POLITICA
El traspié en el Congreso obliga al Gobierno a recalibrar métodos y revisar sus alianzas
Sin reforma laboral y con un Presupuesto que el Gobierno no quería. Un acuerdo de madrugada que deja al kirchnerismo a punto de quedarse con el control del principal órgano auditor. Los dos nuevos negociadores de la mesa política oficial, desgastados y con poder recortado. La alianza con el PRO, el principal socio electoral, en crisis. La relación con los gobernadores, manchada de desconfianzas mutuas. El estreno de la nueva temporada del Congreso Nacional dejó una clara señal de alerta para el oficialismo que obliga a Javier Milei a cambiar métodos y alianzas.
Noqueados por la doble derrota parcial, los funcionarios de la Casa Rosada intentan mantener en pie el relato para disimular las fallas que se filtraron en todos los ámbitos en apenas 48 horas de debates parlamentarios.
“No contaron los votos”, se asombra un gobernador aliado en las charlas posteriores a la caída del capítulo clave del Presupuesto. A Rogelio Frigerio, de Entre Ríos, ni siquiera lo llamaron para saber cómo votaban sus diputados. Lo dieron por hecho. Y salió mal. El radical entrerriano Darío Schneider fue uno de los que se abstuvo, y lo hizo como gesto. Estaba para votar en contra en la definición crucial del apartado que contenía la derogación de las leyes de emergencia en discapacidad y financiamiento universitario, y que avanzaba en un fuerte recorte de la inversión social a través del desacople de la actualización automática de los aumentos en la asignación universal por hijo (AUH). En el oficialismo se defienden: “Habían dicho que votaban a favor”.
Nada podía salir bien si ni siquiera el Gobierno tenía garantizado el quórum para iniciar la sesión en la que debía aprobar el Presupuesto 2026. El PRO, alertado de las jugadas que vendrían, recién se sentó a las 14.20, sin ningún apuro. Los diputados de Provincias Unidas daban vueltas alrededor, conscientes de que, en ese momento, sin ellos no tenían el número. Allí se sentaron, como último favor, Miguel Pichetto y Nicolás Massot.
De ahí en adelante, todo fue un descalabro interno en una negociación que fracasó. Cuando el tablero marcó el rechazo al capítulo XI, Martín Menem entró en shock. No levantaba su vista del teléfono. Hubo diputados, encabezados por Alberto Benegas Lynch y Juliana Santillan, que propusieron repetir el esquema de la Ley Bases, mandar todo de nuevo a comisión y levantar la sesión. Pero el Presidente de la Cámara tenía un único mandato: el Presupuesto se tenía que aprobar. Decidió entonces no escuchar a nadie y mantuvo la hoja de ruta tal cual la tenía trazada.
El acuerdo de madrugada
Eso llevó al Gobierno a terminar entregando un espacio en la Auditoría General de la Nación (AGN) al grupo de gobernadores enrolados en Innovación Federal, que unas horas antes no habían hecho lo suficiente para aprobar el capítulo de la discordia. Gabriel Bornoroni, el jefe de bloque de La Libertad Avanza, tenía en una hoja escritos todos los pasos de la sesión. Después de las votaciones, cerca de las 3 de la mañana, debía convocar a votar los nombres para la AGN. Y así lo hizo. ¿Acaso no se percató que un diputado por Salta había votado en contra del capítulo crucial para la Casa Rosada? ¿O era un acuerdo per se, votaran como votaran? Nadie en la oposición encuentra respuestas a lo que consideran una brutal impericia legislativa. En el oficialismo sostienen que no se equivocaron ni se descuidaron, y valoran cómo se movieron los diputados por Salta, Misiones, Tucumán y Catamarca. “El problema estuvo con nuestros aliados”, reprochan, y marcan a Frigerio (Entre Ríos), Leandro Zdero (Chaco), Alfredo Cornejo (Mendoza), a quien le achacan no controlar el bloque radical, y Rolando “Rolo” Figueroa (Neuquén).
Segundos después, la salteña Pamela Calletti juraba como auditora ante el aplauso del principal bloque opositor. “Pamela nunca va a hacernos una maldad”, aclaraba un diputado peronista del interior. Para el bloque de Unión por la Patria, la composición de la AGN los deja en una virtual mayoría. Suman al auditor propio, Juan Forlón y a Caletti, a quien consideran una aliada. ¿Alguien se imagina que va a votar una auditoría en contra de la ex Secretaria de Energía, la también salteña y hoy senadora Claudia Royón, que fue funcionaria de Sergio Massa?, se preguntan en el peronismo, por citar un ejemplo. Cuentan además con la presidencia en manos de Juan Manuel Olmos, y es posible que en la sesión del Senado del próximo viernes se avance en completar las designaciones, donde el peronismo tiene acuerdo para llevar nuevamente a Javier Fernández a ese cuerpo. Así, sumando a Caletti, se garantizan 4 votos de 7 miembros. Tampoco cae mal entre quienes participaron del gobierno anterior el nombre de Mónica Almada, la auditora por La Libertad Avanza, una histórica conocida de la política porteña. En el peronismo citaban por estas horas la frase de Mauricio Macri. “Fácilmente infiltrable”. El nombre de Almada, una funcionaria que trabajó con Juan Pazo en Economía, lo acercó Eduardo “Lule” Menem. Tienen el aval de Karina Milei.
Para ese momento, la alianza con el PRO ya estaba estallada. Cristin Ritondo trató a Menem de traidor. La relación con el principal socio electoral está hoy herida. Ni rota ni terminada. Se verá hasta dónde llega el malestar cuando el PRO presente en Tribunales la denuncia que Ritondo prometió en la madrugada contra Martín Menem. “Si no es hoy, es el lunes”, decían el viernes, el mismo día en que ambos desayunaron juntos. Entre cafés, medialunas y barritas de cereal se entienden mejor. ¿Será mañana?
El enojo lleva por estas horas a otra amenaza. “Ya no damos más quórum”, advertía una fuerte macrista. Cerca de Ritondo creen que la seguidilla de errores parlamentarios se debió a que el jefe del bloque Fuerzas del Cambio le sacó el apoyo y no movió un pelo para hacerle la sesión más fácil al oficialismo. La bronca entre Ritondo y Menem viene desde hace rato. Pos elecciones bonaerenses, para ser más precisos, cuando el jefe del PRO en Diputados se probó (con acuerdo de Santiago Caputo) el traje de presidente del cuerpo. Ahora, al PRO le queda como carta negociar ley por ley. El otro objetivo, dicen, es cuidar a Diego Santilli. “Es el único que puede reconstruir el vínculo”, sostienen sobre el ministro del Interior, muy complicado tras las sucesivas derrotas parlamentarias en la negociación oficial. “Ahora nos tienen que venir a buscar”, se suben el precio en el bloque macrista.
Una red artesanal
Más allá de la negociación política, hubo un factor fundamental para hacer caer la derogación de las leyes: el trabajo incansable de las madres y familias con hijos con discapacidad, una red artesanal que emprendió en pocas horas la militancia whatsappera para convencer gobernadores y legisladores. Cuatro actrices llevaron la tarea de gastar sus teléfonos: Valentina Bassi, Lola Berthet, Julieta Díaz e Inés Estévez. Trabajaron en paralelo con el Foro por la Discapacidad y los prestadores del interior, que facilitaban números clave. “Te dije que te quedes tranquila, Valentina”, le escribió como último mensaje y en mayúsculas el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo. Ya le había prometido en otros mensajes que votaban en contra. Así lo repitieron con Raúl Jalil. También las atendió por teléfono Rolo Figueroa, que aportó un voto para el rechazo. En muchos casos tenían celulares desactualizados, o eran de diputados que ya no estaban en funciones. Un trabajo de hormiga de una sociedad civil atravesada por la lucha espontánea a la que los llevó el desfinanciamiento oficial. Los movió, sin dudas, la sensación de perderlo todo. Les costó más dar con el salteño Gustavo Sáenz, pero también consiguieron presionar lo suficiente para tenerlo un poquito de su lado. Ese mismo día del debate, el juzgado de Campana que rechazó el veto de Milei, obligó al Gobierno a cumplir la ley mientras tramita la apelación.
Nueva ley o DNU
Si algo cambió con el mal paso del Gobierno en Diputados es que está vez no explotaron las internas. La decisión de incorporar por la ventana la derogación de ambas leyes ya vetadas y suspendidas no tuvo un claro responsable. Algunos apuntaron a Luis Caputo y el propio Milei, pero lo cierto es que pasó el filtro de la mesa política, que fue la que autorizó a llevarlo con el Presupuesto. Ahí están desde Karina, Manuel Adorni o Santilli, hasta Santiago Caputo, Lule y Martín Menem y Patricia Bullrich. “Sabíamos que era un riesgo, que nos jugamos un pleno”, remarca una fuente al tanto de cómo se tomaron las decisiones nadie explica por qué no contaron los votos.
Ahora, el Gobierno maneja dos alternativas. Una modificación a la ley de emergencia en discapacidad que reduzca el “impacto fiscal” y retome parte de la iniciativa original. Sueñan con llevarla al recinto el viernes en el Senado. Otra opción, un DNU con todo lo que quedó afuera del Presupuesto en Diputados. Si logran meter cambios en discapacidad, hablan de una sesión más en la cámara baja el 29 de diciembre. A esta altura, parece ciencia ficción.
Para poder pisar sobre seguro, el Gobierno está obligado a rever su política de aliados. Para su primera votación descartó casi por completo a Provincias Unidas de la negociación. Sólo trabajó con Córdoba, bajo la promesa de ampliar el flujo mensual de fondos que recibe por la caja jubilatoria, pero quedó en la nada. Si lo hubiese trabajado mejor, se llevaba los votos y la doble medalla de partirles el bloque. Pero la Casa Rosada se confió en que el envión electoral los iba a llevar al triunfo parlamentario sin tener que resignar demasiados recursos.
“Voy a suspender”
Para complicar aún más este paso en falso, el Gobierno ató el debate del Presupuesto con la negociación de la reforma laboral. En una total descoordinación interna, introdujo el capítulo impositivo que bajaba el impuesto a las ganancias a las empresas y que por ser coparticipable, desfinanciaba en US$ 1700 millones a las provincias. Te doy ATN por un lado, te saco fondos por el otro.
Golpeada, Patricia Bullrich tuvo que reconocer que no tenía los votos. “Voy a suspender”, le dijo a Juliana Di Tullio en la misma mañana del jueves, cuando ya había caído parte del presupuesto y los radicales le sacaban todo apoyo. Tampoco los provinciales estaban dispuestos a inmolarse en el altar del apuro oficial. Y los dos representantes de Santa Cruz, José Maria Carambia y Natalia Gadano, ya le habían avisado de sus respectivos rechazos a la reforma laboral.
“Tuvimos suerte”, analizaban en el bloque de senadores peronista sobre el desenlace. A pesar de que junto con la CGT se pusieron al hombro la campaña para bloquear la aprobación, estaban lejos de conseguirlo. La estrategia siguió una lógica correligionaria. El jefe de los bancarios, Sergio Palazzo, de origen radical, se dedicó a convencer al ex gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, el hombre fuerte de la provincia con aspiraciones nacionales. También activó contactos Héctor Daer, conocedor de la técnica legislativa por su paso como diputado nacional. “Había buena recepción pero no se animaban, lo que pasó con Presupuesto fue clave”, explican en el peronismo. Los gobernadores necesitan, además, comprar paz social. Las regionales de la central obrera hicieron lo suyo.
Lo que aprendió el kirchnerismo en estos dos años de gobierno de Milei es que los “patriotas”, en su jerga, son ajenos. Lo hicieron en la composición anterior con Martín Lousteau, por ejemplo, a quien solían dejarle la iniciativa, y repetirán esquema con aquellos que hoy consideran más permeables en el Senado. La postergación del debate de la reforma laboral le da tiempo a la oposición para rearmar una estrategia que lo habilite para desguazar el proyecto oficial, como opción de mínima.
En el corto plazo, la otra batalla de esta semana se concentrará el viernes con el Presupuesto. Pasó por debajo del radar, pero en el peronismo están trabajando con la UCR para modificar el artículo 30, que establece un fuerte recorte a la ciencia y la educación.
¿Unidad o sentar el pliego de condiciones para la guerra?
El peronismo mostró esta semana una doble cara. Se movió unido en el ámbito parlamentario, pero cargado de internas en lo político. Mientras en el Congreso se hilvanaban acuerdos, los seis gobernadores del espacio se mostraron juntos, como anticipó Infobae, en la casa de la provincia de La Pampa. Estaban Axel Kicillof (Buenos Aires), Sergio Ziliotto (La Pampa), Gildo Insfrán (Formosa), Ricardo Quintela (La Rioja), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Elías Suárez (Santiago de Estero), junto al senador y antecesor, Gerardo Zamora. Fue una foto que intentó dar cuenta de la formación de un polo de poder que por ahora, trabajará en la unidad, con mensaje al cristinismo. Del otro lado, en San José 1111 la foto fue vista como una muestra de debilidad, no tanto hacia Cristina Kirchner, sino hacia Milei. “¿Todo lo que el gobernador bonaerense tiene para mostrar son seis diputados?”, se sorprendían cerca de la ex presidenta. La foto contó con la notoria ausencia de todo el arco filo kirchnerista.
En La Plata resisten la avanzada de La Cámpora y se mostraban conformes por lo obtenido en la reunión del consejo del PJ bonaerense que se hizo en Malvinas Argentinas. En la previa, hubo un encuentro del axelismo en Ituzaingó. Con la intención de ampliar, fue invitado Juan Zabaleta, nítido enemigo del camporismo. Finalmente, lograron forzar los dos tercios para la toma de decisiones en la junta electoral, lo que le da a ese órgano mayor equilibrio, se quedaron con dos apoderados propios (previo papelón de que los propuestos ni siquiera estaban afiliados), y obtuvieron la apertura de padrones. Máximo Kirchner aceptó todo, olfateando la tensión.
Lo que quedó establecido, más allá de que simula una unidad para ir a elecciones el 15 de marzo, son las bases de condiciones para la batalla final. De todos modos, nadie puede imaginarse, desde ningún sector en disputa, en qué podría terminar una interna partidaria del peronismo bonaerense. El axelismo, que a veces no es lo mismo que Axel, cree que tienen que manejar el partido y Máximo no quiere soltar. Hay opciones para evitar la interna. Algunos pusieron sobre la mesa el nombre de Mariel Fernández, intendenta de Moreno, como síntesis de unidad. Es la actual vice de Máximo, pero empezó a tomar distancia de él, tiene relación con Cristina Kirchner y cree que Kicillof podría ser el próximo presidente. En las dos filas hay una coincidencia: nadie estará en condiciones de enfrentar una interna virulenta en el inicio de un año en el que se ahondará el ajuste.
POLITICA
Diego Santilli retoma las visitas a gobernadores para garantizar los votos en el Congreso a las reformas de Milei
Diego Santilli retomó la agenda de reuniones con gobernadores con el objetivo de asegurar los votos necesarios para las reformas que la Casa Rosada enviará al Congreso en las próximas semanas. La reactivación de esos encuentros se produce en un momento de tensión política para el oficialismo y apenas un día después de su reunión con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, atravesado por cuestionamientos sobre viajes oficiales y la evolución de su patrimonio.
El ministro del Interior viene de mantener reuniones con dos mandatarios considerados clave en el esquema de apoyos del Gobierno, Ignacio Torres (Chubut) y Marcelo Orrego (San Juan). Este viernes viajará a Mendoza para reunirse al mediodía con Alfredo Cornejo, uno de los aliados más firmes del oficialismo.
Sin mayoría propia en el Congreso, La Libertad Avanza depende de una red de acuerdos con las provincias que hasta ahora le permitió avanzar con iniciativas sensibles y sostener una dinámica legislativa favorable. Ese esquema, sin embargo, enfrenta señales de desgaste.
El presidente Javier Milei busca dejar atrás las polémicas que rodean a Manuel Adorni y recuperar la iniciativa política con foco en la gestión. En ese marco, el viaje de Santilli a Mendoza se inscribe como un movimiento clave para sostener esa estrategia.
Gobernadores, recursos y votos en negociación
El vínculo con los gobernadores se volvió más complejo en las últimas semanas. La caída de la recaudación y el impacto sobre las transferencias automáticas generaron una presión creciente sobre las cuentas provinciales, que dependen cada vez más de la asistencia nacional.
Los giros de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) sumaron $47.000 millones entre el 19 y el 20 de marzo para 11 distritos, según datos oficiales. El monto representó el envío más alto del año, aunque en las provincias lo relativizaron frente a una caída de la recaudación en términos reales que implicó una pérdida cercana a $1 billón en el primer bimestre por coparticipación, de acuerdo con un informe del diputado massista Guillermo Michel.
A eso se suma que, según esas estimaciones, en marzo las transferencias automáticas registraron una baja real de 14%, lo que profundiza la presión sobre las finanzas provinciales.
Esa ecuación condiciona las negociaciones políticas. Los gobernadores aliados y dialoguistas sostienen al oficialismo en el Congreso, pero al mismo tiempo reclaman mayor previsibilidad en los envíos de fondos y avances concretos en obras de infraestructura. En ese equilibrio se mueve Santilli, que articula las conversaciones junto a la mesa política que integran Karina Milei, Adorni y Santiago Caputo.
A la discusión fiscal se suma al debate por la reforma electoral que impulsa el Gobierno, con la eliminación de las PASO y el intento de unificar los calendarios provinciales, otro frente sensible para los gobernadores. La propuesta genera resistencias incluso entre aliados, que buscan preservar autonomía en sus distritos.
Mendoza, obras y señal política
El viaje a Mendoza se inscribe en esa dinámica. La provincia aparece entre las más beneficiadas por los ATN en lo que va del año y mantiene un canal de diálogo fluido con la Nación. En ese contexto, el encuentro con Cornejo combinará agenda política y gestión.
Sobre la mesa estarán los reclamos por obras clave para la conectividad, en especial la Ruta Nacional 7, un corredor estratégico para el vínculo con Chile, y tramos pendientes de la Ruta 40. El Gobierno nacional ya avanzó con procesos licitatorios en esos proyectos, que forman parte de los pedidos reiterados de la administración mendocina.
Leé también: Karina Milei gana poder interno e impulsa a Sebastián Pareja para presidir una comisión clave en el Congreso
La visita incluirá además actividades con sectores productivos y la participación del ministro en un foro del sector asegurador. Más allá de la agenda formal, en la Casa Rosada buscan que el viaje sea un gesto hacia uno de los socios clave en medio de una coyuntura política adversa.
El movimiento de Santilli coincide con una semana atravesada por cuestionamientos al oficialismo, en particular por las denuncias que rodean a Adorni. En ese escenario, el Gobierno apuesta a reforzar su principal activo político, que se inscribe en la capacidad de tejer acuerdos con las provincias para sostener su agenda legislativa.
Diego Santilli, Alfredo Cornejo, Mendoza, Gobernadores, provincias
POLITICA
Modificaron la estructura del INCAA y reorganizaron una dependencia clave para la realización de festivales
El Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) dispuso una modificación en la estructura organizativa de la Unidad Operativa “Film Commission”, dependiente de la Gerencia de Políticas Públicas.
La medida, formalizada a través de un acto administrativo que integra tres anexos, entrará en vigencia a partir del 1 de abril de 2026. La decisión responde a la necesidad de ajustar los mecanismos internos del organismo para garantizar una mayor eficacia en la gestión y en la ejecución de sus responsabilidades legales.
El cambio se produce en un contexto de revisión continua de los procesos del INCAA, que busca adaptar su funcionamiento a los desafíos actuales del sector audiovisual argentino.
Según la Resolución 89/2026 publicada hoy en el Boletín Oficial, se trata de una reforma que no implica costos adicionales, sino que apunta a optimizar los recursos existentes y fortalecer la eficiencia operativa de la Gerencia de Políticas Públicas.
Anteriormente, las dependencias que se encontraban bajo la órbita de la Unidad Film Commission eran la Relación con las Provincias y Relaciones Institucionales, área de la que dependía el área específica para gestionar el vínculo con cada jurisdicción. Mientras tanto, de la Unidad de Festivales y Convenciones se desprendía un equipo específico para la gestión artísitca y técnica.
Ahora, se eliminó la subdependencia de Relaciones con las Provincias y se agregó al área de gestión artística, el análisis de la producción y capacitación de recursos.
El procedimiento seguido para la adopción de esta reforma incluyó la intervención de la Dirección Nacional de Diseño Organizacional, que emitió un dictamen sobre la pertinencia del reordenamiento propuesto. Asimismo, participaron las áreas de Gerencia General, Gerencia de Asuntos Legales, Gerencia de Políticas Públicas y la Subgerencia de Recursos Humanos, quienes dieron visto bueno a la iniciativa y a los términos del acto administrativo.
La resolución determina que la nueva estructura se ajustará a los lineamientos establecidos en los anexos I, II y III del acto administrativo, los cuales forman parte inseparable de la disposición. La medida fue adoptada en cumplimiento del artículo 3° del Decreto N° 1536/2002, que faculta a la máxima autoridad del INCAA a definir la estructura y funciones del organismo.
De acuerdo con la información oficial, el propósito es optimizar el funcionamiento interno y adecuar las áreas de trabajo para responder a las demandas del sector audiovisual. El reordenamiento se presenta como parte de una política de gestión dinámica, en la que las estructuras deben ser flexibles y adaptables a las necesidades de servicio que exigen los distintos programas y acciones del INCAA.
El INCAA reviste el carácter de ente público no estatal y actúa en el ámbito de la Secretaría de Cultura.
La actual estructura había sido aprobada por Resolución INCAA N° 596/2025, pero se consideró necesario un ajuste para cumplir de manera más eficaz la responsabilidad primaria que le asigna la Ley N° 17.741.
La resolución establece que la nueva organización de la Film Commission tendrá efecto desde el 1 de abril de 2026. Los cambios introducidos buscan fortalecer la capacidad de respuesta de la Gerencia de Políticas Públicas, ajustando la coordinación y funciones de la unidad operativa para responder con mayor eficacia a las demandas del sector audiovisual.
La decisión se inscribe en una política institucional orientada a optimizar el cumplimiento de los objetivos del INCAA.
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POLITICA
La Libertad Avanza impulsará a Lilia Lemoine como presidenta de la Comisión de Juicio Político
La Libertad Avanza impulsará a Lilia Lemoine como presidenta de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, un movimiento que marca un giro en la estrategia parlamentaria del oficialismo tras más de dos años en los que ese órgano clave permaneció paralizado.
La decisión, que deberá ser convalidada por el pleno de la comisión para completar su constitución formal, fue adoptada en la cúpula del poder libertario, con aval de Karina Milei y el impulso político del presidente de la Cámara baja, Martín Menem. No se trata de un nombramiento administrativo: implica ocupar un espacio institucional que el propio Gobierno había decidido mantener inactivo durante la etapa de mayor debilidad parlamentaria.
Durante los primeros meses de gestión, el kirchnerismo impulsó pedidos de juicio político contra el Presidente. En ese contexto, y con un bloque que no alcanzaba siquiera a un tercio propio, el oficialismo optó por no constituir la comisión. El riesgo era concreto: habilitar su funcionamiento implicaba poner en marcha el ámbito parlamentario por el que debía tramitar cualquier intento de remoción del jefe de Estado, en un escenario donde la oposición lograba construir mayorías circunstanciales.
Ese cálculo político se sostuvo en el tiempo. En esos dos años, La Libertad Avanza acumuló decenas de derrotas en el Congreso y enfrentó dificultades para sostener vetos presidenciales. La comisión, en ese marco, permaneció virtualmente clausurada como mecanismo de autoprotección.
El único intento por activarla terminó en un conflicto interno. La disputa por la presidencia, con la diputada Marcela Pagano como protagonista, derivó en un enfrentamiento abierto con la conducción del oficialismo y con el propio Presidente. Ese episodio no solo frustró la conformación del cuerpo, sino que dejó otra consecuencia política se convirtió en una de las primeras rupturas formales dentro del bloque libertario.
Con el paso del tiempo, esa fractura se profundizó. El episodio más reciente fue el caso de Agostina Páez -la abogada detenida en Brasil por gestos de violencia racial- donde Pagano intervino por fuera de los canales diplomáticos, se presentó como garante en el expediente y articuló gestiones con contactos paralelos, entre ellos los del ex presidente Alberto Fernández. Desde el Gobierno, la respuesta fue inmediata. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, cuestionó esa intervención, denunció un intento de capitalización política y defendió la actuación del canciller Pablo Quirno y del consulado argentino.
En La Libertad Avanza, además, vinculan esa dinámica opositora a una red más amplia. Señalan a Franco Bindi, pareja de Pagano, como uno de los actores detrás de varios episodios que generaron costos políticos al Gobierno estos dos años. En ese contexto, la disputa dejó de ser un desacuerdo interno para transformarse en una confrontación abierta.
Una comisión clave
La decisión de poner en funciones la Comisión de Juicio Político de la Cámara baja se da en un escenario nuevo, tras la elección de octubre. Con una base parlamentaria ampliada —más de 110 votos entre legisladores propios y aliados—, el oficialismo ya dejó atrás la etapa de mayor vulnerabilidad. Sin alcanzar mayoría propia, pero con capacidad para bloquear ofensivas, el Gobierno decidió impulsar a Lemoine, una diputada de alineamiento pleno con la conducción del espacio y con un perfil que contrasta con el de figuras de negociación parlamentaria.
En el oficialismo destacan su disposición a sostener posiciones sin concesiones, en un ámbito donde el conflicto institucional puede escalar rápidamente.
La Comisión de Juicio Político, en ese marco, cambia de lugar dentro de la estrategia oficial. Deja de ser un riesgo a evitar para convertirse en un espacio a controlar. La conducción del cuerpo ya no estará orientada a administrar tensiones, sino a garantizar la defensa del Gobierno frente a eventuales iniciativas opositoras.
Ese mismo criterio se replica en otra decisión clave dentro del Congreso. Según pudo confirmar Infobae, el oficialismo impulsará a Sebastián Pareja como presidente de la Comisión Bicameral de Inteligencia. Se trata del titular de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires y uno de los dirigentes de mayor confianza de Karina Milei dentro del armado partidario.
Su eventual designación implica ubicar a un referente karinista en un ámbito particularmente sensible: el control parlamentario sobre el sistema de inteligencia. En el oficialismo consideran que se trata de un movimiento lógico en una etapa donde buscan consolidar el control político sobre áreas estratégicas.
La decisión fue recibida sin resistencias dentro del núcleo de poder. Fuentes con acceso a ese círculo —que incluye al asesor presidencial Santiago Caputo— señalaron que la designación responde a la necesidad de garantizar conducción política en un espacio clave. “Es un hombre de mucha confianza de La Libertad Avanza para estar en un lugar sensible como ese”, dijeron a Infobae fuentes oficiales.
Repliegue, defensa y contraataque
El ordenamiento del Congreso se produjo en el tramo final de una semana en la que el Gobierno pasó del repliegue a la ofensiva política.
El jefe de Gabinete atravesó dos días consecutivos de respaldo explícito y cerrado de todo el oficialismo. Recibió en su despacho a los ministros Juan Bautista Mahiques, Sandra Pettovello y Diego Santilli; y a la presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich. Según pudo confirmar Infobae, esos encuentros formaron parte de una estrategia definida en la Casa Rosada para remover cualquier especulación sobre su continuidad en el cargo.
El respaldo se había iniciado el día anterior, cuando los otros ministros y Santiago Caputo lo acompañaron en la conferencia de prensa en la que brindó sus primeras explicaciones públicas, donde hubo fuertes cruces con los acreditados en Casa Rosada.
Adorni quedó bajo cuestionamiento tras la revelación de su viaje en avión privado junto a Marcelo Grandío, periodista y dueño de ImHouse, una productora que tenía contratos con la TV Pública, que no fueron renovados tras la irrupción del caso.
Mientras el Gobierno consolidaba su respaldo político, la investigación judicial avanzaba. Declaró el piloto que intervino en la contratación de los vuelos, el juez Ariel Lijo requirió los contratos con la productora y unificó en su juzgado la causa patrimonial que hasta entonces tramitaba María Servini. Anoche, Infobae pudo confirmar que Adorni prevé presentar en su declaración jurada y ante la Justicia, si así lo requiere, la documentación que acredita que la compra del departamento de la calle Miró, en el barrio porteño de Caballito, fue realizada mediante una hipoteca.
En ese mismo contexto, el asesor presidencial volvió a mostrar actividad en el núcleo de decisiones. Según pudo saber Infobae, Santiago Caputo estuvo en la Quinta de Olivos la mañana del jueves, donde presumiblemente mantuvo un encuentro con el Presidente, en una jornada en la que Javier Milei concentraba su agenda en recomponer la iniciativa política del Gobierno, sostener la defensa de su jefe de Gabinete y ordenar el frente interno tras el impacto del caso.
La señal política continuará este viernes, cuando el jefe de Gabinete acompañe al Presidente en un acto del Ministerio de Capital Humano, encabezado por Pettovello. No habrá contacto con la prensa, pero la escena funcionará como una ratificación pública del respaldo presidencial.
Ese esquema de refuerzo del control político, sin embargo, no abarca la totalidad del sistema. Días atrás, según pudo confirmar Infobae, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, mantuvo un diálogo reservado con su antecesor, Horacio Rodríguez Larreta, que activó un plan político para regresar al Ejecutivo de la Ciudad. Fue un primer contacto, aún embrionario, atravesado por diferencias sobre la relación del PRO con La Libertad Avanza.
La reactivación del partido, impulsada por Mauricio Macri, abrió una instancia de diálogo, sobre todo, porque ambos sectores comparten un objetivo: evitar que los libertarios conquisten electoralmente la Ciudad de Buenos Aires. Los últimos tropiezos del oficialismo —por ahora reversibles— alentaron a los emisarios.
Mientras tanto, la vicepresidenta Victoria Villarruel también se mueve con agenda propia. El 2 de abril volverá a Río Grande para el acto por Malvinas, en un contexto de creciente hostilidad con el Presidente. El mensaje publicado por Milei en Instagram, en el que aludió a la “traición”, se inscribe en ese marco.
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