POLITICA
“El Villazo”: la Justicia absolvió a los acusados por los asesinatos y secuestros en Acindar durante 1975
A 50 años del mayor operativo contra el movimiento obrero durante un régimen constitucional, el Tribunal Oral Federal de Rosario dictó la absolución de los 17 acusados en la causa de “El Villazo”, como fue conocida la huelga de los metalúrgicos de Villa Constitución y su posterior represión ilegal, en el marco del “Operativo Serpiente Roja del Paraná” en marzo de 1975.
El tribunal falló a favor de los empresarios, civiles, policías y militares acusados de los homicidios, secuestros y torturas cometidos en la localidad santafesina entre los años 1975 y 1976, en la antesala del golpe de Estado de 1976. El operativo tuvo como blanco a 69 víctimas, de las cuales 57 fueron asesinadas.
Por entonces, operaba en todo el país -en pleno gobierno de María Estela Martínez de Perón- un aparato de persecución ilegal hacia militantes y dirigentes sindicales críticos.
El proceso judicial había generado expectativas por tratarse del primer caso en Santa Fe que podría comprobar la responsabilidad y complicidad empresaria con la represión ilegal. Conocida la sentencia, familiares de las víctimas y organismos de derechos humanos denunciaron la sentencia como “vergonzosa”.
La Fiscalía Federal de Rosario había solicitado prisión perpetua para dos exdirectivos de la empresa Acindar y penas de entre 10 y 25 años para exfuncionarios policiales y un guarda rural. Por su lado, el equipo jurídico de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) también reclamó condenas a perpetuidad para civiles y penas de entre 16 y 25 años para los miembros de las fuerzas de seguridad involucrados en la represión.
Sin embargo, el tribunal -integrado por los jueces Germán Sutter Schneider, Ricardo Moisés Vásquez y Otmar Paulucci– resolvió absolver a la totalidad de los imputados, lo que provocó conmoción y malestar entre los familiares presentes en la sala. La abogada querellante Gabriela Durruty afirmó en declaraciones a LT8 que los jueces “leyeron rápido el fallo y se retiraron”, sin entregar copia a las partes. Los fundamentos de la decisión se darán a conocer el próximo 6 de febrero.
La sentencia estuvo dividida. Los jueces Ricardo Moisés Vásquez y Otmar Osvaldo Paulucci beneficiaron con la medida a los acusados Roberto Pellegrini, Ricardo Oscar Torralvo, Roberto Raúl Squiro y Juan Carlos Faccendini, entre otros, a quienes se imputaban delitos de privación ilegal de la libertad agravada y asociación ilícita. Pellegrini y Torralvo, además, enfrentaban cargos por homicidio agravado que habrían damnificado a varias personas, incluyendo a Jorge Ramón Chaparro y Julio Palacios.
Pellegrini, Torralvo y Squiro, quienes se encontraban en prisión preventiva, se les dispuso la liberación inmediata.
Dentro del tribunal, el juez Germán Sutter Schneider emitió un voto en disidencia en el que consideró que 30 detenciones efectuadas entre marzo de 1975 y mayo de 1976, así como 10 asesinatos ocurridos en el mismo periodo, constituían delitos de lesa humanidad. Schneider consideró también que las víctimas fueron perseguidas por su vínculo con la “Lista Marrón”, liderada por Alberto Piccinini. En consecuencia, propuso condenar a Roberto Álvarez a ocho años de prisión e inhabilitación especial por privación ilegítima de libertad agravada y a Roberto Pellegrini a seis años como partícipe necesario del mismo delito sobre Roberto Justo Martínez.
La defensa de los acusados, encabezada por el abogado Hernán Kovacevich, representante de varios expolicías federales, celebró el fallo y sostuvo que “se hizo justicia” debido a que “ningún testigo los mencionó ni los ubicó en tiempo, modo o lugar”. Además, planteó que la denuncia se fundamentaba en “presunciones infundadas” y solicitó la nulidad del proceso por falta de pruebas, señalando que el fallo absolutorio “ratifica que no hubo prueba ni delito”.
Por parte de la querella, la abogada Durruty anunció que buscarán revertir la decisión absolutoria ante el Tribunal de Casación, planteando que la resolución se alinea con “el clima político de época”.
Federico Pagliero, abogado querellante de la APDH, también advirtió que apelarán la sentencia. “Es una vergüenza por la cantidad de pruebas que había sobre Pellegrini y Torralvo y sobre los policías. No se entiende, lo único que se entiende es que el poder judicial se acomoda al clima de época”, dijo en diálogo al medio La Retaguardia.
El caso
Los sucesos conocidos como el “Villazo” se desarrollaron entre el 7 y el 16 de marzo de 1974 en Villa Constitución, ciudad que había experimentado un notable crecimiento como centro industrial tras su origen portuario y agroexportador. Durante esos días, el conflicto se gestó en el núcleo de las plantas metalúrgicas locales, con protagonismo de empresas como Acindar, Marathon y Metcon. Un amplio sector de trabajadores impulsó la toma masiva de fábricas para exigir elecciones libres en la conducción de la filial local de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y del cuerpo de delegados, apoyados por otros obreros, campesinos y comerciantes.
El conflicto se desencadenó el 7 de marzo, cuando los delegados normalizadores designados por la conducción nacional de la UOM, Fernández y Oddone, ingresaron a la planta acompañados por un “rompehuelgas”. Tras recibir abucheos de numerosos operarios, los interventores enviaron telegramas de expulsión a 11 activistas opositores, lo que derivó en una asamblea donde 1.500 obreros votaron por realizar un paro en solidaridad con los expulsados y en rechazo a la intervención. El conflicto entre la conducción de la UOM y las bases se extendió y se propagó a otros establecimientos, que involucraron piquetes, barricadas y hechos de violencia.
En respuesta al movimiento levantisco, las autoridades nacionales buscaron desactivar un supuesto complot “subversivo” en la zona. El operativo “serpiente roja del Paraná” pretendía paralizar la región que aún permanecían con un alto nivel de activismo gremial y político, a través del desplazamiento de las conducciones sindicales de los gremios más importantes en la zona industrial comprendida entre Campana (al norte de la provincia de Buenos Aires) y la localidad de San Lorenzo (al norte de Rosario en la provincia de Santa Fe).
En este marco, una investigación reveló el rol central que tuvo la represión ilegal el 20 de marzo de 1975 en la siderúrgica Acindar, presidida entonces por José Alfredo Martínez de Hoz hasta 1976, cuando fue designado ministro de Economía por la dictadura, siendo su puesto de presidente del directorio ocupado por el general Alcides López Aufranc.
Dentro de la planta, comenzó a funcionar un centro clandestino de detención en lo que se conocía como “Albergue de Solteros”. De acuerdo a la reconstrucción de los hechos, los oficiales de las fuerzas represivas se alojaban en las casas reservadas para los ejecutivos y la firma aportó pagos extraordinarios a todo el personal policial que participó.
Según la acusación de la causa, los imputados Pellegrini y Torralvo eran los dos responsables empresariales procesados. Los testimonios los mencionan como los nexos entre la empresa Acindar y las fuerzas represivas, que utilizaron información, infraestructura y recursos logísticos y materiales que sólo la empresa podía proveer para identificar y perseguir a los trabajadores.
La represión continuó luego durante la dictadura cívico-militar. Al menos 18 personas vinculadas a Acindar fueron asesinadas, 8 se encuentran desaparecidas y 69 estuvieron detenidas y luego fueron liberadas, según relevó la investigación “Responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad” realizada por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), y el Área de Economía y Tecnología de FLACSO.
POLITICA
¿Con o sin Milei? La UCR acelera la discusión interna en dos provincias claves para La Libertad Avanza en el 2027
Con la renovación de las autoridades nacionales de la UCR, los principales dirigentes de la provincia de Buenos Aires y Córdoba iniciaron conversaciones para resolver las divisiones internas que derivaron en una de las peores elecciones en la historia del partido en esos territorios. Con el fortalecimiento de La Libertad Avanza, algunos correligionarios exigen que se adelanten las elecciones partidarias para definir la estrategia de alianzas y posibles candidaturas. De fondo, crecen las denuncias cruzadas por acuerdos tras bambalinas con los oficialismos locales.
La UCR bonaerense transitó en el último año la judicialización de la interna para suceder a Maximiliano Abad, tras un resultado ajustado entre Miguel Fernández (candidato oficialista) y Pablo Domenichini (Evolución); una dura derrota en la elección del 7 de septiembre dentro de la alianza Somos; y, para las legislativas nacionales, el sello de la UCR estuvo ausente por primera vez en la historia desde el regreso de la democracia. Con ese panorama complejo, en diciembre se fijó un cronograma para la renovación de autoridades pero, según pudo saber Infobae, un sector exige que se adelante la fecha.
El senador Abad es uno de los principales dirigentes que reclaman el adelantamiento de las elecciones internas. En su entorno aseguran que cuenta con el apoyo de Daniel Salvador y Gustavo Posse y, además, que existe un acercamiento con Evolución después de varios cruces y tensiones. Todo lo contrario sucede con Miguel Fernández que, pese a haber sido impulsado por el ex presidente del Comité para sucederlo, hoy quedó en veredas enfrentadas con el senador.
El último movimiento de Fernández en la Legislatura bonaerense generó un fuerte malestar dentro de la UCR. La senadora Natalia Quintana, cercana al dirigente de Trenque Lauquen, integró el nuevo bloque Hechos-UCR Identidad con María Emilia Subiza, que responde a los hermanos Passaglia, y Marcelo “Chuby” Leguizamón (PRO). “Es furgón de cola de los Passaglia”, chicaneó un dirigente radical molesto por el movimiento que dejó a Nerina Neumann en soledad. Otros deslizan que fue un acuerdo gestado por el propio Axel Kicillof.
¿A qué se debe el apuro de Abad por adelantar las elecciones internas fijadas para septiembre?, se preguntan sus adversarios, que le recuerdan que su espacio apoyó el cronograma electoral. Cerca del senador aseguran que hoy el partido está en una situación de extrema debilidad, un diagnóstico que comparten los de Evolución. “Hasta el PJ fijó el mes de marzo para votar sus autoridades”, se comparan e insisten en que urge una discusión estratégica para el 2027, para darle “legitimidad, volumen y movilización” al partido.
Además, como adelantó este medio, Abad cree que el año que viene será el momento para que todos los radicales compitan en sus territorios. En la lista está el propio senador, que analiza ser candidato a intendente en Mar del Plata. También aparecen Karina Banfi para Bahía Blanca, Mauricio D’Alessandro en San Martín y Posse para recuperar San Isidro. El mayor desafío es encontrar un candidato a gobernador, como también sucede para el puesto presidencial.
Quienes se oponen al adelantamiento del cronograma electoral, entre ellos Miguel Fernández, creen que es muy pronto para hablar de candidaturas y que, en todo caso, la UCR se debe un debate profundo sobre la identidad radical y hacia dónde va el partido. Además, le bajan el tono a la disputa con Abad pero advierten: “Acá nadie es dueño de nada y hay que dejar de contar porotos al aire”.
El panorama en Córdoba es similar, aunque con una agravante: un sector de la UCR ya conversa con La Libertad Avanza para conformar una alianza y competir contra Martín Llaryora en el 2027. Insisten en que el partido centenario comparte electorado con Javier Milei y creen que la mejor estrategia es repetir la alianza que conformaron Alfredo Cornejo en Mendoza y Leandro Zdero en Chaco. Para sumar más tensión, Rodrigo de Loredo se lanzó como candidato a gobernador e hizo una muestra de musculatura con un almuerzo de fin de año con un grupo importante de intendentes.
De Loredo repite entre sus allegados que no está interesado en dar pelea por el Comité que hoy preside su aliado Marcos Ferrer. Por una desprolijidad en el cronograma del 2025 y una intervención judicial, Ramón Mestre se presentó para las legislativas con la histórica Lista 3. El intento del ex jefe de la bancada radical en Diputados por acordar con La Libertad Avanza fracasó y quedó afuera de la competencia. Los libertarios cordobeses lo acusan de tener actitudes egocéntricas y mezquinas para con sus propios correligionarios. “Rechazó el puesto 3 en la lista y, en lugar de proponer a Soledad Carrizo, se fue solo”, recuerdan.
En esta provincia, a diferencia del territorio bonaerense, las autoridades partidarias estarían dispuestas a adelantar la elección interna para antes del Mundial de Fútbol que se realizará en el mes de junio. Para esa disputa se anota Mestre, quien por estos días hace cuentas con los números que le dejaron las últimas elecciones. En sus anotaciones asegura que, de los 70 mil que lo votaron en octubre, un porcentaje importante podría apoyarlo para las internas de la UCR.
“Rodrigo se cree que es el dueño del partido y se autoproclama candidato, pero sí o sí tiene que pasar por la interna partidaria”, asegura Mestre, quien además relativiza la fortaleza territorial de De Loredo. “Hay un 60% del partido enojado con él por su relación con La Libertad Avanza. Fue un mal presidente de bloque y encima no renovó su banca”, ejemplifica.
En la discusión también alzó la voz Javier Bee Sellares, flamante vicepresidente del Comité Nacional, que tiene un pie en el gobierno de Corrientes pero que busca volver a la escena radical cordobesa. En diálogo con Infobae, ponderó la necesidad de adelantar las elecciones internas y la modernización del sistema de votación de los afiliados. “El electorado pareciera estar al lado de La Libertad Avanza por miedo al kirchnerismo. Si nosotros articulamos una posición propia podemos ser competitivos o árbitros”, analizó el dirigente, a quien algunos mencionan como candidato a intendente de la capital.
Tanto en Córdoba como en Buenos Aires hay un importante despliegue territorial de la UCR, pese a los resultados negativos en las últimas elecciones. En la provincia mediterránea tiene más de 140 intendentes y cerca de 30 en territorio bonaerense. Un dato tentador para La Libertad Avanza que, a diferencia de los radicales, tiene un candidato presidencial competitivo pero carece de representantes territoriales. La renovación de autoridades en ambos distritos se convierte en una herramienta crucial para definir la estrategia del 2027.
El epistemólogo Thomas Kuhn sostenía que cuando en una época de la historia proliferan las anomalías, ya no se está frente a una colección de rarezas sino ante un nuevo paradigma. La intervención de Donald Trump en Venezuela para capturar a Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, a fin de que comparezcan ante los tribunales de Nueva York parece ser otro indicio de que las reglas del juego internacional están perdiendo su vigencia de manera acelerada. La caída de un tirano patético y atroz como Maduro, que ha sido acusado por crímenes de lesa humanidad ante la Corte Internacional de Justicia, siempre desata una corriente de simpatía. Pero la situación del pueblo venezolano comenzó desde ayer a navegar en un mar de incógnitas. Maduro es sólo uno de los términos de la compleja ecuación dictatorial venezolana.
La presión militar que estaba ejerciendo el gobierno de los Estados Unidos sobre Venezuela era tan intensa que privaba a Trump de cualquier desenlace que no incluyera la salida de Maduro el poder. Ayer se produjo ese hecho, que provocó reacciones muy diversas en la escena internacional. En especial por el uso de la fuerza sin la intervención del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
Una de las peculiaridades llamativas de esta irrupción violenta es que no fue realizada en nombre de la democratización de Venezuela. Coherente con su pragmático nacionalismo, Trump se fijó un objetivo distinto: garantizar la seguridad interior de los Estados Unidos. Esa es la justificación de la detención de Maduro, cuya legalidad se ha ido constituyendo sobre la marcha. La Casa Blanca calificó como organización narcoterrorista, primero, al denominado Tren de Aragua y, más tarde, al Cartel de los Soles, una liga de altos mandos del ejército acusados de organizar el tráfico de drogas. La acusación penal del gobierno norteamericano es que Maduro era quien daba las órdenes a esas dos estructuras, sobre todo a la de los generales del régimen. Se lo acusa de dañar a los Estados Unidos por el ingreso de esos narcóticos al país. Esta caracterización deja una laguna: ¿con qué cargos fue capturada también la esposa del dictador? Todo es brumoso, porque recién sobre el anochecer de ayer hubo constancias del paradero del matrimonio y alguna precisión sobre las acusaciones que pesan sobre la señora de Maduro.
Los interrogantes sobre el orden venezolano se multiplicaban anoche. La líder de la oposición y premio Nobel de la paz, Marina Corina Machado reaccionó, desde un lugar desconocido, advirtiendo que su partido estaba en condiciones de asumir el poder. Es decir, adelantó que el próximo paso del proceso iniciado con la salida de Maduro sería la asunción del mando de Edmundo González Urrutia, el presidente electo en 2024, en comicios que el régimen no respetó. Líderes como el presidente de Francia, Emmanuel Macron, apoyaron esa secuencia.
Sin embargo, Trump descalificó a la oposición. Dijo que Machado “es amable pero no está en condiciones de estar al frente del país”. En cambio, aseguró que la vicepresidente, Delcy Rodríguez, había jurado como presidenta y le transmitió que estaría dispuesta a colaborar. Al mismo tiempo, el presidente de los Estados Unidos sostuvo que su país “dirigirá Venezuela hasta una transición segura”, sin dar detalles sobre cómo lo haría. Este enfoque habilita a muchos analistas estadounidenses a temer una aventura peligrosa, de esas en las que es más sencillo entrar que salir. Afganistán, Somalia, Libia y, exagerando un poco, Vietnam.
En contradicción con la presentación de Trump, Rodríguez aclaró que el único presidente es Maduro, de quien pidió una prueba de vida: para ese momento de la tarde el dictador todavía no había aterrizado en Nueva York.
Rodríguez hizo esas declaraciones escoltada por Diosdado Cabello, quien encabeza su propia facción dentro del esquema de poder de Caracas. Sobre Cabello pesa una orden de captura de los Estados Unidos con acusaciones similares a las que llevaron a la detención de Maduro. También hay que considerar a otro grupo determinante: el de los militares encabezados por Vladimir Padrino López. Es un sector clave porque, más allá de las formalidades institucionales, la de Venezuela es una dictadura militar enmascarada detrás de civiles como Maduro o Rodríguez.
El porvenir del poder en Venezuela depende de las tensiones entre estos grupos y de la acción que siga llevando adelante el gobierno de los Estados Unidos. Ayer se mencionaba la inminencia de una “segunda ola”. Consistiría en la captura de unos 14 funcionarios con cargos similares de los de Maduro, entre los cuales estarían Cabello y Padrino López. En paralelo se realizarían acciones militares para el control de puertos y aeropuertos.
El principal misterio que rodea la intervención de Trump en Venezuela es si hubo algún acuerdo con el régimen. O con un sector del régimen. ¿Por qué no hay imágenes de la detención? No las proporcionó la Casa Blanca, pero tampoco la dictadura. ¿Maduro se entregó en una maniobra pactada, en la que se simuló una aprensión para que él quede como víctima? El desdén del presidente norteamericano hacia Machado y sus referencias a la vicepresidenta Rodríguez inducen a interpretar de esa manera lo que sucedió. Habrá que ver cuándo la venezolana deja de ser una dictadura para transformarse en democracia.
Para quienes prefieran una versión menos cínica, hay muchos indicios de que Washington ha conseguido infiltrar al chavismo. La salida de Leopoldo López de la embajada de España, donde estaba asilado; la huida de Corina Machado para viajar a Oslo y recibir el Nóbel; la propia captura de Maduro ayer, indica que hay engranajes de la dictadura que se han puesto fuera de control. Durante su primera presidencia, Trump apostó, influido por el entonces senador Marco Rubio, que hoy es su canciller, a una defección del aparato militar que permitiera el derrumbe de todo el edificio de poder. En aquel momento esas hipótesis no se verificaron. ¿Hoy se mantiene esa estrategia?
La posibilidad de un “chavismo sin Maduro” que pacte con los Estados Unidos e inaugure una transición, supondría la permanencia de Rodríguez en la presidencia hasta nuevas elecciones, que serían convocadas en tres meses. Sería, claro, un agravio para González Urrutia y su madrina, Machado. ¿También un agravio contra los innumerables presos de la dictadura? ¿Cuál será su destino en la nueva situación?
Un interrogante particular en este contexto es cómo se ejecutaría uno de los propósitos confesados ayer por Trump: que las empresas de su país a las que les arrebataron sus concesiones petroleras recuperen la posibilidad de extraer hidrocarburos venezolanos. Es una cuestión geopolítica con varios alcances. El más inmediato es que pondría al borde del derrumbe al régimen cubano. El bloqueo de los Estados Unidos en el mar del Caribe estranguló el flujo de crudo desde Venezuela a Cuba, lo que multiplicó los cortes energéticos en la isla.
En una perspectiva más amplia y duradera, Trump aspira a un ejercicio del poder venezolano en el marco de un dominio continental que afirme a su país en la disputa con China. La acción sobre Caracas debe ser leída, entonces, como una aplicación concreta, y dramática, de la estrategia de seguridad formulada por la Casa Blanca a fin de año: la búsqueda de un fortalecimiento a partir del repliegue sobre América. La denominada “Doctrina Donroe”.
Para entender este juego conviene recordar que la última actividad oficial de Maduro antes de ser subido a un avión y deportado a Nueva York fue recibir a Qiu Xiaoqi, el encargado de los asuntos latinoamericanos del gobierno de Xi Jinping. Uno de los destinos principales del petróleo venezolano es ser consumido por los chinos. Sudamérica parece presentar hoy los antiguos atractivos con que seducía al mundo en los siglos XVI y XVII, como si se hubiera reconvertido en un gigantesco cerro de Potosí, irresistible para los que andan en busca de materias primas, se trate de chinos o de norteamericanos.
China reaccionó ante la captura de Maduro haciendo una defensa de la legalidad internacional. Esa expresión tuvo un matiz distinto de la de Rusia. El régimen de Vladimir Putin sugirió la posibilidad de una mediación. Tal vez Venezuela ingrese a la agenda Trump-Putin como un renglón subordinado a la materia principal: la agresión rusa a Ucrania y la búsqueda de una pacificación en esa relación que a Washington le sigue resultando muy esquiva.
La definición de los chinos hacía juego ayer con la de otro actor importantísimo: Brasil. Lula da Silva emitió un comunicado muy cuidadoso, propio de un equilibrista. No mencionó a Trump y tampoco a Maduro. Se limitó a condenar el uso de la fuerza, como había hecho cuando el dictador venezolano amenazó con atacar Guyana por un conflicto territorial. Lula sugiere que la conducta de Trump podría servir de antecedente a otros avances territoriales. No lo mencionó, pero la diplomacia de Itamaraty alude a un eventual ingreso de China en Taiwan, que es un fantasma que domina todas las mesas de arena del examen geopolítico.
Para el gobierno de Lula lo sucedido ayer abriga una enorme gravedad. En principio, porque desafía una premisa ancestral de la diplomacia brasileña, que es la pretensión de una hegemonía monopólica sobre América del Sur. Pero tan importante como ese reto es que Venezuela es un país limítrofe, cuya desestabilización tiene un efecto inmediato sobre los estados del norte del país. Uno de ellos, Roraima, recibió en los últimos siete años 1.200.000 migrantes del otro lado de la frontera.
La irrupción de Trump en Venezuela encuentra al gobierno brasileño en una encrucijada delicada. Casi en conflicto con Maduro, desde que Lula rechazó el ingreso del dictador venezolano a una cumbre de los Brics que se celebró en octubre de 2024 en Rusia. Al mismo tiempo, está en un proceso de recomposición de relaciones con la Casa Blanca, indispensable para rehabilitar el flujo de exportaciones de Brasil a los Estados Unidos.
Este encuadre regional del gobierno brasileño agregó irritación en Itamaraty por el pronunciamiento de Javier Milei. El presidente argentino adhirió de inmediato a la captura de Maduro por parte de Trump. Nada que sorprenda: fue una ocasión para corroborar su alineamiento incondicional con el presidente norteamericano. El primer pronunciamiento fue la reproducción en su cuenta de X del discurso que pronunció en la última reunión de mandatarios del Mercosur, defendiendo la presión militar norteamericana en el Caribe.
Lo inesperado fue que la filmación terminara con una foto de Lula y Maduro. Ese mensaje, que lleva el sello inconfundible de Santiago Caputo, “el Mago del Kremlin”, tiene más de un significado. En principio refuerza una idea central de La Libertad Avanza, reiterada a lo largo del día en las redes sociales: no hay matices, o se está con Trump o se está con el dictador Maduro. Vieja idea de Milei: la defensa de las reglas institucionales es una coartada de “ñoños republicanos” o, peor aún, de comunistas, que era la modulación que ayer adquiría esa forma de clasificar los discursos.
Otra dimensión del mismo texto tiene que ver con el experimento regional en el que está involucrado Milei: la formación de un bloque de gobiernos latinoamericanos de derecha, a los que quiere ver representados en una cumbre que se realice en Buenos Aires hacia el mes de junio. Esa agrupación tiene un rasgo explícito: ser pro Trump. Y uno tácito: ser anti-Lula. En el fondo de este movimiento palpita un deseo: encarnar desde la Argentina un liderazgo alternativo al de Brasil. ¿Contestará Lula la provocación de Milei? Ayer estaba demasiado concentrado en definir una posición exacta en relación con Washington.
La afinidad con los Estados Unidos debería tener, para la Casa Rosada, un corolario de vibraciones más domésticas: la posibilidad de una intervención de la FIFA sobre la AFA. El meme que ayer decía “ahora vamos a por el Chiqui Tapia” era menos humorístico de lo que parecía. Y verosímil, sobre todo desde que Pablo Toviggino y Javier Faroni, el intermediario en los negocios internacionales de la AFA, cometieron el desatino de hacer pasar dinero sospechoso por cuentas de bancos norteamericanos.
La seguidilla de errores refuerza una urgencia: el traslado de los expedientes a manos de jueces “comprensivos”. Ayer Adrián González Charvay, el juez federal de Campana, reclamó que Marcelo Aguinsky desista de seguir investigando a los directivos de la AFA y le remita el caso. Uno de los argumentos de quienes aconsejan ese cambio de jurisdicción es que la investigación arrancó en el domicilio de Toviggino en Villa Rosa, que correspondería a Charvay.
La defensa de Tapia y Toviggino debería contemplar otro factor que todavía no apareció como explicación de su pesadilla. Tiene que ver con las pasiones deportivas. Para entenderlo hay que recurrir a 2009. Derrota de Huracán frente a Vélez en la última fecha del Torneo Clausura. Cancha de Vélez. El árbitro Gabriel Brazenas da la victoria al local. Se le imputa haber cobrado 50.000 dólares para cometer lo que todo el mundo entendió como un error. Las habladurías le imputaron el pago de Néstor Basilotta, dueño de alfajores Guaymallén. Esa empresa recibió de inmediato una inspección enloquecedora de la DGI.
Hace apenas un mes, Barracas Central, el equipo de Tapia, consiguió ingresar a la Copa Sudamericana después de vencer a Huracán, con un resultado que también tuvo aspectos fraudulentos. La presión de la DGI se incrementó sobre la AFA. Son coincidencias anecdóticas. Milei tiene motivos poderosísimos para vengarse de Toviggino: sobre todo la difusión de los audios contra su hermana en la plataforma Carnaval. Pero no hay que olvidar: Andrés Vázquez, el titular de ARCA, es hincha empedernido de Huracán. A sus activos suele denominarlos como “La Quemita”, “Alcorta y Luna” o “Quemero”. No existen los fanáticos. Pero que los hay, los hay.
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POLITICA
La caja de la AFA: los documentos que revelan los manejos ocultos de los fondos del fútbol argentino
Las planillas bancarias completas a las que accedió Infobae, surgidas de un discovery ordenado por la Justicia de Estados Unidos en Miami, permiten reconstruir con precisión el circuito financiero internacional que administró los dólares generados por la Selección argentina durante años. Los registros exhiben transferencias millonarias, destinos ajenos al fútbol nacional y una estructura paralela articulada en torno a una empresa privada radicada en Estados Unidos para actuar por cuenta y orden de la AFA, que conduce Claudio “Chiqui” Tapia.
Estos documentos, incorporados a una causa judicial en Estados Unidos tras una orden de discovery de tribunales de Miami, detallan movimientos anteriores y posteriores a 2023, aunque señalan que entre 2023 y 2024 el esquema alcanzó su mayor volumen, regularidad y sofisticación. La denuncia la presentó el empresario Guillermo Tofoni, quien se presentó para reclamar por el incumplimiento del contrato para organizar los partidos amistosos. Lo que surgió a raíz de esa presentación destapó un circuito opaco de gestión de los fondos del fútbol. Si bien la suma total bajo la lupa es, en principio, de 260 millones de dólares, nuevas pesquisas podrían elevar mucho más esa suma.
Según la documentación a la que accedió este medio, los ingresos internacionales de la Selección —provenientes de sponsors, derechos comerciales y partidos amistosos— no ingresaron a cuentas de la Asociación del Fútbol Argentino. En su lugar, fueron dirigidos sistemáticamente a TourProdEnter LLC, una empresa privada de Florida controlada por Javier Faroni y Erica Gillette, su mujer. Las primeras revelaciones fueron difundidas por una investigación del diario La Nación y que ahora se amplía con la revisión de todos los informes bancarios.
El ingreso de TourProdEnter al negocio fue formal y contractual: la empresa firmó con la AFA un contrato de exclusividad como agente comercial internacional, que le otorgaba una comisión del 30% sobre los ingresos cobrados en el exterior y un 10% adicional en concepto de logística. Así quedó comprobado tras un allanamiento en la sede histórica de la calle Viamonte. En los papeles, TourProdEnter debía gestionar la actividad comercial internacional; en la práctica, según surge de las planillas bancarias, su función central fue cobrar los contratos y derivar el dinero, sin controles ni auditorías conocidas.
Las transferencias relevadas —cursadas a través de Bank of America, Synovus Bank, Citibank y JPMorgan— no corresponden a hechos aislados. Los registros muestran un flujo continuo de ingresos y egresos, con picos mensuales y pagos recurrentes, que convirtieron a TourProdEnter en una virtual «caja central» de los negocios internacionales de la AFA entregada por decisión de Claudio “Chiqui” Tapia.
Desde esa caja se financiaron destinos sin relación aparente con el objeto estatutario del fútbol argentino: financieras, sociedades offshore, gastos personales. Se investiga, incluso, si esos fondos fueron canalizados para la compra de un club europeo. El detalle de esas transferencias —con fechas, montos y beneficiarios— surge con nitidez de las planillas incorporadas a la causa judicial.
Transferencias al corazón de TourProdEnter
Las planillas bancarias permiten identificar con precisión cómo los dólares generados por la Selección argentina ingresaban al circuito administrado por TourProdEnter LLC. No fueron cobros esporádicos ni pagos fragmentados, sino transferencias de alto monto, cursadas desde el exterior hacia cuentas en Estados Unidos que funcionaron como puerta de entrada del dinero de la AFA.
Uno de los primeros ingresos relevantes fue en julio de 2023, cuando una cuenta de TourProdEnter en Bank of America recibió una transferencia por USD 5.750.000, vinculada a un contrato comercial de la Selección. Aunque el concepto consignado es genérico —commercial agreement—, el monto y la trazabilidad bancaria coinciden con pagos de sponsors globales y derechos de explotación de partidos amistosos fuera del país. Hay en las cuentas, por ejemplo en el Bank of America, el ingreso de más de 26 millones de dólares por la empresa que viste a la Selección.
“Antes, cuando estaba Julio Grondona, los contratos de la marca de ropa y la gaseosa más famosa los cobraba directo la AFA en sus cuentas. No había un intermediario que se quedara con esos fondos y que, encima, se quede con una comisión del 30%. No tiene sentido”, explicó a Infobae una fuente que está interiorizada del caso.
El patrón se mantiene en los meses siguientes. El 14 de septiembre de 2023, otra transferencia por USD 4.200.000 ingresó a una cuenta de TourProdEnter en Synovus Bank, con Citibank como corresponsal. En noviembre de 2023, se registra un ingreso adicional por USD 6.100.000, cursado a través de Bank of America bajo el concepto sponsorship payment.
Las planillas permiten observar que estos ingresos nunca pasaron por cuentas a nombre de la AFA, sino que se cobraron directamente en el exterior y se concentraron en TourProdEnter. Desde allí, el dinero comenzaba a salir casi de inmediato.
El otro extremo del circuito: de Florida a Italia y el Perugia
La misma lógica se advierte en las transferencias vinculadas a la compra del Perugia Calcio. Las planillas reconstruyen el inicio del recorrido financiero y las fuentes que intervinieron en la investigación aseguran que ese dinero terminó usándose en Italia para esa operación.
El 18 de diciembre de 2023, una cuenta de TourProdEnter en Bank of America realizó dos transferencias consecutivas de USD 150.000 cada una a Sports NextGen Ltd, una sociedad vinculada a Javier Faroni. El concepto es nuevamente genérico: payment.
El 27 y 28 de marzo de 2024, se repite el esquema con montos mayores: dos transferencias gemelas de USD 412.500, enviadas desde una cuenta de TourProdEnter en Synovus Bank hacia Sports NextGen, con Citibank como corresponsal. Según la reconstrucción que hicieron los denunciantes, ese dinero fue derivado a Europa y utilizado como parte del paquete financiero para adquirir el club italiano.
El dato central: el punto de partida siempre es el mismo, cuentas de TourProdEnter alimentadas por ingresos de la Selección argentina.
Las planillas no evidencian subcuentas, fideicomisos ni compartimentos estancos. No existe una cuenta “para el fútbol” y otra “para gastos privados”. Sin embargo, hay al menos cuatro empresas, consideradas “fantasma”, con titulares de dudosa condición financiera y que residen en Bariloche que recibieron transferencias por 42 millones de dólares. El destino de esos fondos, por ahora, se desconoce.
Hay una caja central: TourProdEnter recibe millones de dólares por sponsors y amistosos, paga transferencias de seis cifras a sociedades diversas, envía fondos que pueden terminar en la compra de un club europeo o ejecutar pagos mensuales al entorno personal de dirigentes y asesores.
Ese uso indistinto de los fondos es uno de los datos más contundentes que emerge de la documentación incorporada a la causa judicial en Estados Unidos. El lugar de donde emergió el cúmulo de pruebas es clave: la Justicia norteamericana y el FinCEN -homóloga de la UIF argentina- ya tienen la decisión de avanzar, según las fuentes interiorizadas con el caso que consultó Infobae.
La misma caja para todo: pagos al entorno personal
Las planillas bancarias revelan que TourProdEnter LLC también financió pagos ajenos a cualquier actividad comercial o deportiva. Entre estos figura el caso de José Almaraz, señalado como “guía espiritual” del presidente de la AFA y con acceso al plantel de la Selección. Algunos públicamente -como lo mencionó La Nación- lo definen como “El Brujo” amigo de Tapia.
Según los registros, el hijo de Almaraz —con el mismo domicilio— recibió transferencias desde cuentas operadas por TourProdEnter por un total de USD 340.000. Los giros se realizaron bajo conceptos genéricos, sin respaldo contractual público y conocido. Ese y otros contratos marcan la misma lógica: opacidad, ausencia de información y dudas. La plata siempre salía desde la misma caja que concentraba los ingresos internacionales de la Selección argentina.
La relevancia no es solo el monto, sino el mecanismo: fondos generados por la Selección campeona del mundo se utilizaron para financiar al entorno personal del presidente de la AFA, a través de una empresa privada en Florida.
Dentro del circuito financiero gestionado por TourProdEnter, sobresale el envío de USD 109 millones a un agente financiero en Uruguay, en lugar de transferir esos fondos directamente a las cuentas institucionales de la AFA.
De acuerdo con los registros a los que accedió Infobae, el destino fue Adcap Securities Uruguay Agente de Bolsa S.A., una firma con sede en Montevideo. La documentación muestra que TourProdEnter giró esos fondos a la financiera uruguaya por cuenta y orden de quien administraba los ingresos internacionales de la AFA.
Técnicamente, la operación incorporó un paso intermedio: el dinero fue administrado en el exterior antes de ser transferido a Argentina. La firma uruguaya actuó como intermediaria, sin decisiones sobre el origen ni el destino final de los fondos.
Gastos suntuarios y uso cotidiano de la caja
Ese mismo circuito coexistió con gastos suntuarios y consumos personales pagados desde las cuentas de TourProdEnter. Las planillas registran transferencias por servicios de aviación privada, charter y servicios náuticos, con montos entre USD 10.000 y USD 80.000 por operación.
El 22 de noviembre de 2023, una cuenta de TourProdEnter pagó USD 38.500 a un proveedor de aviación privada. El 15 de enero de 2024, otra transferencia por USD 27.000 fue enviada a un proveedor vinculado a embarcaciones. En ninguno de los casos los conceptos permiten asociar esos gastos a actividades deportivas.
Lo que no aparece en los balances
El diseño del esquema explica por qué estos movimientos no se reflejan con claridad en los balances formales de la AFA. Al cobrarse y administrarse en el exterior, los fondos no ingresaban al sistema financiero argentino y quedaban fuera del alcance inmediato de los controles locales.
La fragmentación del dinero rompió la trazabilidad: cuando los fondos llegaban a cuentas vinculadas a la AFA, lo hacían tras pasar por intermediarios financieros, offshore o brokers, ya desagregados y bajo conceptos genéricos.
No es casual que el circuito comenzara a quedar expuesto a partir de una investigación judicial en Estados Unidos, que obligó a los bancos a entregar registros completos de las transferencias.
La “caja paralela” que quedó a la vista
Nada de esto ocurrió en un vacío institucional. El esquema funcionó durante la presidencia de Claudio “Chiqui” Tapia, con contratos firmados, comisiones elevadas y una empresa privada convertida en eje de la administración de los ingresos internacionales.
Las planillas bancarias no emiten juicios de valor.
Pero muestran.
Y lo que muestran es que el dinero siguió un camino distinto al que reflejan los balances y el discurso oficial.
Esa distancia entre lo declarado y lo documentado constituye la principal revelación.
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