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El Tribunal de Cuentas multó a Juan Ignacio Ustárroz por irregularidades en el manejo de fondos

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El Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires impuso severas sanciones al gobierno de Juan Ignacio Ustarroz, que enfrenta multas por irregularidades en el manejo de fondos, contratación de servicios sin justificación y falta de documentación en obras públicas.

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El Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires emitió un duro informe que compromete al intendente de la municipalidad de Mercedes, Juan Ignacio Ustárroz, y a su equipo de funcionarios por una serie de irregularidades administrativas que ponen en evidencia una gestión deficitaria, opaca y profundamente cuestionada en el manejo de recursos públicos.


Un ejercicio 2023 bajo la lupa

A lo largo de la rendición de cuentas del ejercicio 2023, los auditores detectaron una alarmante cantidad de irregularidades en el manejo de los fondos municipales. Entre los puntos más graves, sobresalen las contrataciones directas sin justificación, el desvío de fondos del Fondo Educativo para fines no transparentados y la falta de documentación para obras públicas por más de 1.200 millones de pesos, en una clara violación de las normativas que rigen la administración pública.

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Una de las contrataciones más escandalosas fue la de Evelin Desiree Tello, quien prestó servicios para el Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) de manera irregular, cobrando 1.930.520 de pesos por guardias sin el respaldo documental adecuado. A pesar de los esfuerzos por regularizar la situación con certificaciones tardías, el reparo se mantiene, revelando la falta de control y de transparencia por parte del gobierno local.

Por si fuera poco, se detectaron fallas en la adjudicación de obras públicas, como la licitación de una pista de patín artístico por 4,7 millones de pesos, donde se omitieron requisitos esenciales de los oferentes. En otra obra clave, la de la construcción de un semicubierto en el expredio de Dupont, se procedió con una única oferta sin justificación, evidenciando una falta total de competencia en la contratación de proveedores.

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Un equipo de funcionarios cómplices

El informe del Tribunal no solo compromete a Ustárroz, sino que también señala a un extenso equipo de funcionarios municipales que fueron responsables de los manejos irregulares. El secretario de Obras y Servicios Públicos, Emanuel Pérez Carrera, y el jefe de Compras, Guillermo Fernández, entre otros, están directamente implicados en las prácticas cuestionadas.

¿Y la respuesta de Ustarroz?

En lugar de asumir responsabilidades y rendir cuentas ante la ciudadanía, Ustarroz ha respondido con un silencio que refleja su indiferencia hacia la gestión pública transparente. Su defensa no ha sido más que una serie de excusas sin sustancia, mientras sigue acumulando observaciones en su haber. La falta de respuestas claras solo aumenta las sospechas de que la gestión de Ustarroz no tiene el menor interés en corregir las prácticas que hoy son motivo de sanción.

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El Fondo Educativo, que debería haberse utilizado principalmente en infraestructura escolar, terminó siendo desviado para cubrir otras necesidades sin ningún tipo de justificación oficial. La mala utilización de estos fondos públicos ha puesto en riesgo el futuro educativo de la comunidad, mientras se desatienden las necesidades más urgentes en términos de infraestructura escolar.

La corrupción como modus operandi

Lo sucedido en Mercedes no es un hecho aislado. La contratación de servicios por fuera del ámbito de los empleados municipales y la falta de documentación respaldatoria son prácticas sistemáticas que arrastran consigo una cultura de opacidad y corrupción que Ustárroz parece fomentar o, al menos, permitir.

El Tribunal de Cuentas ha dejado claro que las irregularidades no son simples errores administrativos. En muchos casos, se han violado principios fundamentales de la ley Orgánica Municipal y otras normativas clave que deberían garantizar una correcta administración de los recursos públicos.

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El informe deja en evidencia que la administración de Juan Ustárroz está sumida en un mar de irregularidades que comprometen no solo la transparencia de su gestión, sino la confianza que la comunidad depositó en él. Si no toma medidas drásticas para corregir el rumbo, su legado será recordado como un ejemplo de la corrupción y el desmanejo que afecta a tantos gobiernos locales en la provincia.

Sanciones

Finalmente el Tribunal de Cuentas aprobó la rendición de cuentas del ejercicio 2023 de la municipalidad de Mercedes, aunque con severas sanciones a varios funcionarios municipales. El intendente Ustárroz deberá pagar una multa de 450 mil pesos, mientras que otros funcionarios como Guillermo José Fernández, Fernando Javier Roldán y Lucía Ayelén Crivella enfrentan multas de entre 250 y 350 mil por irregularidades en el manejo de fondos. Además, algunos funcionarios recibieron amonestaciones y llamados de atención.

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El Gobierno no hará referencia al escándalo de los audios hasta que Spagnuolo hable públicamente

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“La idea es que no hable del tema por el momento”, confirmaba una altísima fuente de la Casa Rosada sobre la posibilidad de que el presidente Javier Milei pudiera referirse al caso de los audios que revelan presuntas coimas del Gobierno con la droguería Suizo Argentina.

A diferencia de otras semanas con mucha menor agenda mediática, el mandatario libertario tiene un nutrido calendario. Este lunes estuvo en la inauguración de un edificio de la Corporación América (donde trabajó antes de su incursión en la política) y se mostró con su hermana Karina. Hizo alusiones respecto a la conducción política del Gobierno (“al Gobierno no le falta política, los de en frente quieren romper todo”), pero sin hacer menciones explícitas al escándalo. A la noche iba a presentar a sus candidatos nacionales en la provincia de Buenos Aires a través de un acto en Junín.

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Se espera que Milei también tenga una agenda de gobierno para este martes y que el jueves tenga un discurso ante empresarios en el Cicyp. El miércoles, en tanto, encabezará una caravana con sus candidatos bonaerenses en Lomas de Zamora, territorio kirchnerista donde busca asentar a sus candidatos de la Tercera Sección Electoral, donde La Libertad Avanza busca recortarle terreno a la alianza Frente Patria.

En medio de todo ese marco, que aglutina actividades gubernamentales y partidarias, el jefe de Estado debe transitar un incómodo silencio mientras sigue en agenda el escándalo por presuntas coimas reveladas por su ex abogado personal Diego Spagnuolo, que hasta la semana pasada era su titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), una de las principales cajas del Estado. Estos audios conocidos -los cuales se presumen que fueron grabados de manera ilegal- siguen siendo materia de discusión pública, comprometiendo a su fuero más íntimo.

Diego Spagnuolo

Durante el fin de semana se rumió y debatió mucho en el círculo más chico de la Presidencia. La incógnita era qué debía hacer Milei y el Gobierno en general. Esa pregunta no tuvo una respuesta inmediata ni tampoco unánime entre todos los integrantes del círculo libertario. El factor determinante es que sabían que había nuevos audios, y que desconocían el alcance que estos podían tener en otras esferas del Estado.

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Además, los contactos con Spagnuolo se cortaron definitivamente. Tal y como reveló Clarín, el apoderado nacional de La Libertad Avanza, el abogado Santiago Viola, intentó infructuosamente de poder convencerlo para ponerle un defensor propio y que siga la estrategia del Gobierno. Desde ese entonces, qué hará o no Spagnuolo resulta una incógnita.

“Javier no debería hablar hasta que Spagnuolo lo haga. Creemos que cuando esto pase vamos a tener una idea más acabada de qué está dispuesto a hacer y cómo podemos defendernos”, indicó un alto funcionario del Gobierno a Infobae.

Es por esta razón que varios integrantes de la Casa Rosada no estaban convencidos en la estrategia de que Eduardo “Lule” Menem -uno de los implicados- rompiera el silencio. Esta jugada fue acompañada con declaraciones públicas del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, que habló con el periodista Antonio Laje en A24, imitando los argumentos que hizo su primo.

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“Yo no puedo asegurar la autenticidad o no de los audios, sí puedo asegurar que el contenido es falso y pongo las manos en el fuego por ”Lule» Menem y por Karina Milei“, dijo durante reportaje. “Se trata de una maniobra para ensuciar a un gobierno que está a dos semanas de las elecciones”, insistió el titular de la Cámara baja, quien atribuyó la maniobra a sectores que buscan “llevarte al barro” ante la imposibilidad de atacar la gestión de la administración libertaria.

Kovalivker, Lule y Martín Menem

En las altas esferas del Ejecutivo evaluaron que la defensa de Martín Menem no terminó ayudando. “No es que dijo cosas incorrectas, es que directamente no podía decir mucho porque, de hecho, no hay mucho para decir”, afirmó una fuente. “¿Qué va a plantear Martín más allá de la inocencia de Karina y de Lule», ese es el inconveniente, agregó otro integrante libertario. La decisión de esta estrategia fue propiciada ayer por la tarde-noche directamente por Karina Milei. Se presume que quería menos presión mediática para su hermano. Así, bajó el martillo y todos los funcionarios se alinearon en elaborar la mejor carta y la mejor estrategia de crisis posible.

Cerca del Presidente muestran más ansiedad que preocupación. Creen que con una buena estrategia judicial pueden hacer tarea para nada desdeñable. “Realmente creemos que lo podemos hacer mierda si queremos”, dijo uno de ellos. El apuntado es -obviamente- Spagnuolo. Es prácticamente un secreto a voces de que el rubro farmacéutico históricamente ha mostrado manejos espurios en su relacionamiento con el Estado. Son rumores, pero el lineamiento de los libertarios podría estar enfocado en vincular irregularidades a los funcionarios desplazados, aunque lo deben hacer sin que ellos puedan vincularse con integrantes del Gobierno. “Ojo que con esto no queden pegados las gestiones anteriores, en particular la del kirchnerismo y sus compras con la pandemia”, advirtió un funcionario.

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Ningún integrante actual del Gobierno está imputado o fue llamado a declarar por la causa que lleva el juez Sebastián Casanello a través del fiscal Franco Picardi. Sin embargo, el daño en la credibilidad al discurso anticasta de la actual administración parece estar hecha. Este lunes estuvo signado por una baja de los activos financieros argentinos y en la administración nacional creen que se afectó a la construcción de credibilidad hacia los grandes inversores. Son ellos hacia los que está apuntado el actual modelo libertario.

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Por razones de salud, la Justicia otorgó la prisión domiciliaria a uno de los condenados en la causa Vialidad

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Por unanimidad, la Cámara Federal de Casación Penal le otorgó la prisión domiciliaria al extitular de la Dirección de Vialidad de Santa Cruz Raúl Pavesi, un hombre de 74 años condenado en la causa Vialidad a 4 años y 6 meses de prisión, que se encuentra detenido en la cárcel de Ezeiza, conectado por las noches a un aparato que evita la apnea del sueño.

La decisión fue de los jueces de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña.

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Pavesi había sido condenado por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 2, junto a la expresidenta Cristina Kirchner, a cuatro años y seis meses de prisión y se dispuso la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos.

Los jueces Gustavo Hornos, Diego Barroetaveña y Mariano Borinsky.Nicolás Suárez

En el juicio, los declararon culpables de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Ese fallo fue confirmado por la Sala IV de Casación y por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que lo dejó firme.

Por eso, el tribunal oral dispuso la inmediata detención de los condenados a penas de cumplimiento efectivo, como es el caso de Pevesi. El exfuncionario, en la instancia de ejecución de la pena, Pavesi solicitó que se le concediera el beneficio de la prisión domiciliaria por su edad, ya que es mayor de 70 años, y por su estado de salud.

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Explicó su defensa que Pavesi tiene 74 años y está acreditado que tiene múltiples patologías, entre ellas diabetes, hipertensión arterial, síndrome de apnea obstructiva del sueño que requiere el uso permanente de un dispositivo CPAP (de presión positiva continua en la vía aérea) que le suministra aire de manera continua mientras duerme. Asimismo sufre un trastorno neurocognitivo.

La defensa destacó además que, durante su permanencia en prisión, se produjeron episodios que afectaron directamente su integridad física y psíquica, entre ellos agresiones por parte de otro interno. Señaló que el complejo penitenciario de Ezeiza no reúne las condiciones necesarias para garantizar la continuidad de sus tratamientos, ni la seguridad indispensable para su estado clínico.

Raúl Pavesi, cuando declaró en el juicio de la causa Vialidad

La Cámara Federal de Casación Penal tuvo en cuenta las constancias médicas y socioambientales aportadas, así como las circunstancias actuales vinculadas al complejo de Ezeza, el delicado estado de salud de Pavesi, sus 74 años y consideró que correspondía otorgar el beneficio solicitado.

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Así le concedieron por unanimidad a Raúl Gilberto Pavesi la posibilidad de que cumpla su pena en prisión domiciliaria en su casa de Mar del Plata. El tribunal oral federal N° 2 le había negado el beneficio de la prisión domiciliaria y el fiscal Diego Luciani también se había opuesto. Estimaron que la edad no es un requisito automático y que los informes médicos concluyeron que el encausado puede ser atendido en la cárcel.

En su fallo, el juez Jorge Gorini había señalado que la edad para la prisión domiciliaria “no opera de forma automática”, sino que la ley marca que es una facultad del magistrado acordarla.

Sobre el estado de salud del ex funcionario, el juez se había basado en los informes del Cuerpo Médico Forense que, en una de las consultas realizadas sobre si su cuadro se podría agravar por estar detenido en un penal, dijo que desde el punto de vista de su estado físico, la respuesta era negativa, en tanto se mantengan los criterios nutricionales correspondientes a su patología.

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Elecciones 2025 en provincia de Buenos Aires: de cuánto es la multa por no votar y cómo pagarla

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El próximo domingo 7 de septiembre, la provincia de Buenos Aires vivirá una nueva jornada electoral para renovar cargos provinciales y municipales. El voto es obligatorio para todos los bonaerenses de entre 18 y 70 años.

Para poder votar, es necesario tener al menos 16 años cumplidos al día de la elección, presentar el último DNI vigente y figurar en el padrón electoral.

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Leé también: Quiénes tienen que ir a votar en las elecciones del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires

¿Cuánto es la multa por no ir a votar en la Provincia de Buenos Aires?

Si no te presentás a votar y no justificás tu ausencia, tendrás que pagar una multa que va de $1.000 a $2.000, según la cantidad de veces que hayas faltado en elecciones anteriores. Además, quienes no cumplan con la obligación pueden enfrentar impedimentos administrativos, como no poder realizar ciertos trámites oficiales.

En caso de no presentarte a votar, tendrás una multa (Foto: Télam).

Cómo pagar la multa por no votar en las Elecciones 2025 en Buenos Aires

  1. Ingresar al Registro de Infractores al deber de votar en la página web de la Justicia Nacional Electoral.
  2. Consultar si existe alguna infracción y verificar el monto adeudado, que varía según la cantidad de ausencias.
  3. Realizar el pago, que puede ser de forma online mediante tarjeta, homebanking o billeteras virtuales. También es posible pagar de manera presencial en las sucursales del Banco de la Nación Argentina.

¿Quiénes están obligados a votar y quiénes pueden faltar?

El voto es obligatorio para los ciudadanos bonaerenses de 18 a 70 años. Los menores de 18 y los mayores de 70 pueden votar si lo desean, pero no están obligados.

¿Cuáles son los motivos válidos para no votar?

Existen situaciones en las que la ausencia en las urnas está justificada y no genera sanción. Entre los motivos aceptados se encuentran:

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  • Enfermedad o imposibilidad por fuerza mayor.
  • Ser juez o auxiliar de la Justicia.
  • Trabajar en organismos o empresas de servicios públicos.
  • Estar a más de 500 kilómetros del lugar de votación el día de la elección.
En todos los casos, es fundamental presentar la documentación que respalde el motivo de la ausencia para evitar la multa (Foto: Télam).
En todos los casos, es fundamental presentar la documentación que respalde el motivo de la ausencia para evitar la multa (Foto: Télam).

Leé también: Dónde voto en las elecciones 2025 en la provincia de Buenos Aires

¿Qué se vota en las elecciones bonaerenses?

En esta jornada, los bonaerenses elegirán cargos provinciales y municipales en las 8 secciones electorales de la provincia, al utilizar la boleta partidaria tradicional.

Elecciones 2025, Voto, TNS

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