POLITICA
El traspié en el Congreso obliga al Gobierno a recalibrar métodos y revisar sus alianzas


Sin reforma laboral y con un Presupuesto que el Gobierno no quería. Un acuerdo de madrugada que deja al kirchnerismo a punto de quedarse con el control del principal órgano auditor. Los dos nuevos negociadores de la mesa política oficial, desgastados y con poder recortado. La alianza con el PRO, el principal socio electoral, en crisis. La relación con los gobernadores, manchada de desconfianzas mutuas. El estreno de la nueva temporada del Congreso Nacional dejó una clara señal de alerta para el oficialismo que obliga a Javier Milei a cambiar métodos y alianzas.
Noqueados por la doble derrota parcial, los funcionarios de la Casa Rosada intentan mantener en pie el relato para disimular las fallas que se filtraron en todos los ámbitos en apenas 48 horas de debates parlamentarios.
“No contaron los votos”, se asombra un gobernador aliado en las charlas posteriores a la caída del capítulo clave del Presupuesto. A Rogelio Frigerio, de Entre Ríos, ni siquiera lo llamaron para saber cómo votaban sus diputados. Lo dieron por hecho. Y salió mal. El radical entrerriano Darío Schneider fue uno de los que se abstuvo, y lo hizo como gesto. Estaba para votar en contra en la definición crucial del apartado que contenía la derogación de las leyes de emergencia en discapacidad y financiamiento universitario, y que avanzaba en un fuerte recorte de la inversión social a través del desacople de la actualización automática de los aumentos en la asignación universal por hijo (AUH). En el oficialismo se defienden: “Habían dicho que votaban a favor”.
Nada podía salir bien si ni siquiera el Gobierno tenía garantizado el quórum para iniciar la sesión en la que debía aprobar el Presupuesto 2026. El PRO, alertado de las jugadas que vendrían, recién se sentó a las 14.20, sin ningún apuro. Los diputados de Provincias Unidas daban vueltas alrededor, conscientes de que, en ese momento, sin ellos no tenían el número. Allí se sentaron, como último favor, Miguel Pichetto y Nicolás Massot.
De ahí en adelante, todo fue un descalabro interno en una negociación que fracasó. Cuando el tablero marcó el rechazo al capítulo XI, Martín Menem entró en shock. No levantaba su vista del teléfono. Hubo diputados, encabezados por Alberto Benegas Lynch y Juliana Santillan, que propusieron repetir el esquema de la Ley Bases, mandar todo de nuevo a comisión y levantar la sesión. Pero el Presidente de la Cámara tenía un único mandato: el Presupuesto se tenía que aprobar. Decidió entonces no escuchar a nadie y mantuvo la hoja de ruta tal cual la tenía trazada.
El acuerdo de madrugada
Eso llevó al Gobierno a terminar entregando un espacio en la Auditoría General de la Nación (AGN) al grupo de gobernadores enrolados en Innovación Federal, que unas horas antes no habían hecho lo suficiente para aprobar el capítulo de la discordia. Gabriel Bornoroni, el jefe de bloque de La Libertad Avanza, tenía en una hoja escritos todos los pasos de la sesión. Después de las votaciones, cerca de las 3 de la mañana, debía convocar a votar los nombres para la AGN. Y así lo hizo. ¿Acaso no se percató que un diputado por Salta había votado en contra del capítulo crucial para la Casa Rosada? ¿O era un acuerdo per se, votaran como votaran? Nadie en la oposición encuentra respuestas a lo que consideran una brutal impericia legislativa. En el oficialismo sostienen que no se equivocaron ni se descuidaron, y valoran cómo se movieron los diputados por Salta, Misiones, Tucumán y Catamarca. “El problema estuvo con nuestros aliados”, reprochan, y marcan a Frigerio (Entre Ríos), Leandro Zdero (Chaco), Alfredo Cornejo (Mendoza), a quien le achacan no controlar el bloque radical, y Rolando “Rolo” Figueroa (Neuquén).
Segundos después, la salteña Pamela Calletti juraba como auditora ante el aplauso del principal bloque opositor. “Pamela nunca va a hacernos una maldad”, aclaraba un diputado peronista del interior. Para el bloque de Unión por la Patria, la composición de la AGN los deja en una virtual mayoría. Suman al auditor propio, Juan Forlón y a Caletti, a quien consideran una aliada. ¿Alguien se imagina que va a votar una auditoría en contra de la ex Secretaria de Energía, la también salteña y hoy senadora Claudia Royón, que fue funcionaria de Sergio Massa?, se preguntan en el peronismo, por citar un ejemplo. Cuentan además con la presidencia en manos de Juan Manuel Olmos, y es posible que en la sesión del Senado del próximo viernes se avance en completar las designaciones, donde el peronismo tiene acuerdo para llevar nuevamente a Javier Fernández a ese cuerpo. Así, sumando a Caletti, se garantizan 4 votos de 7 miembros. Tampoco cae mal entre quienes participaron del gobierno anterior el nombre de Mónica Almada, la auditora por La Libertad Avanza, una histórica conocida de la política porteña. En el peronismo citaban por estas horas la frase de Mauricio Macri. “Fácilmente infiltrable”. El nombre de Almada, una funcionaria que trabajó con Juan Pazo en Economía, lo acercó Eduardo “Lule” Menem. Tienen el aval de Karina Milei.

Para ese momento, la alianza con el PRO ya estaba estallada. Cristin Ritondo trató a Menem de traidor. La relación con el principal socio electoral está hoy herida. Ni rota ni terminada. Se verá hasta dónde llega el malestar cuando el PRO presente en Tribunales la denuncia que Ritondo prometió en la madrugada contra Martín Menem. “Si no es hoy, es el lunes”, decían el viernes, el mismo día en que ambos desayunaron juntos. Entre cafés, medialunas y barritas de cereal se entienden mejor. ¿Será mañana?
El enojo lleva por estas horas a otra amenaza. “Ya no damos más quórum”, advertía una fuerte macrista. Cerca de Ritondo creen que la seguidilla de errores parlamentarios se debió a que el jefe del bloque Fuerzas del Cambio le sacó el apoyo y no movió un pelo para hacerle la sesión más fácil al oficialismo. La bronca entre Ritondo y Menem viene desde hace rato. Pos elecciones bonaerenses, para ser más precisos, cuando el jefe del PRO en Diputados se probó (con acuerdo de Santiago Caputo) el traje de presidente del cuerpo. Ahora, al PRO le queda como carta negociar ley por ley. El otro objetivo, dicen, es cuidar a Diego Santilli. “Es el único que puede reconstruir el vínculo”, sostienen sobre el ministro del Interior, muy complicado tras las sucesivas derrotas parlamentarias en la negociación oficial. “Ahora nos tienen que venir a buscar”, se suben el precio en el bloque macrista.
Una red artesanal
Más allá de la negociación política, hubo un factor fundamental para hacer caer la derogación de las leyes: el trabajo incansable de las madres y familias con hijos con discapacidad, una red artesanal que emprendió en pocas horas la militancia whatsappera para convencer gobernadores y legisladores. Cuatro actrices llevaron la tarea de gastar sus teléfonos: Valentina Bassi, Lola Berthet, Julieta Díaz e Inés Estévez. Trabajaron en paralelo con el Foro por la Discapacidad y los prestadores del interior, que facilitaban números clave. “Te dije que te quedes tranquila, Valentina”, le escribió como último mensaje y en mayúsculas el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo. Ya le había prometido en otros mensajes que votaban en contra. Así lo repitieron con Raúl Jalil. También las atendió por teléfono Rolo Figueroa, que aportó un voto para el rechazo. En muchos casos tenían celulares desactualizados, o eran de diputados que ya no estaban en funciones. Un trabajo de hormiga de una sociedad civil atravesada por la lucha espontánea a la que los llevó el desfinanciamiento oficial. Los movió, sin dudas, la sensación de perderlo todo. Les costó más dar con el salteño Gustavo Sáenz, pero también consiguieron presionar lo suficiente para tenerlo un poquito de su lado. Ese mismo día del debate, el juzgado de Campana que rechazó el veto de Milei, obligó al Gobierno a cumplir la ley mientras tramita la apelación.
Nueva ley o DNU
Si algo cambió con el mal paso del Gobierno en Diputados es que está vez no explotaron las internas. La decisión de incorporar por la ventana la derogación de ambas leyes ya vetadas y suspendidas no tuvo un claro responsable. Algunos apuntaron a Luis Caputo y el propio Milei, pero lo cierto es que pasó el filtro de la mesa política, que fue la que autorizó a llevarlo con el Presupuesto. Ahí están desde Karina, Manuel Adorni o Santilli, hasta Santiago Caputo, Lule y Martín Menem y Patricia Bullrich. “Sabíamos que era un riesgo, que nos jugamos un pleno”, remarca una fuente al tanto de cómo se tomaron las decisiones nadie explica por qué no contaron los votos.
Ahora, el Gobierno maneja dos alternativas. Una modificación a la ley de emergencia en discapacidad que reduzca el “impacto fiscal” y retome parte de la iniciativa original. Sueñan con llevarla al recinto el viernes en el Senado. Otra opción, un DNU con todo lo que quedó afuera del Presupuesto en Diputados. Si logran meter cambios en discapacidad, hablan de una sesión más en la cámara baja el 29 de diciembre. A esta altura, parece ciencia ficción.
Para poder pisar sobre seguro, el Gobierno está obligado a rever su política de aliados. Para su primera votación descartó casi por completo a Provincias Unidas de la negociación. Sólo trabajó con Córdoba, bajo la promesa de ampliar el flujo mensual de fondos que recibe por la caja jubilatoria, pero quedó en la nada. Si lo hubiese trabajado mejor, se llevaba los votos y la doble medalla de partirles el bloque. Pero la Casa Rosada se confió en que el envión electoral los iba a llevar al triunfo parlamentario sin tener que resignar demasiados recursos.
“Voy a suspender”
Para complicar aún más este paso en falso, el Gobierno ató el debate del Presupuesto con la negociación de la reforma laboral. En una total descoordinación interna, introdujo el capítulo impositivo que bajaba el impuesto a las ganancias a las empresas y que por ser coparticipable, desfinanciaba en US$ 1700 millones a las provincias. Te doy ATN por un lado, te saco fondos por el otro.
Golpeada, Patricia Bullrich tuvo que reconocer que no tenía los votos. “Voy a suspender”, le dijo a Juliana Di Tullio en la misma mañana del jueves, cuando ya había caído parte del presupuesto y los radicales le sacaban todo apoyo. Tampoco los provinciales estaban dispuestos a inmolarse en el altar del apuro oficial. Y los dos representantes de Santa Cruz, José Maria Carambia y Natalia Gadano, ya le habían avisado de sus respectivos rechazos a la reforma laboral.
“Tuvimos suerte”, analizaban en el bloque de senadores peronista sobre el desenlace. A pesar de que junto con la CGT se pusieron al hombro la campaña para bloquear la aprobación, estaban lejos de conseguirlo. La estrategia siguió una lógica correligionaria. El jefe de los bancarios, Sergio Palazzo, de origen radical, se dedicó a convencer al ex gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, el hombre fuerte de la provincia con aspiraciones nacionales. También activó contactos Héctor Daer, conocedor de la técnica legislativa por su paso como diputado nacional. “Había buena recepción pero no se animaban, lo que pasó con Presupuesto fue clave”, explican en el peronismo. Los gobernadores necesitan, además, comprar paz social. Las regionales de la central obrera hicieron lo suyo.
Lo que aprendió el kirchnerismo en estos dos años de gobierno de Milei es que los “patriotas”, en su jerga, son ajenos. Lo hicieron en la composición anterior con Martín Lousteau, por ejemplo, a quien solían dejarle la iniciativa, y repetirán esquema con aquellos que hoy consideran más permeables en el Senado. La postergación del debate de la reforma laboral le da tiempo a la oposición para rearmar una estrategia que lo habilite para desguazar el proyecto oficial, como opción de mínima.
En el corto plazo, la otra batalla de esta semana se concentrará el viernes con el Presupuesto. Pasó por debajo del radar, pero en el peronismo están trabajando con la UCR para modificar el artículo 30, que establece un fuerte recorte a la ciencia y la educación.
¿Unidad o sentar el pliego de condiciones para la guerra?
El peronismo mostró esta semana una doble cara. Se movió unido en el ámbito parlamentario, pero cargado de internas en lo político. Mientras en el Congreso se hilvanaban acuerdos, los seis gobernadores del espacio se mostraron juntos, como anticipó Infobae, en la casa de la provincia de La Pampa. Estaban Axel Kicillof (Buenos Aires), Sergio Ziliotto (La Pampa), Gildo Insfrán (Formosa), Ricardo Quintela (La Rioja), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Elías Suárez (Santiago de Estero), junto al senador y antecesor, Gerardo Zamora. Fue una foto que intentó dar cuenta de la formación de un polo de poder que por ahora, trabajará en la unidad, con mensaje al cristinismo. Del otro lado, en San José 1111 la foto fue vista como una muestra de debilidad, no tanto hacia Cristina Kirchner, sino hacia Milei. “¿Todo lo que el gobernador bonaerense tiene para mostrar son seis diputados?”, se sorprendían cerca de la ex presidenta. La foto contó con la notoria ausencia de todo el arco filo kirchnerista.

En La Plata resisten la avanzada de La Cámpora y se mostraban conformes por lo obtenido en la reunión del consejo del PJ bonaerense que se hizo en Malvinas Argentinas. En la previa, hubo un encuentro del axelismo en Ituzaingó. Con la intención de ampliar, fue invitado Juan Zabaleta, nítido enemigo del camporismo. Finalmente, lograron forzar los dos tercios para la toma de decisiones en la junta electoral, lo que le da a ese órgano mayor equilibrio, se quedaron con dos apoderados propios (previo papelón de que los propuestos ni siquiera estaban afiliados), y obtuvieron la apertura de padrones. Máximo Kirchner aceptó todo, olfateando la tensión.
Lo que quedó establecido, más allá de que simula una unidad para ir a elecciones el 15 de marzo, son las bases de condiciones para la batalla final. De todos modos, nadie puede imaginarse, desde ningún sector en disputa, en qué podría terminar una interna partidaria del peronismo bonaerense. El axelismo, que a veces no es lo mismo que Axel, cree que tienen que manejar el partido y Máximo no quiere soltar. Hay opciones para evitar la interna. Algunos pusieron sobre la mesa el nombre de Mariel Fernández, intendenta de Moreno, como síntesis de unidad. Es la actual vice de Máximo, pero empezó a tomar distancia de él, tiene relación con Cristina Kirchner y cree que Kicillof podría ser el próximo presidente. En las dos filas hay una coincidencia: nadie estará en condiciones de enfrentar una interna virulenta en el inicio de un año en el que se ahondará el ajuste.
POLITICA
Murió uno de los perros de Milei: según el presidente, peleaba “contra la oscuridad”

Duelo en la Quinta de Olivos por la muerte de uno de los perros del presidente Javier Milei. Se trata de Robert. cuyo nombre fue puesto en honor a un economista llamado Robert Lucas.
Los perros ocupan una página importante en la vida del mandatario. Tras la muerte del verdadero Conan, el can que marcó a fuego la vida del economista, tuvo otros cinco. Todos ellos con nombres de pensadores económicos de signo liberal.
Además de Robert, quien hoy dejó nuestro plano de la existencia, los otros perros de Milei son Milton (por el economista Milton Friedman), Murray (por Murray Rothbard), Conan (versión clonada) y Lucas (por Robert Lucas, al igual que Robert). Todos ellos fueron clonados y tienen un tope de vida de ocho años.
El presidente les asignó a cada uno de estos canes una misión especial. Milton, muestra el futuro; Murray, elabora el enfoque filosófico; Conan, arma la estrategia; Lucas, “el angelito”, presumiblemente muerto, “nos cuida a todos”.
Robert, el perro que falleció en en el mes de febrero, según el presidente, lo ayudaba a ver sus fallas y le contenía emocionalmente “al tiempo que pelea contra la oscuridad”.
Dicho can atravesaba serias vicisitudes en su salud ya que tenía un tumor muy difícil de operar. Sin embargo, el presidente decidió someterlo a una intervención quirúrgica que, al fin y al cabo, sobrevivió técnicamente, aunque murió 48 horas después.
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Tras las gestiones del Gobierno, regresan los primeros argentinos varados en Dubái por la guerra

La espera en medio de la tensión bélica finalizará para decenas de argentinos, que están cada vez más cerca de regresar al país tras haber quedado varados en Dubái por la guerra en Medio Oriente. Este viernes el Gobierno confirmó que el domingo y el lunes saldrán desde la ciudad árabe dos vuelos que repatriarán a los primeros de los más de 630 compatriotas que pidieron ayuda para salir de la zona de conflicto.
Será en dos vuelos de la empresa Emirates Airlanes que despegarán en el aeropuerto de Dubái y harán escala en Río de Janeiro, Brasil, antes de finalizar su recorrido en Buenos Aires.
Las gestiones con el gobierno árabe y la compañía aérea fueron encabezados por el secretario de Turismo y Ambiente, Daniel Scioli, y el embajador en Emiratos Árabes Unidos, Jorge Arambarri.
A seis días del inicio de la escalada bélica en Medio Oriente, ya son más de 630 los argentinos que pidieron escapar de la zona de conflicto a través de diversos canales consulares, según detallaron a Infobae desde Cancillería.
Si bien los primeros vuelos de regreso partirán de Dubái, los varados, en su mayoría, son personas que quedaron varadas en Israel y Qatar.
Como el espacio aéreo está cerrado tras el ataque de Estados Unidos e Israel y la represalia de Irán, desde el Gobierno le habían anticipado a este medio que las sedes diplomáticas gestionan con las aerolíneas para que, a medida que salgan vuelos y haya cupos, suban los argentinos de acuerdo a un “esquema de priorización”, como pueden ser situaciones particulares de menores de edad o personas con problemas de salud.
En las últimas horas, las diferentes embajadas argentinas en Medio Oriente actualizaron las notificaciones en medio del conflicto bélico, sobre todo en relación a diversas rutas terrestres hacia países que cuenten todavía con vuelos regulares.
El miércoles, el canciller Pablo Quirno explicó cómo es la asistencia diplomática. “Nos estamos ocupando desde el consulado y la embajada en posicionarnos en los diferentes vuelos. El espacio aéreo está cerrado y se abre esporádicamente. El lunes estuvieron cerrados el 99% de los vuelos; el martes, un 98%; y hoy (por el miércoles) se abrió un 68%, con lo que los espacios son limitados. Nosotros recomendamos esperar en Dubái, porque estamos trabajando con las compañías aéreas que tienen vuelos de regreso. Pero solo allí hay 1.500 varados de todo el mundo”, afirmó en diálogo con LN+.

Más allá de esta gestión oficial, varios argentinos varados en Medio Oriente relataron en las últimas horas las complicaciones para obtener información precisa sobre los pasos a seguir. Virginia Luca, entrevistada por Infobae en Vivo, permanece varada junto a su esposo en la ciudad de Sharjah, en Emiratos Árabes.
Según señaló, la embajada recomendó a quienes no poseen ticket directo a la Argentina que se trasladen a Omán o Arabia Saudita por sus propios medios. Las autoridades locales, en cambio, ordenaron que nadie se mueva. “No hay un registro de cuántos somos ni dónde estamos”, expresó.
“No tenemos nada. El planteo es: esperamos a ver si se abre y usamos el pasaje que tenemos o nos arriesgamos a cruzar la ruta solos, a ir a Omán, que tampoco sabemos cuánto tiempo nos va a demandar poder adquirir un vuelo que podamos pagar”, detalló.
Gobiernos de todo el mundo instrumentaron operativos para organizar el regreso de sus ciudadanos. Según diversos reportes, se tuvieron que cancelar al menos 12.903 vuelos entre el sábado y el lunes, es decir, cerca del 40% de las conexiones programadas. De acuerdo con Cirium, una empresa de análisis de la aviación, los vuelos en la región representan unos 900.000 asientos diarios, de lo que se podría deducir que el número de viajeros afectados superaría fácilmente el millón.
POLITICA
Tras la llegada de Mahiques, el Gobierno acelera el envío de pliegos para cubrir vacantes judiciales y confía en tener los números en el Senado

El recambio en el Ministerio de Justicia, con la llegada de Juan Bautista Mahiques como nuevo titular y de Eduardo Viola como secretario del área —en reemplazo de Sebastián Amerio— generó los primeros movimientos para normalizar las vacantes en el Poder Judicial de la Nación que son arriba de 300.
El mecanismo es claro. El Poder Ejecutivo debe elegir a cada candidato para cubrir los cargos disponibles a partir de las ternas que envía el Consejo de la Magistratura, luego de los concursos y evaluaciones. Una vez tomada la decisión, eleva la propuesta al Senado para su aprobación.
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La instancia clave en la Cámara alta es la Comisión de Acuerdos. Está encabezada por el libertario Juan Carlos Pagotto e integrada además por otros cuatro oficialistas: Patricia Bullrich, Agustín Coto, Juan Cruz Godoy y Nadia Márquez.
La comisión tiene 17 integrantes. La mayoría pertenece a sectores dialoguistas de la oposición: tres radicales (Carolina Losada, Mariana Juri y Maximiliano Abad), un senador del PRO (Martín Goerling Lara) y uno de Provincias Unidas (Carlos Espínola).
También participan representantes de fuerzas provinciales: Flavia Royón (Salta), Carlos Arce (Misiones) y Beatriz Ávila (Tucumán). A ellos se suma Sandra Mendoza, del bloque Convicción Federal que lidera Carolina Moisés, recientemente separado del interbloque Popular que conduce José Mayans.
Los tres lugares restantes corresponden al kirchnerismo, que aún no definió a sus representantes ni confirmó si integrará la comisión.
Con esta composición, en la Casa Rosada confían en poder aprobar rápidamente los pliegos en la comisión que conduce Pagotto y habilitar su tratamiento en el recinto.
En ese contexto, el Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, presidido por Ricardo Gil Lavedra, emitió un comunicado en las últimas semanas. Allí advirtió que “la enorme cantidad de vacantes judiciales pone en serio riesgo la normal prestación del servicio de justicia”.
Además, reclamó que “el Poder Ejecutivo cumpla con su obligación constitucional y remita los pliegos pertinentes al Senado de la Nación para su tratamiento”.
Las designaciones en la Justicia
El proceso de designación de jueces se desarrolla exclusivamente en el Senado, la Cámara que, según la Constitución, tiene la facultad de otorgar el acuerdo para nombramientos de jueces, embajadores, procurador general, defensor del Pueblo y ministros de la Corte Suprema.
Para designar jueces federales, primero interviene el Consejo de la Magistratura, organismo que integran representantes de los tres poderes del Estado y que preside el titular de la Corte Suprema, Horacio Rosatti.
Tras el concurso correspondiente, el Consejo define una terna de candidatos. Esa terna es vinculante para el Poder Ejecutivo, que debe elegir a uno de los postulantes y enviar su pliego al Senado.
Luego interviene la Comisión de Acuerdos, que realiza una audiencia pública y puede emitir uno o más dictámenes. Esos dictámenes se elevan al recinto, donde el Senado vota la aprobación o el rechazo del candidato por mayoría simple de los presentes.
El procedimiento es diferente para designar ministros de la Corte Suprema. En ese caso no interviene el Consejo de la Magistratura. Si bien Mahiques reconoció que hay que completar la Corte -hoy en tres miembros- adelantó que no es un prioridad inmediata.
El Poder Ejecutivo propone directamente al candidato y envía su pliego al Senado. Allí se abre un proceso de audiencias públicas y participación ciudadana, que permite presentar apoyos, impugnaciones y preguntas para el postulante.
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Después de esa instancia, la Comisión de Acuerdos firma los dictámenes correspondientes y los envía al recinto. Para aprobar un juez de la Corte se requiere el voto de los dos tercios de los senadores presentes.
Si participan los 72 senadores, el candidato necesita al menos 48 votos afirmativos.
Esas mayorías no fueron alcanzadas el año pasado por los postulantes propuestos por el presidente Javier Milei para la Corte Suprema.
El juez Ariel Lijo obtuvo 23 votos a favor y 43 en contra, mientras que el catedrático Manuel García-Mansilla consiguió 20 votos positivos y 51 negativos, en la sesión del 3 de abril de 2025.
Las nuevas mayorías
El escenario político en el Senado cambió tras el recambio legislativo del 10 de diciembre. La Libertad Avanza logró construir mayorías que le permitieron aprobar varios proyectos del presidente Javier Milei durante las últimas sesiones extraordinarias.
El bloque oficialista, encabezado por Patricia Bullrich, cuenta con 21 senadores. A ellos se suman aliados de sectores dialoguistas.
Entre ellos están los diez integrantes de la UCR que conduce Eduardo Vischi, tres senadores del PRO y representantes de fuerzas provinciales: el Frente Renovador de la Concordia misionero (dos bancas), Independencia de Beatriz Ávila, Despierta Chubut de Edith Terenzi y Primero los Salteños de Flavia Royón.
A ese grupo de 39 legisladores podrían sumarse, según cada debate, la neuquina Julieta Corroza, los dos senadores de Provincias Unidas, los santacruceños de Por Santa Cruz que responden a José María Carambia y los tres miembros de Convicción Federal que conduce Carolina Moisés.
Con ese esquema, el oficialismo podría alcanzar hasta 47 votos en determinadas votaciones.
Esa cifra lo dejaría a solo un voto de los dos tercios necesarios para aprobar un futuro ministro de la Corte Suprema, que hoy tiene dos vacantes, o para avanzar en la normalización de la Procuración General, cargo que desde hace años ocupa de manera interina Eduardo Casal.
En paralelo, el Poder Ejecutivo mantiene activa su mesa política. Está integrada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la senadora Patricia Bullrich; y el subsecretario general de la Presidencia, Eduardo “Lule” Menem.
A ese espacio podría sumarse el nuevo ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, para coordinar la estrategia oficial en torno al futuro del Poder Judicial.
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