ROSARIO.- El juicio que comenzó el lunes de la semana pasada contra el exfiscal regional Patricio Serjal, acusado de formar parte de una asociación ilícita que le daba protección judicial al juego clandestino a cambio de cobro de sobornos, se puso vibrante este miércoles, luego de que declaró Leonardo Peiti, un actor clave, que ya fue condenado, y reconoció que pagaba las coimas.

Peiti admitió que pagó coimas a un colaborador del exjefe regional de los fiscales Gustavo Ponce Asahad, y que le entregó 200.000 dólares al senador Armando Traferri como aporte de campaña del PJ, de cara a las elecciones de 2019.

Este juicio excede esta causa y exhibe el deterioro institucional del Ministerio Público, no sólo porque dos fiscales fueron detenidos, entre ellos el jefe de los funcionarios del MPA, sino porque los dos investigadores que lograron revelar esta trama de oscuridad terminados corridos de este caso, como Luis Schiappapietra y Matías Edery, este último con un expediente abierto en Santa Fe.

El juicio contra Serjal, quien estuvo un año y medio preso fue excarcelado porque su salud se deterioró de forma notable, tiene un alto voltaje político, porque será determinante en el próximo capítulo, que lo tiene como imputado de ser el jefe de la asociación ilícita al senador Armando Traferri. Si Serjal es condenado −la fiscalía pidió 12 años de prisión− es posible que el futuro del senador de San Lorenzo se complique aún más, aunque las alianzas y acuerdos políticos que mantiene este hombre poderoso del peronismo siempre dejan un resquicio para la duda. En diciembre de 2020, cuando los fiscales pretendían imputarlo, pidieron su desafuero. Fue rechazado por casi todo el arco político del Senado, entre ellos, radicales y peronistas.

Hasta ahora, quien más complicó al exfiscal regional Serjal fue Gustavo Ponce Asahad, quien era su colaborador y hombre de confianza. Admitió que les pagaban para que Peiti tuviera una cobertura judicial. No tenía que mancharse el prontuario del empresario del juego, porque –según admitió en diálogo con – pretendía quedarse con el juego online legal, una misión que tenía como uno de los lobistas a Pipi Traferri, según la investigación.

Ponce Asahad reveló que en una oportunidad Serjal guardó “los fajos de plata en las medias” y que ante un presunto pedido de “aumento” del cohecho al capo de las apuestas ilegales, el legislador de San Lorenzo lo llamó y se quejó: “Este pibe está loco, cómo va a pedir cien mil dólares, ni yo los pido”. Peiti declaró que ese dinero se lo daba a Ponce Asahad todos los meses. “No sé si lo repartía con Serjal”, apuntó en su declaración en el juicio.

“A Serjal me lo presenta Traferri, que había influido para que él fuera nombrado fiscal regional. Y después que ya hicimos el contacto, me dijeron que me manejara directo con Ponce Asahad, de quien tenía dos números de teléfono, uno oficial y uno paralelo”, afirmó en el juicio. Dijo que a Serjal lo vio “dos veces”, pero con Ponce Asahad mantenía encuentros “cada quince días”. “Le daba una ayuda mensual, como hacía con [Ricardo] Paulicenco [exsecretario legislativo del Senado]. Era para tener tranquilidad, para estar alineado con la gente que me podía cuidar de allanamientos o de acusaciones”, advirtió.

El testimonio de Peiti fue importante. Por eso, el miércoles todos estaban atentos en la sala de audiencias, a pesar de que la fiscalía no había pedido que testimoniara en el juicio en las reuniones previas. La defensa de Serjal, en manos de Ignacio Carbone y Renzo Biga, alertó que si no iba a ser convocado se caía la imputación contra Serjal. Por eso, el zar del juego clandestino figuró como el testigo número 62, el último.

El testimonio de Peiti fue determinante por varias razones. Él declaró como arrepentido en setiembre de 2021 y recibió una condena a tres años, y quedó un año internado en una clínica psiquiátrica por casi un año. Zafó de ir a la cárcel, a diferencia de Serjal, que estuvo detenido en el denominado Order un año y medio.

Lo que fastidia aún hoy a Peiti es que quienes lo extorsionaron recibieron una pena más baja que él, como Rodrigo Ortigala, que fue detenido el lunes pasado por una serie de extorsiones contra concesionarias de autos. Esa investigación la habían realizado los fiscales Schiappapietra y Edery, y en su momento le pidieron a Federico Rébola –según admitieron– que detenga a Ortigala. El trámite tardó más de tres años, y es un hecho que –según las fuentes– expone que Edery no protegía a los Ortigala, que en ese momento eran informantes de una causa narco que tenía a Esteban Alvarado como principal acusado.

Según Peiti, Rodrigo y Mariana Ortigala eran quienes le pasaron información suya a Los Monos para que comenzaran a extorsionarlo. Le balearon en 2019 el edificio de departamentos que tiene en calle Servando Bayo. Ahí, según el zar del juego, se había mudado Rodrigo Ortigala, que en ese momento comenzó a “trabajar” para Los Monos, después de que el capo narco Esteban Alvarado ordenara matarlo a él y a su hermana, luego de que el primero rompiera los códigos de lealtad elementales.

Los Monos comenzaron a pedirle a Peiti 500.000 dólares y un “abono” de 20.000 por mes. La negociación fue con Maximiliano “Cachete” Díaz –referente en ese momento del clan criminal– en un bar, y logró acordar un pago de 15.000 dólares y cederles unas “maquinitas” para que instalaran salas de juego clandestino. En el juicio, Peiti declaró: “Cuando empezaron las extorsiones de Los Monos, yo hablé con todos, con fiscales, con jefes policiales. Hablé con (José Luis) Amaya (jefe de Policía), con (Marcelo) Albornoz ‘Flecha’ Albornoz (actual subsecretario de Investigación Criminal), que era de la PDI, con Ponce Asahad, con Serjal, con Traferri”.

El pago, según contó Peiti, se concretó en el shopping El Bosque y quien recibió el dinero fue Ortigala. El “empresario” le contó a Cachete Díaz que tenía influencias en la Fiscalía de Rosario. “Lo hice para mostrarles que tenía poder”, dijo en una charla con . Su relación más estrecha era, según reveló, con Nelson Ugolini, quien está siendo juzgado con Serjal. También lo había conocido en un bar, a partir de otro allegado.

Díaz le pidió que averiguara sobre unos muchachos que habían sido detenidos cerca del casino. Los “chicos” planeaban incendiar un auto en el estacionamiento de City Center, pero no lo pudieron consumar. Por eso, después, Díaz decidió disparar contra el casino, donde terminó muerto Enrique Encino, un exgerente del Banco Nación de Las Parejas, que –de acuerdo a Peiti– era prestamista.

La investigación sobre este homicidio terminó por detectar que el capitalista de juego clandestino contaba con una “protección” dentro de la Fiscalía, que era dirigida por Serjal. Peiti confesó que “el que le dio el teléfono de Chachete Díaz a los investigadores fue Mariana Ortigala”. En el juicio se reveló también que, a partir del testimonio de un agente de la Tropa de Operaciones Especiales, ese smartphone fue entregado por un vecino de Cachete Díaz, horas después de su detención. El aparato estaba partido por la mitad.

Ahí se abrió otro capítulo. Porque los fiscales Pablo Socca y Miguel Moreno plantearon en setiembre de 2023 en una audiencia que su colega Matías Edery, quien investigó la causa de juego clandestino junto con Schiappapietra, protegía a Ortigala siendo una integrante de Los Monos.

Socca y Moreno mostraron en esa audiencia capturas de pantalla de chats entre Edery y Mariana Ortigala, acusada de extorsionar a la agencia de quiniela El Califa, cuyo dueño era amigo de Peiti. Edery fue suspendido por seis meses, y junto con Schiappapietra fueron corridos de esta investigación de juego clandestino, en la que por primera vez aparecía la sombra de la política vinculada a actividades delictivas y criminales, algo que en Santa Fe prácticamente no existe, porque ningún fiscal se anima a escarbar.

Edery está siendo investigado por los fiscales santafesinos María Laura Urquiza y Bárbara Ilera por proteger supuestamente a Mariana Ortigala. La causa nunca avanzó. Este fiscal ya fue investigado por ese tema, y la causa fue archivada por el fiscal Gonzalo Fernández Bussy. Este tema dejó al descubierto las internas en el MPA, que no son nuevas. Y otras debilidades: uno de los jueces que integra el tribunal que debe decidir la suerte de Serjal es Nicolás Foppiani, quien integra la nómina de aspirantes a camarista, que debe aprobar la Legislatura, donde Traferri tiene un peso determinante.

En el juicio, los abogados del exfiscal regional Ignacio Carbone y Renzo Biga plantearon que Serjal fue condenado antes de que comenzara el juicio. “La condena fue mediática”, afirmaron. El exfiscal estuvo preso casi un año y medio, en plena pandemia, y logró salir de la prisión después de que se detectara un fuerte deterioro en su salud, debido a una fuerte depresión. Llegó a pesar 52 kilos.

Serjal siempre rechazó la posibilidad de sellar un juicio abreviado y admitir su culpabilidad, porque se consideró inocente, según explicaron desde su entorno. Desde su entorno señalaron que enfrentó fuertes presiones para sellar un acuerdo judicial. Se mudó a San Pedro, provincia de Buenos Aires, donde puede ejercer la abogacía, prefirió que el caso llegara a juicio y que su defensa exponga las pruebas que, de acuerdo a su visión, determinan que el exfuncionario no tuvo nada que ver con el cobro de los sobornos. La fiscalía pidió 12 años de prisión para Serjal y cinco contra Ugolini. Y dice lo contrario, que la relevancia de la prueba es muy potente.

El fiscal José María Caterina, que interviene en este juicio como acusador, junto con Marisol Fabbro y María de los Ángeles Granato, señaló que van a intentar demostrar “cómo se brindó una cobertura judicial a toda una operatoria de juego clandestino que también tenía nervaduras políticas por parte de civiles, empresarios y demás personas que lamentablemente no todos han podido llegar a este juicio ahora”.

La defensa del exfiscal Regional planteó sin éxito que no contó con pruebas claves para el juicio, que se negaron a suministrarle en el MPA la pericia del teléfono Xiaomi que pertenecía a Mariana Ortigala, y que tampoco lograron acceder a la información que tiene el smartphone de Edery, que está siendo investigado por fiscales de la ciudad de Santa Fe, por la relación inapropiada que tenía con esta mujer.

“Lo preocupante para esta defensa es que a la fecha no hemos podido obtener la evidencia en cuestión”, plantearon Carbone y Biga en una serie de escritos que presentaron antes del juicio.

Desde un principio, Traferri argumentó que la causa, en la que el capitalista de juego clandestino Leonardo Peiti declaró que pagó 200.000 dólares para apoyar al peronismo en la campaña electoral, fue armada por Marcelo Saín, quien fue ministro de Seguridad y estuvo a cargo del Organismo de Investigaciones del MPA. Dijo además que Schiappapietra y Edery eran una especie de brazo judicial de Saín. Hasta ahora, todas las evidencias resultaron determinantes y claves para describir un sistema de protección política.

Peiti declaró que “a Ponce yo le llevaba en efectivo unos 4000 o 5000 dólares por mes. Nos habremos visto durante un año. A veces también le llevaba bebidas al club árabe, ese de calle Dorrego, porque mi mujer había puesto una distribuidora”. “Cuando yo quedo detenido hablo con Ponce. Me dijo que iba a hablar con la jueza para que (Matías) Merlo no me siga la causa, pero se puso todo peor. Es que antes de todo esto, vos lo escuchabas a hablar y Ponce Asahad era un capo, pero me vendía como una cobertura de humo”, apuntó.