras cumplirse 37 meses desde que el buque fuera puesto a flote después de su reparación de “media vida” y solicitaba el ingreso a dique seco.
En la nota, el marino destacó el estado de los periscopios, el periscopio de observación estaba “fuera de servicio” por el deterioro de sus actuadores hidráulicos, y el de ataque presentaba “cojinetes desalineados”, lo que obligaba a limitar su uso para evitar daños mayores. Fernández advirtió que, si ambos fallaban, el buque quedaría “no operativo”.
También se refirió a la restricción de profundidad en la operatividad hasta un máximo de 100 metros que tenía el submarino debido a una “pinchadura previa en una tubería” a 85 metros de profundidad, y recuerda que restaba realizar la “prueba hidráulica a 62,5 bares” del sistema de refrigeración principal.
El comandante también recordó que se reportó un “fuerte ruido” cada vez que se ordenaba parar máquinas, lo que provocaba una “gran indiscreción” (facilidad de ser detectado) y requería chequear el sistema de transmisión de potencia, por todo lo cual indicaba que eran señales que realizar tareas de carenado. Fernández recordó que, según la normativa para el uso de máquinas navales (NOCEM), estos trabajos deben hacerse cada “24 meses”, y según el plan para submarinos TR1700, cada “18 meses”, plazos que ya estaban ampliamente vencidos.
A pesar de la urgencia del planteo del comandante, la solicitud fue postergada sistemáticamente por las instancias superiores. En abril de 2017, el Consejo Asesor del Arma Submarina, basándose en el pedido de Fernández, recomendó tramitar la “imperiosa entrada a dique”, pero la programó para el primer semestre del año 2018. Según se mostró, el comandante de la Fuerza de Submarinos, Claudio Villamide, incluyó la solicitud para esa fecha.
Cuando el submarino zarpó en su última misión en octubre de 2017, la entrada a dique seguía pendiente. Para ese entonces, la unidad llevaba más de 40 meses sin entrar a dique seco, excediendo en más del doble el tiempo máximo permitido por las reglamentaciones de seguridad de la propia Armada.
En la jornada de este miércoles también declararon en calidad de testigos el contraalmirante Gerardo Lestingi, quien se desempeñó como Director General del Material de la Armada (DGMN), el contraalmirante Ángel Cucoresse, jefe de la Jefatura de Mantenimiento y Arsenales de la Armada, -un organismo técnico con sede en la Base Naval de Puerto Belgrano- y Carlos Guillermo Torrissi, jefe de logística de la Fuerza de Submarinos en 2016.
En la sala junto a sus defensas particulares siguen el juicio de manera presencial dos de los cuatro exoficiales superiores de la Armada Argentina imputados: el contralmirante retirado Luis Enrique López Mazzeo y el capitán de navío destituido Claudio Javier Villamide. En tanto que de modo remoto siguen las audiencias el capitán de navío retirado Héctor Aníbal Alonso y el capitán de fragata retirado Hugo Miguel Correa.
Mariela Arias,Conforme a,,Análisis. Estamos bien, pero vamos mal,,»Perturbó los tiempos». Acusaciones cruzadas entre Pagano y Bullrich tras el fallo que extendió la estadía de Agostina Páez en Brasil,,La Corte Suprema toma la iniciativa para designar buenos jueces
POLITICA
El Senado debatirá pliegos militares y la designación de la ex legisladora Crexell como embajadora en Canadá
La comisión de Acuerdos del Senado, que comanda el libertario Juan Carlos Pagotto (La Rioja), analizará este jueves un ramillete de ascensos militares, entre los cuales se encuentran los principales jefes de las tres fuerzas, y el pliego que propone la exlegisladora Lucila Crexell (Neuquén) como embajadora -política- argentina en Canadá.
Sobre el último caso, la oposición kirchnerista busca pegar a Crexell -desde hace largos meses- a un supuesto cambio de parecer ante el debate de la ley Bases de 2024. De hecho, hubo una denuncia que ya fue descartada por la justicia, por lo que el camino para firmar un dictamen y avanzar con este asunto estaría liberado, siempre que haya anuencia entre oficialismo y dialoguistas.
La resistencia del kirchnerismo con Crexell viene de otras épocas, ya que la exsenadora estuvo 12 años en la Cámara alta y, a diferencia del cristinismo, incomodó a diferentes gobiernos. De hecho, una de las opiniones más formadas sobre el trámite de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) y los vicios de las diferentes administraciones fue estudiado al detalle por Crexell, quien se opuso a la norma 70/23. Recién meses después ocurrió lo de la ley Bases. Los olvidos, casi siempre, son selectivos.
Según la perspectiva de la principal bancada opositora y, como ejemplo, dicho bloque tendría que haber denunciado también a todos los legisladores y “compañeros” que votaron la reforma judicial de la era de Alberto Fernández -se aprobó en el Senado cristinista y quedó noqueada en Diputados-, con una escandalosa creación de decenas de juzgados por todo el país para sumar adhesiones en pleno recinto y a la vista de todos. La miembro informante de ese papelón fue la ultra K María de los Ángeles Sacnun, quien sonó como una eventual candidata de dicho espacio nada menos que para la Corte Suprema.
En el expediente ya desestimado contra Crexell, el fiscal que intervino expresó que “más allá de las especulaciones que puedan generarse, no es posible establecer la relación causal entre su propuesta de designación y la decisión de su voto, pues tampoco es posible esclarecer la motivación última que habría impulsado a la senadora para finalmente definir su voto en el sentido que lo hizo”.
Seguido a ello, se señaló que “el comportamiento de los funcionarios públicos que realizan negociaciones en miras a lograr la sanción de un paquete de leyes enviado al Congreso” tampoco “puede catalogarse como un quehacer ilícito, si a la par no se comprueba que tengan lugar otros actos concretos que complementen esa actividad dentro de los parámetros de los tipos penales referidos”, razones por las cuales, se interpretó que “no se advierte que se esté ante el delito de cohecho denunciado como así tampoco se considera que las conductas traídas a conocimiento constituyan comportamientos tipificadores de delito alguno previsto en el código de fondo”. Por estos motivos, el juzgado Criminal y Correccional Federal 6 rechazó la acusación.
Militares
Durante la reunión de Acuerdos también se analizarán las propuestas para promover al grado inmediato superior, con fecha 15 de diciembre de 2025, al general de división Oscar Santiago Zarich. Es quien reemplazó como jefe del Ejército al actual ministro de Defensa, el teniente general Carlos Presti.
Las otras subas de jerarcas apuntan al de la Armada, Juan Carlos Romay, y al del Estado Mayor Conjunto, Marcelo Alejandro Dalle Nogare. Ambos son vicealmirantes. Además de esto, aparecen expedientes más que demorados de fines de 2021 y 2022.
Premio consuelo
Tras aterrizar hace menos de cuatro meses con llamativas ganas de sumar espacios y poder y, tras quedarse sin presidencia provisional de la Cámara alta, el libertario fueguino Agustín Coto asumiría esta tarde como presidente de la importante comisión de Asuntos Constitucionales. El convite para votar autoridades será media hora antes de Acuerdos, es decir, a las 14.
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