POLITICA
El Senado inició el debate de la reforma laboral: asisten funcionarios y el Gobierno quiere un trámite exprés

Como si se tratara de un tren bala, el Senado comenzó hoy con el debate de la reforma laboral empujada por el Gobierno libertario. Se rrealiza en un plenario de las comisiones de Trabajo y Previsión Social; y de Presupuesto y Hacienda, que se constituyó desde las 9 junto a otras (comenzó con un fuerte contrapunto entre Patricia Bullrich y José Mayans) y recibe la exposición de funcionarios nacionales desde las 11, con un objetivo máximo de dictaminar pasado mañana y llevar al recinto el viernes 26.
La integración de las comisiones intervinientes en el temario de las sesiones extraordinarias fue definida ayer, en una reunión de Labor Parlamentaria en la que el oficialismo y la oposición -de nuevo- “dialoguista” se repartieron la mayor tajada y provocaron, al igual que en diciembre de 2023, un duro traspié al interbloque kirchnerista, que apuesta a resistir bajo el muy ingenioso nombre de “Popular”.
Para la reforma laboral, la de Trabajo será cabecera. La jefa libertaria en la Cámara alta, Patricia Bullrich, la presidirá sólo para el análisis de la iniciativa en cuestión. El global de este cuerpo son 17 legisladores y, tras el consenso de horas atrás, La Libertad Avanza tendrá cinco propios y siete potenciales aliados dialoguistas. El cristinismo quedó en cinco, no presentó sus nombres y esta mañana se genero revuelo e incluso amenazaron con judiacialziar el asunto. Este espacio, que durante largos años hizo lo que quiso y olvidó en reiteradas ocasiones el reglamento -por momentos, casi al punto de destrozarlo-, preparó discursos monumentales en defensa del mismo. Un logro impensado, por ejemplo, durante la “década ganada”.
Además de Bullrich están la ex macrista y hoy violácea plena Carmen Álvarez Rivero -la cordobesa fue titular de Trabajo hasta el recambio-, y sus colegas Joaquín Benegas Lynch (Entre Ríos), Juan Cruz Godoy (Chaco) y Bruno Olivera Lucero (San Luis). Son cinco. Para firmar un despacho se precisan, al menos, nueve voluntades. Pueden encontrarse en diversos dictámenes o en uno solo. Algo muy similar sucederá en Presupuesto y Hacienda, que seguirá en manos del oficialista Ezequiel Atauche (Jujuy).

Entre los invitados a explicar la ley se encuentran el secretario de Trabajo, Julio Cordero; la subsecretaria de Política Industrial del Ministerio de Economía, Daniela Ramos; y los referentes de ARCA Javier Rufail -subdirector general de Fiscalización- y Agustín Rojo, en calidad de subdirector General Institucional.
El encargado de abrir el debate fue Cordero, que comenzó su exposición señalando que “el empleo privado se encuentra estancado desde hace muchísimos años” . Tras esa especie de introducción, el secretario de Trabajo recordó todas las mesas de diálogo que se realizaron para darle forma al proyecto de reforma laboral que llevó “un análisis muy profundo de cada artículo”.
“Se tuvo en cuenta especialmente la visión de las pymes y de las necesidades que se recabaron, en cuanto a la litigiosidad y la cantidad de cargas adjuntas al trabajo. Para decirlo en palabras concretas: para que haya una persona trabajando, alguien tiene que contratarla y debe haber reglas claras. Si un tipo de relación es riesgosa, nosotros en vez de estar fomentando, lo que hacemos es perjudicar”, explicó de manera pausada.
Luego se anticipó a eventuales críticas: “Lo primero que hay que considerar es que este proyecto conserva los derechos esenciales de los trabajadores. Lo segundo es que se buscó una reducción significativa de los costos que llevan a una informalidad en el mundo del trabajo”.
“Nos enfrentamos a un momento histórico en la Argentina, que tiene un problema de empleo que tenemos el deber de solucionar”, indicó mirando a los legisladores que se proponían comenzar con la rueda de cuestionamientos.
La pulseada parlamentaria
Más allá del incipiente buen clima que impera en la Congreso, lo cierto es que, desde hace al menos dos o tres semanas, los eventuales votos de aliados son buscados por la Casa Rosada y Bullrich a través de un frenético ida y vuelta de borradores y sugerencias de cambios. Lo que se intenta es no llegar a la instancia de firmas en disidencia -inevitable, por ahora- o, lo que es peor: modificar la iniciativa en el recinto. Ahí es donde algunas bancadas vislumbran inconvenientes por el apuro libertario.
En simultáneo a la reforma laboral, otro plenario -Ambiente; y Minería- dará el puntapié por los retoques que la Casa Rosada quiere sobre los glaciares. En la Cámara hermana, Diputados se aprestará a aprobar el Presupuesto 2026 y la inocencia. La idea de Bullrich es dictaminar la ley de gastos este viernes y llevar todo el 26 al recinto, aunque alguna traba o demora postergaría todo -no es el plan- al lunes 29 de diciembre, al filo del cierre de las sesiones extraordinarias que Javier Milei convocó hasta el martes 30 del corriente mes.
Para tener una idea muy preliminar de una futura sesión, La Libertad Avanza cuenta con 21 senadores -resta que el rionegrino Enzo Fullone reemplace Lorena Villaverde, que ni siquiera pudo jurar- y precisa a los 10 de la UCR, a los tres del PRO y a un puñado de silvestres provinciales, sobre quienes nunca se debe confiar. Son muy mantecosos y, de la nada, aparecen con un martes 13. Esto refleja que, en el fondo, la caída de la cara de la moneda nunca depende de lo que está, de verdad, en juego.
POLITICA
La Coalición Cívica busca modificar las PASO en la provincia de Buenos Aires para que dejen de ser obligatorias

Rumbo al 2027 electoral, comienzan a delinearse los primeros movimientos en las distintas fuerzas políticas. En ese proceso, no solo están las candidaturas en disputa, sino que algunos se animan a cuestionar el sistema actual y buscan modificarlo.
En ese sentido, en las últimas horas se presentó un proyecto en la Legislatura bonaerense para modificar las PASO. El objetivo principal es que dejen de ser obligatorias y pasen a ser optativas.
Se trata de un proyecto del diputado provincial de la Coalición Cívica Andrés De Leo que propone un cambio de fondo: mantener el sistema, pero eliminar la obligatoriedad del voto. En los fundamentos, se aclara que la iniciativa “no implica la supresión del sistema de elecciones primarias, sino su adecuación a criterios de razonabilidad, eficiencia institucional y respeto por la autonomía de la voluntad del electorado”.
En ese sentido, sostiene que las primarias “constituyen, en esencia, un mecanismo de selección interna de candidaturas dentro de los partidos políticos” y que, en muchos casos, obligar a toda la ciudadanía a participar carece de sentido. Según remarca De Leo, “imponer al conjunto de la ciudadanía la obligación de participar en un proceso que, en muchos casos, no presenta competencia interna real (…) configura una carga que carece de justificación suficiente”.
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El texto también pone el foco en la falta de competitividad de muchas primarias. “La experiencia empírica de los últimos procesos electorales demuestra que un porcentaje significativo de las primarias se desarrollan sin competencia efectiva”, advierte, lo que las convierte en “una instancia meramente formal, sin impacto real en la definición de candidaturas”.
Otro de los ejes centrales es el argumento económico. El proyecto señala que la organización de las PASO implica “un despliegue logístico, administrativo y económico de magnitud”, y que cuando no hay competencia “el costo del proceso deviene desproporcionado en relación con su utilidad”. Por eso, plantean que volverlas optativas permitiría “mantener el mecanismo disponible (…) pero sin imponer un gasto generalizado”.
Además, el proyecto apela al principio de libertad política. En ese punto, subraya que este derecho “comprende no solo el derecho a votar, sino también el derecho a no hacerlo en instancias que no revisten carácter decisivo”, y diferencia claramente entre las primarias y la elección general, para la cual sí considera válida la obligatoriedad por su impacto en la legitimidad democrática.
“La obligatoriedad del sufragio en elecciones generales encuentra su fundamento en la necesidad de garantizar la legitimidad democratica de las autoridades electas. Sin embargo, trasladar esa misma logica a las elecciones primarias —que no definen cargos publicos sino candidaturas— resulta, cuanto menos, discutible“, remarca.
Finalmente, los fundamentos destacan que la iniciativa busca “reforzar la autonomía de los partidos políticos” y evitar “una injerencia excesiva del Estado en su vida interna”. En esa línea, sostienen que la obligatoriedad actual “tiende a homogeneizar situaciones que son, por naturaleza, diversas”, mientras que la optatividad permitiría una participación “más informada y comprometida”, concentrada en quienes realmente tienen interés en la definición de candidaturas.
La UCR también impulsa una reforma electoral
La Unión Cívica Radical se enfoca en un proyecto de reforma electoral para la provincia de Buenos Aires. La intención es debatirlo este mismo año, para evitar lo ocurrido en 2025 en la previa a las legislativas, donde se decidió sobre la marcha suspender las PASO.
Y ya hay una primera fecha para una puesta en común: el 14 de abril. “Vamos a hacer una jornada importante sobre reforma política en PBA. La idea es profundizar sobre varios temas: PASO, BUP, financiamiento de los partidos”, apuntó un referente bonaerense a TN.
Según pudo saber este medio, la idea es hacer una recorrida por las 8 secciones electorales de la provincia y armar foros de debate de la reforma política. Sucede que necesitan recolectar voluntades de todo el espectro político.
Ya hay diálogo con otros espacios y en los próximos días se irán extendiendo invitaciones a distintos bloques y fuerzas políticas. En la Legislatura bonaerense hay dos personas a cargo de la misión de atraer voluntades: Diego Garciarena en Diputados y Nerina Neumann en el Senado.
PASO, Provincia de Buenos Aires, coalicion civica
POLITICA
El consejo de Cúneo Libarona para Manuel Adorni: “Mejor buscate un abogado”

El exministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, reapareció este domingo en una entrevista al medio Futurock. En dicho diálogo, habló sobre el presente tumultuoso del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el fallo a favor de YPF, y su sucesor en el cargo que dejó hace semanas, Juan Bautista Mahiques.
El caso Adorni
Cúneo Libarona aseveró que Adorni es “un funcionario brillante”, que sería víctima de una agresión que tiene una explicación fáctica y jurídica.
“Es un enorme expositor, brillante, pero en causa propia es distinto. Es como los abogados, pueden ser buenos, pero cuando te toca a vos, mejor buscate un abogado“, lanzó el exfuncionario del Gobierno de Javier Milei.
La Justicia investiga a Manuel Adorni por enriquecimiento ilícito y se solicitaron nuevas medidas de prueba
El exministro de Justicia aludió de esta manera a la incómoda conferencia de prensa de Manuel Adorni en lo que fue su reaparición tras la sucesión de escándalos que afectan su imagen pública: el viaje en jet privado a Punta del Este, sus propiedades no declaradas y la inclusión de su pareja en la comitiva presidencial que viajo a Nueva York para participar del Argentina Week.
Respecto al viaje a la ciudad norteamericano, Cúneo Libarona manifestó que representa algo irrelevante y no configura delito. Sobre su traslado en avión privado al balneario uruguayo, afirmó que no es una dádiva, y sobre las propiedades, remarcó que es un tema que será aclarado en la presentación de su declaración jurada.
La gestión de Mahiques en Justicia
Mariano Cúneo Libarona respaldó a su sucesor al frente del Ministerio de Justicia, Juan Bautista Mahiques: “Lo que está haciendo es revisar lo que dejamos”, aseguró y comunicó que representa una continuidad de que lo que hizo como antecesor en la cartera, que es avanzar en el nombramiento de jueces para ocupar las vacantes.
Fallo sobre YPF
En cuanto al fallo sobre YPF, el exministro afirmó que “es el logro de muchos, hubo varios gobiernos que actuaron”. No obstante, dijo que un factor determinante lo representó la afinidad entre los gobiernos de Javier Milei y Donald Trump.
El Gobierno resaltó su rol en el fallo de YPF: “Hasta que llegó Milei, Argentina no había tenido una sola decisión favorable”
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POLITICA
Audiencia clave por la AFA: la Justicia define el rumbo de la investigación por la mansión de Pilar

La Cámara Federal de Casación Penal realizará este lunes una audiencia clave para resolver qué juzgado debe intervenir en uno de los expedientes más sensibles que involucran a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). La definición se centrará en la causa por la mansión de Pilar, donde se investigan presuntas maniobras de lavado y fraude.
Aunque la audiencia está centrada en el expediente por la mansión de Pilar, la decisión de la Cámara puede impactar sobre el resto de las causas vinculadas. Si los jueces Javier Carbajo, Ángela Ledesma y Mariano Borinsky consideran que hay conexión entre los hechos, podrían ordenar que se concentren en un mismo fuero. Si no, cada investigación seguirá su curso por separado en los juzgados donde ya tramita.
La AFA enfrenta varias investigaciones abiertas que avanzaron en distintos juzgados y que ahora entran en una disputa técnica sobre competencia. La decisión que adopten los camaristas no sólo ordenará el expediente, sino que también impactará en la velocidad y profundidad de las medidas judiciales.
El caso involucra al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y al tesorero, Pablo Toviggino, ambos bajo la lupa en distintos tramos de la investigación. A la par, se acumulan elementos de prueba, como chats, movimientos financieros y documentación contable, que forman parte de los distintos expedientes.
Una disputa de competencia que puede definir el curso de la investigación
La audiencia de este lunes tendrá como objetivo central resolver el conflicto de competencia entre juzgados en la causa de la mansión de Pilar. La Justicia investiga un presunto esquema de lavado de activos con posibles vínculos con la dirigencia del fútbol argentino. Entre los apuntados se encuentra Toviggino.
En términos concretos, los jueces deberán determinar si la investigación sigue en Campana o cambia de juzgado e incluso de fuero.
La AFA mantiene una estrategia judicial orientada a que la causa continúe en el fuero federal de Campana, mientras que otros actores impulsan que el caso regrese a los tribunales de Comodoro Py o pase al fuero penal económico, donde se investigan delitos vinculados a evasión y lavado.
La discusión no es menor. Detrás de la definición subyacen diferencias sobre el encuadre de los delitos y la estrategia de investigación. Mientras algunos tramos del expediente apuntan a maniobras de evasión y apropiación indebida de aportes, otros se enfocan en presunto lavado de activos a través de sociedades y operaciones en el exterior.
Presentaciones cruzadas y posibles planteos
En las horas previas a la audiencia, el fiscal ante Casación Mario Villar pidió acceder al expediente tramitado en Campana y puso el foco en el origen de esa causa. Según su análisis, el inicio del expediente presenta irregularidades porque no se habría impulsado a partir de una denuncia formal ni por la intervención de un fiscal, sino por un planteo vinculado a la competencia.
Esa observación se suma a lo que ya había advertido el fiscal federal de Campana Germán Bringas, quien sostuvo que ese juzgado no era competente para intervenir y que no había impulsado la acción penal, un paso habitual en el inicio de una investigación.
En paralelo, en las últimas horas se presentaron escritos que podrían incidir en el desarrollo de la audiencia. Entre ellos, un pedido de suspensión por parte de Luciano Pantano —vinculado a la propiedad de la mansión investigada—, que planteó un recurso extraordinario.
A eso se suma la presentación de Elisa Carrió, que solicitó la recusación de la jueza Ángela Ledesma, por sus presuntos vínculos con Santiago del Estero, provincia donde, según su planteo, se habría desarrollado parte del entramado económico bajo investigación.
Si bien esas solicitudes no necesariamente frenan la audiencia, obligan a los camaristas a resolver cuestiones preliminares antes de avanzar sobre el fondo.
Un caso con múltiples frentes abiertos
La audiencia se produce en medio de un entramado de causas que avanzan en paralelo. Además de la investigación por la mansión de Pilar, avanza otra por el presunto desvío de hasta US$60 millones entre 2019 y 2021, con transferencias a empresas en el exterior y un circuito de retorno de fondos en efectivo.
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Por otro, el expediente por retención indebida de aportes previsionales por $19.300 millones, en el que interviene el juez Diego Amarante que ya tomó medidas restrictivas, como la negativa a autorizar salidas prolongadas del país para Tapia.
Además, se incorporaron chats y documentación que apuntan a posibles arreglos de partidos, mientras avanza la auditoría impulsada por la Inspección General de Justicia con la designación de veedores para revisar balances y contratos de la AFA.
AFA, Claudio Tapia, Pablo Toviggino
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