Para los angosturenses, Paicil Antriao es sinónimo de conflictos y usurpaciones. Es la comunidad mapuche que protagoniza numerosos conflictos territoriales en Villa la Angostura, provincia de Neuquén, y forma parte de diversos expedientes judiciales, algunos de los cuales tienen sentencia firme para el desalojo de tierras que ocupó.

Uno de esos conflictos lo tiene con el municipio de Villa la Angostura, que busca recuperar el control de un camping estatal que tuvo como administrador a un integrante de la Paicil Antriao. Cuando expiró el contrato de locación, se atrincheró en el espacio y adujo que sus ancestros eran los titulares de las tierras donde se ubica, en la costa del lago Correntoso.

El municipio se constituyó en querellante para recuperar el control, aunque tras 10 años de litigio, aún no lo consigue.

La comunidad mapuche elevó innumerables recursos para seguir en el camping, aunque la mayoría de las presentaciones tuvieron fallos adversos. Incluso rige una orden de desalojo con sentencia firme que podría derivar en la expulsión de los intrusos.

La defensa de la comunidad elevó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia para revertir la decisión del Superior Tribunal de Justicia de Neuquén, que avaló el regreso del expediente al juzgado que ordenó el desalojo, luego de transitar por despachos de otros juzgados neuquinos.

El conflicto tiene más de una década y al menos una sentencia firme que ordena la restitución de las tierras al ejecutivo angosturense. La Justicia neuquina rechazó el pedido de elevación de un recurso extraordinario a la Corte Suprema, razón por la que la defensa mapuche acudió en queja al máximo tribunal del país.

“No es otra cosa que una maniobra para dilatar el desalojo. Así estamos desde hace 10 años, con idas y vueltas, recorriendo despachos y acumulando sentencias que coinciden en que las tierras son del municipio, y que los mapuches deben retirarse” dijeron fuentes del municipio local a Infobae.

Por otro lado, Virgilio Sánchez, abogado de la comunidad mapuche, explicó que “el recurso extraordinario lo desecharon formalmente y eso me obligó a ir en queja ante la Corte, que ya está circulando, está en la vocalía N°1”, explicó.

El letrado reconoció que el proceso “lleva tiempo” y coincidió en ese punto con lo afirmado por funcionarios locales: “Buscan ganar tiempo, aunque el recurso no debería modificar la orden firme de desalojo”.

Requisitos para la ejecución de la medida

El gobierno local debería contar con el acompañamiento de la Policía de Neuquén, lo que resulta “un escollo” para poder hacerlo. “Apelamos a que la comunidad se retire por voluntad propia, sabemos que difícilmente el ejecutivo provincial ponga a disposición a la Policía para llevarlo a cabo” dijeron desde el edificio comunal.

El gobierno neuquino, en los últimos meses, desoyó los desalojos que decidió la Justicia en otros conflictos y apeló a “mecanismos de diálogo”. “El ejecutivo provincial no quiere exponer a la Policía, porque sabe que no van a ser desalojos pacíficos, y no quiere pagar ningún costo” dijeron a este medio fuentes del gabinete local, quienes incluso cuestionaron “los mecanismos de diálogo que propuso: siempre favorecieron a los usurpadores”.

Mientras tanto, el municipio de Villa la Angostura buscó alternativas para que la comunidad Paicil Antriao administre el camping que debe abandonar, como supuesto “pacto de paz”. Sin embargo, durante el proceso, el mismo ejecutivo clausuró el predio en reiteradas ocasiones por irregularidades comerciales. Desafiantes, los mapuches retiraron las fajas y siguieron explotando comercialmente el sitio.

Antes de renunciar a la Inspección General de Justicia, Daniel Vítolo firmó un segundo pedido para que el Ministerio de Justicia designe veedores que auditen otros negocios vinculados a la AFA. La solicitud apunta a la Superliga, una asociación civil que administró USD 348 millones entre 2020 y 2024. El expediente se suma a otro similar que ahora deberá resolver el nuevo ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, para revisar los balances de la AFA.

El expediente fue remitido al Ministerio de Justicia el jueves, cuando Vítolo aún ejercía formalmente el cargo. La decisión final sobre la designación de veedores quedó ahora en manos del nuevo ministro, quien juró ese mismo día en reemplazo de Mariano Cúneo Libarona.

La resolución de la IGJ amplía el alcance de la investigación sobre la administración del fútbol argentino. El organismo ya había solicitado el mes pasado la designación de veedores en la AFA en el marco de un expediente que investiga presuntas irregularidades en balances recientes, la creación de la denominada Universidad de la AFA y vínculos económicos con empresas privadas. Con la nueva resolución, la ofensiva del organismo de control se extiende ahora a la Superliga, cuya existencia jurídica persiste en paralelo al actual esquema organizativo del fútbol profesional.

La IGJ solicitó la intervención en grado de veeduría en la Superliga por 180 días, sin desplazar autoridades, sino mediante veedores que puedan recabar documentación, analizar la contabilidad y verificar el funcionamiento institucional de la entidad.

El organismo requirió que los veedores obtengan toda la documentación necesaria para determinar si existe una inconsistencia entre el objeto social de la entidad y las actividades que desarrolla, revisar decisiones económicas y financieras de sus órganos de gobierno, analizar la relación económica con la AFA y examinar los estados contables y financieros desde 2017 hasta la actualidad.

Además, la resolución ordena investigar eventuales vínculos comerciales con empresas nacionales y extranjeras ligadas a la gestión de derechos audiovisuales y contratos comerciales del fútbol.

La solicitud se dirigió al Ministerio de Justicia porque, según el régimen legal vigente, la intervención de asociaciones civiles en grado de veeduría requiere una decisión de la autoridad política del área.

Así, la continuidad o no de la investigación dependerá del criterio que adopte Mahiques, quien asumió el cargo en medio de una reconfiguración interna en el Gobierno.

La Superliga Profesional del Fútbol Argentino fue creada en 2016 como una asociación civil impulsada por los clubes con el objetivo de administrar y profesionalizar la organización del fútbol de Primera División. La entidad comenzó a funcionar plenamente en 2017 y asumió la administración de los contratos de derechos audiovisuales del fútbol argentino, considerado uno de los principales activos económicos del sistema.

Según el expediente de la IGJ, entre 2020 y 2024 la Superliga gestionó ingresos por aproximadamente USD 348 millones, derivados de contratos con empresas de transmisión televisiva de partidos del fútbol argentino. Esos recursos se distribuyeron entre los clubes participantes de distintas categorías profesionales, según mecanismos de reparto definidos por los reglamentos internos.

La creación de la Superliga respondió a una estrategia de los clubes para dotar al fútbol profesional de una estructura más autónoma respecto de la AFA, con mayor capacidad de negociación comercial y gestión empresarial. Sin embargo, ese esquema institucional fue modificado pocos años después.

En 2020, la AFA y los clubes reorganizaron la estructura del fútbol argentino y crearon la Liga Profesional de Fútbol como órgano interno dentro de la propia AFA. Esta nueva entidad asumió la organización de los torneos de Primera División y, en la práctica, desplazó a la Superliga del centro del sistema. No obstante, la disolución formal de la Superliga nunca se concretó. La asociación civil continuó existiendo jurídicamente y mantuvo actividad administrativa y financiera reflejada en sus balances. Ese punto es uno de los ejes centrales del análisis realizado por la IGJ.

La coexistencia de estructuras y los interrogantes sobre la Superliga

Según la IGJ, la coexistencia de la Liga Profesional dentro de la AFA y la Superliga como asociación civil independiente genera interrogantes sobre el verdadero rol de esta última en el esquema económico del fútbol argentino. La investigación se inició tras observaciones sobre los estados contables presentados por la Superliga correspondientes a distintos ejercicios. El organismo solicitó información adicional sobre partidas de relevancia, como fondos de reserva, rendiciones a clubes y gastos administrativos.

Las respuestas aportadas por la entidad y por su auditor externo no habrían sido suficientes para aclarar los cuestionamientos, según consta en el expediente. La IGJ considera que esa falta de información impide evaluar adecuadamente la transparencia en el manejo de recursos y el origen de determinadas partidas económicas.

En ese contexto, fue citado el auditor que firmó los balances, quien brindó explicaciones ante el organismo. No obstante, la resolución firmada por Vítolo sostiene que esas aclaraciones no lograron disipar las dudas planteadas por el área técnica de la Inspección General de Justicia.

Uno de los aspectos centrales es la posible contradicción entre el objeto social de la Superliga y las actividades que desarrolla. Como asociación civil, la entidad debería perseguir fines institucionales vinculados al desarrollo del deporte y al funcionamiento del sistema futbolístico. Sin embargo, la actividad reflejada en los balances parece orientarse principalmente a la administración de contratos comerciales y distribución de ingresos provenientes de derechos audiovisuales.

De acuerdo con la IGJ, la entidad distribuye la mayor parte de los recursos entre los clubes asociados, lo que podría entrar en tensión con las normas que regulan el funcionamiento de las asociaciones civiles, que no pueden distribuir utilidades entre sus miembros. El expediente señala que la propia Superliga habría reconocido, en algunas respuestas, que actúa como un instrumento administrativo para canalizar recursos hacia los clubes.

Vínculos con la AFA y posibles conflictos de interés

El organismo también analizó la relación institucional entre la Superliga y la AFA. Según el expediente, la estructura de gobierno de la Superliga estaría conformada en gran medida por dirigentes que ocupan simultáneamente cargos en la conducción de la AFA. Esta superposición podría generar un potencial conflicto de intereses, ya que las decisiones económicas y estratégicas de la Superliga podrían quedar subordinadas al Comité Ejecutivo de la AFA.

La IGJ advierte que el órgano de administración de la Superliga es elegido finalmente por asambleístas vinculados a la AFA, lo que debilita la autonomía institucional que originalmente se buscó con la creación de la entidad.

Ante este panorama, la IGJ solicitó la designación de veedores para analizar el funcionamiento de la Superliga, revisar las decisiones económicas adoptadas desde 2017, y verificar operaciones comerciales con empresas vinculadas al negocio del fútbol, tanto nacionales como internacionales, especialmente en la comercialización de derechos audiovisuales.

La investigación contempla la posibilidad de identificar actos que pudieran constituir violaciones a la ley, al estatuto de la entidad o a los reglamentos aplicables.

El pedido de veedores en la Superliga se suma al expediente abierto sobre la AFA, que también incluye observaciones sobre balances recientes y la creación de la denominada Universidad de la AFA. En este caso, la IGJ busca obtener información adicional sobre el funcionamiento de esa iniciativa educativa y sobre relaciones económicas con empresas privadas vinculadas al sistema del fútbol.

El futuro de las investigaciones tras la renuncia de Vítolo

Las investigaciones en curso sobre la estructura institucional del fútbol argentino quedaron bajo la lupa del organismo de control de las asociaciones civiles. La ofensiva administrativa se produjo en las horas previas a la salida de Vítolo de la conducción de la IGJ.

La renuncia de Daniel Roque Vítolo se formalizó este viernes mediante una carta al presidente Javier Milei, en la que expresó que dejaba el cargo tras recibir el pedido de apartamiento de sus funciones. “Tengo el agrado de dirigirme a Usted a fin de presentar formalmente mi renuncia al cargo de Inspector General de Justicia de la Nación (…) decisión que adopto en razón de que se me ha solicitado el apartamiento de las funciones que actualmente ejerzo”, escribió en el texto.

En la misma carta sostuvo que aceptaba esa determinación “con el orgullo y la serenidad de quien sabe haber cumplido con su deber”.

La resolución firmada el jueves, horas antes de dejar el cargo, dejó ahora en manos del nuevo ministro de Justicia la decisión sobre el futuro de los pedidos de veedores tanto en la AFA como en la Superliga, dos expedientes que colocan bajo revisión el funcionamiento institucional y económico del fútbol profesional argentino.

El Sindicato de Camioneros hizo este jueves un reclamo salarial que supera la pauta del Gobierno y causará rechazo en las pymes del sector: 8% de aumento para el trimestre marzo-mayo, más la suba al 20% de los adicionales de las ramas expreso y mudanza, logística y correos, la creación de un premio mensual por presentismo de $100.000 y el incremento de la contribución empresarial para la obra social a $35.000 para cada trabajador (que hoy es de $22.000).

Además de la cifra exigida, que supera el tope buscado por el Ministerio de Economía, a los funcionarios libertarios les preocupa que se firmen acuerdos trimestrales como el que exige el gremio que lidera Hugo Moyano ya que hasta ahora buscaban que fueran anuales o semestrales para desalentar el alza de la inflación.

El Sindicato de Camioneros hizo este planteo durante la primera audiencia oficial para acordar la paritaria 2026, que pasó a un cuarto intermedio hasta el miércoles próximo, aunque habrá reuniones extraoficiales para tratar de acercar las posiciones: este viernes, el sindicato se encontrará con la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC) y el lunes, con la Federación Argentina de Entidades de Transporte y Logística (FAETYL).

Sin embargo, las pymes del sector ya advirtieron que no podrán hacer frente a ese aumento por la crisis del transporte automotor de cargas, por lo que se prevé un escenario de tensiones por el reclamo de Camioneros.

En la audiencia oficial, el sindicato confirmó la postura que había fijado a mediados de enero pasado en una nota dirigida a las cámaras: una revisión “urgente y más frecuente” de los sueldos de la actividad, lo que implica dejar de pactar aumentos con vigencia semestral y pasar a hacerlo en forma trimestral. Por eso ahora pidió una compensación del 8% por el desfase inflacionario del acuerdo firmado para diciembre 2025-febrero 2026.

El trabajador, según Camioneros, recién luego de transcurridos 4 meses ve reflejada la diferencia existente entre lo pautado y la inflación real del Índice de Precios al Consumidor. Al mismo tiempo, Moyano pretende tomar del IPC sólo aquellos rubros que más impactan en el trabajador: alimentos, transporte público y servicios públicos y privados (luz, gas, agua corriente, telefonía, internet). Por eso ahora pide un 8% de aumento debido a la diferencia con el período paritario anterior.

Además, reclama un incremento del 2% al 4% para las ramas expreso y mudanza, logística y correos con el fin de equiparar en un 20% la mejora ya otorgada; establecer con carácter remunerativo un premio por presentismo de $100.000 en forma mensual, y aumentar la contribución empresarial para la obra social a $35.000 por trabajador, que hoy es de $22.000 (por lo que Camioneros, que tiene 200 mil afiliados, recaudaría por mes unos 7 mil millones de pesos).

En las cámaras del sector no sólo se analiza la viabilidad del aumento reclamado por Moyano sino que también se evalúa si pueden exigir que se firme una paritaria nivel regional o por empresa, como contempla la ley de reforma laboral que se acaba de promulgar.

Este punto se convertiría en un banco de pruebas de la nueva legislación, que le sacará poder de fuego al sindicato con personería, que es el que firma el convenio colectivo de trabajo para toda la actividad.

La última paritaria firmada por el jefe de Camioneros estuvo en sintonía con la pauta del Gobierno: un aumento del 3,3% en tres tramos, que tuvo vigencia de seis meses, desde septiembre y hasta febrero de 2026.

En concreto, contempló un incremento de 1,2% para septiembre, 1,1% para octubre y 1% para noviembre, diciembre, enero y febrero, aunque con el compromiso de revisar las cifras pactadas en diciembre.

Además, se acordó el pago del bono de fin de año de 840 mil pesos en cuatro cuotas de 210 mil pesos entre enero y abril de 2026 y la contribución empresarial para la obra social, fijada en 20 mil pesos mensuales por trabajador entre septiembre a noviembre y de 22 mil pesos por mes de diciembre a febrero de 2026.

En diciembre pasado, Moyano y las cámaras acordaron también una suma fija de 35 mil pesos, que fue cobrada con los sueldos de enero de 2026.

hugo moyano,sindicato de camioneros