La Organización de las Naciones Unidas (ONU) advirtió que Argentina enfrenta serias dificultades para contar con información confiable sobre personas con discapacidad, una situación que limita la implementación de políticas públicas inclusivas y efectivas. El alerta se dio a conocer a través de un informe conjunto de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa), que analiza la calidad de las estadísticas en la región y propone mejoras para la recolección de datos.

Según la especialista Sabrina Juran, asesora en población y desarrollo del Unfpa, “la visibilidad estadística de las personas con discapacidad es un elemento fundamental para el diseño de políticas públicas que garanticen igualdad de oportunidades y la inclusión plena en la sociedad”. En este sentido, el informe subraya que la falta de información robusta dificulta comprender la magnitud real del fenómeno y las barreras que enfrentan quienes viven con alguna discapacidad.

Uno de los principales problemas señalados por el estudio es la forma en que se realizó el Censo Nacional de Población 2022. A diferencia de censos anteriores, no se incluyó directamente la pregunta sobre discapacidad, sino que se utilizaron términos como “limitaciones” o “dificultades”. Esta decisión, según el informe, impide tener cifras exactas sobre cuántas personas en Argentina presentan algún tipo de discapacidad, dificultando la comparación con datos internacionales y locales anteriores.

En 2010, el censo había revelado que aproximadamente el 12,9% de la población argentina tenía algún tipo de discapacidad. Tomando esta referencia y los estándares internacionales, se estima que actualmente más de seis millones de argentinos podrían estar afectados por alguna condición de discapacidad, aunque la ausencia de datos recientes y confiables genera incertidumbre.

El informe también señala que la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) de 2022 únicamente registró la cantidad de personas con discapacidad en los hogares, sin indagar en sus características, necesidades específicas o barreras para el acceso a derechos básicos como educación, empleo y salud. La falta de armonización metodológica entre censos y encuestas limita la posibilidad de elaborar políticas públicas que respondan a la realidad de esta población.

Entre las recomendaciones del estudio se incluyen la adopción de las pautas del Grupo de Washington sobre Estadísticas de Discapacidad (GW), que sugieren la inclusión de preguntas con respuestas graduadas, permitiendo medir la intensidad de las limitaciones funcionales. Asimismo, se destaca la necesidad de involucrar a organizaciones de la sociedad civil en la elaboración y difusión de los cuestionarios, y de capacitar a los encuestadores para garantizar un proceso respetuoso y accesible para todos.

El documento resalta el ejemplo de Chile, que implementó las recomendaciones del GW en su Censo 2024 y en la Encuesta CASEN 2022, captando la diversidad de limitaciones en seis dominios: visión, audición, movilidad, cognición, autocuidado y comunicación. Este enfoque integral permitió no solo contar a las personas con discapacidad, sino también conocer las barreras sociales y culturales que enfrentan, sirviendo de referente para la región.

En Argentina, la situación actual ha generado tensión entre el Estado, prestadores y familias de personas con discapacidad. Diversas agrupaciones anunciaron nuevas movilizaciones frente al Congreso, reclamando la aplicación efectiva de la Ley de Emergencia en Discapacidad y la asignación de fondos adecuados para garantizar derechos básicos y programas de inclusión.

El informe concluye que, mientras persista un enfoque parcial o basado únicamente en limitaciones individuales, la planificación de políticas seguirá siendo incompleta. La información estadística confiable no solo permite diseñar programas más eficientes, sino que también fortalece la visibilidad y el reconocimiento de las personas con discapacidad como sujetos plenos de derechos.

La entrada La ONU advirtió sobre la carencia de estadísticas confiables de discapacidad en Argentina se publicó primero en Nexofin.

Argentina,discapacidad,estadisticas,ONU

El Gobierno libertario se prepara para enfrentar, en caso de ser confirmada en las próximas 48 horas, una sesión con dos potenciales derrotas de difícil digestión para la Casa Rosada: un conglomerado senatorial opositor y en plena campaña electoral rechazará -Diputados ya lo hizo- este jueves los vetos que Javier Milei aplicó a las leyes que declara la emergencia pediátrica por un año -hospital Garrahan como emblema- y que blinda el presupuesto de universidades públicas.

Al tratarse de vetos, quienes impulsan la reanudación de las normas precisarán dos tercios para incluir a ambas sobre tablas -no fueron dictaminadas- y, sobre todo, para votar. Esto no será un problema. En la Cámara alta, los textos fueron sancionados por amplio margen el 21 de agosto pasado: el primero obtuvo 62 adhesiones, mientras que el segundo logró 58 avales, sobre un pleno de 72 integrantes.

En dicho encuentro, el proyecto sobre el Garrahan fue rechazado por los siete legisladores libertarios -ya se cuenta aquí al formoseño Francisco Paoltroni– y macrista violácea Carmen Álvarez Rivero (Córdoba), mientras que la votación marcó dos ausencias: el peronista disidente Juan Carlos Romero (Salta) y el jefe del PRO en el Senado, el aliado circunstancial del oficialismo Alfredo De Ángeli (Entre Ríos).

Dicha situación no se repitió para universidades, pese a haberse realizado en la misma sesión. En esa definición, Romero y las macristas Andrea Cristina (Chubut) y Victoria Huala (La Pampa) prefirieron abstenerse, mientras que los diez votos negativos fueron los siete del oficialismo más Rivero, la radical -filo violeta por Patricia Bullrich– Carolina Losada (Santa Fe) y el misionero Martín Goerling (Pro-Misiones). De Ángeli evadió de nuevo la exposición y fue el único ausente.

Garrahan

Uno de los artículos deja en claro que la emergencia en cuestión implicará “la asignación prioritaria e inmediata de recursos presupuestarios para bienes de uso y consumo, insumos críticos, mantenimiento de infraestructura, medicamentos, vacunas, tecnologías médicas y personal esencial destinados al cuidado y atención pediátrica en el país”.

Además, se establece “la recomposición inmediata de los salarios del personal de salud asistencial y no asistencial que atiende a la población pediátrica con criterios de equiparación y reconocimiento por funciones críticas”, que incluye “a los residentes nacionales de salud de todas las especialidades que se desempeñan en efectores de salud pediátricos y no pediátricos”. De hecho, la “recomposición no podrá ser menor a la que recibían en términos reales en noviembre” de 2023.

Otro punto importante es la eximición “a todo el personal de salud que se desempeña en efectores públicos y privados del pago de ganancias cuando desempeñan actividades críticas, horas extras y/o guardias”. Como emblema de esta puja se declara “al Hospital de Pediatría ‘Prof. Dr. Juan P. Garrahan’ como hospital de referencia nacional en la atención pediátrica de alta complejidad”. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), el “impacto fiscal” de julio a diciembre sería de $65.573 millones.

Universidades

El texto impone la actualización “al 1 de enero de 2025, según la variación acumulada del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), en el período comprendido entre el 1º de mayo al 31 de diciembre de 2024”, del “monto de los gastos de funcionamiento de las universidades públicas”. Y, para el corriente año, subas bimestrales.

Por otra parte, el Ejecutivo “deberá actualizar los salarios de los docentes y no docentes de las universidades públicas entre el período 1/12/2023 hasta la sanción de la presente ley, en un porcentaje que no puede ser inferior al Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC en el mismo período”. Y todo incremento tendrá que “ser remunerativo y bonificable”.

Además, ante una eventual reactivación de la ley, al mes habrá que “convocar con carácter obligatorio a la negociación paritaria, con una periodicidad que no podrá exceder los tres (3) meses calendarios, asegurando en todos los casos y tramos de la negociación una actualización mensual no inferior a la inflación publicada” por el INDEC, tanto “para personal docente como no docente”.

Definiciones

Se espera que la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, convoque a los jefes de bloque de la oposición y el oficialismo para determinar, en la reunión de Labor Parlamentaria -martes por la tarde, en principio-, el temario para el eventual convite del jueves.

A los vetos se añadiría el pliego que prorroga, por cinco años, el trabajo de de la vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Posadas, provincia de Misiones ,Mirta Delia Tyden, que se dictaminó el jueves pasado en la comisión de Acuerdos de la Cámara alta, que comanda la legisladora larretista Guadalupe Tagliaferri (Ciudad de Buenos Aires).

Como sucedió en otras ocasiones, hay iniciativas ya despachadas y con diversos pedidos realizados por la radical -aunque tributa en Provincias Unidas- Edith Terenzi (Chubut) que, de a poco, se suman para avanzar en el recinto.

Tampoco hay que olvidar lo que el titular del Frente de Todos, José Mayans, planteó en la última sesión: “Estamos charlando con los presidentes de las distintas bancadas. También tenemos conversaciones con diputados, y vamos a declarar el sistema nuclear argentino como un bien público, estratégico, no enajenable, por lo que representa el sistema nuclear argentino”. Hasta anoche, no había novedad alguna.

Al margen de todo lo que ocurrirá en el recinto, el Senado estará cargado de comisiones entre mañana y el miércoles, con proyectos que no pudieron discutirse días atrás por faltazos de varias bancadas opositoras. Sí piensan asistir cuando aparezca un ramillete de interpelaciones a funcionarios libertarios. Ocurrirá pasado mañana.

La ministra de Seguridad de la Nación y candidata a senadora por La Libertad Avanza en Capital Federal, Patricia Bullrich, habló en clave electoral y resaltó la importancia de fortalecer el vínculo con Mauricio Macri, luego de los inesperados resultados de las elecciones legislativas de septiembre en la Provincia de Buenos Aires y el rechazo de la Cámara de Diputados a los vetos de Javier Milei. Todo esto impulsó al oficialismo a reorganizar la gestión y el rumbo de la campaña. A su vez, cuestionó duramente a los legisladores por votar proyectos que van en contra del programa económico del Gobierno.

“Nosotros estamos yendo juntos en una cantidad importante de Provincias. Acá, en la ciudad de Buenos Aires, estamos yendo juntos cuando en el mes de mayo se fue separado”, dijo, remarcando las intenciones que desde el Gobierno vienen mostrando, y cuestionó: “Qué sentido tiene competir si podemos ir juntos“. Esta no sería la primera vez que la ex integrante del PRO insiste con retomar el diálogo con el titular del partido amarillo y unificar fuerzas, después del batacazo de agosto en el que LLA quedó en tercer lugar. “Será cuestión de restablecerlo” indicó, y recordó que “estamos en el mismo comité de campaña con los representantes del PRO que están en la Capital Federal, y además todos nosotros venimos de ahí, así que nos sentimos parte, tenemos la misma forma de pensar, tenemos la misma mirada”.

El primer paso lo dio el propio presidente Javier Milei durante la noche del domingo, cuando intercambió algunos mensajes con el líder del PRO, tal como pudo saber Infobae.

Además, reconoció que en la última campaña hubo un error estratégico: “Quizás cometimos el error de nacionalizarla, de no mantenerla como mantuvimos otras de las elecciones locales”. “Entramos en un juego que no teníamos que haber entrado”, definió.

La funcionaria defendió las medidas adoptadas luego del resultado electoral de septiembre en la provincia de Buenos Aires, en donde Fuerza Patria ganó en la mayor parte de los municipios. “Tomamos al toro por las astas, se tomaron medidas y creo que logramos demostrar que con medidas correctas, logramos parar lo que se quería hacer, que era una sangría, que el país vuelva a una sangría”, manifestó. En este sentido, Bullrich se mostró optimista para la competencia electoral del próximo mes. “Lo evitamos porque tenemos fundamentos sólidos, porque tenemos aliados sólidos. Así que hoy estamos, creo, que para dar una batalla electoral que para nosotros va a ser importante”, dijo. “Ganar esta elección para la Libertad Avanza – PRO, en este caso, en todo el país, es una fortaleza para los próximos dos años”, añadió.

“Las cosas que se pueden hacer si trabajamos mirando hacia el futuro y mirando lo que el país puede ser, y no tratando todo el tiempo de ponerle un palo en la rueda del Gobierno, la verdad es que es impresionante”, sostuvo al referirse a la decisión que adoptaron desde la Casa Rosada cuando anunciaron hace una semana que las retenciones en cero para granos se mantendrían hasta el 31 de octubre o hasta que se agote el cupo de USD 7.000 millones establecido, —tras el apoyo de Estados Unidos—, lo que finalmente sucedió.

Luego, aprovechó la oportunidad para cuestionar el resultado de las últimas sesiones en el Congreso. “¿Se discutió el régimen penal juvenil?, ¿Se discutieron los proyectos que había que discutir para mejorar la seguridad en Argentina?, no; no se discutió nada. Se discutieron todos proyectos que tenían como objetivo destruir las bases fundamentales del programa económico del Gobierno», señaló la ministra de Seguridad Nacional, y añadió: “El Gobierno estaba y está bajo fuego en el Congreso“.

En diálogo con LN+, la funcionaria también se refirió al triple femicidio de Florencio Varela, en donde Lara Gutiérrez, Brenda del Castillo y Morena Verdi fueron víctimas de un brutal asesinato que incluyó torturas y la transmisión en vivo del momento de la masacre. Las chicas, todas menores de 21 años, estuvieron cinco días desaparecidas.

“Sin duda fue un crimen mafioso perpetrado por una organización que no estaba dentro de lo que puede ser el radar de las organizaciones que se persiguen, que se las busca de manera permanente, se las desarma, se las desestructura”, explicó e indicó que el principal sospechoso, conocido como “Pequeño J.”, de nacionalidad peruana y veinte años, no había sido detectado previamente por las autoridades. “No estaba ni en el radar de la provincia de Buenos Aires, ni en el de la Ciudad, ni en el radar nacional. Por eso se demoró en encontrar su nombre. Ahora se sabe quién es”, subrayó.

No obstante, la funcionaria apuntó contra el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el titular de la cartera de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, a quienes acusó de “politizar” el crimen, para eludir responsabilidades institucionales. “Que ellos lo politicen no quiere decir que uno haga exactamente lo mismo que hacen, que es tratar de hacer es sacarse el problema de encima”.

Aseguró que desde la cartera que dirige acompañaron a sus pares en la Provincia. “Estuvimos en la frontera trabajando y ahí hay un detenido, y también tenemos algunas hipótesis. Hemos alertado, por supuesto, a todas las policías del país. También la Policía de Jujuy ha estado trabajando con mucha profesionalidad”, señaló. En una conversación que mantuvo con el fiscal de la causa, remarcó la necesidad de que implementen la Ley Antimafia porque es el objeto legal que la hará que todos los responsables tengan la “máxima condena”, desde el que miró por un video o por un Instagram el asesinato y no avisó hasta los mismos responsables.

South America / Central America,Government / Politics,CORDOBA