El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, y la ministra de Capital Humano de la Nación, Sandra Pettovello, firmaron este martes un acuerdo histórico mediante el cual la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) se compromete a saldar una deuda de más de 48 mil millones de pesos con la caja previsional de la provincia. El entendimiento, concretado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pone fin a una disputa de años que impactaba en la sustentabilidad del sistema previsional local.

La firma del convenio se desarrolló en la sede del Ministerio de Capital Humano y sella el compromiso del Estado nacional de transferir los fondos adeudados a Chubut en concepto de financiamiento previsional. La resolución de este conflicto fue posible gracias a las gestiones impulsadas por el gobierno provincial, sumadas a la demanda presentada por Chubut ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para reclamar el pago de la deuda.

El acuerdo implica un reconocimiento formal de la obligación nacional de financiar la caja previsional chubutense, luego de años de reclamos desoídos por gestiones anteriores.

“Es un acto de justicia para nuestros jubilados, después de años sin que esta deuda fuera reclamada como correspondía por los gobiernos anteriores”, sostuvo Torres tras la rúbrica. El mandatario remarcó que la provincia asume desde el primer día la responsabilidad de exigir el cumplimiento de los compromisos nacionales en defensa de los derechos de los jubilados.

El origen de la deuda se remonta a la falta de transferencia de fondos que la Nación debe girar en concepto de financiamiento previsional a las provincias que, como Chubut, no transfirieron su caja al régimen nacional. El monto total, superior a los 48 mil millones de pesos, había sido motivo de reiterados reclamos institucionales y judiciales por parte del gobierno chubutense y de los propios jubilados, quienes advirtieron sobre el impacto negativo del déficit en la calidad y continuidad de las prestaciones.

Según los términos del acuerdo, la ANSES transferirá los fondos en plazos y condiciones que garanticen la regularización de la situación financiera de la caja previsional chubutense. El cumplimiento efectivo de este compromiso permitirá a la provincia mejorar la capacidad de pago de haberes y asegurar la sustentabilidad del sistema a mediano plazo.

Torres destacó que la resolución es el fruto de un “trabajo serio, tanto en el plano institucional como en el ámbito judicial”.

“Nos permitió avanzar en una solución concreta para que Nación cumpla con Chubut”, resaltó.

El gobernador subrayó la importancia de haber sostenido el reclamo y de haber articulado con los centros de jubilados y otras entidades sociales para visibilizar la problemática. “Este no es un logro del Gobierno del Chubut, sino de todos los jubilados y centros de jubilados que sostuvieron este reclamo durante tanto tiempo”, afirmó.

En el plano judicial, la presentación de la demanda ante la Corte Suprema fue un punto de inflexión en la estrategia provincial, ya que visibilizó la magnitud del conflicto y sumó presión institucional sobre el Estado nacional para avanzar en una solución negociada. El acuerdo firmado constituye una respuesta concreta a ese reclamo histórico y marca un precedente para otras jurisdicciones que enfrentan situaciones similares con la ANSES.

La regularización de la deuda previsional entre Nación y Chubut tiene impacto directo en la sustentabilidad fiscal de la provincia y fortalece el federalismo fiscal, al reconocer la autonomía y las obligaciones recíprocas entre los distintos niveles de gobierno.

La recuperación de los fondos permitirá a Chubut cumplir con sus obligaciones y planificar una gestión previsional basada en la previsibilidad, la equidad y el respeto por los derechos de los jubilados. La resolución del conflicto también sienta un precedente para el abordaje de otras deudas históricas de Nación con las provincias y refuerza la importancia del diálogo institucional y la defensa de los intereses locales en el marco del federalismo argentino.

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La Provincia de Buenos Aires presentó una nueva demanda contra el Estado Nacional ante la Corte Suprema, reclamando más de 1,13 billones de pesos por el incumplimiento del Consenso Fiscal 2017 y el convenio firmado en 2023. Se trata de la octava demanda contra la administración de Javier Milei en casi tres años, con el objetivo de recuperar recursos fiscales que la provincia considera legítimos y exigir el cumplimiento de los acuerdos federales.

El último reclamo incluye el saldo impago correspondiente al acuerdo de 2023 y las diferencias proyectadas para el período 2023-2025 por el Fondo del Conurbano, según precisa la administración provincial. Con la presentación, también se solicita una medida cautelar que ordene al gobierno nacional la restauración del método de cálculo original, a fin de reparar los perjuicios futuros.

La motivación central del litigio radica en que el Gobierno modificó unilateralmente el mecanismo de actualización: en vez de aplicar la inflación real (IPC), utilizó estimaciones presupuestarias, lo cual —según Buenos Aires— provocó una pérdida sustancial de fondos.

La estrategia judicial estuvo a cargo del Fiscal de Estado de la provincia de Buenos Aires, Hernán Gómez, y el Asesor General de Gobierno, Santiago Pérez Teruel.

El expediente está respaldado por informes de la Comisión Federal de Impuestos y la normativa vigente, que fija la obligatoriedad de los acuerdos interjurisdiccionales y prohíbe su modificación o incumplimiento unilateral por parte de la Nación.

La demanda presentada esta semana se suma a las siete restantes. Todas relacionadas con recortes o diferimientos en fondos nacionales: el Fondo de Seguridad, el Fondo Compensador al Transporte, el boleto integrado, el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), el financiamiento para bosques nativos, la potestad para gravar servicios de gas y los fondos de Anses destinados al Instituto de Previsión Social (IPS) por no tener las cajas previsionales transferidas y que por ley la Nación debe robustecer. A excepción de este último, en la mayoría no hubo señales mayores. Sin embargo, hay cierta expectativa con el reclamo de fondos jubilatorios.

El máximo tribunal convocó a una primera audiencia con las partes semanas atrás y ahora habrá otro encuentro el próximo 21 de abril. “Al Gobierno nacional se le pidieron, los elementos que sustentaran su posición” -de dejar de transferir los fondos- y empezaron a dar vueltas; con lo cual lo que pidió la Corte Suprema es una nueva audiencia, que sería un intento de conciliación entre Nación y Provincia con respecto al reclamo de ANSES, que totaliza aproximadamente $2,2 billones de pesos que se le debe a la provincia de Buenos Aires», detalló Kicillof al ser consultado sobre la demanda en cuestión.

“Cuando hicimos la primera audiencia fue el responsable de ANSES y al día siguiente lo echan”, recordó el mandatario este lunes en conferencia de prensa. Hacía referencia a la renuncia de Fernando Bearzi, quien dejó su cargo como Director Ejecutivo de la Administración Nacional de la Seguridad Social el 17 de marzo. Bearzi había sido designado en febrero de 2025 tras la salida de Mariano de los Heros. “No sé si habrá tenido que ver su presencia”, se preguntó el mandatario bonaerense.

Mensaje a los intendentes

El ejecutivo bonaerense también vio en este reclamo por los fondos jubilatorios la posibilidad de capitalizarlo políticamente. La semana pasada el gobernador convocó a los 135 intendentes a un encuentro en La Plata. Allí, desde el Salón Dorado de la gobernación bonaerense, intentó contener la demanda financiera de los municipios que, producto de la caída en la recaudación, sufrieron una merma en los fondos coparticipables que envía la Provincia. Un diagnóstico complejo al que también se le suma el último aumento en combustible, que tiene un fuerte impacto en las intendencias.

Kicillof prometió que si el Ejecutivo bonaerense consigue recuperar parte de los fondos adeudados de parte de la Nación, coparticipará con las intendencias el 16% del total. Según la Provincia, la deuda por fondos asciende a $14,7 billones. Un número que asciende a $22,2 billones si se suma la paralización de obras. Lo prometido por el gobernador fue un leve aliciente para las finanzas locales que están por demás contraídas . “Esto es saludable, porque en tiempos de vacas flacas, todo fondo es bienvenido”, planteó, por ejemplo, el intendente de Marcos Paz, Ricardo Curutchet, en declaraciones a Radio Provincia.

A cambio, el mandatario solicitó acciones en los distintos concejos deliberantes. Pidió a los jefes comunales que generen ordenanzas donde se adhiera al Fondo de Recupero, que fue creado en el Presupuesto bonaerense 2026. Es decir que los municipios que ingresen a ese fondo, al que podrían transferirse los fondos adeudados, deberán explicitarlo mediante normativa propia.

Sin embargo, en el Ejecutivo provincial aseguraron que no convocarán a una movilización para el próximo 21 de abril como sugerieron algunos intendentes como muestra de acompañamiento a la posición de la provincia de Buenos Aires. Sí está previsto que a ese encuentro concurra el propio gobernador bonaerense.

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