USHUAIA.- El inicio de 2026 está movido para la gestión del gobernador Gustavo Melella en Tierra del Fuego. Con las renuncias del ministro de Economía, Francisco Devita, y de la responsable de Desarrollo Social, Adriana Chapperón, el mandatario perdió dos piezas claves de su administración. A lo que se sumó una fuerte embestida, desde Buenos Aires, del ministro de Economía nacional, Luis Caputo.

“Oh casualidad, las provincias gobernadas por kirchneristas son las que más impuestos cobran y a las que peor les va”, disparó desde su cuenta de X “Toto” Caputo, para apuntalar la advertencia de la administración mileísta sobre un supuesto colapso financiero de la provincia más austral del país.

Tras el duro cuestionamiento del jefe del Palacio de Hacienda, en el gobierno de Melella lo acusaron de querer “sembrar una imagen de caos en la provincia”.

La noticia de la renuncia del ministro de Economía, Francisco Devita, fue oficializada el pasado 30 de diciembre mediante el Decreto 3032/25. Sin embargo, era un “penal cobrado” a nivel local desde hacía varias semanas. Fuentes del gobierno aseguraron que “la renuncia se produjo posteriormente al pago de aguinaldos y con los sueldos de enero con cronograma de pago”.

Junto al ministro Devita se fue parte del equipo económico que lo acompañó en la gestión. El nuevo ministro a cargo de Economía será Alejandro Barroso, quien enfrentará el desafío de una provincia con deuda en dólares -producto de la gestión de la exgobernadora Rosana Bertone-, falta de recursos nacionales y creciente demanda de pedidos de ayuda social que se suman a un contexto de inflación persistente y caída de la actividad industrial.

A la situación en Economía se le sumó el frente social con la renuncia de Adriana Chapperón al Ministerio de Bienestar Humano. Chapperón deja un área sensible en un momento donde la demanda de asistencia social ha crecido debido a la pérdida de competitividad de las empresas locales y la incertidumbre sobre el régimen de promoción industrial.

Gustavo Melella (FORJA) inició su segundo mandato en diciembre de 2023 con un amplio respaldo electoral, pero el escenario cambió drásticamente en términos políticos y económicos. Desde que asumió el gobierno de Javier Milei no giró “ni un solo centavo a Tierra del Fuego en concepto de Aportes del Tesoro Nacional”, aseguran en la provincia. De hecho, el ministro saliente de Economía había denunciado públicamente un “castigo político” por parte del Gobierno nacional.

A esa situación se suma la crisis de la industria, con el sector fabril de Río Grande y Ushuaia atravesando un momento de fragilidad con impacto directo en la recaudación provincial. Además, a nivel interno, la relación con los tres municipios de la provincia está marcada por la tensión con los intendentes de Ushuaia, Walter Vuoto; y de Río Grande, Martín Pérez, lo que erosiona la cohesión del frente oficialista.

En este contexto, Melella necesita un gabinete capaz de negociar con la oposición legislativa y de tender puentes con el Gobierno nacional. “Somos una de las provincias que nunca recibió ATN en un gobierno que cada vez envía menos coparticipación, con falta de fondos que la provincia dejó de recibir en áreas sensibles como salud y educación. Los convenios de obra que se firmaron no fueron cumplidos. No hay provincia que aguante algo así”, afirman en Ushuaia.

“Tierra del Fuego no recibió ni un solo ATN en la gestión de Milei, la situación es compleja y no tiene que ver con ideología política sino con economía. Hay una intención de socavar el gobierno desde los libertarios, hay intencionalidad”, advierten.

Ante las afirmaciones en X de Santiago Pauli (diputado de La Libertad Avanza) de que la provincia “está quebrada” -por el pedido del gobernador de un adelanto del pago de la tasa de verificación a empresas industriales-, fuentes del gobierno provincial afirmaron que “es raro que afirme que una provincia que está quebrada cuando paga sueldos y aguinaldos a término”.

Fuentes del gobierno provincial aseguraron a que las renuncias de los últimos días “son cambios que ya estaban consensuados, no es una renuncia intempestiva ni masiva, sino cambios para oxigenar el gabinete, no tiene que ver con situaciones particulares; de hecho, renuncian pero siguen colaborando y estamos en una transición ordenada en las áreas en las que van a asumir nuevos funcionarios”.

“Específicamente en Economía la renuncia del ministro se da en un marco en el que ya se pagó aguinaldos, se están pagando los sueldos a término, es un cambio ordenado. Hay provincias, como Santa Cruz, en la que los aguinaldos se pagaron en cuotas. No es nuestro caso. Por supuesto que hay situaciones complejas, pero claramente hay sectores que quieren aprovechar para sembrar una imagen de caos”, denunciaron.

Un grupo de abogados, dirigentes y exfuncionarios ligados al radicalismo o surgidos de ese partido presentó hoy un recurso de amparo contra el DNU 941/2025 que reformó la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y amplió sus facultades, por ejemplo, para detener a personas. Los peticionantes consideran la norma inconstitucional y se reservan, en el caso de no encontrar eco favorable en su reclamo en primera instancia, el derecho de acudir directamente a la Corte Suprema a través del recurso excepcional del per saltum.

La reforma de la ley de inteligencia establece una serie de modificaciones que buscan fortalecer el rol de la SIDE, a cargo de Cristian Aguadra, que responde al asesor Santiago Caputo, y la faculta para detener personas. También dispone la creación de la Dirección Nacional de Ciberseguridad bajo la órbita de la jefatura de Gabinete, a cargo de Manuel Adorni.

La presentación, que ingresó ayer a la Cámara Federal en lo Contencioso Administrativo, la firman Leopoldo Moreau, Federico Storani, Ricardo Alfonsín, Luis Alberto Cáceres, Manuel Garrido, Eduardo Santín y Ricardo Terrile. Solicitan la habilitación de una medida cautelar urgente con el fin de suspender inmediatamente la aplicación del decreto. “Arrasa con el plexo de los derechos y garantías consagrados en la Constitución Nacional”, afirman.

Este recurso de amparo se suma al presentado ayer por los diputados Maximiliano Ferraro y Mónica Frade, de la Coalición Cívica, así como el legislador Esteban Paulón, del Partido Socialista. El caso le tocó al juzgado en lo Contencioso Administrativo N°4, de la jueza Rita Alián.

Los dirigentes ligados al radicalismo alegan en el escrito que no existe una “necesidad y urgencia” real u objetiva que impida el trámite legislativo ordinario y que se trata de una materia de “alta sensibilidad constitucional” que, dicen, debe estar sujeta al control parlamentario. Además, señalan que la reiteración de decretos para redefinir el sistema de inteligencia en menos de un año demuestra “un proceso de redefinición institucional inestable e improvisado” y no una emergencia impostergable.

Desde el punto de vista material, objetan que el decreto crea un sistema de inteligencia basado en conceptos vagos como “influencia” o “injerencia”, y cuestionan que esto abra la puerta a una “vigilancia estatal” sin control judicial previo. Denuncian que la norma establece el secreto como regla general para todas las actividades del sistema, lo que atenta −dicen− contra la transparencia institucional y el control ciudadano y parlamentario. “Lesionan de manera actual e inminente derechos y garantías fundamentales de la totalidad de la ciudadanía, entre ellos el derecho a la privacidad, a la intimidad, a la protección de datos personales, a la libertad de expresión, de asociación, de participación política y de peticionar a las autoridades”, señalan.

Finalmente, la acción advierte sobre la grave afectación al equilibrio republicano y el riesgo de que se institucionalicen prácticas de espionaje interno y disciplinamiento político. “A través de una arquitectura legal deliberadamente opaca, el decreto impugnado diluye los límites establecidos por la normativa vigente en torno a la prohibición del espionaje interno, la recolección de datos sin orden judicial y la vigilancia ideológica o política. Se institucionaliza un régimen de inteligencia que habilita el monitoreo de la ciudadanía no ya en función de hechos ilícitos concretos y verificables, sino sobre la base de criterios amplios e indeterminados de oportunidad política, conveniencia estratégica o prevención difusa, incompatibles con un Estado constitucional de derecho”, aseveran.

Ante el peligro de que la vigencia del decreto produzca daños de imposible reparación ulterior, los firmantes solicitan una medida cautelar urgente para suspender sus efectos de inmediato. Plantean, además, la reserva de acudir directamente a la Corte Suprema mediante el mecanismo del per saltum, bajo el argumento de “la gravedad institucional” y por tratarse de una reforma de naturaleza “estructural”.