POLITICA
El supuesto testaferro de Toviggino tenía una tarjeta corporativa de la AFA: de cuánto eran los consumos por mes

El supuesto testaferro de Pablo Toviggino, Luciano Pantano, tenía una tarjeta corporativa de la AFA con un consumo mensual promedio de $50 millones.
Según pudo confirmar TN, entre los gastos de la tarjeta aparecen el pago de los Telepase de los autos de lujos que se registraron en la mansión de Pilar, que está siendo investigada por la Justicia.
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Luciano Pantano, junto a su madre Ana Conte, es uno de los titulares de Real Central SRL, la empresa que adquirió la propiedad que perteneció a Carlos Tevez.
De acuerdo con los documentos incorporados, esa vivienda figura en distintos momentos a nombre de diferentes integrantes del entorno Pantano, todos relacionados con Real Central SRL, la firma señalada en la causa como presunta pantalla que está a nombre de Luciano Pantanoy Ana Lucía Conte, madre (jubilada) e hijo (monotributista).
Los registros muestran que Pantano ingresó inicialmente como “propietario/residente” de la mansión ubicada en los lotes 306 y 265 de Ayres Plaza, con fecha de titularidad del 4 de diciembre de 2021.
Con el paso del tiempo, esa condición cambió: los documentos relevados indican que desde el 4 de enero de 2023 el inmueble comenzó a figurar a nombre de Diego Fabián Pantano, bajo la misma categoría de “propietario/residente”.
Ese corrimiento formal de la titularidad es uno de los elementos que se analizan en el expediente. La hipótesis que se examina es si el traspaso responde a una maniobra para disimular la verdadera propiedad del bien.
A esa línea se suma otro dato que figura en la documentación judicial: la hija de Pablo Toviggino también aparece registrada como propietaria o residente de la misma vivienda.
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Para los investigadores, se trata de un elemento más que refuerza la conexión entre la familia Pantano y la mano derecha de Claudio “Chiqui” Tapia.
El expediente incorpora además registros de personas invitadas a la mansión, que vuelven a vincular ambos círculos familiares.
En la nómina figura Máximo Toviggino, hijo del dirigente, así como Norberto José Pantano, otro hermano de Luciano y Diego. Según consta en los documentos, ambos aparecen asentados como invitados habituales al domicilio de Ayres Plaza.
El juez Marcelo Aguinsky resolvió el 26 de diciembre pasado suspender la feria judicial de enero para continuar con la investigación. Pantano y Conte intentan pasar la causa a un juzgado de Campana pero el magistrado aseguró que le corresponde a él continuar con el expediente.
En los últimos días, el juez ordenó otras medidas de pruebas, como el relevamiento de cámaras de seguridad cercanas al inmueble para verificar si en los días previos al allanamiento hubo traslados de autos de alta gama y caballos.
También se va a realizar un operativo en la empresa Flyzar, la dueña del helicóptero, que deberá proporcionar el listado de pilotos, pasajeros y vuelos que hizo el helicóptero en cuestión.
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El juez decidió también convocar al nuevo director de la Dirección General Impositiva (DGI), Mariano Mengochea, para intensificar las pesquisas en torno a sociedades comerciales que compraron la estancia de Pilar y que estarían conectadas con altos funcionarios de la AFA.
Pablo Toviggino, Chiqui Tapia, AFA
POLITICA
Corrupción en la AFA: Aguinsky rechazó desprenderse del caso de la quinta y un camarista de San Martín decide si le saca la causa

La disputa por la competencia en la causa que investiga quiénes son los verdaderos dueños de la fastuosa quinta en Pilar se formalizó este viernes: el juez federal en lo penal económico Marcelo Aguinsky se negó apartarse del caso. Rechazó así el pidió su colega de Campana, Adrián González Charvay, quien reclama el expediente para su juzgado.
Ahora, tras la resolución de Aguinsky, la contienda deberá ser zanjada de manera unipersonal por la Cámara Federal de San Martín, por tratarse de un pedido de inhibitoria, dijeron fuentes judiciales. Durante la primera quincena de la feria judicial de enero, se encuentra activa la Sala I de la Cámara, que será presidida por el magistrado Juan Pablo Salas hasta el 24 de enero. A él le tocará decidir en la disputa entre Aguinsky y González Charvay, si es que se resuelve dentro de las dos primeras semanas de enero, la primera mitad de la feria judicial.
El juez Aguinsky basó su decisión en que el objeto de la investigación no es la quinta en sí -que cuenta con helipuerto, un haras de caballos y una muy costosa colección de autos- sino el presunto delito que la precede y, sobre todo, la Asociación del Futbol Argentino (AFA), a la que se la vincula cada vez con más elementos.
“El núcleo de la investigación no es la casa de Villa Rosa, sino que es la Asociación del Fútbol Argentino cuyo asiento y domicilio legal está en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a escasos 800 metros de la sede de este tribunal (Sarmiento 1118 CABA) y a 82 km. de distancia del Juzgado Federal de Campana”, dijo el juez.
El camarista que recibe el caso
Junto a los camaristas Marcos Morán y Marcelo Darío Fernández, Salas integra la Sala I de la Cámara Federal de San Martín. Ingresó a la Justicia en 1989 y se graduó de abogado en 1993, en la UBA. Antes de llegar a la Cámara, se desempeñó como secretario y luego, como juez en Morón. Fue designado camarista en 2016.
Salas intervino en un tema de alta sensibilidad para el Gobierno cuando le tocó zanjar otra disputa, también por un tema de competencia, en la causa por $LIBRA, la criptomoneda que promovió el presidente Javier Milei en redes y es investigada como posible estafa. Salas resolvió en aquel entonces que el caso dejara definitivamente el juzgado de Sandra Arroyo Salgado, en San Isidro, para pasar a tramitar en Comodoro Py, en el juzgado de María Servini, quien finalmente se apartó.
Salas también intervino como juez de primera instancia en la causa que investigó la muerte del exespía de la SIDE, Pedro “Lauchón” Viale, en 2013, cuando miembros del grupo Halcón abrieron fuego en su casa de La Reja, partido de Moreno, y lo acribillaron. Por aquel episodio, el juez Salas procesó a diez policías bonaerenses por homicidio calificado.
El argumento que esgrimió González Charvay para reclamar el caso de la quinta fue que el inmueble está ubicado en Pilar, partido sobre el cual su juzgado tiene jurisdicción. El juez Aguinsky dijo, sin embargo, que la ubicación de la finca es “solamente un punto en el mapa” y que lo relevante es el presunto delito de lavado.
“Para avanzar en la pesquisa del delito de lavado de dinero desde la finca de Villa Rosa, hay que retroceder en el tiempo. Primero se comete el delito y luego se aprovechan (blanquean) sus frutos”, sostuvo Aguinsky.
El juez se apoyó, además, en la decisión del fiscal Claudio Navas Rial, quien sostuvo en su dictamen que lo relevante para la investigación es el “despliegue de actos jurídicos y materiales” detrás de la quinta, que abarcan “la constitución y modificación de firmas, la adquisición de otras, las relaciones personales y laborales de los sujetos con instituciones relacionadas con el fútbol profesional y los negocios comerciales conexos”.
Más indicios
En su fallo de este viernes, Aguinsky señaló que la sospecha que guía la investigación -que la suntuosa quinta no pertenecería a sus dueños formales, un monotributista y una jubilada- no hizo más que acrecentarse en el último tiempo.
Destacó una última prueba en ese sentido: un informe sobre la tarjeta de crédito de Pantano que llegó recientemente a su juzgado del que surge que el plástico «pertenece a una cuenta corporativa de la Asociación de Fútbol Argentino, que tiene como domicilio la calle Viamonte 1366 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“.
“En esa tarjeta aparecen numerosos consumos y pagos de servicios con un promedio mensual de 50.000.000 de pesos en lo que va de enero a diciembre de 2025 -dice el juez. Esos gastos deben ser investigados para corroborar si están o no vinculados con el predio de Villa Rosa, Pilar, y para que, en caso de tratarse de un delito en curso, cesen sus efectos en forma inmediata”.
El expediente ya tuvo un cambio de manos cuando pasó de los tribunales de Comodoro Py al fuero penal económico. El primer juez en intervenir fue Daniel Rafecas, quien encauzó la investigación con las primeras medidas de prueba, como el allanamiento a la quinta. En el lugar, la Policía encontró, entre otros elementos, un bolso deportivo y una placa homenaje con el nombre del tesorero de la AFA, Pablo Toviggino.
Luego de que el propio Rafecas se declarara incompetente, el camarista Leopoldo Bruglia resolvió que el expediente pasara al juzgado de Aguinsky, en el fuero penal económico.
En su resolución, el camarista dejó entrever que, más allá de su decisión de llevar el caso al fuero económico, podría abrirse luego una disputa territorial. “En atención a los datos y circunstancias fácticas expuestos en la denuncia, asistirá al magistrado interviniente [por Aguinsky] analizar aspectos sobre la competencia territorial”, dijo Bruglia, preanunciando la actual disputa, que se originó con un pedido de los presuntos testaferros de la quinta para que el caso pase a los tribunales de Campana.
Hoy, Aguinsky sostuvo que los dichos de Bruglia fueron anteriores al pronunciamiento del fiscal Navas Rial y a la “producción y agregación de nuevas pruebas relevantes en la causa, las cuales han permitido delimitar con mayor precisión el desarrollo de las maniobras investigadas, el lugar de ejecución de los actos principales y, en definitiva, el epicentro del hecho delictivo”.
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Javier Milei reiteró la suspensión de contrataciones en el sector público

Con motivo de continuar con el ajuste al Estado, el gobierno de Javier Milei, reiteró la suspensión de las contrataciones en la plantilla del sector público. A través del decreto 934/2025, se oficializó este viernes 2 de enero la medida.
Según indica el documento oficial las jurisdicciones y entidades del Sector Público Nacional “no podrán realizar designaciones ni contrataciones de personal, bajo ninguna modalidad”.
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Dicha prohibición alcanza a las plantas transitorias, los contratos bajo la Ley Marco de Empleo Público; los contratos laborales; las locaciones de servicios profesionales; las designaciones transitorias en cargos de planta permanente; las contrataciones financiadas por estatutos especiales o fuentes extrapresupuestarias.
Sin embargo, el decreto establece excepciones en lo que define como áreas estratégicas o con regímenes especiales. Como las universidades nacionales; Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad; Servicio Penitenciario Federal; Sistema Nacional de Manejo del Fuego; Cuerpo de Guardaparques Nacionales; Personal de hospitales nacionales e institutos de investigación del Ministerio de Salud; Personal de gabinete; Designaciones para cubrir cargos ejecutivos y jefaturas (SINEP), entre otras.
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Finalmente renunció el secretario de Culto y será reemplazado por su segundo

Tras la salida de Nahuel Sotelo de la Secretaría de Culto y Civilización rumbo a la Legislatura bonaerense, oficializada hoy en el Boletín Oficial (B.O), quedará en ese cargo, del Palacio San Martín, su hasta ahora su segundo en el área y hombre de confianza, Agustín Caulo.
La decisión fue confirmada a por fuentes de Casa Rosada, luego de que a primera hora de este viernes se oficializara la salida de Sotelo de la Secretaría a la que llegó en agosto 2024. Fue cuando todavía lideraba la Cancillería Diana Mondino, quien poco después saldría eyectada del cargo. “Continúa el 2 de Nahuel”, dijeron las fuentes consultadas.
De perfil conservador y muy católico, Sotelo mantiene una excelente relación con Balcarce 50. Donde es considerado uno de los “guardianes” más “puros” del corazón libertario, como lo describen internamente, y se mantuvo en el cargo con la llegada del sucesor de Mondino, Gerardo Werthein, y luego con el desembarco de Pablo Quirno, actual cabeza del Palacio San Martín.
Su llegada al Ministerio de Relaciones Exteriores, fue en reemplazo de Francisco Sánchez y ese desembarco incluyó la extensión del nombre del área, que entonces pasó de ser Secretaría de Culto a Secretaría de Culto y Civilización.
Sotelo, de 32 años, es hombre de las denominadas “fuerzas celestiales”, que responden al asesor presidencial Santiago Caputo. Y fue el único integrante de ese sector que logró integrar la lista libertaria de las elecciones bonaerenses, en septiembre pasado, en medio de la disputa entre ese sector y el de los “territoriales”, como se conocen al diputado y armador, Sebastián Pareja y los primos, Martín y Eduardo “Lule” Menem, que responden a la secretaria general de Presidencia, Karina Milei.
Esa interna fue feroz y Sotelo logró superar esas diferencias y ubicarse en la lista, que ahora lo lleva nuevamente a la Legislatura, en la que ya estuvo entre 2021 y 2024. Allí es uno de los principales referentes del espacio libertario, en especial junto al titular del bloque violeta, Agustín Romo, de quien es amigo personal.
“Acéptase, a partir del 2 de diciembre de 2025, la renuncia del señor Nahuel Sotelo Larcher al cargo de secretario de Culto y Civilización del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto”, consignó el decreto que lleva la firma del presidente, Javier Milei y del canciller Quirno.
En su lugar quedará oficializado en los próximos día, Caulo, Al igual que Sotelo, Caulo, a quien apodan “el chino”, tiene un perfil católico y muy conservador, cercano a la Iglesia. Antes de llegar a la subsecretaria de Culto y Civilización, en la que fue nombrado en septiembre de 2024, se desempeñó como director nacional de Culto Católico, también en el Palacio San Martín. Y también, al igual que su antecesor, reporta a las denominadas “fuerzas celestiales” de Caputo.
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