El Gobierno anunció que el proyecto de la baja en la edad de imputabilidad será parte del temario en sesiones extraordinarias, del 2 de febrero hasta el 27 de ese mes.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anticipó en su cuenta de X que la ley Penal Juvenil será debatida en febrero en el Congreso, luego de encabezar una reunión de la mesa política del Gobierno en Casa Rosada para monitorear las negociaciones por la propuesta de reforma laboral que impulsa el oficialismo.

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Adorni publicó en su cuenta de X: “Reunidos en Casa Rosada desde temprano. La ‘Ley Penal Juvenil’ también formará parte del temario de las sesiones extraordinarias. Fin”.

Participaron de la cumbre liderada por Adorni la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, los ministros, Diego Santilli (Interior), Luis Caputo (Economía), el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, la jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, el asesor presidencial, Santiago Caputo, y el secretario de Asuntos Estratégicos de la jefatura de Gabinete, Ignacio Devitt.

Fuerte presión de LLA a la baja en la edad de imputabilidad: “Veremos quiénes siguen defendiendo a los delincuentes”

La exministra de Seguridad destacó en su cuenta de X: “Nos vemos en el Congreso en febrero para tratar la Ley Penal Juvenil y actualizar la edad de imputabilidad. La sociedad necesita justicia y prevenir nuevas víctimas. No más excusas ni dilaciones. Ahí vamos a ver con claridad quiénes están del lado de los argentinos, y quiénes siguen defendiendo a los delincuentes».

El diputado de LLA y exministro de Defensa, Luis Petri, publicó en su cuenta de X: “¡Bajar la edad de imputabilidad es urgente y necesario! ¿Cuántas nuevas víctimas vamos a esperar para reformar una ley que demuestra su fracaso cada vez que un hecho violento deja a una familia destrozada en manos de un peligroso delincuente que mata a sangre fría?“.

Petri planteó: “¡El presidente Javier Milei habilitará su tratamiento en extraordinarias! Bajar la edad de imputabilidad es un debate impostergable que requiere ser resuelto por el Congreso de la Nación. La Argentina cuenta con una de las edades más altas del mundo y eso genera la imposibilidad de hacer justicia y la impunidad para quienes cometen delitos aún comprendiendo cabalmente lo que hacían. ¡Una lucha de décadas que tiene que quedar definitivamente saldada y así será!“.

El dictamen como antecedente del debate de la baja de la imputabilidad

El plenario de las comisiones de Legislación Penal, Presupuesto, Justicia y Familias, Niñez y Juventudes de Diputados trabajó durante varios meses el año pasado y consensuó 12 proyectos de ley que establecían la edad de imputabilidad de los menores entre los 16 y los 12 años.

El dictamen de mayoría salió con las firmas de los libertarios, el PRO, la UCR, partidos provinciales, la Coalición Cívica, Encuentro Federal y Democracia para Siempre. Se trató de un amplio consenso que modificó el proyecto original del Poder Ejecutivo, que reducía la edad de imputabilidad a los 13 años.

Finalmente, el plenario de cuatro comisiones, liderado por la diputada Laura Rodríguez Machado, titular de Legislación Penal, estableció que el régimen penal se cambie de los 16 a los 14 años; penas máximas de hasta 15 años; y sanciones alternativas para condenas menores a 10 años referidas a servicios comunitarios, prohibición de conducción y reparaciones económicas.

La bancada de Unión por la Patria consideró que la edad debía mantenerse y seguir en los 16 años, mientras que el Frente de Izquierda rechazó de plano cualquier cambio a la norma actual.

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había sido confirmada a LA NACION,Decreto 45/2026,efectivizó su nombramiento en abril pasado,Decreto 47/2026 del Ministerio de Economía,,LA NACION,Resolución 18/2026.,decreto 33/2026,,Boletín Oficial,Transporte,Conforme a,,»Terminar con algo que está terminado». D’Elía lanzó una crítica a Cristina Kirchner y llamó a votar por Kicillof,,»Tour de la gratitud». Milei llega este lunes a Mar del Plata y el martes habla en La Derecha Fest,,Reforma laboral. El oficialismo reactiva las negociaciones en el Senado para aprobar el proyecto a mediados de febrero,Boletín Oficial,,»Ilegítimo». La Anmat prohibió en todo el país un alcohol sanitizante por irregularidades sanitarias,,Irregularidades en la inscripción. La Anmat prohibió la venta de una serie de productos de limpieza y cuidado personal,,Tras reclamos del sector. El Gobierno eliminó un aporte que pagaban las empresas radicadas en Tierra del Fuego

Desde que asumió como jueza, en 2005, Patricia Susana Guichandut recibió dos denuncias por mal desempeño ante el Consejo de la Magistratura, en 2010 y en 2015. En ambos casos, el pleno del organismo desestimó las presentaciones. Infobae tuvo acceso a las denuncias y a los argumentos de los consejeros que votaron a su favor.

La jueza fue blanco de las criticas del presidente Mauricio Macri y del jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta por su actuación en el caso de un motochorro colombiano. A pesar de la contundencia de la respuesta oficial, en el Gobierno aseguran que no es una jueza “zaffaroniana” y advierten que hay que poner el foco en la actuación de la fiscal, que impulsó la probation.

La primera denuncia contra Guichandut -que proviene del fuero correccional- fue presentada por Miguel Ángel Rafael Dapueto de Ferrari: la acusó de desestimar en tiempo récord una querella por injurias contra un juez del fuero laboral. El denunciante intentó en otro juzgado, pero la causa volvió a Guichandut, que por entonces estaba a cargo del Juzgado Nacional en lo Correccional N° 13.

Para el denunciante, la jueza había violado «en forma flagrante lo normado por el art. 418 último párrafo apartado in fine, en perjuicio [suyo] como querellante, y en beneficio (…) del Juez colega de la ahora denunciada».

La presentación fue evaluada por la Comisión de Disciplina y luego desestimada in límine (sin una investigación previa) por el plenario del Consejo. La resolución, del 11 de noviembre de 2010, destaca que la denuncia solo expresaba una “disconformidad” con las decisiones adoptadas por Guichandut en el marco de los expedientes 25.795/2009, 1097/2010 y 26.066.

“La valoración de los criterios de interpretación normativa o probatoria que los magistrados incorporan a sus resoluciones se encuentran por fuera de la competencia asignada a este Consejo de la Magistratura y solo son susceptibles de revisión a través de los canales recursivos que el ordenamiento procesal prevé“, argumentó en ese caso el plenario bajo la presidencia de Luis María Cabral.

La jueza Guichandut fue cuestionada esta mañana por el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta luego de liberar a un motochorro colombiano a cambio de pagar 700 pesos en concepto de “reparación del daño” a la víctima. El motochorro, identificado como Jair Stevens Jurado Mora, le había robado el celular a una joven de 18 años en Avenida La Plata al 100.

Guichandut tuvo otra denuncia por mal desempeño: fue realizada en 2015 por Jorge Omar Cao, que fue sobreseído en una causa por lesiones leves tras una discusión con dos agentes de la AFIP en un restaurante ubicado en Salguero y Mansilla. El denunciante argumentó que la jueza no valoró una serie de pruebas presentadas por su defensa y omitió realizar otras que lo hubieran beneficiado.

Al momento de realizar su descargo, la jueza sostuvo que la causa se demoró por las “múltiples y reiteradas presentaciones” de la defensa de Cao. “De los ocho cuerpos que conforman la causa, alrededor de dos de ellos están compuestos por presentación del Sr. Cao”, se quejó la jueza. Y destacó que la instrucción estuvo delegada en la Fiscalía.

El 10 de septiembre de 2015, el plenario del Consejo, bajo la presidencia de la jueza Gabriela Vázquez, desestimó la denuncia. La resolución tuvo en cuenta que el denunciante tuvo a su disposición todas las medidas procesales para defenderse y que solo expresó “discrepancias” con la magistrada.

Siete años después de publicada la nota (enero de 2026) uno de los involucrados pidió derecho a réplica, a continuación su descargo: “Se omitió en la nota que estoy sobreseído desde 2017 en el expediente citado, según consta en las actuaciones judiciales. Actualmente continúo presentando recursos con el fin de que se anulen las decisiones adoptadas por el Juzgado de Instrucción, ya que solicito que las actuaciones sean reiniciadas debido a la ausencia de una investigación imparcial. Según el expediente 27743/12 ante el Juzgado Correccional 13, los funcionarios involucrados reconocieron que se acercaron a mi vehículo “golpeando e insultando”, un hecho que elimina la posibilidad de que existiera una discusión, ya que los propios testimonios suponen un abordaje agresivo hacia mi persona y mis bienes. El incidente no tuvo lugar dentro de un restaurante. Así lo verifican varios testigos presentados durante el juicio, quienes nunca fueron convocados a declarar. Respecto al informe publicado, se indica erróneamente que “Cao aseguró que Guichandut se negó a realizar una pericia sobre el auto (que habría sufrido daños) y que omitió un informe del médico legista”. Lo cierto es que esto se desprende del contenido del expediente: los agresores reconocen los ataques, se omitió la valoración del informe oficial realizado por el médico legista y se admitieron “certificados de reposo emitidos por una clínica privada, sin ningún estudio complementario”, lo que impidió una correcta consideración de lo sucedido».