Después de las elecciones del domingo próximo, el Gobierno se someterá a la primera prueba que permitirá saber hasta qué punto sus promesas de mayor apertura y diálogo son sinceras. Esa primera prueba será el proyecto de presupuesto 2026: los bloques opositores reclaman modificaciones e insisten en apurar para el 4 del mes próximo el dictamen en la Cámara de Diputados, a menos que el presidente Javier Milei se comprometa antes de esa fecha a firmar el decreto de convocatoria a sesiones extraordinarias a partir de diciembre.

Los diputados que responden a los seis gobernadores de Provincias Unidas desconfían de los cantos de sirena del oficialismo. Por eso exigen un gesto concreto de su voluntad de negociar el texto que envió el Poder Ejecutivo para que el Congreso lo apruebe antes de fin de año. El mensaje parece dirigido al asesor presidencial Santiago Caputo quien, en los últimos días, activó un acercamiento con legisladores de esa bancada; de hecho, ya se presenta ante ellos como su principal interlocutor, un papel que, en teoría, debería ejercer el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien recela de Caputo por la cada vez mayor injerencia en su área.

Lo cierto es que, más allá de quién sea el negociador de parte del Gobierno, los opositores se muestran duros. Reclaman que antes de discutir números, el Gobierno cumpla con las tres leyes que Javier Milei promulgó pero no aplicó: la emergencia en discapacidad, el financiamiento universitario y los fondos para el hospital Garrahan.

Desde Provincias Unidas sostienen que es plausible arribar a un presupuesto con equilibrio fiscal para el año próximo aun considerando el gasto que conllevan estas tres iniciativas. Eso sí: el Gobierno debería sacrificar la pauta de superávit de 1,5 punto del PBI que calculó en el proyecto que envió al Congreso. “Es una estimación mentirosa y el oficialismo lo sabe”, responden los opositores.

A su juicio, estas tres leyes que el Gobierno se resiste a aplicar tienen un impacto fiscal de solo 0,5 del PBI. “Nuestra propuesta agrega una décima más (es decir, 0,1 del PBI) para asegurar la transferencia de los fondos a las cajas previsionales de las provincias no transferidas a la Nación y que este Gobierno no gira”, explica Nicolás Massot (Encuentro Federal), vocero de la posición de los gobernadores.

En resumidas cuentas, en el boceto de presupuesto alternativo que elabora esta bancada se prevé un superávit fiscal de 0,9 puntos del PBI para 2026, menor al que pretende alcanzar Gobierno. Ahora bien, ¿estará dispuesto el presidente Milei a sacrificar 0,6 puntos del PBI de superávit para aumentar el gasto corriente, como piden los opositores?

“Como señal de gobernabilidad es preferible tener un presupuesto aprobado por amplia mayoría aunque tenga una previsión menor de superávit fiscal que un presupuesto dibujado. Nadie cree que el año próximo el superávit sea del 1,5% del PBI”, señalan.

Lo cierto es que, hasta ahora, el oficialismo ha dado señales contradictorias frente a los planteos opositores. Tras la primera reunión de acercamiento que se celebró el lunes pasado con el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, los bloques opositores se retiraron con aire de fastidio. El funcionario, que concurrió acompañado del vicejefe de Interior, Carlos Rolandi, insistió en que el superávit fiscal es innegociable. El encuentro no duró demasiado; no había puntos de encuentro entre las partes.

Empero, anteayer el oficialismo mostró una mayor flexibilidad y dejó trascender que el podría aceptar un texto alternativo siempre que preserve el superávit primario y financiero. La brecha entre ambos proyectos, subrayaron, deberá cubrirse con la porción no indexada del gasto: partidas variables que no incluyen jubilaciones, educación, seguridad ni salud.

Los voceros oficialistas añadieron que su objetivo es intentar discutir un texto común con la composición actual de la Cámara baja, pero con la nueva en el Senado. Pretenden, así, recortar el margen del peronismo, que podría condicionar la discusión. El debate, con este cronograma, se extenderá a las sesiones extraordinarias.

“La semana que viene seguiremos las negociaciones con las propuestas que nos acerquen las distintas bancadas”, se entusiasma el presidente de la Comisión de Presupuesto, Bertie Benegas Lynch. Los opositores desconfían. Aún tienen fresca en la memoria el desplante del oficialismo cuando, de manera intempestiva y al filo del cierre de las sesiones ordinarias, clausuró el debate del presupuesto 2025 y prorrogó por segunda vez la ley de 2023. “Ver para creer”, insisten.

La lista de certezas con las que los votantes comunes tanto como expertos en política, finanzas y opinión pública llegan a las elecciones del domingo es notablemente corta para unos y otros. Así como es de larga (casi infinita) la de las incertidumbres. La previsibilidad, no solo sobre resultados electorales, sigue siendo altamente deficitaria en la Argentina.

En el plano dominante de las previsiones electorales hay apenas dos certezas y tres semicertezas centrales frente a un océano de dudas.

Lo primero que se sabe que ocurrirá es que habrá más cambios en el gabinete que el que ya ocurrió esta semana y que La Libertad Avanza (LLA) aumentará su representación parlamentaria con legisladores propios y no prestados (o alquilados). Como contrapartida, se da por hecho que el oficialismo volverá a quedar lejos del número mínimo para alcanzar mayorías propias y tener quorum para iniciar sesiones.

Entre lo que tiene altas probabilidades de ocurrir asoma que LLA podría atribuirse un triunfo (acotado) en la suma de votos de todo el país, al menos, formalmente, por ser la única fuerza con representación unívoca en todo el país. Claro que el porcentaje final estaría muy lejos del 56% que en el balotaje de 2023 hizo presidente a Javier Milei, así como, por ende, de la suma de los votos que en la primera vuelta lograron LLA y Pro, que ahora van en alianza en las provincias donde se concentra la mayoría del padrón electoral.

Eso le garantizaría, sí, tener un tercio propio en Diputados para sostener los vetos que Milei pueda disponer de leyes contrarias a su proyecto. Lo mínimo indispensable.

Aquella suma formal de votos por fuerzas de igual denominación es la que publicitará el Gobierno, y por eso intentó (aunque sin éxito en la Cámara Electoral) difundir oficialmente un resultado nacional, cosa que no se había hecho antes.

Sin embargo, varios analistas hilan más fino y dicen que la comparación debe hacerse contra el panperonismo, es decir, con lo que acumulen las listas porteña, bonaerense y de otros once distritos del frente Fuerza Patria más las expresiones cercanas en las demás provincias, donde llevarán otra denominación. En ese escenario, la mayoría de las últimas mediciones dan un escenario no tan favorable para el Gobierno.

Pero eso será parte de la guerra de narrativas que empezará el domingo por la noche y no una discusión aritmética. Al menos, hasta que no empiece a sesionar el Congreso con la nueva composición, el próximo 10 de diciembre. Todas especulaciones alejadas de las preocupaciones de la mayoría de la sociedad, pero muy relevantes para los tomadores de decisiones económico-financieras.

Por lo pronto, también es un hecho que el Gobierno dice conformarse, y el mercado parece haberlo asumido, con alcanzar un 35% de los votos nacionales, a pesar de que hasta hace solo tres meses se jactaba de estar en condiciones de reunir un 45%. Pero pasaron cosas. Demasiadas.

En la lista de calamidades para el Gobierno (la mayoría autoinfligidas) sobresalen el escándalo por las presuntas coimas en la Agencia de Discapacidad que salpicaron (otra vez) a Karina Milei; el del financiamiento por parte de un extraditable vinculado con el narcotráfico al ahora exprimer candidato bonaerense libertario José Luis Espert, y la escalada imparable de dólar, a pesar de los misiles verdes que disparó el Tesoro de los Estados Unidos.

A eso se agrega el combo de impactos negativos de la política económica en la actividad, el empleo y los ingresos. Nada que pudiera pasar inadvertido (y no pasó) para la mayoría de los ciudadanos, de los cuales no se sabe cuántos se convertirán en electores este domingo.

“Estamos advirtiendo una doble transición en el imaginario social de la opinión pública argentina La primera, comienza a exigirle al Gobierno que transite del ajuste a las ‘ventajas sociales’ de la estabilización. ¿Cuál es el modelo de prosperidad (producción y consumo) de la economía mileísta?”, señala Federico Zapata, politólogo y director de la consultora Escenarios.

“La segunda transición, es, luego del año de escándalos de corrupción, una exigencia al Milei influencer para parir un Milei político, capaz de construir un gobierno con prácticas que lo diferencien de las viejas prácticas del sistema que vino a combatir. Las dos transiciones implican preguntas sobre Milei y su liderazgo ¿Está en la genética política de ese liderazgo la posibilidad de evolucionar?”, concluye Zapata, sobre la base de una flamante encuesta que lleva por título “La sociedad argentina va a las urnas, ¿qué sociedad?”.

Ese trabajo muestra una mayoría de semáforos en rojo para el Gobierno tanto en lo económico como en la política y en la dimensión ética.

No obstante, eso puede tener un correlato relativo en las urnas y ser menos negativo para el Gobierno que lo que podría presumirse. Como de lo que se trata es de elegir entre las opciones que existen, no sobre ideales, se pondera que la oposición tiene, por un lado, un actor dominante, que es el ya muy desgastado kirchnerismo, y, por el otro, hay una fragmentación extrema.

La gran duda, entonces, es cuánta expectativa a futuro sigue generando el Gobierno. Dado que la caída de las expectativas a lo largo de 2025 ha sido significativa en casi todas las encuestas, la pregunta es cuánto de lo que ha perdido se traducirá en votos a otras fuerzas o en abstenciones.

En distintos niveles, las consultoras Isonomía y Poliarquía han registrado en el último mes una leve recuperación en esa materia después de una sostenida caída (también de la imagen del Gobierno y de Milei) en los tres meses anteriores. Sin embargo, lejos están de haber vuelto a los indicadores más favorables de los primeros meses de 2025.

Así, la expectativa de una participación superior al 60%, que no se alcanzó en promedio en las nueve elecciones provinciales previas, alienta al Gobierno, y por eso el Presidente y sus estrategas llamaron a votar. Pero eso está en discusión.

“Hay que ver cómo votarían ahora los que votaron a Milei en 2023 y no fueron a votar este año porque no querían castigarlo, pero tampoco premiarlo. Es un arma de doble filo”, explica un consultor electoral al que escuchan en despachos importantes de la Casa Rosada.

Lo cierto es que los encuestadores y analistas se encuentran con otro factor que los complica aún más. A la bajísima tasa de respuesta y a la incalculable variable “presentismo” se les suma que los escenarios provinciales y el nacional no necesariamente correlacionan. “Cuando bajás a las provincias, ves que en la suma a LLA le va peor, pero cuando hacés una muestra de todo el país, mejora”, explicaron dos de los más respetados encuestadores.

En ese contexto cobra más valor la elección en la provincia de Buenos Aires, cuyo resultado entra en el rubro de las semicertezas. Se prevé, mayoritariamente, que la lista violeta-amarilla sufriría otra derrota a manos del perokirchnerismo, aunque por una diferencia menor a los 14 puntos (tal vez en torno a algo más de la mitad de ese porcentaje) que se registró en los comicios provinciales del 7 de septiembre pasado, que profundizaron la inestabilidad y la incertidumbre en todo el país y en casi todas las dimensiones.

La permanencia en las boletas de la cara del caído Espert suma otra incógnita, a pesar de que en los simulacros hechos por algunas consultoras con y sin esa gastada imagen hubo apenas leves variaciones.

Lo cierto es que, ahora, cualquier dígito por encima de aquel piso nacional del 35% al que dicen aspirar Milei y los suyos hará descorchar espumantes, mientras que cualquier decimal por debajo abrirá nuevas incertidumbres. Nada puede ni debe descartarse.

En ese plano adquiere mayor relevancia una variable subjetiva: cómo metabolizará el resultado el propio Milei.

El extremo personalismo decisionista que caracteriza a esta gestión y la volatilidad emocional que suele mostrar el Presidente abren un sinfín de preguntas, tanto que un colaborador presidencial llegó a decir: “Prefiero pronosticar el resultado electoral, hasta con decimales, antes que decir cómo reaccionará Javier el domingo por la noche”. Tanto la asimilación moderada de un éxito (aunque sea relativo) como la tolerancia ante un fracaso son factores cruciales. Los antecedentes motivan el escepticismo de los observadores.

El inusual anticipo presidencial de que hará más cambios en el Gabinete que los que estará obligado por el seguro pase al Congreso de Patricia Bullrich y Luis Petri, más la renuncia anticipada de Mariano Cúneo Libarona, abrió un sinfín de especulaciones. El propio Milei admitió que el perfil y la magnitud de la renovación dependerán del resultado.

La decisión adoptada ayer, de anunciar el llenado de la vacante en la Cancillería que dejó el renunciante Gerardo Werthein, aún antes de que se efectivice –el lunes– su salida, dejó algunas pistas.

En primer lugar, expresa la intención de fortalecer al ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, al que reporta e integra su núcleo íntimo el ahora futuro ministro de Relaciones Exteriores Pablo Quirno. Ese también es un mensaje a los agentes económicos y, sobre todo, a los Estados Unidos, donde Quirno fue uno de los actores centrales del operativo rescate que terminó en la intervención trumpista.

Por otra parte, se interpreta como un empate para el polémico asesor Santiago Caputo, hoy en el centro de las feroces disputas internas del oficialismo. El sobrino no fue premiado con el ascenso de un agente de “las fuerzas del cielo”, que responden a él, como el integrista secretario de Culto, Nahuel Sotelo, ni la Cancillería reforzaría su papel de agente de la batalla cultural. Sin embargo, al mismo tiempo se alinearía la política exterior oficial con la política exterior paralela que venía ejecutando el gurú, enfrentada abiertamente con lo que hacía Werthein.

La designación, por otra parte, abre una gran incógnita para un sector muy influyente, que venía siendo protegido de los embates norteamericanos por el saliente canciller, como son los laboratorios nacionales. Ideología, intereses y negocios suelen solaparse, más cuando las discusiones se desarrollan en tablero internacional. No siempre confluyen. Y será otra de las incógnitas por resolver.

Lo que sí es seguro es que, más allá de su pasado como funcionario de Pro, para el macrismo la designación de Quirno no es señal de ninguna apertura. Por el contrario, cerca de Macri lo consideran un bloqueo mileísta de ese lugar para que no sea parte de las discusiones por los que se abrirían a partir del domingo.

“Claramente, no tiene nada que ver con Pro. Por más que es otro del equipo de Toto [Caputo] que trabajó con nosotros, no hay que considerarlo distinto de lo que hicieron hasta ahora. Jamás dijeron que el nombramiento de Toto y su equipo respondía a un alineamiento con Pro. Es más del mismo modus operandi. El lunes veremos si están para hacer un cambio en serio en su organización, terminar con esa interna estúpida y convocar gente con capacidades más diversas”, le habría dicho Macri a un allegado que lo consultó. No suena muy auspicioso.

De tal manera, si el resultado del domingo está plagado de falta de certezas, el día después asoma mucho más incierto. Tal vez, como nunca.

Mucho más si, como dijo el Presidente y repiten sus allegados, en otra de sus apuestas extremas, lo que está en juego es la suerte del rumbo del país y del propio gobierno. Durante este año, esa temeridad no lo ha salido bien.