POLITICA
Elecciones 2025: La Libertad Avanza duplicó sus aportantes y supera por más de $1000 millones a sus rivales

Antes de ganar la Presidencia, 135 personas declararon ante la Cámara Nacional Electoral (CNE) haber aportado fondos para La Libertad Avanza (LLA) en 2023. Dos años después, sus aportantes se duplicaron y llegan a 328 los que se anotaron con transferencias para apoyar al partido de Javier Milei en la previa a las elecciones intermedias. La cifra contiene a nuevos donantes y a aquellos que se mudaron de Juntos por el Cambio a la escudería violeta.
Según un relevamiento de LN Data basándonos en el sistema de datos oficiales de la CNE, los aportes privados para la campaña y desenvolvimiento institucional dirigidos a La Libertad Avanza ascienden a $1842 millones en todo el país durante 2025 hasta el 16 de octubre. De este modo, por primera vez encabeza el listado de partidos políticos con más fondos recibidos a través de esta vía.
“Como libertarios creemos que la política entera debería financiarse con aportes de aquellos que creen en los distintos proyectos y decidan apoyarlos, no con plata del Estado ni los contribuyentes”, sostuvo un vocero de La Libertad Avanza ante la consulta de . El partido indicó que “la gran mayoría de los aportes” fueron destinados a publicidad digital.
Del otro lado del tablero político, Fuerza Patria, y otros ocho partidos políticos de ramificación peronista, acumulan aportes declarados por $637,9 millones en 2025, según la base de datos de la CNE.
En esa cifra están incluidas las contribuciones reportadas para la campaña y desenvolvimiento institucional del Frente Renovador, Patria Grande (su referente es Juan Grabois), Partido Solidario (Carlos Heller es su referente), Partido Justicialista, Fuerza Patria, Encuentro Por La Democracia Y La Equidad, Fuerza Entre Ríos, Fuerza Justicialista Mendoza y Kolina.
A propósito de sus números, una fuente de Fuerza Patria señaló que el principal gasto de este espacio, antes de llamarse así, era la impresión de boletas. La implementación de la boleta única a cargo del Estado ocasionó, según este dirigente al tanto de la contabilidad, un ahorro en su estrategia de campaña. Asimismo, atribuyó la diferencia de aportes declarados con otras fuerzas, en parte, a la falta de un único frente en todas las provincias del país.
El espacio “Provincias Unidas”, integrado por los gobernadores de Córdoba, Sante Fe, Chubut, Santa Cruz, Corrientes y Jujuy, y que sumó a Ciudadanos Unidos, encabezado por Martín Lousteau, es el tercero con más aportes declarados. Suma $580 millones.
Estas cifras corresponden a aportes en blanco declarados ante la CNE hasta el 16 de octubre, fecha de corte del relevamiento de LN Data. Por lo tanto, se pueden sumar nuevos fondos en los próximos días.
Una fuente de la CNE explicó que son los aportantes los que deben cargar al sistema las transferencias de dinero o contribuciones en especie (traslados, comunicaciones, eventos, caterings, entre otros) que brindan a los partidos políticos, en concepto de aporte de campaña o desenvolvimiento institucional. Esto tiene como objetivo, tal como indicó, evitar que se utilice el nombre de cualquier persona para un aporte que probablemente no haya hecho y darle trazabilidad al financiamiento político.
Devuelta en 2025, los nombres de los aportantes declarados por los partidos políticos develaron dos fenómenos propios de la época. La falta de competencia de Juntos por el Cambio llevó a viejos contribuyentes suyos a repartirse en otras fuerzas, como La Libertad Avanza y Provincias Unidas. Asimismo, en tiempos de “no hay plata”, funcionarios públicos que reportaron cifras con varios ceros, luego debieron aclararle a la Justicia que en realidad habían transferido menos dinero.
Los principales aportantes declarados de La Libertad Avanza son, en su mayoría, empresas. Agropez S.A., su más alto contribuyente, informó una transferencia bancaria de $137,5 millones el 4 de septiembre.
De los 10 que más dinero destinaron al oficialismo, sólo hay dos personas físicas. Se trata de Martín Voss ($72 millones), socio fundador y presidente de Invernea SRL, firma de la que el actual titular de ARCA, Juan Pazo, fue gerente, y de Valeria Romagosa, una encargada de legales de la constructora Panedile ($50 millones).
Una persona que pudo haber ingresado en este listado es María Eugenia Pineda. Registra aportes patronales de Anses, de acuerdo con documentos comerciales. La base de la CNE mostraba una transferencia a su nombre, en San Juan, cuyo monto alcanzaba los $245 millones. Sin embargo, dicha carga en el sistema luego fue anulada, tras un error de tipeo en la cifra, según informaron fuentes judiciales.
Un caso similar ocurrió en el Frente Renovador con Sandra Marcela Mayol. En enero fue designada subsecretaria de Articulación Interjurisdiccional del Transporte en la provincia de Buenos Aires. El 9 de junio declaró una transferencia bancaria para el Frente Renovador de $186 millones. Desde su entorno indicaron que hubo un error en el tipeo del monto, elevaron una carta a la CNE y dicho aporte quedó anulado.
De este modo, el listado de los principales aportantes declarados de Fuerza Patria y los partidos de ramificación peronista vinculados a este frente excluye a Mayol. A diferencia de lo que se observa en La Libertad Avanza, está compuesto por personas físicas. Lo encabeza la legisladora porteña y referente de Patria Grande, Victoria Freire, quien declaró aportes por $38,8 millones. La acompañan el candidato Itai Hagman ($13,4 millones) y el intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini ($10 millones), entre otros.
Asimismo, en las filas violetas se observa una migración desde Juntos por el Cambio. Al menos 23 aportantes, que habían donado fondos a dicha coalición, también declararon transferencias a favor de La Libertad Avanza entre 2024 y 2025. Entre ellos se encuentra Woden Energía SAU, cuyo presidente y vicepresidente son Patricio y Juan Neuss, cercanos al asesor Santiago Caputo. La compañía informó una transferencia de $35 millones el año pasado.
Provincias Unidas registra 22 aportantes que en años anteriores habían declarado contribuciones a favor de Juntos por el Cambio. En comparación con los casos observados en La Libertad Avanza, sus montos son menores.
“Noventa días después de finalizada la elección, el tesorero y los responsables económico-financieros de la campaña deberán presentar, en forma conjunta, ante la justicia federal con competencia electoral del distrito correspondiente, un informe final detallado de los aportes públicos y privados recibidos, que deberá contener y precisar claramente su naturaleza, origen, nombre y documento del donante, destino y monto, así como el total de los gastos incurridos con motivo de la campaña electoral, detallados por rubros y los comprobantes de egresos con las facturas correspondientes”, estipula el artículo 58 de la ley de financiamiento de los partidos políticos.
Por lo tanto, las donaciones declaradas por los aportantes privados ante la CNE deberían estar incluidas en dicho informe final. Tal como describieron desde dicho organismo judicial, sirve para entender de dónde obtienen los fondos los partidos políticos y cómo justifican sus gastos.
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POLITICA
Congreso: un gobernador impulsa un nuevo proyecto de Ficha Limpia más estricto que el que no prosperó

Pese a la polémica generada en su tratamiento el año pasado, todo indica que habrá un nuevo intento por sancionar Ficha Limpia en 2026. Sucede que el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, instruyó a las dos representantes de su espacio político en el Congreso a presentar un nuevo proyecto, con requisitos más estrictos que el que fue rechazado en el Senado en 2025.
El anuncio fue realizado días atrás a través de las redes sociales por la diputada Karina Maureira y la senadora Julieta Corroza, quienes informaron que la iniciativa fue presentada de manera simultánea en ambas cámaras. El texto toma como base la ley que fue sancionada en la Legislatura de Neuquén a comienzos del año pasado.
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Aunque fue presentado en las últimas horas del 2025, el proyecto recién podrá comenzar a debatirse en el próximo período de sesiones ordinarias, que se iniciará el 1 de marzo. El rechazo que sufrió el proyecto impulsado por el PRO y La Libertad Avanza el 7 de mayo impidió que el tema vuelva a tratarse durante el resto de 2025.
Al igual que la iniciativa anterior, el nuevo texto establece que no podrán ser candidatos a cargos electivos ni partidarios quienes tengan condenas por delitos de corrupción, malversación de fondos o enriquecimiento ilícito, siempre que la sentencia haya sido confirmada en segunda instancia.
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Sin embargo, el proyecto neuquino amplía el alcance: también excluye a personas condenadas por delitos dolosos comunes o federales, tráfico de estupefacientes y delitos contemplados en el Régimen Penal Tributario de la Ley Nacional 27.430. Además, quedan inhabilitados quienes hayan sido destituidos mediante juicio político u otros mecanismos legales.
Rolando Figueroa explicó que la iniciativa “toma aspectos de la que ya funciona en Neuquén” y recalcó que se trata de “la Ley más contundente y exigente del país”, ya que implica que nadie con antecedentes penales pueda acceder a una candidatura ni ser designado en un cargo de la función pública.
Los intentos fallidos de los últimos años
Durante la última década hubo varios intentos de sancionar una ley de Ficha Limpia a nivel nacional. Sus principales impulsores fueron el PRO, la Coalición Cívica y un sector de la UCR.
En 2024, una versión del proyecto promovida por el PRO obtuvo dictamen de comisión, pero fracasó en dos oportunidades en la Cámara de Diputados por falta de quórum. En ese momento, el espacio libertario no acompañó la iniciativa. Referentes cercanos al presidente Javier Milei y al asesor Santiago Caputo sostenían que una ley de ese tipo habría impedido competir a Donald Trump en Estados Unidos, por supuestas causas judiciales impulsadas por los demócratas.
No obstante, a fines de ese año, Milei decidió avanzar con una versión propia del proyecto junto al entonces ministro Luis Petri y el abogado Alejandro Fargossi. El texto obtuvo media sanción en Diputados, pero fue rechazado en el Senado: cosechó 36 votos afirmativos y 35 negativos, uno menos de la mayoría absoluta necesaria para convertirse en ley.
El debate estuvo atravesado por las especulaciones sobre una eventual candidatura de Cristina Kirchner, ya que en ese momento la Corte Suprema aún no había ratificado la condena en su contra.
Tras el rechazo, la cuenta oficial de La Libertad Avanza apuntó contra sectores de la oposición. “Mientras el kirchnerismo operaba para garantizar la impunidad de sus jefes, un sector del PRO operaba apresurado para intentar anotarse una victoria política antes de la elección”, escribieron en redes sociales.
Desde el PRO, en cambio, denunciaron una maniobra del Gobierno. Dirigentes macristas señalaron que los dos senadores misioneros que cambiaron su voto y definieron la votación habían sido aliados del oficialismo y sostuvieron que la Casa Rosada no quería que la ley se aprobara para habilitar una candidatura de Cristina Kirchner y beneficiarse electoralmente de la polarización.
ficha limpia, Rolando Figueroa, Congreso.
POLITICA
Corrupción en la AFA: Aguinsky rechazó desprenderse del caso de la quinta y un camarista de San Martín decide si le saca la causa

La disputa por la competencia en la causa que investiga quiénes son los verdaderos dueños de la fastuosa quinta en Pilar se formalizó este viernes: el juez federal en lo penal económico Marcelo Aguinsky se negó apartarse del caso. Rechazó así el pidió su colega de Campana, Adrián González Charvay, quien reclama el expediente para su juzgado.
Ahora, tras la resolución de Aguinsky, la contienda deberá ser zanjada de manera unipersonal por la Cámara Federal de San Martín, por tratarse de un pedido de inhibitoria, dijeron fuentes judiciales. Durante la primera quincena de la feria judicial de enero, se encuentra activa la Sala I de la Cámara, que será presidida por el magistrado Juan Pablo Salas hasta el 24 de enero. A él le tocará decidir en la disputa entre Aguinsky y González Charvay, si es que se resuelve dentro de las dos primeras semanas de enero, la primera mitad de la feria judicial.
El juez Aguinsky basó su decisión en que el objeto de la investigación no es la quinta en sí -que cuenta con helipuerto, un haras de caballos y una muy costosa colección de autos- sino el presunto delito que la precede y, sobre todo, la Asociación del Futbol Argentino (AFA), a la que se la vincula cada vez con más elementos.
“El núcleo de la investigación no es la casa de Villa Rosa, sino que es la Asociación del Fútbol Argentino cuyo asiento y domicilio legal está en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a escasos 800 metros de la sede de este tribunal (Sarmiento 1118 CABA) y a 82 km. de distancia del Juzgado Federal de Campana”, dijo el juez.
El camarista que recibe el caso
Junto a los camaristas Marcos Morán y Marcelo Darío Fernández, Salas integra la Sala I de la Cámara Federal de San Martín. Ingresó a la Justicia en 1989 y se graduó de abogado en 1993, en la UBA. Antes de llegar a la Cámara, se desempeñó como secretario y luego, como juez en Morón. Fue designado camarista en 2016.
Salas intervino en un tema de alta sensibilidad para el Gobierno cuando le tocó zanjar otra disputa, también por un tema de competencia, en la causa por $LIBRA, la criptomoneda que promovió el presidente Javier Milei en redes y es investigada como posible estafa. Salas resolvió en aquel entonces que el caso dejara definitivamente el juzgado de Sandra Arroyo Salgado, en San Isidro, para pasar a tramitar en Comodoro Py, en el juzgado de María Servini, quien finalmente se apartó.
Salas también intervino como juez de primera instancia en la causa que investigó la muerte del exespía de la SIDE, Pedro “Lauchón” Viale, en 2013, cuando miembros del grupo Halcón abrieron fuego en su casa de La Reja, partido de Moreno, y lo acribillaron. Por aquel episodio, el juez Salas procesó a diez policías bonaerenses por homicidio calificado.
El argumento que esgrimió González Charvay para reclamar el caso de la quinta fue que el inmueble está ubicado en Pilar, partido sobre el cual su juzgado tiene jurisdicción. El juez Aguinsky dijo, sin embargo, que la ubicación de la finca es “solamente un punto en el mapa” y que lo relevante es el presunto delito de lavado.
“Para avanzar en la pesquisa del delito de lavado de dinero desde la finca de Villa Rosa, hay que retroceder en el tiempo. Primero se comete el delito y luego se aprovechan (blanquean) sus frutos”, sostuvo Aguinsky.
El juez se apoyó, además, en la decisión del fiscal Claudio Navas Rial, quien sostuvo en su dictamen que lo relevante para la investigación es el “despliegue de actos jurídicos y materiales” detrás de la quinta, que abarcan “la constitución y modificación de firmas, la adquisición de otras, las relaciones personales y laborales de los sujetos con instituciones relacionadas con el fútbol profesional y los negocios comerciales conexos”.
Más indicios
En su fallo de este viernes, Aguinsky señaló que la sospecha que guía la investigación -que la suntuosa quinta no pertenecería a sus dueños formales, un monotributista y una jubilada- no hizo más que acrecentarse en el último tiempo.
Destacó una última prueba en ese sentido: un informe sobre la tarjeta de crédito de Pantano que llegó recientemente a su juzgado del que surge que el plástico «pertenece a una cuenta corporativa de la Asociación de Fútbol Argentino, que tiene como domicilio la calle Viamonte 1366 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“.
“En esa tarjeta aparecen numerosos consumos y pagos de servicios con un promedio mensual de 50.000.000 de pesos en lo que va de enero a diciembre de 2025 -dice el juez. Esos gastos deben ser investigados para corroborar si están o no vinculados con el predio de Villa Rosa, Pilar, y para que, en caso de tratarse de un delito en curso, cesen sus efectos en forma inmediata”.
El expediente ya tuvo un cambio de manos cuando pasó de los tribunales de Comodoro Py al fuero penal económico. El primer juez en intervenir fue Daniel Rafecas, quien encauzó la investigación con las primeras medidas de prueba, como el allanamiento a la quinta. En el lugar, la Policía encontró, entre otros elementos, un bolso deportivo y una placa homenaje con el nombre del tesorero de la AFA, Pablo Toviggino.
Luego de que el propio Rafecas se declarara incompetente, el camarista Leopoldo Bruglia resolvió que el expediente pasara al juzgado de Aguinsky, en el fuero penal económico.
En su resolución, el camarista dejó entrever que, más allá de su decisión de llevar el caso al fuero económico, podría abrirse luego una disputa territorial. “En atención a los datos y circunstancias fácticas expuestos en la denuncia, asistirá al magistrado interviniente [por Aguinsky] analizar aspectos sobre la competencia territorial”, dijo Bruglia, preanunciando la actual disputa, que se originó con un pedido de los presuntos testaferros de la quinta para que el caso pase a los tribunales de Campana.
Hoy, Aguinsky sostuvo que los dichos de Bruglia fueron anteriores al pronunciamiento del fiscal Navas Rial y a la “producción y agregación de nuevas pruebas relevantes en la causa, las cuales han permitido delimitar con mayor precisión el desarrollo de las maniobras investigadas, el lugar de ejecución de los actos principales y, en definitiva, el epicentro del hecho delictivo”.
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POLITICA
Javier Milei reiteró la suspensión de contrataciones en el sector público

Con motivo de continuar con el ajuste al Estado, el gobierno de Javier Milei, reiteró la suspensión de las contrataciones en la plantilla del sector público. A través del decreto 934/2025, se oficializó este viernes 2 de enero la medida.
Según indica el documento oficial las jurisdicciones y entidades del Sector Público Nacional “no podrán realizar designaciones ni contrataciones de personal, bajo ninguna modalidad”.
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Dicha prohibición alcanza a las plantas transitorias, los contratos bajo la Ley Marco de Empleo Público; los contratos laborales; las locaciones de servicios profesionales; las designaciones transitorias en cargos de planta permanente; las contrataciones financiadas por estatutos especiales o fuentes extrapresupuestarias.
Sin embargo, el decreto establece excepciones en lo que define como áreas estratégicas o con regímenes especiales. Como las universidades nacionales; Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad; Servicio Penitenciario Federal; Sistema Nacional de Manejo del Fuego; Cuerpo de Guardaparques Nacionales; Personal de hospitales nacionales e institutos de investigación del Ministerio de Salud; Personal de gabinete; Designaciones para cubrir cargos ejecutivos y jefaturas (SINEP), entre otras.
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