En la última actividad oficial que realizó en la Casa Rosada en este 2025, el presidente Javier Milei recibió este martes al viceprimer ministro de Nueva Zelanda, David Seymour, para fomentar las relaciones bilaterales.

De acuerdo con lo que precisaron a Infobae fuentes al tanto de la actividad, los mandatarios conversaron principalmente sobre cuestiones comerciales vinculadas a ambos países.

El jefe de Estado estuvo acompañado por el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Pablo Quirno, mientras que el funcionario neozelandés llegó junto a su pareja, Alexandra Vincent Martelli.

De acuerdo con un estudio del Observatorio de Complejidad Económica (OEC, por sus siglas en inglés), en noviembre de este año, la Argentina exportó 63,4 millones de dólares a Nueva Zelandia.

Los principales productos que se vendieron fueron harina de soja (USD57,5M), frutas y nueces procesadas (USD1,25M), y otros residuos de vegetales (USD1,25M).

El comercio bilateral con este país viene creciendo sostenidamente desde hace 5 años a una tasa anualizada del 29,6%, según datos de esta plataforma digital.

Por otra parte, Milei tiene sintonía ideológica con Seymour, que en su tierra natal es el líder de partido Asociación de Consumidores y Contribuyentes (ACT, por sus siglas en inglés), un espacio fundado en 1993 que defiende el libre mercado.

En lo económico, esta agrupación cree en que “el Gobierno no puede crear riqueza por sí mismo, porque cada dólar que posee proviene de impuestos de quien lo creó”, por lo que la misión del Poder Ejecutivo debería ser establecer “las condiciones” para que se pueda emprender.

“ACT apoya a quien invierte en sí mismo para mejorar sus habilidades, trabaja horas extra para ahorrar para una granja o una casa, o se arriesga a renunciar a un salario fijo para emprender su propio negocio. No deberías ser castigado por ello con impuestos cada vez mayores ni con una burocracia excesiva”, señala en su página web.

En esta línea, el partido del país de Oceanía sostiene que los funcionarios deben ser cuidadosos “con el gasto, manteniendo bajos los impuestos, prestando solo servicios esenciales y haciéndolos bien”.

“El gobierno debería regular con cuidado, estableciendo reglas cuando no hay otra manera de resolver un problema y eliminando burocracia cuando ya no es necesaria”, indica.

Entre los principales logros, en su página web, ATC destaca que “ha derogado las normas antiempresariales del Partido Laborista para que los empleadores puedan contratar con confianza y expandir sus negocios”.

En cuanto a la seguridad, también hay una afinidad de pensamiento, ya que el partido entiendo que “la principal tarea del Gobierno es frenar la delincuencia”.

“Quienes trabajan, ahorran y se sacrifican por un futuro mejor, no deberían vivir con el temor de que alguien les haga daño o les arrebate lo que han logrado con su esfuerzo. No se trata solo de frenar la delincuencia, sino de preservar los valores de nuestra sociedad. Esto significa proteger la dignidad de cada persona y recompensar su creatividad. Si quieres algo, debes crearlo tú mismo y comerciar con otros, no arrebatárselo por la fuerza”, considera la agrupación.

En lo que respecta a derechos sociales, ACT explica que “defiende la humanidad y la dignidad inherentes de todos los neozelandeses, independientemente de su raza, ascendencia o género”, por lo que rechaza “la idea de que los servicios públicos, la representación democrática o las obligaciones legales deban diferir según quién forme parte de su árbol genealógico”.

Bajo esta premisa, el actual gobierno de Nueva Zelanda eliminó las cuotas de contratación basadas en la raza, quitando los requisitos que generaban que “los contratos gubernamentales favorezcan a las empresas propiedad de maoríes”.

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Avanza en la Argentina la investigación judicial sobre las transferencias millonarias de la AFA en Estados Unidos. El juez federal Luis Armella ordenó levantar los secretos fiscal, bancario, financiero y bursátil del empresario Javier Faroni y de todas las personas y empresas involucradas en la causa que sigue los movimientos de dinero vinculados a la casa matriz del fútbol argentino en el exterior.

El objetivo, según la resolución, es “reconstruir la ruta del dinero, identificar beneficiarios finales y evitar la fragmentación de la prueba”. Para avanzar en ese sentido, el magistrado también pidió información a bancos de Estados Unidos mediante mecanismos de cooperación internacional —RRAG/GAFILAT y Grupo Egmont—, incluidos estados de cuenta, legajos KYC, datos de firmantes autorizados y transferencias cursadas.

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La causa tiene como epicentro el manejo de fondos asociados a contratos internacionales de la Selección. La fiscal Cecilia Incardona pidió ampliar la investigación sobre el empresario Javier Alejandro Faroni —ligado a Claudio “Chiqui” Tapia— y sobre su pareja, Erica Gabriela Gillette.

En el expediente figuran además, como administradores, managers o beneficiarios formales de distintas sociedades, Javier Alejandro Ojeda Jara, Mariela Marisa Schmalz, Verónica Inés López y Roberto Josué Salice.

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El avance judicial se apoya en documentación local y en registros de tribunales estadounidenses. En los últimos días, la Justicia de EE.UU. puso bajo la lupa una serie de movimientos financieros vinculados a la AFA. Las operaciones habrían sido canalizadas a través de una red de sociedades comerciales y contratos de explotación de derechos de la Selección, firmados por la conducción encabezada por Tapia, con Pablo Toviggino como tesorero. El foco está en transferencias “presuntamente diseñadas para sortear controles y evitar a los organismos fiscales”.

El punto de partida fue la denuncia que el empresario Guillermo Tofoni presentó en septiembre del año pasado ante el Departamento del Tesoro y la fiscalía federal estadounidense. Allí advirtió que la AFA podría haber incurrido en lavado de dinero y desvío de fondos utilizando cuentas bancarias en territorio norteamericano. “La entidad habría desviado montos significativos fuera del sistema financiero argentino”, planteó en su presentación.

Los investigadores identificaron como pieza central del esquema a TourProdEnter LLC, la empresa elegida como intermediaria para cobrar contratos globales vinculados a la Selección.

Según la denuncia, la firma acumuló cerca de 25 millones de dólares en una cuenta del banco Synovus, en Birmingham, Alabama, “sin declararlos ante el fisco argentino”. El dinero habría provenido, principalmente, de un amistoso disputado por la Selección en China y del acuerdo de patrocinio con Binance, un gigante del sector de las criptomonedas. Los fondos, se sostiene, no ingresaron a cuentas de la AFA ni al país.

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TourProdEnter fue inscripta en Miami por Erica Gillette, esposa de Faroni, ex empresario teatral y ex directivo de Aerolíneas Argentinas, vinculado políticamente al Frente Renovador. Una investigación periodística describió desvíos hacia sociedades “fantasma” radicadas también en Estados Unidos. En paralelo, documentos internos de la AFA muestran la aprobación de contratos con empresas como Betting Regional Asia y el cambio de agente de cobro para que las facturas fueran emitidas por TourProdEnter.

La trama también derivó en medidas en Argentina. Por orden de Armella, se allanaron la sede de la AFA en la ciudad de Buenos Aires, el predio de Ezeiza y el domicilio de Faroni en Nordelta, donde se buscaron contratos, computadoras y otros dispositivos. La Justicia ya le había prohibido salir del país.

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El Gobierno nacional decidió involucrarse de manera formal tras el alerta de Tofoni. En una nota enviada a la fiscalía federal de Florida se describió una supuesta “mala conducta financiera” y se aseguró que los montos desviados “pertenecen legítimamente” a los clubes. La ofensiva incluyó comunicaciones con organismos internacionales del fútbol.

En medio de la escalada judicial, TourProdEnter difundió un comunicado en el que admitió el vínculo comercial con la AFA, defendió la legalidad de sus operaciones y remarcó que Faroni “está retirado de la actividad política”.

Javier Faroni, AFA, Claudio Tapia