Se levantó el secreto de sumario en la causa de los audios de Andis y lo que encontró la Justicia fue calificado por fuentes como indicios contundentes de sobornos y corrupción.

Entre las pruebas reunidas, por las que la Justicia solicitó la indagatoria de 15 personas y la detención de una, aparecieron imágenes de una cámara que tomó a Diego Spagnuolo saliendo de la casa de un operador de los laboratorios, Miguel Calvete.

Según fuentes judiciales, la reunión fue luego de conversaciones entre ellos y con otras personas en la cual se habría acordado la entrega de $5 millones. Esto surge del dictamen de la fiscalía, al cual tuvo acceso .

“Diego Orlando Spagnuolo y Miguel Ángel Calvete mantuvieron un diálogo que gira en torno a ese supuesto viaje [a Israel] y la forma de entregarle el dinero en “algún lugar disimulado”, sostiene el dictamen.

En esta ocasión, Miguel Ángel Calvete le dice por mensaje de audio a Diego Spagnuolo lo siguiente: “Coroa, escuchame, bueno, hablas con [Julio] Play y mañana a primera hora te lo manda a donde le digas o mandale un fercho, ponen algún lugar disimulado, eso que me habías dicho, por un lado. Por otro lado, si te sigue rompiendo las bolas el que te mandó Carlitos Z, decile que viajás, que te lo mande por mail, que te lo mande formalmente, no te ven de pico estos, son todos puenteros estos”.

Según la investigación, la acusación del fiscal Franco Picardi se sostiene sobre la base de una estructura que, entre diciembre de 2023 y octubre de 2025, utilizó la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) como un “centro de operaciones de diversas actividades ilícitas” para obtener “amplias sumas de dinero de manera indebida”.

Las pruebas más irrefutables provienen de la recuperación de comunicaciones eliminadas, registros de video y la evidencia de sobreprecios en medicamentos esenciales.

De acuerdo con el dictamen, el mecanismo de defraudación se implementó mediante la realización de “compulsas reducidas” donde solo se invitaba a un grupo de tres o cuatro proveedores.

En las 21 compulsas reducidas detectadas entre julio de 2024 y agosto de 2025, Droguería Profarma S.A. y Droguería Génesis S.A. recibieron el 93.11% de las adjudicaciones, por un monto total de $30.337.220.919,77.

La fiscalía documentó el caso del medicamento Macitentan 10 MG. Este medicamento se había adjudicado en una compulsa general el 19 de noviembre de 2024 por 8.290.000 por unidad.

El dictamen señala que la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) verificó que en este lapso de tres días hábiles se produjo un incremento superior al 1.900%, sin que existiera justificación técnica ni médica que lo avalara.

Otro ejemplo de posible sobreprecio se registró con el medicamento Burosumab 20 MG. Mientras que Génesis S.A. y Profarma S.A. cobraron precios superiores a $40 millones en compulsas reducidas (junio 2025), otros oferentes, como Soldist S.R.L. y Hemipharm S.R.L. , obtuvieron adjudicaciones en compulsas generales por $21.000.000 en el mismo período. Estos proveedores competitivos fueron sistemáticamente excluidos de las compulsas reducidas.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, cuestionó este viernes al titular de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, luego de que convocara a un paro nacional con movilización en reclamo por la reforma laboral propuesta por el Gobierno. “Sorprenden las declaraciones de un ruidoso gremialista que convocó a un paro sin haber leído la modernización laboral”, señaló en conferencia de prensa.

El Gobierno impulsa una profunda modificación de las leyes del trabajo y considera a la propuesta como una de sus principales prioridades para la nueva etapa de la gestión. La reforma, que modifica la jornada laboral, indemnizaciones y convenios colectivos, tuvo fuertes críticas de parte de la oposición. Reproduce varios artículos del capítulo laboral del DNU 70/23 que fue suspendido por la Justicia.

Ante ello, ATE anunció el martes la convocatoria a un paro nacional con movilización a la Secretaría de Trabajo el miércoles 19 de noviembre en rechazo a la reforma. Fue mediante un plenario federal de delegados de todo el país que el sindicato votó por unanimidad que se realice la medida de fuerza de 24 horas a partir de las 12 del mediodía.

En ese entonces, Aguiar dijo: “Los trabajadores no tenemos que esperar a conocer ninguna letra chica para saber que nos quieren joder. No podemos esperar hasta el recambio parlamentario. Tenemos que empezar a enfrentar ya en la calle a esta reforma”.

Además, desde el sindicato aseguraron que el Ejecutivo busca “preparar el desguace de áreas sensibles de control y fiscalización para adaptar al Estado a esta nueva normativa”.

Ante estas palabras es que Adorni apuntó contra el gremialista en su conferencia de prensa. “Sorprenden las declaraciones de un ruidoso gremialista que convocó a un paro sin haber leído la modernización laboral y que, dicho sea de paso, no se presentó y no va a contemplar modificaciones en la ley de empleo público“, comenzó su cuestionamiento.

Y continuó: “Llama todavía más la atención que un representante de empleados públicos haya llamado a un paro de empleados públicos cuando no se va a modificar la ley de empleo público. Peor bueno, es así. Lo recordarán también porque hace poco dijo que su trabajo es provocarle una crisis al gobierno. Suerte con eso”.

Poco tiempo después, Adorni recibió una respuesta de Aguiar a través de X, que criticó las políticas de la gestión. “No deberían sorprenderse @madorni. Si en estos 23 meses hubieran hecho una sola a favor de los trabajadores y los jubilados, tal vez lo pensaríamos. Pero así no. Nos vemos en las calles. Fin”, detalló.

Entre sus principales puntos de cuestionamiento, el proyecto incluye la ampliación de la jornada laboral hasta un máximo de doce horas, modificando el límite actual de ocho horas. Sobre las vacaciones, permitiría el fraccionamiento del período, de forma tal que los empleados podrían tomar sus días en partes.

En cuanto a las indemnizaciones, permitiría que pequeñas y medianas empresas puedan abonarlas en hasta doce cuotas mensuales. Lo mismo plantea para las multas derivadas de sentencias judiciales.

La propuesta también autoriza que se implementen sistemas de banco de horas y otros esquemas laborales flexibles. Estos se podrían negociar mediante los convenios colectivos de cada sector. Sobre los salarios, recuperan la opción de abonar una parte del mismo a través de prestaciones no dinerarias. Esto incluye vales de comida o canastas de alimentos. Este sistema es conocido como “ticket canasta”.

Finalmente, otorga beneficios fiscales a pequeñas y medianas empresas para fomentar que contraten a nuevo personal. Sería una especie de régimen de incentivo para inversores de menor escala.