POLITICA
Elecciones 2025 | Sin PASO ni balotaje, el costo de las legislativas será alto, casi el mismo que en 2023
Contrario a lo esperado, la suspensión de las elecciones primarias (PASO) y la implementación de la boleta única de papel (BUP) como nuevo instrumento de votación en todo el país no redundarán en un ahorro del gasto que el Gobierno tiene previsto destinar a las elecciones legislativas de octubre próximo.
La partida presupuestaria vigente para la realización de las elecciones es de $395.133 millones; el proyecto de presupuesto para este año –que no se aprobó por decisión del oficialismo- preveía un gasto menor, de $326.905 millones. Si bien se trataba de una estimación que hizo la Jefatura de Gabinete cuando faltaba más de un año de la elección –y, por lo tanto, era un número falible-, lo sugestivo es que ese monto incluía dos elecciones: las PASO de agosto (que terminaron por suspenderse) y las generales de octubre.
Consultados por , voceros de la Jefatura de Gabinete explicaron que la confección y la instrumentación de la BUP –que debutará en estas elecciones- impone mayores costos que no estaban previstos; por de pronto, la nueva boleta será mucho más cara –alrededor de un dólar cada una- que las papeletas partidarias conocidas hasta ahora. A ello se agrega una mayor erogación en la capacitación a las autoridades de mesa y en los insumos que el nuevo sistema demanda, como los biombos para las cabinas de votación, talonarios nuevos, útiles y demás elementos para la votación.
Según la Jefatura de Gabinete, si este año se hubiesen realizado las dos elecciones –primarias y generales- con el antiguo instrumento de votación, el presupuesto hubiese trepado a los $577.000 millones. Una estimación que no comparten los exfuncionarios electorales que fueron consultados por , como tampoco expertos judiciales en la materia: todos coinciden en que ya el presupuesto actual de casi $400.000 millones es por sí elevado si se considera que, a diferencia de los años anteriores en que hubo primarias, esta vez habrá un solo operativo electoral.
A manera de referencia, las elecciones presidenciales de 2023 costaron $110.000 millones que, a valores de hoy, ascenderían a unos $422.537 millones: eso sí, ese año hubo primarias, elecciones generales y segunda vuelta.
Las fuentes consultadas coinciden en advertir que el gasto de mayor impacto en el presupuesto electoral lo tiene el contrato por $223.000 millones que la Vicejefatura de Gabinete del Interior, a cargo de Lisandro Catalán, firmó con el presidente del Correo Argentino (Corasa), Camilo Baldini, un funcionario que proviene de la gestión de Alberto Fernández y que ascendió a presidente con la llegada de la gestión libertaria.
El contrato suscripto con la empresa estatal implica el 56% del gasto total que se destinará a las elecciones. “Es una cifra inédita para el Correo si se considera que en esta oportunidad habrá una sola tanda de telegramas de designación de autoridades de mesa, un solo operativo de despliegue y repliegue de urnas y demás actividades que conlleva la logística”, deslizan exfuncionarios expertos en materia electoral a .
Según explicaron los voceros de la Jefatura de Gabinete y del Correo, semejante contrato se explica porque, además de la tarea de logística e infraestructura que habitualmente realiza esta empresa estatal en cada elección, el Gobierno decidió delegarle también las contrataciones para el escrutinio provisorio -el cómputo de votos de la noche de la elección- y la transmisión de los telegramas, tarea que siempre desempeñó la Dirección Nacional Electoral (DINE).
Ambos operativos demandarán un costo de $21.000. Tal como publicó , el Correo hizo una licitación privada por invitación (fueron convocadas a concursar tres empresas), a sobre cerrado, y donde las ofertas se presentaron en formato papel -en cajas- sin digitalizar. Ganó la empresa de origen español Indra, pero los detalles de la adjudicación son secretos, ya que la página oficial del Correo no permite acceder ni a los pliegos, ni a las ofertas que hubo.
Además de la contratación con Indra, al Correo se le delegó la tarea de contratar las imprentas a cargo de la confección de las BUP. Se prevé una erogación también millonaria: $43.000 millones más IVA.
¿A qué obedece esta decisión del Gobierno de delegar todas estas contrataciones en el Correo Argentino? La razón se encontraría en el propio formato de la empresa que, si bien es pública, está constituida como sociedad anónima y, como tal, está habilitada a llevar adelante licitaciones privadas que, por lo general, resultan más ágiles –aunque también más opacas- que las públicas, las cuales están sometidas a mayores regulaciones.
El Gobierno y el Correo justifican la decisión. “Este año, la Vicejefatura de Interior decidió avanzar hacia una gestión más ágil, ordenada y eficiente, que refuerce la transparencia y la confiabilidad del sistema electoral, contratando a Correo Argentino para que brinde los tres servicios, es decir, infraestructura y logística electoral, transmisión de telegramas y escrutinio provisorio. Este sistema unificado permite simplificar procesos, mejorar la eficiencia operativa y reducir costos, logrando una gestión electoral más sólida y confiable”, esgrimen.
Sin embargo, no todos comparten este procedimiento por más ágil que sea. “Que licitaciones tan sensibles como las del recuento provisorio y las de boletas únicas no hayan sido públicas, que no hayan tenido mayor participación de partidos, ONGs y la ciudadanía como se hizo en 2021 y en 2023, es un paso atrás de cara a propiciar elecciones transparentes y confiables”, cuestionó Marcos Schiavi, extitular de la Dirección Nacional Electoral (DINE) durante la gestión de Fernández.
El costo de las BUP
Según precisaron los voceros de la empresa postal, se prevé destinar $43.000 millones más IVA para la impresión de las BUP, tarea que se contratará por licitación privada. Indicaron, además, que la licitación está en curso, se presentaron una docena de oferentes y se estima que el proceso de contratación demandará 15 días más.
Un rápido cálculo permite advertir que el nuevo instrumento de votación será más oneroso que el de papeletas partidarias, advirtió Schiavi. “Lo planteamos cuando se discutió la ley en el Congreso: la BUP no es más barata. Al contrario, en este caso, su costo es claramente altísimo, incluso si se lo compara con la elección del 2023, en la que el Estado financió boletas partidarias con récord de listas presentadas y con hasta cinco categorías (incluida dos boletas PARLASUR) –planteó-. Ni la suspensión de las PASO, ni el desdoblamiento de las elecciones de la provincia de Buenos Aires ni las BUP generaron ahorro. Al contrario, las elecciones se encarecieron”.
Sin embargo, los impulsores de la boleta única exaltan que, aunque sean más caras, el nuevo sistema es más transparente que el anterior pues ya no son las agrupaciones políticas las encargadas de imprimir sus propias papeletas con aportes del Estado –lo que dio lugar a infinidad de denuncias por malos manejos de esos fondos- sino que la tarea se centraliza en el Estado.
-COSTO TOTAL DE LA ELECCIÓN LEGISLATIVA 2025: $395.133 millones
-GASTO DE LA ÚLTIMA ELECCION EN 2023: $422.537 millones (incluyó PASO y balotaje)
-CONTRATO CON EL CORREO ARGENTINO: $223.006.358.830
-CONTRATACIÓN ESCRUTINIO PROVISORIO Y TRANSMISIÓN DE TELEGRAMAS (INDRA): 21.000 millones más IVA.
-CONTRATACIÓN PARA CONFECCIÓN DE LAS BUP: 43.0000 millones más IVA.
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El Gobierno nacional puso en marcha un nuevo régimen para los viajes oficiales al exterior de los funcionarios, con el objetivo de reducir gastos, agilizar trámites y limitar el tamaño de las comitivas.
La medida quedó oficializada este martes a través de la Decisión Administrativa 9/2026, publicada en el Boletín Oficial con las firmas del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el canciller, Pablo Quirno.
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Entre los principales cambios, la norma reasigna quién debe aprobar cada viaje, exige la presentación de un nuevo formulario y fija un límite máximo de personas por delegación.
Además, establece criterios más estrictos para la emisión de pasajes aéreos y determina qué funcionarios pueden acceder a la clase ejecutiva.
Cómo es el nuevo procedimiento para autorizar viajes oficiales
A partir de ahora, solo el jefe de Gabinete podrá aprobar los traslados al exterior de ministros, secretarios de la Presidencia y funcionarios con rango de ministro. Para jerarquías inferiores, la autorización quedará en manos de ministros, secretarios o titulares de organismos descentralizados.
Además, cada viaje deberá formalizarse mediante un “Informe de Planificación de Gestión Internacional”, que tendrá que ser firmado por el funcionario que viaja (si es subsecretario o superior) o por su superior jerárquico, junto con la autoridad que aprueba el traslado.
Este informe debe enviarse a la Jefatura de Gabinete al menos diez días hábiles antes del viaje, salvo casos excepcionales debidamente justificados.
Límite para las comitivas y cambios en los pasajes
Uno de los puntos centrales de la nueva normativa es el tope para las comitivas oficiales: solo se permitirá un funcionario o autoridad por cada evento o actividad internacional. Si se necesita sumar más integrantes, deberá justificarse con una “exigencia excepcional” y la fundamentación correspondiente.
En cuanto a los pasajes, el Gobierno estableció un sistema de grupos:
- Grupo A: incluye al jefe de Gabinete, ministros, secretarios de la Presidencia, el procurador del Tesoro, el síndico General, jefes de las fuerzas de seguridad y el presidente del Banco Central. Solo ellos podrán viajar en clase ejecutiva.
- Grupo B: secretarios ministeriales, subsecretarios, embajadores, autoridades de empresas estatales, rectores de universidades nacionales y el presidente del Banco Nación, entre otros. Deberán viajar en clase económica, salvo excepciones por salud, seguridad o productividad, que deberán ser autorizadas previamente.
- Grupos C y D: directores nacionales y generales, gerentes de empresas estatales y el resto del personal. Solo podrán viajar en clase económica.
La norma también aclara que cualquier cambio de clase deberá ser abonado por el propio funcionario y que el nuevo régimen rige desde su publicación en el Boletín Oficial.
Según el texto oficial, la decisión apunta a “reducir cargas operativas, optimizar los procesos internos y promover una gestión eficiente de los recursos del Estado Nacional”. También busca “simplificar los circuitos administrativos” relacionados con las misiones y comisiones oficiales al exterior.
Gobierno, viajes al exterior, Javier Milei, boletin oficial, Manuel Adorni
POLITICA
Retiran una placa conmemorativa de las víctimas de la dictadura de la Casa de Argentina de la Ciudad Universitaria de París
PARIS.- ¿Qué pasó con la placa conmemorativa de los desaparecidos y víctimas de la dictadura militar argentina, instalada en la Casa de Argentina de la Ciudad Universitaria de París? Según la Asamblea de Ciudadanos Argentinos en Francia (ACAF), así como de antiguos residentes y académicos, fue el actual director, Santiago Muzio, abogado allegado a los círculos de extrema-derecha europeos, quien tomó la decisión de hacerla desaparecer, el 10 de febrero último.
“Esa placa fue colocada el 24 de marzo de 2022, con ocasión del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, instituido por la ley Nº 25.633 del 22 de agosto de 2002 para conmemorar a las víctimas del terrorismo de Estado, las obligaciones del ministerio de educación argentino. Estas están precisadas en el artículo 2 de dicha ley, que estipula: ‘Dentro del Consejo Federal de Cultura y Educación, el ministerio de educación de la Nación y las autoridades educativas de las distintas jurisdicciones acordarán la inclusión, en los calendarios escolares respectivos, de jornadas relacionadas con el Día Nacional instituido por el artículo precedente, que consolidan la memoria colectiva de la sociedad, suscitan sentimientos opuestos a todo tipo de autoritarismo y promueven la defensa permanente del Estado de derecho y la plena validez de los derechos humanos’”, afirma la carta que la ACAF envió al señor Muzio, reclamando la restitución de la placa sin que, hasta el momento, haya recibido respuesta.
Tampoco , que hizo numerosos intentos de contactar al actual director de la Casa de Argentina, obtuvo respuesta de su parte.
El reclamo es apoyado por numerosos miembros de la colectividad argentina en París. De hecho, actualmente circula una petición de antiguos residentes y académicos en ese sentido.
“Esta gente piensa que arrancando una placa pueden borrar la memoria. Los muertos y las víctimas de la dictadura existieron, con placa o sin placa. Y me gustaría saber qué piensa Francia de este acto estúpido, teniendo en cuenta que, entre esas víctimas, también hay numerosos franceses, que el país rememora cada vez que se presenta la oportunidad”, dice un científico, ex residente de la Casa de la Argentina.
Designado por el presidente Javier Milei, Muzio es muy cercano a los sectores ultraconservadores argentinos y europeos, participando activamente en las iniciativas internacionales de las fuerzas de extrema derecha, especialmente en las reuniones de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC, por sus siglas en francés) animadas por fuerzas ultra-nacionalistas en Polonia y Hungría o del Foro de Madrid organizadas por VOX, así como lo señaló el 30 de mayo de 2025.
Desde el Ministerio de Capital Humano confirmaron a que se habían retirado “revestimientos incorporados en años anteriores”, sin precisar si la placa volvería a instalarse. “La intervención se inscribe en un plan de mantenimiento y modernización para que la sede refleje, con calidad y cuidado, el perfil cultural e institucional de la Argentina”, informaron desde el organismo que encabeza Sandra Pettovello.
En Francia, Santiago Muzio colabora activamente con la diputada europea Marion Marechal, sobrina de la líder de la ultra-derechista Reunión Nacional (RN), Marine Le Pen. En el tablero político, Marion Marechal se ubica aun más a la derecha que su célebre pariente. Entre sus múltiples actividades, Muzio fue director de la sede española del Instituto de Ciencias Sociales, Económicas y Políticas (ISSEP), con sede en Lyon, escuela privada de formación de cuadros fundada por Marion Maréchal.
Pero sus posiciones ideológicas, que se desarrollan dentro de un marco democrático, no son necesariamente criticables. El problema reside en la utilización que Santiago Muzio hace de la Casa de Argentina en París.
Muzio “actualmente trabaja en la implantación de esa escuela en París, poniendo a disposición de la misma las instalaciones de la Casa de Argentina en la Ciudad Universitaria durante los fines de semana para módulos de formación en campaña electoral y ciencias políticas. Aunque el ISSEP anuncia vagamente que el lugar de la formación es el ISSEP París, las sesiones del año 2025 se han llevado a cabo en la Casa de Argentina, de manera casi clandestina”, señala el comunicado de la ACAF.
Peor aun, el actual director de la institución se ha convertido en anfitrión de algunas iniciativas como la que tuvo lugar el 4 de noviembre de 2025, cuando los salones de la Casa de Argentina fueron puestos a disposición del grupo de reflexión polaco cercano al PiS, Ordo Iuris, y al grupo Mathias Corvinus Collegium, cercano al primer ministro húngaro Viktor Orbán, asociados al Instituto de Formación Política y a la Bolsa Tocqueville. Estos últimos están en relación con el proyecto Pericles, del millonario de extrema derecha Pierre-Édouard Stérin, uno de los principales financistas de los movimientos católicos ultraconservadores en Francia.
En la ocasión, think tanks húngaros y polacos de extrema derecha así como miembros del RN se reunieron en París para presentar su plan de “desmantelamiento” de la Unión Europea. Santiago Muzio aseguró la introducción de esa reunión política, en violación del artículo 13 del reglamento de la Casa de Argentina.
La Casa de Argentina goza de un estatus particular dentro de la Ciudad Universitaria de París (CIUP). Pertenece al ministerio de Educación argentino y es administrada directamente por este. Está reconocida como una fundación de utilidad pública y asimilada dentro de la CIUP, compartiendo misiones comunes con las otras casas. Todas las casas de la CIUP deben garantizar a los residentes el libre ejercicio de sus libertades fundamentales, según el derecho francés, y también deben respetar los principios de no discriminación, laicidad y desarrollo sostenible. Estos principios están dictados en la carta de valores, que cada casa debe firmar.
El comunicado de la ACAF concluye afirmando que “desde la llegada de Santiago Muzio como director, la Casa de Argentina se niega a firmar la carta de valores. Frente a esta situación, el Comité de residentes de la Casa de Argentina, lo hizo en su lugar. La Ciudad Internacional Universitaria de París (CIUP) fomenta la cohabitación de nacionalidades y cada casa debe acoger al menos un 30 % de residentes extranjeros. Sin embargo, la negativa del actual director a firmar esa carta ha llevado a que algunas casas de la CIUP suspendan sus intercambios con la Casa de Argentina”.
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A la reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei le quedan pocos días para que entre en vigencia, tras la sanción en el Senado el viernes pasado. El texto, que introduce cambios sustanciales en las condiciones de trabajo, comenzará a regir luego de ser promulgado por el Poder Ejecutivo y publicado en el Boletín Oficial.
De acuerdo con la Constitución Nacional, el Ejecutivo dispone de un plazo de 10 días hábiles para la promulgación, y la ley entra en vigor a partir del octavo día de su publicación oficial, salvo disposición en contrario.
Uno de los aspectos que mayor debate genera es la aplicación retroactiva de la normativa. En este punto, los juristas y abogados laboralistas cuestionan que se aplique a los litigios y contratos laborales en curso, algo que será definido por la Justicia.
Sin embargo, el proyecto aprobado contempla que, una vez promulgada y publicada, la nueva legislación regirá las relaciones laborales de forma integral. Durante el debate en el Congreso, el kirchnerismo intentó limitar de manera expresa los efectos de la ley a los nuevos contratos, iniciativa que fue rechazada.
Cambios en indemnizaciones y salario
Entre las novedades más relevantes figura el rediseño del sistema de indemnizaciones por despido. El nuevo esquema excluye del cálculo del monto a percibir vacaciones, aguinaldo, propinas o premios.
Además, introduce un tope: la indemnización no podrá superar tres veces el salario promedio mensual marcado por el convenio colectivo aplicable a cada categoría, y fija un piso del 67% de la remuneración habitual. En este segundo caso, significa que si la aplicación del tope convencional reduce demasiado la base salarial, esa reducción no puede superar el 33 por ciento.
Las indemnizaciones judiciales podrán actualizarse solo por inflación, con un adicional del 3% anual, y las grandes empresas podrán abonar sentencias en hasta 6 cuotas mensuales, mientras las pymes dispondrán de hasta 12. Además, se crean los Fondos de Asistencia Laboral (FAL), nutridos obligatoriamente con el 1% de las contribuciones patronales para grandes empresas y el 2,5% para pymes.
El objetivo es abaratar los despidos y garantizar el pago de indemnizaciones a través de cuentas inembargables, bajo la administración de la Comisión Nacional de Valores.
En cuanto a los salarios, la reforma incorpora la figura del “salario dinámico”, que podrá pactarse en convenios colectivos y ata la remuneración a la productividad o mérito individual. Solo podrán abonarse por medio de entidades bancarias, ya que se excluye el uso de billeteras virtuales.
Licencias, vacaciones y jornada laboral
El artículo relativo a enfermedades y accidentes de trabajo, que autorizaba una reducción de las licencias pagadas en caso de afecciones ajenas a la labor, fue eliminado del texto final. El pago de licencias continuará como hasta ahora.
En relación a las vacaciones, se mantiene la obligatoriedad de otorgarlas entre el 1 de octubre y el 30 de abril, aunque puede acordarse su fraccionamiento siempre que ninguna de las partes acepte menos de siete días por tramo.
La reforma autoriza ampliar la jornada laboral diaria a 12 horas, con descanso de 12 horas entre jornadas, siempre que haya acuerdo voluntario para modalidades flexibles como bancos de horas. También habilita contratos a tiempo parcial por debajo de la jornada legal.
Los sindicatos y los derechos colectivos
En el capítulo sindical, se sostiene la cuota solidaria que pagan todos los trabajadores de una actividad continuará siendo retenida por los empleadores. Ahora bien, entrará en vigencia un tope del 2% del salario mensual.
El gobierno da prioridad a acuerdos de empresa o regionales frente a los convenios por rama, y debilita la “ultraactividad” de los convenios en las cláusulas obligacionales para entre las partes.
Por otro lado, se restringe el derecho de huelga, donde deberá garantizar el 75% de la dotación de personal en los servicios esenciales, como la salud, la distribución de agua potable, las telecomunicaciones, la aeronáutica comercial, el control de tráfico portuario, entre otras. Además, se obligará a prestar tareas al 50% en los servicios de importancia “trascendental”, como el transporte de pasajeros y mercadería, la radio y televisión y las industrias siderúrgica, del aluminio, química, cementera y alimenticia; construcción, aeropuertos, minería, entre otros.
Las asambleas de trabajadores estarán sujetas a la autorización previa del empleador, en caso que afecten al funcionamiento de las empresas.
Beneficios para la formalización y un régimen para inversiones medias
La reforma incluye la creación de un Programa de Promoción del Empleo Registrado y un blanqueo laboral que permitirá condonar hasta el 70% de deudas por aportes y sanciones para empleadores que regularicen su situación. Además, introduce el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral, con una reducción de contribuciones patronales al 8% anual y menor carga para quienes contraten a personas no registradas antes del 10 de diciembre de 2025 o que hayan sido monotributistas o empleados públicos.
Uno de los puntos diferenciadores es el trato impositivo para las medianas inversiones, con amortización acelerada en el Impuesto a las Ganancias y devolución anticipada de IVA. Este régimen estará vigente durante dos años y será accesible para empresas que inviertan entre USD 150.000 y USD 9 millones en adquisición, fabricación o importación de bienes muebles nuevos o en obras productivas, excepto automóviles.
Para reducir la litigiosidad, la iniciativa determina que los acuerdos laborales homologados judicialmente tendrán eficacia de sentencia firme y los honorarios profesionales en juicios no podrán superar el 25% del monto reclamado. Se fija que la Justicia Nacional del Trabajo iniciará un traspaso progresivo a la órbita judicial porteña o federal, según corresponda.
europa press
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