La senadora Carmen Álvarez Rivero recibió duras críticas luego de afirmar que “los niños argentinos no tienen derecho a venir al Garrahan a ser curados”. Los dichos de la legisladora cordobesa ocurrieron en el marco de una reunión conjunta de comisiones en la que se discutió -entre otras cosas- el proyecto de emergencia sanitaria pediátrica, que busca destinar más fondos a hospitales de alta complejidad infantil.

En su intervención desde el Salón Illia del Senado, Álvarez Rivero subrayó que la atención de salud corresponde a las provincias y cuestionó la centralidad del Garrahan. “La salud privada y la salud pública cordobesa atienden a mucha población de otras provincias. De Catamarca, La Rioja, Santiago y hasta La Pampa. Se debe a que la Argentina está pobre”, expresó. Y agregó: “Por eso la frase que ‘la salud de alta complejidad es de competencia federal’ es falsa. La salud, y no hay más distinción, es de competencia provincial”.

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La senadora también advirtió sobre el impacto económico que, según ella, recae sobre Córdoba al recibir pacientes de otras jurisdicciones: “Me gustaría que se asignaran también más recursos a Córdoba cuando atendemos a personas de otra jurisdicción. Eso recae sobre las espaldas de los cordobeses”. Y tras ello sostuvo: “Hay que discutir el sistema de salud en su conjunto. Quiero hacer un aporte: no creo que los niños argentinos tengan derechos a venir a Garrahan a ser curados. Ese derecho no lo conozco en ningún lado”.

Las palabras de la integrante del Pro sobre el Garrahan marcaron el punto más álgido de la discusión. La catamarqueña Lucía Corpacci (Frente Nacional y Popular) replicó de inmediato tras escucharla: “La verdad, le tengo que decir que creo que todos los niños tienen derecho al acceso a la salud”.

En la misma línea, la senadora porteña Guadalupe Tagliaferri (Pro-Capital) sostuvo: “Hay que recordar la Constitución y el derecho a la salud, que lo tiene que garantizar el Estado . También la Convención Internacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, que tiene carácter constitucional. Una de las cosas que plantea es el acceso equitativo, cercano e inmediato a la salud de los niños, niñas y adolescentes de cada uno de los países”.

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El último en opinar sobre los dichos de Álvarez Rivero fue Martín Lousteau (UCR): “Un país es injusto cuando lo que uno tiene a disposición depende del lugar en que uno nace. Que alguien diga que los niños en la Argentina, cuando tienen una patología grave, no tienen derecho a ser atendidos en el Garrahan da idea de cuán proclive a la injusticia es la cabeza de una persona y cuán alejada está de eso. Me parece de un nivel de violencia inusitado”.

Lousteau también remarcó que la organización de la salud debe ser nacional y coordinada: “No tiene sentido que cada provincia tenga un hospital de alta complejidad especializado en algo. Para hacer un buen uso de los recursos, hay que tener una organización del sistema sanitario. Es exactamente al revés. Sino sería más deficitario, tendríamos menos capacidad de cubrir, gastos que no rinden lo que deberían rendir”.

Frente al repudio que despertaron sus dichos, la senadora cordobesa intentó luego dar una explicación. “Me parece que fui malinterpretada. Los chicos que se operan en el Garrahan no tienen nada que ver en esta discusión, por supuesto”, aclaró. Y completó: “Pero no podemos dejar de entender que si la competencia de la salud es provincial, que haya un hospital pago por todos… hay que decir la verdad: ¿a quién le proveen más servicio? A la población de Ciudad de Buenos Aires y de AMBA. Esa es la atención mayoritaria”.

Más allá de la controversia, la reunión terminó con la firma de los dictámenes favorables para la emergencia pediátrica y también para el proyecto de financiamiento universitario. Ambos textos ya tenían media sanción en Diputados y quedaron en condiciones de ser discutidos en el Senado en los próximos días.

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La baja en la edad de imputabilidad a 14 años volvió a instalarse en la agenda política. Ante el asesinato de una mujer a manos de dos menores, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, calificó de “inútil” al gobernador Axel Kicillof y le pidió al Congreso que debate el proyecto que ya tiene dictamen.

Desde el pasado 6 de mayo, y luego de un extenso trabajo de la Comisión de Legislación Penal de Diputados, encabezada por la legisladora Laura Rodríguez Machado, se firmó un dictamen de mayoría de la iniciativa que prevé la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años.

El dictamen, con amplio consenso se logró con el respaldo del bloque de La Libertad Avanza y otras fuerzas: el Pro, la UCR, partidos provinciales, la Coalición Cívica, sectores disidentes de Encuentro Federal como Juan Brügge, Alejandra Torres —quien pidió garantizar los fondos para las provincias—, Oscar Agost Carreño, y los radicales críticos de Democracia para Siempre.

Además, se firmaron dos dictámenes de minoría, uno de Unión por la Patria (UxP) y otro del Frente de Izquierda.

La diputada Rodríguez Machado confirmó a TN este martes que el proyecto ya tiene despacho, orden del día y consenso. “Pero ocurre que la oposición, que no es solamente el kirchnerismo, no tiene la voluntad de generar el clima legislativo para que se traten proyectos que sean logros del gobierno nacional. La oposición se encargó que todos los proyectos que han ingresado al recinto sean para corromper el equilibrio fiscal o generar un golpe político en la imagen del Gobierno”, aseguró.

Luego dijo: “Estamos viendo cuándo podremos tratarlo, si no se trata el despacho antes del recambio legislativo no se trata, el despacho cae, y hay que empezar la discusión nuevamente.

La iniciativa destaca los principios de legalidad, debido proceso y derecho a defensa desde el inicio. Se aplica el in dubio pro minoris, interpretando siempre en favor del menor. Establece la proporcionalidad y excepcionalidad de las medidas restrictivas de libertad, priorizando la resocialización y la educación. La privación de libertad es la última instancia y solo se permite en establecimientos especializados. Se garantiza la participación activa del adolescente y su derecho a ser oído, respetando el rol de las familias. Se asegura también celeridad procesal y el derecho del menor a expresar públicamente su situación, si así lo desea.

Uno de los puntos clave del proyecto es el reconocimiento de los derechos de las víctimas como sujetos activos en el proceso penal juvenil. Tendrán derecho a ser escuchadas, contar con patrocinio jurídico, acceder a asistencia psicológica desde el inicio del proceso, participar en mediaciones penales juveniles (siempre con su consentimiento) y oponerse a decisiones del Ministerio Público Fiscal, lo que implicará la revisión por parte de un fiscal superior. También se contempla la responsabilidad civil de los padres o representantes legales del imputado y su participación en la suspensión del juicio a prueba.

Los proyectos como antecedentes

Fueron 12 las iniciativas que trató el plenario de comisiones. Cada uno de los autores a lo largo de varias audiencias explicaron los contenidos de los mismos. El diputado Manuel Aguirre de Democracia para Siempre, sintetizó su proyecto: “Lo primero que puse en los artículos fue la necesidad de crear institutos adecuados para cumplir las sanciones. No pueden ser cárceles. Estos institutos deben contar con herramientas que permitan al adolescente reconducir su conducta, algo que hoy falta”.

Marcela Campagnoli de la Coalición Cívica, impulsó una iniciativa presentada por su espacio desde 2003, que propuso un Régimen Penal para menores con penas progresivas y alternativas a la prisión. “No alcanza con bajar la edad. Hay que garantizar una justicia especial para menores y trabajar en su reinserción”.

Otros proyectos plantearon límites de 14, 15 o 16 años. Ricardo López Murphy (Encuentro Federal) y Diego Santilli (PRO) apoyaron un sistema de responsabilidad penal juvenil desde los 14 y 15 años, respectivamente.

En Unión por la Patria, Natalia Zaracho defendió mantener la edad en 16 años y se enfocó en la prevención y la no reincidencia. En tanto, los libertarios Carolina Píparo y Álvaro Martínez pidieron penas más duras para menores reincidentes, y este último propuso fijar la edad en 12 años, como en Brasil y México.

Mientras que, el gobierno nacional en su proyecto de ley buscó para bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. La iniciativa busca favorecer el derecho de las víctimas y establecer un régimen diferenciado en cuanto al tratamiento de resocialización y a las sanciones penales.

Penalidades consensuadas del nuevo régimen

El nuevo sistema establece sanciones escalonadas, priorizando medidas educativas y restaurativas que promuevan la rehabilitación del adolescente. Entre las medidas complementarias se incluyen: asesoramiento interdisciplinario, inclusión en programas educativos, tratamiento psicológico y capacitación laboral. También sanciones alternativas: amonestación, servicios comunitarios, monitoreo electrónico, reparación del daño y restricciones de contacto con la víctima. La privación de libertad se reserva solo para delitos graves, con un máximo de 15 años de condena, y posibilidad de sustitución parcial tras cumplir dos tercios. Los adolescentes serán alojados en institutos especializados, con personal capacitado y sin contacto con adultos.

El proyecto también contempla la mediación penal juvenil, que será voluntaria y confidencial para delitos con penas de hasta seis años, y con el consentimiento de víctima e imputado. La suspensión del juicio a prueba será aplicable solo a delitos con penas mínimas inferiores a tres años y sin mediación previa. En estos casos, el adolescente deberá reparar el daño y realizar tareas comunitarias.

Si se dispone la privación de libertad, el alojamiento será en módulos diferenciados por edad, salud, situación cautelar o punitiva. Se garantizará el acceso a educación, salud, recreación, cultura y religión, y se prohibirá expresamente el contacto con adultos. Todo el personal deberá estar especializado en infancia y adolescencia.

Régimen Penal de la Minoridad, Diputados, Laura Rodríguez Machado

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