POLITICA
Elecciones 2025 | Sin PASO ni balotaje, el costo de las legislativas será alto, casi el mismo que en 2023
Contrario a lo esperado, la suspensión de las elecciones primarias (PASO) y la implementación de la boleta única de papel (BUP) como nuevo instrumento de votación en todo el país no redundarán en un ahorro del gasto que el Gobierno tiene previsto destinar a las elecciones legislativas de octubre próximo.
La partida presupuestaria vigente para la realización de las elecciones es de $395.133 millones; el proyecto de presupuesto para este año –que no se aprobó por decisión del oficialismo- preveía un gasto menor, de $326.905 millones. Si bien se trataba de una estimación que hizo la Jefatura de Gabinete cuando faltaba más de un año de la elección –y, por lo tanto, era un número falible-, lo sugestivo es que ese monto incluía dos elecciones: las PASO de agosto (que terminaron por suspenderse) y las generales de octubre.
Consultados por , voceros de la Jefatura de Gabinete explicaron que la confección y la instrumentación de la BUP –que debutará en estas elecciones- impone mayores costos que no estaban previstos; por de pronto, la nueva boleta será mucho más cara –alrededor de un dólar cada una- que las papeletas partidarias conocidas hasta ahora. A ello se agrega una mayor erogación en la capacitación a las autoridades de mesa y en los insumos que el nuevo sistema demanda, como los biombos para las cabinas de votación, talonarios nuevos, útiles y demás elementos para la votación.
Según la Jefatura de Gabinete, si este año se hubiesen realizado las dos elecciones –primarias y generales- con el antiguo instrumento de votación, el presupuesto hubiese trepado a los $577.000 millones. Una estimación que no comparten los exfuncionarios electorales que fueron consultados por , como tampoco expertos judiciales en la materia: todos coinciden en que ya el presupuesto actual de casi $400.000 millones es por sí elevado si se considera que, a diferencia de los años anteriores en que hubo primarias, esta vez habrá un solo operativo electoral.
A manera de referencia, las elecciones presidenciales de 2023 costaron $110.000 millones que, a valores de hoy, ascenderían a unos $422.537 millones: eso sí, ese año hubo primarias, elecciones generales y segunda vuelta.
Las fuentes consultadas coinciden en advertir que el gasto de mayor impacto en el presupuesto electoral lo tiene el contrato por $223.000 millones que la Vicejefatura de Gabinete del Interior, a cargo de Lisandro Catalán, firmó con el presidente del Correo Argentino (Corasa), Camilo Baldini, un funcionario que proviene de la gestión de Alberto Fernández y que ascendió a presidente con la llegada de la gestión libertaria.
El contrato suscripto con la empresa estatal implica el 56% del gasto total que se destinará a las elecciones. “Es una cifra inédita para el Correo si se considera que en esta oportunidad habrá una sola tanda de telegramas de designación de autoridades de mesa, un solo operativo de despliegue y repliegue de urnas y demás actividades que conlleva la logística”, deslizan exfuncionarios expertos en materia electoral a .
Según explicaron los voceros de la Jefatura de Gabinete y del Correo, semejante contrato se explica porque, además de la tarea de logística e infraestructura que habitualmente realiza esta empresa estatal en cada elección, el Gobierno decidió delegarle también las contrataciones para el escrutinio provisorio -el cómputo de votos de la noche de la elección- y la transmisión de los telegramas, tarea que siempre desempeñó la Dirección Nacional Electoral (DINE).
Ambos operativos demandarán un costo de $21.000. Tal como publicó , el Correo hizo una licitación privada por invitación (fueron convocadas a concursar tres empresas), a sobre cerrado, y donde las ofertas se presentaron en formato papel -en cajas- sin digitalizar. Ganó la empresa de origen español Indra, pero los detalles de la adjudicación son secretos, ya que la página oficial del Correo no permite acceder ni a los pliegos, ni a las ofertas que hubo.
Además de la contratación con Indra, al Correo se le delegó la tarea de contratar las imprentas a cargo de la confección de las BUP. Se prevé una erogación también millonaria: $43.000 millones más IVA.
¿A qué obedece esta decisión del Gobierno de delegar todas estas contrataciones en el Correo Argentino? La razón se encontraría en el propio formato de la empresa que, si bien es pública, está constituida como sociedad anónima y, como tal, está habilitada a llevar adelante licitaciones privadas que, por lo general, resultan más ágiles –aunque también más opacas- que las públicas, las cuales están sometidas a mayores regulaciones.
El Gobierno y el Correo justifican la decisión. “Este año, la Vicejefatura de Interior decidió avanzar hacia una gestión más ágil, ordenada y eficiente, que refuerce la transparencia y la confiabilidad del sistema electoral, contratando a Correo Argentino para que brinde los tres servicios, es decir, infraestructura y logística electoral, transmisión de telegramas y escrutinio provisorio. Este sistema unificado permite simplificar procesos, mejorar la eficiencia operativa y reducir costos, logrando una gestión electoral más sólida y confiable”, esgrimen.
Sin embargo, no todos comparten este procedimiento por más ágil que sea. “Que licitaciones tan sensibles como las del recuento provisorio y las de boletas únicas no hayan sido públicas, que no hayan tenido mayor participación de partidos, ONGs y la ciudadanía como se hizo en 2021 y en 2023, es un paso atrás de cara a propiciar elecciones transparentes y confiables”, cuestionó Marcos Schiavi, extitular de la Dirección Nacional Electoral (DINE) durante la gestión de Fernández.
El costo de las BUP
Según precisaron los voceros de la empresa postal, se prevé destinar $43.000 millones más IVA para la impresión de las BUP, tarea que se contratará por licitación privada. Indicaron, además, que la licitación está en curso, se presentaron una docena de oferentes y se estima que el proceso de contratación demandará 15 días más.
Un rápido cálculo permite advertir que el nuevo instrumento de votación será más oneroso que el de papeletas partidarias, advirtió Schiavi. “Lo planteamos cuando se discutió la ley en el Congreso: la BUP no es más barata. Al contrario, en este caso, su costo es claramente altísimo, incluso si se lo compara con la elección del 2023, en la que el Estado financió boletas partidarias con récord de listas presentadas y con hasta cinco categorías (incluida dos boletas PARLASUR) –planteó-. Ni la suspensión de las PASO, ni el desdoblamiento de las elecciones de la provincia de Buenos Aires ni las BUP generaron ahorro. Al contrario, las elecciones se encarecieron”.
Sin embargo, los impulsores de la boleta única exaltan que, aunque sean más caras, el nuevo sistema es más transparente que el anterior pues ya no son las agrupaciones políticas las encargadas de imprimir sus propias papeletas con aportes del Estado –lo que dio lugar a infinidad de denuncias por malos manejos de esos fondos- sino que la tarea se centraliza en el Estado.
-COSTO TOTAL DE LA ELECCIÓN LEGISLATIVA 2025: $395.133 millones
-GASTO DE LA ÚLTIMA ELECCION EN 2023: $422.537 millones (incluyó PASO y balotaje)
-CONTRATO CON EL CORREO ARGENTINO: $223.006.358.830
-CONTRATACIÓN ESCRUTINIO PROVISORIO Y TRANSMISIÓN DE TELEGRAMAS (INDRA): 21.000 millones más IVA.
-CONTRATACIÓN PARA CONFECCIÓN DE LAS BUP: 43.0000 millones más IVA.
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POLITICA
A pesar de la prórroga, los fiscales advierten al Gobierno que por falta de recursos peligran las investigaciones por corrupción y narcotráfico
A pesar de que el Gobierno pospuso hasta el 10 de noviembre la puesta en marcha del nuevo Código Procesal Penal Federal en Comodoro Py y en el fuero Penal Económico, los fiscales reiteraron que está en riesgo el funcionamiento del sistema acusatorio y las investigaciones complejas por falta de recursos.
“El tiempo que resta hasta el 10 de noviembre no parece suficiente para realizar las adecuaciones necesarias”, dijeron los fiscales, para advertir que, “de persistir en la puesta en marcha del sistema en estas condiciones, se compromete la actuación de este organismo y afecta la tramitación de causas complejas por hechos de corrupción, narcotráfico y otras conductas de impacto social”.
El procurador general de la Nación, Eduardo Casal, recibió ayer 25 fiscales de los fueros Federal y Penal Económico, luego de que la implementación del Código Procesal Penal Federal (CPPF) se postergara hasta el próximo 10 de noviembre.
Allí acordaron 10 puntos que incluyen respaldar una carta que el Procurador envió la semana pasada al Ministerio de Justicia, en la cual señalaba que la postergación de la puesta en marcha del sistema acusatorio no se debía a que los fiscales no estén preparados para los casos complejos, sino a la falta de recursos.
Entre los puntos que acordaron se cuenta que, a pesar de que el sistema les da mayores responsabilidades a los fiscales, “no existe un correlato con la asignación de los recursos para atenderlas”.
Dijeron que están “preparados para llevar adelante causas de complejidad y así lo han demostrado, y que no debe confundirse el reclamo de herramientas para desarrollar sus labores bajo el nuevo sistema con falta de capacitación o desacuerdo con su instauración”.
Tras insistir en la autarquía financiera, los fiscales dijeron que “es necesario fortalecer la representación del Ministerio Público, cubrir las vacantes existentes, dotar de más personal a las fiscalías (creación de cargos y traspaso), establecer cuerpos periciales propios, firmar convenios para asegurar la atención de los existentes, mejorar la situación edilicia y tecnológica, entre otras medidas”.
Hablaron de retomar el dialogo institucional con el Ministerio de Justicia, la Corte y el Consejo de la Magistratura, y la vinculación con las fuerzas de seguridad destinadas a generar cuerpos de investigaciones que sean auxiliares de los fiscales.
El encuentro tuvo lugar en la Procuración General y asistieron los fiscales de Comodoro Py Eugenia Anzorreguy, José Luis Agüero Iturbe, Ramiro González, María Alejandra Mángano, Guillermo Marijuan, María Paloma Ochoa, Franco Picardi, Carlos Rívolo, Eduardo Taiano, Gerardo Pollicita y Carlos Stornelli.
También concurrieron Gabriela Baigún, Marcelo Colombo, Abel Córdoba, Juan Patricio García Elorrio, Fabiana León, Diego Luciani, Miguel Ángel Osorio y Diego Velasco.
Por el fuero en lo Penal Económico estuvieron Gabriel Pérez Barberá, Marcelo Agüero Vera, Germán Bincaz, Jorge Dahl Rocha, Claudio Navas Rial y María Gabriela Ruiz Morales.
Casal estuvo acompañado por los secretarios de Coordinación Institucional, Juan Manuel Olima Espel, y de Disciplinaria y Técnica, Juan Manuel Casanovas.
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POLITICA
El Gobierno de Entre Ríos busca desafectar a un ex concejal y enfermero que fue condenado por abuso sexual
Luego de que el enfermero y ex concejal de Rosario del Tala, Diego Iván Zapata, fuera condenado a 13 años de prisión por abuso sexual gravemente ultrajante y promoción a la corrupción de menores, el Gobierno de Entre Ríos inició un sumario administrativo en su contra. Se trata del paso previo a definirse la expulsión de un agente provincial.
Al momento de ser condenado, el empleado del Ministerio de Salud provincial se desempeñaba como enfermero en el Hospital San Roque de Rosario del Tala. Después de que el acusado solicitara su reubicación laboral en el Hospital Luis A. Ellerman, ubicado en la misma ciudad, se confirmó la apertura del proceso administrativo.
El sumario administrativo, fechado el 8 de julio y publicado en el Boletín Oficial de Entre Ríos el 4 de agosto, se basa en el Artículo 71° Inciso f) de la Ley 9755, que prevé la cesantía para agentes estatales condenados por delitos dolosos, aunque no estén vinculados a la administración pública, cuando estos hechos afectan el prestigio de la función.
Con la intervención del gobernador Rogelio Frigerio y el ministro de Salud entrerriano, Daniel Blanzaco, se resolvió iniciar el sumario, paso previo a la cesantía definitiva de Zapata del sistema de salud pública. “Dispónese la instrucción de un Sumario Administrativo al agente Diego Iván Zapata”, indicaron en el decreto provincial.
En su pedido de traslado, Zapata había informado que estaba bajo prisión preventiva, pero contaba con autorización para salidas laborales. No obstante, la situación se complicó cuando se confirmó mediante notificaciones judiciales que la condena dictada en su contra había quedado firme.
Según las resoluciones judiciales, el enfermero fue hallado culpable de captar a dos adolescentes de 15 y 17 años en un boliche de la ciudad. A través de la investigación, se constató que el hombre les daba bebidas alcohólicas mezcladas con medicamentos para provocarles somnolencia y luego cometía los abusos.
La condena fue dictada por el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Concepción del Uruguay el 22 de agosto de 2023 y, finalmente, fue confirmada por la Sala II de la Cámara de Casación Penal el 12 de marzo de 2024.
De acuerdo con la información publicada por Uno Entre Ríos, la defensa presentó un recurso de queja, pero este fue rechazado por la Sala N° 1 del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos. Finalmente, el 21 de noviembre de 2024, la Justicia le denegó el recurso extraordinario federal, por lo que la condena quedó firme.
El Ministerio de Salud provincial detalló que Zapata percibió el 50% de su salario entre julio de 2022 y enero de 2023, período tras el cual sus haberes fueron suspendidos, medida que continúa vigente. Asimismo, apuntaron que el caso quedó bajo revisión de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Salud.
Una trabajadora municipal de Nogoyá denunció a sus superiores por acoso y abuso sexual
A comienzos de junio, una trabajadora del área de Rentas de la Municipalidad de Nogoyá formalizó una denuncia por acoso y abuso sexual presuntamente cometidos dentro del ámbito laboral. La empleada señaló como responsables a dos funcionarios que ocuparían cargos jerárquicos en el mismo sector. El caso se encuentra en trámite dentro del Estado municipal, pero se prevé que será presentado ante la Unidad Fiscal de Nogoyá para que se lleve a cabo una investigación penal.
Según el escrito presentado al jefe de Recursos Humanos municipal, Gerardo Beltramino, la denunciante ratificó acusaciones previas. En el texto, describió diversas situaciones de hostigamiento, entre ellas, comentarios de contenido sexual, acercamientos físicos no consentidos, insinuaciones verbales y gestuales, además de amenazas relacionadas con su permanencia laboral y advertencias sobre la posibilidad de despido.
La mujer también expuso un cambio de funciones: después de trabajar en oficinas, fue reasignada a la calle como controladora en el área de estacionamiento medido de la ciudad. Por esa tarea, cobraba 3.000 pesos diarios por una jornada de ocho horas. Además, presentó un reclamo al subsecretario de Hacienda, Juan Pablo Serra, a quien le exigió claridad sobre su situación contractual y de aportes, junto al pago de haberes atrasados por los meses de abril y mayo.
En otro comunicado, la empleada pidió explicaciones por el cambio de puesto, atribuido —según sostiene— a represalias por manifestarse públicamente sobre situaciones laborales que consideró injustas, y que habrían sido reconocidas en reuniones previas por las autoridades municipales.
La Libertad Avanza (LLA) y el Pro cerraron este martes un acuerdo para conformar un frente electoral común en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre. Tras una negociación extendida, el macrismo aceptó las condiciones impuestas por el espacio que lidera Karina Milei, quien tuvo un rol central en la definición de la alianza.
Ezequiel Sabor, interlocutor designado por Mauricio y Jorge Macri, confirmó a Pilar Ramírez, referente de LLA en CABA, que aceptaban la oferta. Fuentes de LLA indicaron que la decisión de ceder dos lugares “entrables” al Pro se basó en una evaluación pragmática para asegurar la gobernabilidad y sumar legisladores con afinidad a las políticas del gobierno nacional.
La postura inicial de LLA era ofrecerle al Pro un lugar entre los primeros seis y otro entre el séptimo y octavo puesto, una propuesta que fue considerada inaceptable por el macrismo. El giro en la negociación se produjo cuando LLA mejoró su oferta y le garantizó al Pro la quinta y sexta ubicación en la lista de diputados.
Karina Milei, figura clave en el armado electoral de LLA, ejerció un poder de veto sobre los candidatos propuestos por el Pro. Se espera que la fuerza libertaria apruebe únicamente perfiles que muestren lealtad a la gestión presidencial o que se comprometan a votar los proyectos del Poder Ejecutivo.
En el ámbito del Pro, se evaluaban nombres como Fernando de Andreis, Jimena de la Torre o Hernán Iglesias Illa para ocupar los espacios acordados. Por su parte, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, buscará retener un lugar para Sabrina Ajmechet, cuya banca de diputada finaliza en diciembre.
El resultado de las elecciones legislativas porteñas del 18 de mayo, donde Manuel Adorni obtuvo una victoria significativa, fue un factor determinante para que Mauricio Macri impulsara el diálogo con LLA. Tras la derrota de Silvia Lospennato (Pro) en esa contienda, Macri buscó conformar una alianza electoral para los comicios de octubre.
El acuerdo en la Ciudad, bastión del Pro desde 2007, se suma a la convergencia electoral ya acordada entre LLA y el partido de Mauricio Macri en la provincia de Buenos Aires para las elecciones del 7 de septiembre.
Mauricio Macri supervisó de cerca las negociaciones. Si bien expresó su descontento por la filtración de las condiciones impuestas por Karina Milei, donde calificó la posición de LLA como “absolutamente dominante”, reconoció la necesidad de un acuerdo.
La coherencia con la alianza pactada en la provincia de Buenos Aires, donde Cristian Ritondo acordó con LLA, fue un argumento para avanzar en la Capital. Macri buscaría evitar una nueva derrota electoral y ganar tiempo para reorganizar el partido de cara a las elecciones de 2027.
Las tensiones internas en el Pro quedaron expuestas durante un encuentro de autoridades partidarias. Jorge Macri, jefe de Gobierno de la Ciudad, habría preferido explorar una coalición más amplia, similar a la extinta Juntos por el Cambio, para competir contra LLA y el peronismo.
Se barajó la posibilidad de sumar a Horacio Rodríguez Larreta y de cerrar filas con la Unión Cívica Radical, la Coalición Cívica, Ricardo López Murphy y Graciela Ocaña. María Eugenia Vidal, una dirigente con un largo recorrido en el Pro, también habría apostado por una fórmula independiente de LLA, pero su figura es vetada por la fuerza libertaria.
En Entre Ríos, Rogelio Frigerio estaría cerca de acordar con LLA. En cambio, en Chubut, Ignacio Torres competirá con candidatos de Milei, enrolado en el espacio “Grito Federal”. Mauricio Macri avaló conversaciones para alianzas en Córdoba, Santiago del Estero, Misiones, La Pampa, Río Negro y Tierra del Fuego.
En Santa Fe, el Pro es aliado de Maximiliano Pullaro, quien integra un grupo de gobernadores federales. Macri también priorizará su sociedad con Claudio Poggi (San Luis) y Marcelo Orrego (San Juan). En Mendoza, donde el radical Alfredo Cornejo se sumó a LLA, el Pro presentará lista propia. Durante una reunión del Consejo Nacional del Pro, el exmandatario reiteró a sus representantes la importancia de la “flexibilidad” y la “dignidad” en la negociación de acuerdos electorales.
Este contenido fue producido por un equipo de con la asistencia de la IA.
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