A casi un año de la publicación, en el Boletín Oficial, de las candidaturas de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla para la Corte Suprema, el pleno del Senado sesionará desde las 14 para definir la suerte de los pliegos para el máximo tribunal de justicia del país y última instancia de resolución de conflictos, en un escenario que se muestra cada vez más delicado para la Casa Rosada. Es que, tras la designación de ambos “en comisión” y por decreto y la jura del académico -no así del actual magistrado federal-, la oposición se aglutinó para rechazar ambos.

Horas atrás, la lupa estuvo direccionada en la reunión que realizó el Frente de Todos, interbloque que comanda José Mayans, donde conviven las tribus kirchnerista y peronista. Durante el convite, alrededor de 30 de los 34 legisladores estuvieron presentes -inconvenientes con vuelos- y ratificaron que todos darían quorum, que se logra con 37 sentados. “Hasta viene una compañera con fractura en la pierna”, sinceraron desde allí a Infobae. Si senadores de la UCR, el PRO y de otros espacios asisten -como deslizaron los últimos días, tanto en público como en privado-, esa cifra estaría cubierta. De hecho, los radicales insinuaron que, si el Gobierno no retira los pliegos, rechazará ambos. El centenario partido suele afirmar una cosa en la Cámara alta y, a las pocas horas, hace otra.

Anoche, en el oficialismo se percibía un clima de nerviosismo no sólo por una potencial derrota -”quiero ver cómo se llega al quorum y si todos los que amenazan con votar en contra de los dos candidatos, lo hacen”, señaló anoche un libertario a este medio-, sino también por las divergencias a la hora de ejecutar una estrategia válida para salvar la discusión. De más está decir que La Libertad Avanza tiene menos del 10% de la integración del Senado y, para activar a un juez de la Corte Suprema, se precisan dos tercios de los presentes.

Hasta el fin de semana pasado, el Gobierno poco se movió para evitar un traspié en una puja que, por momentos, dejó de estar enfocada en la idoneidad de los candidatos y se convirtió en una guerra de poder entre el kirchnerismo y la Casa Rosada. El inconveniente es que se trata nada menos que de la Corte Suprema. Recién el martes último, con la confirmación de rechazos blindada, el Ejecutivo aceleró a fondo la máquina para aspirar a una potencial falta de quorum. Duró pocas horas. “Se acordaron tarde y la pared está cada vez más cerca. Igual, nunca hay que descartar sorpresas con esta gente”, reflexionaron desde un experimentado despacho.

Para el mediodía de hoy se espera que se realice una reunión de Labor Parlamentaria entre los jefes de bloque y titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel, con el fin de ordenar la sesión. También, para ver si se acepta la renuncia -que se conoce desde hace tiempo- de la eficaz secretaria administrativa de la Cámara alta, María Laura Izzo. Esto no significa, según confiaron desde el oficialismo, que su reemplazo y la ratificación del resto de autoridades esté en bandeja. Quedará para otro momento. Sí ingresaría, al inicio del convite en el recinto, el pliego que propone a Wenceslao Bunge como embajador argentino en España.

Si esta tarde se sientan 37, arrancará el encuentro. Si al menos 25 -en una situación de presencia perfecta, con 72- votan en contra los pliegos, quedarían anulados. El magistrado federal Lijo no juró en la Corte; Mansilla, sí. Para el Gobierno, sin importar un nocaut en la Cámara alta -ámbito natural de este debate-, el académico tendrá vigencia hasta el final de la Legislatura.

Qué opinó Lijo durante la audiencia pública de agosto pasado

*Objetivos para mejorar la Justicia. Según Lijo, la Corte puede reasignar recursos, así como simplificar “el recurso extraordinario, bajando nivel de litigiosidad”. En segundo término, apuntó a segmentar las posibilidades de respuesta ante distintas categorías de conflicto, ya que “no puede ser que respondamos con las mismas personas, métodos y estructura una catástrofe ambiental que el arrebato de un celular, o fijación de cuota alimentaria”. Luego, direccionó la mira a los “procesos sumarios y orales”.

*Ampliación de la Corte. “No tengo una posición tomada de cuántos miembros tiene que tener la Corte. La Argentina ha funcionado con distinta cantidad de miembros y en todos los sistemas, la Corte funcionó. Los problemas no son derivados de la cantidad de miembros, que son cuestiones que debe evaluar el Parlamento respecto de la conveniencia de su composición”, manifestó.

*Dolarización. El postulante dejó en claro que se “debe respetar los estándares mínimos de legislación” y que, “de alguna manera, debe ser preservada la moneda”. Y sumó: “Expedirme en términos absolutos sobre si es constitucional algo que no existe no es lo correcto. Sea lo que sea, debe preservar la moneda”.

*Género. “¿Si tiene que estar integrada la Corte por una mujer? Sí”, precisó Lijo también resaltó que fue “formado por mujeres” y que la “cuestión de género no es sólo enunciativa ni de buenos modos o políticas, es mucho más concreta”. Habló de “poder remover obstáculos también en la toma de decisiones”.

*Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU). El candidato detalló que existe “una jurisprudencia extensa en la Corte”, en cuanto a “que deben ser controladas las condiciones de necesidad y urgencia en cada caso, objetivas”. Seguido a ello, reiteró que el tema “merece un debate público”.

*Acusaciones en su contra. “No voy a detenerme en detallar el origen de las denuncias: en 20 años no recibí una sola sanción del Consejo de la Magistratura. Nunca, ni una sanción”, destacó el juez federal. Más temprano, explicó: “Fui investigado por UIF y AFIP. Nunca encontraron nada. Es más, es mentira que me haya defendido el doctor -y actual ministro de Justicia- Mariano Cúneo Libarona, nunca puse abogado”.

*Retenciones. “Creo que los derechos exportación autorizados constitucionalmente, en la medida que sean razonables y no afecten al sector, puede ser regulados. Todos pueden ser revisados judicialmente”, argumentó.

*Intervenciones en expedientes Siemens, YPF y deuda de Formosa. Sobre el primer punto, Lijo puntualizó que se trató de un caso de “soborno transnacional, es uno de los trabajos artesanales más complejos que enfrentamos”, donde se “avanzó muchísimo en la averiguación y circulación del dinero, su circuito en paraísos fiscales y cómo saltaban en cuentas tipo ‘mamushkas’ de un país a otro, y de un banco a otro”. Después informó que “nunca ingresó el dinero a la Argentina” y que “se elevó a juicio oral toda la actividad de los privados, corroborado con información que aportó Alemania”. Sobre el resto, se “avanzó hasta punto donde no teníamos diligencias y su archivo fue confirmado por la Cámara Federal y por la Corte Suprema”.

En relación con YPF, subrayó que es “una causa en trámite” y con una “gravedad para la Argentina, demandada en el exterior”. Y añadió: “Es especialmente delicado que me expida sobre la causa, no por no tener una gran cantidad de información para darles. Hay algunos aspectos que no se han logrado probar todavía y depende de la colaboración de otros países. Una de las razones por la que está tramitando en el exterior, uno de los argumentos que se utilizaron en la justicia de los Estados Unidos, es la existencia de una causa penal en la Argentina, contrariamente a lo que se sostiene muchas veces públicamente, cometiendo lo que, desde mi punto de vista, es un error jurídico”.

Al ser consultado sobre una causa por la toma de deuda de Formosa, Lijo se explayó: “La investigación avanzó hasta la indagatoria de funcionarios. A partir de eso, las partes ejercieron su derecho de defensa e hicieron un planteo respecto de la competencia basado en un precedente de la Corte de mi propio tribunal, que separa las investigaciones de las provincias y del Estado nacional. La jurisprudencia de la Corte establece que cuando hay afectación de fondos provinciales, es competente la justicia federal de la provincia”. El magistrado propuso en ese entonces la separación de la investigación y enviarla a la justicia federal de la provincia, para quedarse con la de los funcionarios nacionales. “No es verdad que existan gestiones judiciales y mucho menos en mi juzgado, o nadie que yo conozca”, concluyó.

*Coparticipación. El postulante opinó que “son cuestiones de interacción entre el Ejecutivo, el Legislativo y las provincias” que deben “trabajar para llegar a un consenso por unanimidad o mayoría”. No obstante, el principio a regir para cualquier cuestión “fiscal y distributiva es la solidaridad”.

Qué dijo García Mansilla durante la audiencia pública de agosto pasado

En el Salón Azul del Senado, el cristinista Oscar Parrilli deslizó un potencial sesgo antiperonista del postulante. Sobre esto, el catedrático recordó sus críticas en diferentes artículos y publicaciones a la proscripción de ese partido, así como a la prohibición de simbología justicialista. “A lo mejor no le interesó eso, o el título no era sugestivo. Los títulos no los elijo yo”, dijo, y sumó a todo esto las observaciones que hizo sobre proyectos radicales, lo cual no implicaba tener “un sesgo anti radical”.

Ante una pregunta por la relación laboral con una cámara de hidrocarburos, García-Mansilla dejó en claro que cumplirá a “rajatabla” con las normas de recusación. “Lo haré sin ningún tipo de problema”, enfatizó. También fue clave lo que reflexionó sobre el mega Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70 del Gobierno libertario, que desregula la economía: aseguró que no puede “opinar en particular sobre un DNU que está siendo judicializado” y que aplicaría “el mismo criterio” explicado más temprano, que lo presumiría “inconstitucional”, aunque destacó que “el Estado tendría que acreditar que estaban las condiciones para poder considerar válido” el mecanismo.

En cuanto a las encuestas sobre la mala imagen de la justicia, el postulante aseveró que existen “problemas sistémicos que requieren soluciones sistémicas”, que el “poder judicial interfiere muchas veces con buena intención, pero a veces termina prometiendo más de lo que puede dar y se termina deslegitimando”.

Sobre el proyecto del kirchnerismo senatorial para que el Presidente sea quien más gane en el Estado, indicó que “si implica una reducción del salario de los jueces de la Corte, tendría un obstáculo en el artículo 110 de la Constitución Nacional, que establece que no se pueden reducir los salarios de los jueces”.

Cerca del final de las preguntas de Parrilli, García-Mansilla respondió sobre tributar Ganancias, momento en el que contó que desde hace largos años trabaja en el ámbito privado y que no sólo ya lo paga, sino que no tiene “ningún inconveniente” en continuar con el pago del impuesto.

Después del acto empujado ayer por la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, donde se comprometió a empujar la reapertura de “todas las causas de víctimas del terrorismo”, la también cristinista Juliana di Tullio demandó precisiones sobre delitos cometidos en la década de los 70. “¿Son prescriptibles?”, preguntó. “Entiendo que sí”, abogó García-Mansilla.

Seguido a ello, quiso conocer la visión del postulante sobre una potencial ley relacionada con tipificar el delito de negacionismo. “Me hace una pregunta complicada”, expresó el candidato. Y agregó: “Nuestro sistema constitucional tiene una protección muy robusta de la libertad de expresión. Hay delitos que se tipifican en países europeos que tienen una concepción distinta de la libertad de expresión”.

Por otra parte, García-Mansilla confió: “Tengo sangre judía, entiendo perfectamente bien lo que es el genocidio y el negacionismo en otro contexto. Desde lo jurídico, la protección a libertad de expresión es muy robusta. El Congreso estaría sancionando una ley y habría que ver el detalle, que podría llegar a colisionar. Algunas de las expresiones podrían implicar un delito; otras, tal vez, no”.

En medio de desmanes entre grupos de jubilados y fuerzas de seguridad ocurridos en las cercanías del Congreso, Di Tullio quiso saber qué pensaba García-Mansilla sobre el protocolo anti piquete. “No puedo adelantar mi opinión sobre si es constitucional o no esta medida. Le marco que el derecho a la protesta es constitucional y puede ser objeto de regulación, que debe ser razonable”, conjeturó.

*DNU. “Tengo una postura tomada desde el punto de vista académico. Entiendo que el Congreso, en ejercicio de las atribuciones, sancionó una ley para regular la forma en la que quiere controlar. El Congreso fue el que decidió. Yo marco una inconsistencia técnica. Es raro que en un sistema parlamentario haya más control que en uno presidencialista, donde los frenos y contrapesos son la norma. Pero es decisión del Congreso”, sostuvo García-Mansilla. Y mencionó, al igual que lo hizo por la tarde, que “en el marco de un proceso judicial, la carga de la argumentación para demostrar la validez de ese DNU le corresponde al Estado nacional”.

*Cambio climático. “Es irrelevante lo que crea yo sobre el cambio climático, el Congreso ha legislado en la materia”, advirtió el candidato. Y remarcó: “No soy experto. No puedo más que aceptar lo que los expertos dicen”.

*Aborto. “Para hacer un análisis correcto, habría que separar entre legalización y penalización, idea de Germán Bidart Campos y, a partir de ese análisis, lo que hice fue confrontar. En ciertos casos, es indispensable que el Congreso derogue las leyes que se contraponen con lo que se está sancionando”.

“Hay 13 constituciones que consideran el derecho a la vida y había que hacer un análisis con la compatibilidad de esas constituciones. Marqué que veía un conflicto entre normas de distintas jerarquías. A la Corte Suprema no llegan causas de aborto, ya que en 20 años llegó una sola”, precisó.

Sobre sus dichos en 2018, cuando se discutió -sin resultado positivo- la legalización del aborto, García-Mansilla subrayó: “Si tengo que decidir cualquier caso, lo primero que voy a hacer es analizar ese caso con mente abierta. Lo segundo es que me voy a tomar muy en serio los argumentos de cada una de las partes. Lo tercero es considerar la dimensión humana en juego. Nuestro derecho positivo tiene muchas consideraciones, los derechos del niño, de los adultos mayores, etcétera. El cuarto punto es tomarse en serio los precedentes del tribunal. Son importantes, atenta contra la seguridad jurídica que los cambios de jueces atenten contra la jurisprudencia. La Corte Suprema es colegiada y gana en autoridad cuando las decisiones se toman con una sola voz”.

“Desde ya, la ley de identidad de género es una ley vigente y se tiene que cumplir. Noté en los últimos años en ciertos casos donde los jueces no aplican leyes sin declararlas inconstitucionales. Eso no se puede hacer. Los jueces no pueden obviar las leyes vigentes”, evaluó.

García-Mansilla también manifestó: “Todas las opiniones que vertí, las hice como académico. Tenemos una libertad de opinar en abstracto, los jueces no la tienen. No estoy diciendo que lo que yo opiné como académico implica un prejuzgamiento, la respuesta es no. Las opiniones académicas las sostengo; cómo fallaría, no, porque estaría prejuzgando”.

*Dolarización. “Publiqué dos trabajos sobre este tema, que tenían que ver con un momento particular durante la campaña presidencial, donde la dolarización era un tema en discusión, más allá de que no había un proyecto a analizar. En ese trabajo planteamos que para saber si la dolarización es constitucional o no hay que ver un proyecto. Si para dolarizar hay que confiscar todos los depósitos, es inconstitucional”, replicó el postulante.

Tras ello, aclaró: “Si es mediante un acuerdo de integración, por ejemplo, ese proyecto podría ser constitucional. Si la dolarización es darle curso legal a una moneda extranjera, este Congreso lo autorizó alguna vez. Pero el planteo es que para poder opinar hay que ver el proyecto. Y es el Congreso el que puede disponer o no la dolarización”.

*Autonomía de la Capital Federal. “Tiene que tener su poder judicial completo. Es un mandato constitucional. A 30 años de la reforma de 1994, hay que cumplirlo. Cuando se transfiere la competencia, se transfiere con los recursos correspondientes. Una vez pasada la Justicia a la Ciudad, puede hacer su Código Civil y Comercial”, puntualizó el académico.

*Reelecciones indefinidas. Si bien adelantó que “no podría” dar “una opinión sobre un caso que hoy está en la Corte Suprema”, sugirió que “las provincias pueden establecer sus propios sistemas de gobierno”. De igual manera, observó que “la reelección indefinida tiene un problema con el régimen republicano de gobierno”.