El proyecto de Reforma Laboral que el Senado tratará este miércoles 11 de febrero encendió alarmas en el sector audiovisual argentino. En su versión original, la iniciativa incluía artículos que eliminaban de forma inmediata las asignaciones específicas que financian al Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), poniendo en riesgo el funcionamiento del Fondo de Fomento Cinematográfico, uno de los pilares históricos del cine nacional.

Los artículos 210 y 211 del proyecto de reforma planteaban eliminar las fuentes específicas que sostienen al INCAA: el impuesto del 10% sobre las entradas de cine, el 10% sobre la venta o alquiler de videogramas y, principalmente, el 25% de la recaudación del ENACOM, considerado el ingreso más importante del Fondo de Fomento.

Sin embargo, tras intensos reclamos públicos, movilizaciones y negociaciones políticas de último momento, el Gobierno y bloques de la oposición acordaron una modificación clave: la eliminación de esos recursos no será inmediata, sino que se postergará hasta el 1° de enero de 2028.

La medida trajo alivio parcial, aunque el debate de fondo permanece: ¿Qué pasará con el cine argentino cuando el financiamiento deje de ser autárquico y dependa exclusivamente del presupuesto nacional?

Esa pregunta fue respondida en Infobae en Vivo por Carlos Pirovano, presidente del Instituo Nacional de4l Cine y Artes Audiovisuales (INCAA).

Pirovano: “El fondo no desaparece, solo cambia la fuente”

Carlos Pirovano, presidente del INCAA, explicó que el debate se instaló con un tono dramático que no necesariamente refleja lo que ocurrirá. “Siempre se dramatiza mucho. El financiamiento estatal viene de una discusión democrática que es el presupuesto”, sostuvo.

Para el funcionario, el cine no quedaría sin apoyo, sino que dejaría de contar con impuestos específicos y pasaría a depender de rentas generales. “El Fondo de Fomento no desaparece. La única diferencia es que antes se financiaba con recursos específicos, y ahora vendría de rentas generales”, remarcó.

Durante la entrevista, una de las declaraciones que más repercusión generó cuando Pirovano dijo que “los argentinos no tienen tiempo de ver 250 películas al año”.

Con esa afirmación, Pirovano buscó señalar que el problema no pasa únicamente por la cantidad de películas realizadas, sino por la necesidad de discutir criterios de eficiencia, público y sostenibilidad. En su visión, “el cine argentino no puede funcionar bajo una lógica en la que se financien decenas o cientos de proyectos sin garantizar que efectivamente lleguen a las audiencias o generen impacto cultural y económico”.

Para el funcionario, esto refleja un sistema que durante años priorizó la acumulación de estrenos por sobre la demanda real del público, alimentando críticas sobre subsidios anticipados y falta de control en el gasto.

¿Por qué preocupa al cine argentino?

Desde la industria audiovisual, el temor principal no es solo perder recursos, sino perder previsibilidad. Actualmente, el INCAA se sostiene con un esquema autárquico: recauda fondos propios y los administra sin depender directamente del Tesoro.

Muchos plantean que si esos impuestos desaparecen, el cine deberá competir dentro del presupuesto nacional con otras áreas como salud, educación, seguridad o infraestructura.

Pirovano respondió que ese planteo es “un error conceptual”, porque todo el gasto estatal proviene, directa o indirectamente, de impuestos. “Vos pagás ese impuesto igual. La Argentina tiene más de cien impuestos. Ningún país moderno funciona así. Hay que eliminarlos y discutir prioridades en el presupuesto”, argumentó.

Un alivio temporal hasta 2028

Aunque la postergación hasta 2028 evita un impacto inmediato, no es una solución definitiva. Durante 2026 y 2027 el cine seguirá funcionando con el esquema actual, pero el sector deberá volver a negociar antes de que llegue el nuevo plazo.

Por eso, organizaciones audiovisuales mantienen la movilización convocada para este miércoles a las 15 desde el Cine Gaumont, en defensa del financiamiento cultural.

La discusión, además, se da en un contexto político donde el Gobierno libertario expresó su rechazo a las asignaciones específicas para cualquier organismo público.

Cambios internos en el INCAA y ajuste de estructura

Pirovano también se refirió a la reorganización interna del Instituto. Confirmó que se redujo el personal y se bajaron costos de funcionamiento. “El decreto del presidente Milei establece que no podemos gastar más del 20% de nuestros ingresos en estructura, y estamos en ese número”, señaló. También explicó que dejaron de alquilar varios edificios y solo se quedaron con los propios, como el Cine Gaumont y la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica (ENERC).

Según el funcionario, el objetivo es garantizar un uso más eficiente de los fondos públicos.

Cómo se financian hoy las películas

Otro punto central del debate es el sistema de subsidios. Pirovano sostuvo que el modelo actual debe respetar la ley de cine: el INCAA no debería financiar películas por adelantado sin retorno.

“La ley establece subsidios sobre la taquilla. Lo que se hizo antes era un anticipo ilegal: se daba plata antes de filmar y después no se recuperaba”, criticó.

Según explicó, el sistema correcto es el subsidio “ex post”: una vez estrenada la película, el Estado devuelve un porcentaje según su desempeño y su interés cultural.

“El riesgo es privado. El cine no es una actividad estatal, es una actividad privada con fomento público”, afirmó.

¿Qué cine se viene después de 2028?

El debate abrió una discusión más amplia sobre el futuro del cine argentino: qué modelo de producción se busca, cómo se financia y qué rol debe cumplir el Estado.

Pirovano mencionó alternativas modernas como el “cash rebate”, un sistema usado en Europa y Estados Unidos donde las provincias devuelven parte de la inversión para atraer rodajes y generar empleo local.

“Las provincias ya están dando millones de dólares al año en incentivos. Es una herramienta mucho más moderna”, destacó.

Cómo impactará la reforma laboral en el público

Si se aprueba la reforma laboral tal como está planteada, uno de los cambios más visibles para el público podría estar en el precio de las entradas de cine. Actualmente, cada ticket incluye un impuesto del 10% que se destina directamente al Fondo de Fomento Cinematográfico del INCAA. Es decir, una parte del valor que paga el espectador ayuda a financiar la producción nacional.

Con la reforma, ese impuesto específico se eliminará desde el 1 de enero de 2028. En teoría, esto implicaría que las entradas podrían volverse más baratas, ya que dejarían de cargar con ese porcentaje adicional.

Actualmente, una entrada general de cine (salas 2D) ronda entre$10.500 y $13.000, mientras que las salas 3D o 4D pueden superar los $20.000. También existen descuentos importantes, con precios de mitad de semana (lunes a miércoles) que rondan los $6.500.

“Si vos pagás el 10% de la entrada, pagás setecientos pesos más cara la entrada. Va a bajar la entrada”, enfatizó Pirovano.

Más allá de la explicación de Pirovano, los especialistas advierten que el impacto real podría no ser tan directo. El valor final del ticket depende también de otros factores como la inflación, los costos operativos de las salas, los acuerdos con distribuidoras y la situación económica general. Por eso, aunque el impuesto se elimine, no hay garantías de que la reducción se traslade automáticamente al bolsillo del espectador.

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Aunque la CGT debatirá este lunes desde las 11 la posibilidad de un cese de actividades contra la reforma laboral, el cuarto paro general contra el gobierno de Javier Milei cuenta con un amplio consenso interno en el sindicalismo y tendría un fuerte impacto porque ya dieron su apoyo los choferes de colectivos agrupados en la Unión Tranviarios Automotor (UTA), que esta vez estarán en sintonía con el resto de los gremios del transporte.

Para garantizar ese respaldo, uno de los líderes de la CGT llamó el sábado pasado a los jefes de la UTA, que dirige Roberto Fernández y no integra la actual conducción cegetista, para sondear su adhesión a un paro general. La respuesta fue afirmativa y así se logró un apoyo clave para asegurarse la paralización de las actividades probablemente el día en que la Cámara de Diputados trate la reforma laboral aprobada en el Senado.

“Somos un sindicato confederado y si la CGT decide un paro acompañaremos la medida”, anticiparon a Infobae en el gremio de colectiveros, que no había adherido al último paro general de la CGT, el 10 de abril pasado con la excusa de que estaban en conciliación obligatoria.

De esta forma, el eventual paro de la CGT podrá paralizar todo el transporte en el país ya que también proponen un mayor endurecimiento tanto La Fraternidad, que lidera Omar Maturano, como la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), que dirige Juan Carlos Schmid (Dragado y Balizamiento) y que incluso impulsa no hacer una medida aislada contra la reforma laboral sino un plan de lucha con paros progresivos y por sectores para que la protesta tenga más impacto.

Tras el triunfo libertario que representó la sanción de la reforma laboral en el Senado, la CGT anticipó una reunión de urgencia de su Consejo Directivo para este lunes con el fin de discutir un paro general de 24 horas, en medio del creciente malestar por el avance del proyecto de Javier Milei, pese a que la central obrera logró dejar a salvo las cuotas solidarias y mantener tal como están las contribuciones patronales para las obras sociales, que le permitirán sostener el financiamiento de “la caja sindical” y del sistema de salud de los gremios.

Pero el triunvirato de la CGT resolvió avanzar con un paro ante la presión de varios sindicalistas que querían profundizar las medidas de fuerza y, además, por la polémica que desató un sorpresivo cambio votado por los senadores en el régimen de las licencias médicas.

En efecto, el artículo 44 que se aprobó en el Senado introduce un nuevo esquema para la remuneración de los trabajadores que sufran un accidente o una enfermedad no vinculados con la actividad laboral y se vean inhabilitados para trabajar, que recibirán el 50% de su salario, y en las situaciones en que la imposibilidad de trabajar no derive de una acción voluntaria ni de un conocimiento previo del riesgo para la salud, el monto a percibir asciende al 75 % de la remuneración.

El artículo votado por la Cámara Alta establece que el pago durante el período en cuestión dejará de ser del 100% del salario como ocurre ahora. La motivación central, según el oficialismo, radica en la intención de modificar un sistema que, a su criterio, fomenta tanto el ausentismo injustificado como un aumento de la litigiosidad laboral. Por su parte, tanto los sindicatos como partidos de la oposición advierten que se trata de un retroceso en materia de derechos adquiridos.

“Este artículo es uno de los que vulneran los derechos individuales de los trabajadores y en este caso nunca estuvo ni siquiera entre los cambios que se discutieron”, dijo a Infobae un miembro del ala dialoguista de la CGT, que resaltó: “En el Gobierno se echan la culpa entre ellos por haber incluido este punto, pero lo concreto es que se aprobó en el Senado”.

Partidarios de una estrategia más moderada para frenar la reforma laboral, los cotitulares de la CGT Octavio Argüello (Camioneros), Jorge Sola (Seguro) y Cristian Jerónimo (empleados del vidrio) tenían previsto citar al Consejo Directivo para este miércoles y proponer allí un paro general, pero decidieron adelantar la reunión ante la posibilidad de que Diputados sesione el jueves 19.

“Están dadas las condiciones y generados los consensos colectivos para ir hacia una huelga nacional”, advirtió Jerónimo a Radio 10.

“Creo que están dados los consensos colectivos de los distintos sectores para ir a un paro nacional -aseguró-. Trabajaremos para que sea con el mayor grado de acatamiento de todos los sectores, para que sea una gran huelga. Cuando se junte el Consejo Directivo lo terminará de confirmar oficialmente, pero vamos a trabajar para construir una gran huelga contundente”.

Los sindicalistas ponen en la mira los cambios vinculados con el derecho individual, como las indemnizaciones, la jornada laboral y las vacaciones, pero también otros referidos al derecho colectivo, como la estricta regulación del derecho de huelga en los servicios esenciales y la limitación a las asambleas sindicales.

En un documento interno, la CGT advirtió que se opuso “en su totalidad” al proyecto de reforma laboral e insistió en que “es contrario a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales con rango constitucional».

Tras calificar la iniciativa de “regresiva y perjudicial para los trabajadores”, se detalla una serie de argumentos que seguramente serán el núcleo central de la impugnación judicial que preparan los abogados de la CGT:

“Tanto la Constitución Nacional como la normativa internacional consagran la protección del trabajador y del trabajo”.

“Existen principios de jerarquía constitucional como el de progresividad y no regresión que buscan que la legislación del trabajo avance mejorando las condiciones y la tutela de los trabajadores”.

“La Organización Internacional del Trabajo (OIT) expresó claramente que toda reforma laboral debe ser tripartita”.

“Por todo eso creemos posible que la justicia la declare inconstitucional. Este proyecto generará mas litigiosidad».

Algunos dirigentes de la CGT apuestan a que diputados del PRO y de partidos provinciales se rebelen contra la Casa Rosada e impulsen modificaciones en el texto aprobado en el Senado: en el partido de Mauricio Macri están disconformes porque se impide que los trabajadores perciban sus salarios a través de billeteras digitales.

Pero, sobre todo, crece el malestar en distintos bloques legislativos por el cambio de último momento que votaron los senadores y que reduce los montos para pagar los salarios en caso de licencias por enfermedad o accidentes no vinculados al trabajo.

La jefa de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, defendió ese artículo al insistir en que el objetivo central es desarticular lo que el oficialismo define como una “mafia” de certificados y juicios laborales.

“Existe una mafia de certificados truchos y hay que terminar con eso”, explicó en declaraciones a TN, tras lo cual indicó que se analiza la forma de modificar ese punto y que quienes se enfermen gravemente puedan seguir cobrando el 100% de sus salarios.

Sin embargo, no quieren que ese artículo se cambie en la sesión de la Cámara de Diputados porque eso implicaría que la reforma laboral vuelva al Senado y así se frustraría la rápida sanción de la ley que pretende Milei. Una de las alternativas en estudio es garantizar que la reducción del pago salarial de las licencias médicas se corregirá cuando se dicte el decreto reglamentario de la ley.

La CGT, de todas formas, avanza hacia un paro general de 24 horas, en sintonía ahora con los gremios del ala dura agrupados en el Frente de Sindicatos Unidos (Fresu), que ya anunciaron un paro con movilización al Congreso cuando la reforma laboral se trate en Diputados. Se trata del polo sindical ultraopositor que integran la UOM, ATE, Aceiteros y las dos CTA, entre otros.

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