La CGT presentó este viernes una acción de amparo judicial para frenar la aplicación de varios artículos de la recién promulgada reforma laboral impulsada por Javier Milei: en su presentación, advirtió que el traspaso de la justicia laboral nacional a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires podría generar un colapso judicial y afectar a miles de causas en trámite y empleados.

La denuncia de la central obrera, que cuenta con la firma de su triunvirato de conducción, constituye el primer paso en una estrategia legal más amplia para rechazar aspectos centrales de la ley aprobada durante las sesiones extraordinarias del Congreso.

La acción judicial fue sorteada a favor del Juzgado Contencioso número 7, a cargo de Enrique Lavié Pico, el mismo magistrado que a comienzos de 2024 rechazó dos amparos contra el DNU 70/2023.

En la presentación, la CGT cuestiona la constitucionalidad del traspaso del fuero laboral nacional a la justicia porteña y señala que el convenio que habilita esta transferencia fue aprobado sin intervención de la Comisión Bicameral exigida por la Ley 24.588, lo que, aseguran, vulneraría el principio de juez natural y dejaría a trabajadores y empleados judiciales en un estado de incertidumbre.

Según la central obrera, el traspaso implicaría el cierre inmediato de 30 juzgados laborales y de la Sala VII de la Cámara de Apelaciones del Trabajo, con la posibilidad de una futura eliminación total del fuero laboral nacional. A esto se suma la preocupación por el impacto en miles de causas y la situación laboral de empleados y funcionarios judiciales, que quedarían sujetos a nuevas autoridades y reubicaciones en la órbita de la justicia porteña, en un distrito gobernado por el PRO.

El artículo 91 de la reforma laboral contempla la transferencia basada en el acuerdo firmado el 9 de febrero de este año entre el gobierno de Jorge Macri, jefe de Gobierno de la Ciudad, y la administración nacional de Milei. La CGT sostiene que esa aprobación se dio en sesiones extraordinarias y sin el cumplimiento de los requisitos constitucionales vigentes para este tipo de traspasos, lo que, resalta la central obrera, fue advertido por la vicepresidenta Victoria Villarruel.

La presentación judicial actual difiere en su enfoque a la táctica que aplicó la central obrera contra el DNU 70 en diciembre de 2023, aunque mantiene cierto paralelismo. En aquella oportunidad, los sindicatos presentaron múltiples denuncias en juzgados de primera instancia, lo que facilitó que la Cámara del Trabajo suspendiera parcialmente el decreto y la cuestión escalara hasta la Corte Suprema, que nunca emitió un fallo definitivo. Ahora, la CGT prevé presentar otra cautelar en el fuero laboral y promover acciones individuales de los gremios en los tribunales.

El nuevo procurador del Tesoro de la Nación, Sebastián Amerio, será el encargado de defender la posición del Estado en esta controversia legal que comienza.

La demanda judicial presentada por la CGT se concentra en la cuestión de la transferencia del fuero y omite deliberadamente otros aspectos de la reforma laboral que generaron debate, como las modificaciones en indemnizaciones, los períodos de prueba, la limitación del derecho de huelga y la ampliación de las jornadas de trabajo hasta 12 horas, entre otros puntos.

El lunes pasado, la CGT realizó una marcha frente al Palacio de Tribunales para acompañar la impugnación judicial, que se presentó ahora porque esta mañana se promulgó la ley de reforma laboral, que lleva el número 27.802, con su publicación en el Boletín Oficial.

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La ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, confirmó que el gendarme Nahuel Gallo recibió una videollamada de Claudio “Chiqui” Tapia momentos antes de subirse al avión que lo trajo de nuevo a la Argentina. En ese intercambio, el titular de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) le confirmó que iba a volver al país luego de haber permanecido detenido 448 días en Venezuela.

En la misma entrevista, la funcionaria cuestionó el rol de la AFA en la liberación del agente, aunque reconoció su función como medio de negociación. “No lo veo como una apropiación, sino como una necesidad de protagonizar y decir: ‘Lo trajimos nosotros’”, expresó.

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Noticia que está siendo actualizada.-

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La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) identificó irregularidades financieras y estructurales en Malte SRL, una firma que blanqueó activos por 1,4 millones de dólares y que mantiene vínculos directos con el entorno de Pablo Toviggino, actual tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). El informe oficial, al que accedió Infobae, sitúa a la compañía en el centro de una investigación penal que involucra a referentes de la conducción de la AFA, entre ellos Claudio Tapia y el propio Toviggino, bajo sospecha de evasión fiscal, apropiación indebida de fondos y uso de sociedades fantasma.

De acuerdo con documentación de ARCA, Malte SRL fue declarada por la AFIP como “usina sin capacidad operativa económica y/o financiera”, tras detectar patrones de funcionamiento asociados a empresas pantalla. El reporte señala: “Malte SRL carece de capacidad económica real para justificar su volumen de movimientos patrimoniales y comerciales, presentando reiteradas inconsistencias en su actividad”. Entre las anomalías figuran cambios frecuentes de domicilio fiscal, multiplicidad de objetos sociales sin relación entre sí, y transferencias reiteradas de vehículos de alta gama, maquinaria e inmuebles, todos con escasa trazabilidad documental.

El análisis incluyó el seguimiento de operaciones electrónicas y facturación abultada entre empresas vinculadas, sobre conceptos alejados de la actividad declarada formalmente por Malte SRL y sus contrapartes. Según el expediente, la empresa mantuvo una estructura de empleo atípica: solo un trabajador declarado en todos los períodos analizados, domiciliado en Buenos Aires, mientras que la sociedad fijó sus sedes impositivas en Santiago del Estero. Las direcciones IP empleadas para la emisión de comprobantes fueron compartidas con otras firmas del grupo, algunas de ellas identificadas como Carbello SRL, Servicios Lindor SA y Soma SRL.

El informe de ARCA remarca la falta de actuación de Malte SRL como agente de retención en ejercicios con volúmenes de compra relevantes (2020, 2021, 2024 y 2025), hecho incompatible con su nivel de facturación. Además, se detectó la existencia de servicios facturados por la escribana Gilda Milani, que vinculan a la empresa con Luciano Pantano, otro actor señalado en la investigación.

Uno de los puntos que más llamó la atención de los investigadores es el blanqueo de bienes por 1,4 millones de dólares, realizado al amparo de la Ley 27.743 de sinceramiento fiscal. La maniobra se inscribe en un contexto de operaciones con la AFA cuya trazabilidad resulta “indeterminable”. El reporte plantea: “La sociedad registró operaciones de gran volumen con la Asociación de Fútbol Argentino, sin respaldo patrimonial ni personal operativo acorde a los montos involucrados”.

Estas revelaciones se producen mientras la Justicia avanza sobre la dirigencia de la AFA. El juez federal Diego Amarante citó a indagatoria al presidente Claudio Tapia, al tesorero Pablo Toviggino y otros miembros de la comisión directiva, y les prohibió salir del país, en una causa por presunta apropiación indebida de aportes impositivos y de la seguridad social que superan los 19.300 millones de pesos argentinos. La denuncia sostiene que la AFA retuvo y no depositó esos fondos entre marzo de 2024 y septiembre de 2025, y que ese comportamiento se sostiene en un circuito de órdenes directas entre los máximos responsables de la entidad.

El pedido de ARCA se fundamentó en pruebas documentales y testimonios internos de la AFA, que desmienten una eventual imposibilidad financiera y apuntan a una decisión deliberada de no cumplir con las obligaciones tributarias. El expediente judicial recoge declaraciones de la gerente de Control y Administración, Mónica Bouvet, quien describió un esquema donde la autorización de transferencias dependía exclusivamente de la orden del tesorero, y los balances oficiales llevaban la firma conjunta de Tapia, Toviggino y el secretario general.

El expediente también menciona maniobras de desvío de fondos mediante empresas pantalla en el extranjero y sociedades constituidas en paraísos fiscales, relacionadas con la estructura financiera de la AFA bajo la gestión de Tapia y Toviggino. Entre 2021 y 2025, la entidad habría canalizado más de 300 millones de dólares fuera del circuito bancario argentino, valiéndose de intermediarios y firmas offshore como TourProdEnter LLC y Global FC LLC. Estas operaciones están bajo investigación penal por presunto lavado de activos y administración fraudulenta.

En el caso de Malte SRL, la AFIP concluyó que se trata de una sociedad apócrifa o de fachada, creada para simular operaciones y facilitar maniobras de evasión. Su inclusión en la base e-apoc como “usina sin capacidad operativa” implica la imposibilidad de justificar los flujos de fondos y bienes declarados ante el fisco. La investigación detectó, además, la participación de familiares y allegados de dirigentes futbolísticos en la administración y control de las empresas vinculadas.

El avance de la causa penal, impulsada por ARCA, mantiene a la conducción de la AFA bajo estricta vigilancia judicial. El juez Amarante convocó a declarar a los principales directivos y ordenó medidas restrictivas, como la prohibición de salida del país, ante la “gravedad de los hechos investigados y la severidad de la pena en expectativa” prevista en la legislación penal tributaria argentina. La defensa de la AFA intentó cerrar la causa aduciendo falta de acción, pero la Justicia rechazó ese planteo y confirmó la continuidad de la instrucción.