La figura que mejor describe la situación actual es la de un presidente débil que es una «cabeza sin cuerpo» (el oficialismo) y una fuerza opositora que es un «cuerpo muy grande sin cabeza» (el peronismo). Esta disfunción es grave: un presidente débil, que gobierna con voto prestado, y una oposición que, pese a su peso electoral y control legislativo -la mitad del Congreso, incluyendo un tercio del Senado que puede bloquear decisiones clave -, ha quedado descabezada.

Su jefa no tiene derechos políticos y está inhabilitada a perpetuidad para ejercer el poder. Aunque pueda influir, su capacidad de acción está limitada. Encarna la pérdida del principal atributo de un político: el poder. La dificultad del actual presidente para gobernar reside en su falta de poder intrínseco. Para sacar una ley o medida importante, debe pedir permiso a otras fuerzas, que le voten o lo protejan de vetos. Esta disfunción, donde un país es gobernado por políticos sin poder efectivo, es muy grave.

El jefe de la oposición moderada (Macri) busca atajos para retirarse y que alguien lo baje con dignidad de la tarima (¿Ritondo?), mientras que la figura central del peronismo está inhabilitada. La defensa de Cristina, basada sobre la idea de persecución, no logró convencer a la Suprema Corte, señal que indica un error en la estrategia legal.

El país enfrenta un déficit significativo para afrontar sus problemas, que son de gran envergadura, ya que los principales líderes políticos carecen de poder, sea por no haberlo construido, por querer retirarse o por estar inhabilitados.

Llamados por la necesidad y la traición de los liderazgos, los gobernadores atan este lunes sus caballos en las rejas del CFI para reclamar al Gobierno nacional que reparta los fondos federales que retiene con el pretexto de asegurar un programa de déficit cero. La estampa de atar los caballos en las rejas de la Pirámide de Mayo es una evocación recurrente de la tensión entre las provincias y la Nación.

En la llamada «anarquía del año 20», los caudillos del litoral Francisco Ramírez y Estanislao López irrumpieron ante el símbolo de la autoridad central en nombre de las provincias que reclamaban un orden federal. En la cita de este lunes a las 11 estarán las 24 provincias para darle forma a un proyecto de ley que impone un reparto de las dos cajas sobre las que sentó la administración Milei.

Una es el Fondo del Combustible que existe como asignación específica con destino a obras viales. El otro es un porcentaje de los impuestos que se coparticipan bajo el nombre de ATN (Aportes del Tesoro Nacional), destinados a atender situaciones de emergencia y desequilibrios financieros.

La reunión de este lunes es el final de una marcha que comenzó el 6 de mayo, en Entre Ríos, con la reunión de un comando discreto de gobernadores que logró juntar a todos sus colegas del país para arrinconar a la Nación en reclamo de fondos.

Ese comando está integrado por el anfitrión de aquella cita, Rogelio Frigerio (PRO), Axel Kicillof (PJ), Maxi Pullaro (UCR), Nacho Torres (Chubut) y los peronistas Sergio Ziliotto de La Pampa y Raúl Jalil de Catamarca. Este envión es una prueba de poder de los mandarines, después de que la Suprema Corte mostrase su poder condenándola a Cristina.

Al Gobierno no le queda mucha nafta para enfrentar esta inédita multipartidaria de los gobernadores. Necesita al Congreso más que nunca esta semana, cuando se tratarán en comisión proyectos que considera tóxicos, como el aumento a los jubilados con apertura de moratoria.

La unidad del arco de gobernadores es potente porque ha demostrado que puede mover la aguja del voto legislativo. Algo que vale oro porque al Gobierno le queda menos de un mes para que venza la delegación de facultades al Ejecutivo por la autodenominada Ley de Bases.

La inminencia del turno electoral repone, además, la naturaleza darwiniana de la política, y restaura el encadenamiento de relaciones entre los dirigentes, los partidos y su conducta en la gestión. Las elecciones son un momento difícil para que cada cual juegue la propia; todos pasan a depender del conjunto.

Los gobernadores atienden sus necesidades por encima de las diferencias partidarias en un grupo de WhatsApp que se llama «23 gobernadores y un jefe de gobierno». En la cita de este lunes estarán todos. La fragilidad que vienen demostrando las jefaturas y liderazgos partidarios horizontaliza las relaciones. Es más importante lo que decidan conversando que lo que puede venir de arriba, de cualquiera de los caciques arrastrados por la desgracia.

Para el oficialismo es difícil moverse con anteojeras con un presidente como Milei, que para verlo te hace atender por la hermana. Para la oposición no es más fácil con Cristina, que para verla le tenés que pedir permiso a la Policía y encima te hace atender por el hijo; o con un Macri que se quiere ir a la casa, no quiere ser jefe de nadie y te hace atender por Ritondo o por el primo. El nepotismo al palo.

Este panorama refuerza la necesidad de que una liga de gobernadores sin diferencias de partido esté a punto de lograr que el Gobierno ceda estos dos reclamos: repartir lo que se recauda por combustibles y por lo menos el 50% de los ATN, que se alimentan del 1% de los fondos coparticipables.

En una entrevista la semana anterior, la cúpula del Gobierno (Guillermo Francos, Carlos Guberman y otros) escuchó los cálculos que maneja un seleccionado de los mandatarios que empujan este ariete federal: Torres y Frigerio por el PRO, Ziliotto y Jalil por el peronismo, y la vicegobernadora de Córdoba, Myrian Prunotto, que asegura la participación de Córdoba en este acuerdo.

Si este lunes los mandatarios cierran el texto de un proyecto de ley que llevarán al Congreso, el Gobierno cederá para concretar un nuevo Consenso Fiscal. La presencia de Frigerio y de Córdoba empalma este consenso con los anteriores, que se remontan al gobierno de Juntos por el Cambio bajo la presidencia de Mauricio Macri. Esos consensos aseguraron que las provincias llegasen al final 2022 con superávit fiscal y permitiesen la reelección de la mayoría de los gobernadores.

Esa estabilidad se deterioró durante el gobierno de Alberto Fernández, que significó un deterioro del federalismo, en particular en las provincias administradas por el peronismo, que fue derrotado en 2023. La presencia de Nacho Torres y de Claudio Vidal significa que provincias emancipadas de la dependencia de Nación -porque tiene regalías que les permiten equilibrar sus cuentas y tener juego político propio- están dispuestas a que avance este proyecto.

Entre los argumentos que llevaron los gobernadores a la Nación figura el aumento de la carga tributaria nacional, que pasó en la actual gestión del 22,8% al 23%, mientras que la carga tributaria provincial bajó del 5,1% al 4,8%. O sea que las provincias bajaron la presión de los impuestos, y el Gobierno nacional la aumentó. También rechazaron el argumento de que la Nación tiene equilibrio fiscal. En realidad, esgrimieron los mandatarios, tiene déficit porque no liquida los fondos que por ley tiene que girar a las provincias que no traspasaron sus cajas previsionales a la Nación.

Tampoco el Gobierno cede fondos que alimentan fondos fiduciarios, que tenían asignaciones específicas y han sido derogados. Los gobernadores arrinconan al Gobierno nacional con el paso cambiado, porque este teme que el Congreso haga ley los aumentos de jubilaciones. Ha dicho que vetará la norma, pero para eso necesita del voto de los legisladores que pueden controlar a los gobernadores.

Una salida por el medio sería que el Senado apruebe el aumento a los jubilados, pero no la moratoria. Esta extensión del período para jubilar sin aportes era un proyecto de Unión por la Patria en Diputados, que se sancionó porque sectores de la oposición amigable al Gobierno se abstuvieron o se retiraron del recinto.

Eso permitió un triunfo legislativo inesperado del peronismo, que ahora el Gobierno quiere frenar en el Senado o con un eventual veto presidencial. El consenso de los gobernadores busca apoyar el aumento y no la moratoria. Pero para que esto ocurra la Nación tiene que endulzar a las provincias peronistas.

La seguridad que tienen los gobernadores de que esto avanzará sin problemas es porque están enterados del pánico que produce en el oficialismo el trámite en Diputados de la investigación del CriptoGate. Esta semana habrá invitados especiales a una sesión informativa de la comisión respectiva.

Como efecto de la exposición de invitados (técnicos en criptomonedas, alguna periodista), la comisión disparará una andanada de exhortos a juzgados locales y del extranjero, donde comenzará a corporizarse la inocencia o la culpabilidad de funcionarios públicos. Es un misil que se dispara y no se sabe dónde impactará.

Hasta ahora la oposición amigable ha sido más que paciente, pero el Gobierno juega a la carta del olvido. Le conviene estar en paz con los gobernadores. Pero esta paciencia de la oposición con el Gobierno en el tratamiento del affaire tiene un límite, que es la disputa electoral, que es cuando todo vale.

El grupo tiene preparado proyectos más agresivos y que ya han sido presentados en el Congreso. Uno data del tiempo cuando Torres era senador por su provincia y propone una agresiva coparticipación del impuesto al cheque, uno de los que más recaudan en la grilla impositiva. Avanzó hasta que algunos firmantes dieron marcha atrás en el apoyo.

El radical Victor Zimmerman presentó otra iniciativa igualmente agresiva en el Senado. Propone crear un Fondo Argentino de Desarrollo Regional constituido por el 1% de la recaudación de los impuestos nacionales existentes o a crearse y de los derechos a las exportación e importación. De esa torta quedan excluidos los aportes y contribuciones a la Seguridad Social y las asignaciones específicas de impuestos a la Seguridad Social.

El consenso en cuanto a estos dos impuestos está cerca de salir por otra debilidad del oficialismo. El peronismo ha asegurado por ahora una estampa de unidad, que se asienta sobre la detención de Cristina de Kirchner. Es un producto perecedero, porque el tiempo mitigará el efecto de esa detención. El peronismo no va a perder la oportunidad de poner a prueba el poder que ganó con la unidad, aunque sea frágil.

La prueba puede darse esta semana en el Senado, si Unión por la Patria fuerza dictámenes en proyectos como jubilaciones, discapacidad y alguno más. Si ocurre, esa bancada va a pedir una sesión especial para tratarlos en el recinto sin más demora. El miércoles comparece ante ellos el jefe de Gabinete. La oposición va a probar en el recinto la fuerza de la consigna que ha acuñado el PJ: Cristina es presa de Milei.

La figura de Francos es una oportunidad para el tiro al blanco y probar puntería. La victimización y la percepción de persecución de los líderes pueden transformarse en una oportunidad proselitista. De hecho, esto puede convertirse en un catalizador para la unificación, como se observó recientemente con expresiones de solidaridad de figuras que antes competían por la dirección partidaria.

Este hecho, inherentemente indeseable, se convierte entonces en una oportunidad estratégica o táctica. La ausencia de esta figura podría facilitar la unidad interna. Desde otro ángulo, esto libera a la fuerza política principal de la dependencia de una figura. El triunfo de la fuerza emergente en 2023 se explica, en parte, por haber captado votos de la coalición opositora, después de que la principal fuerza política quedara en tercer lugar en las primarias.

El sector del interior de la fuerza política principal se desentendió de la elección presidencial y esta perdió en varias provincias en la primera vuelta, desmovilizándose en la segunda. Esto se debió, entre otras cosas, a la hostilidad hacia la facción metropolitana, que, según algunos dirigentes, «recorta» y «achica» la fuerza cuando debería buscar agrandarla.

El peronismo, además, está advertido por la bancada oficialista que preside Ezequiel Atauche, que el Gobierno prepara un DNU para reformar la ley de la Auditoría General de la Nación. Este DNU será motivo de nuevas peleas porque la Constitución ordena que haya una reglamentación de la AGN, pero que se haga por una ley aprobada por mayoría calificada. Es lo que llaman los juristas una «ley constitucional».

El DNU replica lo que piden proyectos como los de Juan Carlos Romero, José Mayans y, en diputados, Martín Menem. Todos coinciden en reducir el mandato de los auditores, pero modificando la cantidad de representantes de cada cámara. Esta amenaza del DNU busca trabar los acuerdos multipartidarios en las dos cámaras, que dejan afuera a representantes de La Libertad Avanza.

La auditoría hoy funciona solo con el presidente. Los seis auditores en representación del Congreso ya cumplieron sus mandatos. Quienes ven bajo el agua creen que hay un acuerdo del Gobierno con el peronismo para que la AGN, que debe auditar los gastos del poder Ejecutivo, tenga una conducción unipersonal, pero sin auditores que representen al Congreso, por lo menos hasta diciembre, cuando cambia la legislatura.

El presidente de la AGN hoy es el peronista Juan Manuel Olmos, hombre fuerte del PJ y que es el responsable de auditar los gastos del gobierno de Alberto Fernández, que él integró como vicejefe de Gabinete. El sueño de todo gobierno es que nadie le controle el gasto y que el controlador de la gestión anterior pertenezca al mismo partido que gobernó.