POLITICA
Elecciones 2025 | Sin PASO ni balotaje, el costo de las legislativas será alto, casi el mismo que en 2023

Contrario a lo esperado, la suspensión de las elecciones primarias (PASO) y la implementación de la boleta única de papel (BUP) como nuevo instrumento de votación en todo el país no redundarán en un ahorro del gasto que el Gobierno tiene previsto destinar a las elecciones legislativas de octubre próximo.
La partida presupuestaria vigente para la realización de las elecciones es de $395.133 millones; el proyecto de presupuesto para este año –que no se aprobó por decisión del oficialismo- preveía un gasto menor, de $326.905 millones. Si bien se trataba de una estimación que hizo la Jefatura de Gabinete cuando faltaba más de un año de la elección –y, por lo tanto, era un número falible-, lo sugestivo es que ese monto incluía dos elecciones: las PASO de agosto (que terminaron por suspenderse) y las generales de octubre.
Consultados por , voceros de la Jefatura de Gabinete explicaron que la confección y la instrumentación de la BUP –que debutará en estas elecciones- impone mayores costos que no estaban previstos; por de pronto, la nueva boleta será mucho más cara –alrededor de un dólar cada una- que las papeletas partidarias conocidas hasta ahora. A ello se agrega una mayor erogación en la capacitación a las autoridades de mesa y en los insumos que el nuevo sistema demanda, como los biombos para las cabinas de votación, talonarios nuevos, útiles y demás elementos para la votación.
Según la Jefatura de Gabinete, si este año se hubiesen realizado las dos elecciones –primarias y generales- con el antiguo instrumento de votación, el presupuesto hubiese trepado a los $577.000 millones. Una estimación que no comparten los exfuncionarios electorales que fueron consultados por , como tampoco expertos judiciales en la materia: todos coinciden en que ya el presupuesto actual de casi $400.000 millones es por sí elevado si se considera que, a diferencia de los años anteriores en que hubo primarias, esta vez habrá un solo operativo electoral.
A manera de referencia, las elecciones presidenciales de 2023 costaron $110.000 millones que, a valores de hoy, ascenderían a unos $422.537 millones: eso sí, ese año hubo primarias, elecciones generales y segunda vuelta.
Las fuentes consultadas coinciden en advertir que el gasto de mayor impacto en el presupuesto electoral lo tiene el contrato por $223.000 millones que la Vicejefatura de Gabinete del Interior, a cargo de Lisandro Catalán, firmó con el presidente del Correo Argentino (Corasa), Camilo Baldini, un funcionario que proviene de la gestión de Alberto Fernández y que ascendió a presidente con la llegada de la gestión libertaria.
El contrato suscripto con la empresa estatal implica el 56% del gasto total que se destinará a las elecciones. “Es una cifra inédita para el Correo si se considera que en esta oportunidad habrá una sola tanda de telegramas de designación de autoridades de mesa, un solo operativo de despliegue y repliegue de urnas y demás actividades que conlleva la logística”, deslizan exfuncionarios expertos en materia electoral a .
Según explicaron los voceros de la Jefatura de Gabinete y del Correo, semejante contrato se explica porque, además de la tarea de logística e infraestructura que habitualmente realiza esta empresa estatal en cada elección, el Gobierno decidió delegarle también las contrataciones para el escrutinio provisorio -el cómputo de votos de la noche de la elección- y la transmisión de los telegramas, tarea que siempre desempeñó la Dirección Nacional Electoral (DINE).
Ambos operativos demandarán un costo de $21.000. Tal como publicó , el Correo hizo una licitación privada por invitación (fueron convocadas a concursar tres empresas), a sobre cerrado, y donde las ofertas se presentaron en formato papel -en cajas- sin digitalizar. Ganó la empresa de origen español Indra, pero los detalles de la adjudicación son secretos, ya que la página oficial del Correo no permite acceder ni a los pliegos, ni a las ofertas que hubo.
Además de la contratación con Indra, al Correo se le delegó la tarea de contratar las imprentas a cargo de la confección de las BUP. Se prevé una erogación también millonaria: $43.000 millones más IVA.
¿A qué obedece esta decisión del Gobierno de delegar todas estas contrataciones en el Correo Argentino? La razón se encontraría en el propio formato de la empresa que, si bien es pública, está constituida como sociedad anónima y, como tal, está habilitada a llevar adelante licitaciones privadas que, por lo general, resultan más ágiles –aunque también más opacas- que las públicas, las cuales están sometidas a mayores regulaciones.
El Gobierno y el Correo justifican la decisión. “Este año, la Vicejefatura de Interior decidió avanzar hacia una gestión más ágil, ordenada y eficiente, que refuerce la transparencia y la confiabilidad del sistema electoral, contratando a Correo Argentino para que brinde los tres servicios, es decir, infraestructura y logística electoral, transmisión de telegramas y escrutinio provisorio. Este sistema unificado permite simplificar procesos, mejorar la eficiencia operativa y reducir costos, logrando una gestión electoral más sólida y confiable”, esgrimen.
Sin embargo, no todos comparten este procedimiento por más ágil que sea. “Que licitaciones tan sensibles como las del recuento provisorio y las de boletas únicas no hayan sido públicas, que no hayan tenido mayor participación de partidos, ONGs y la ciudadanía como se hizo en 2021 y en 2023, es un paso atrás de cara a propiciar elecciones transparentes y confiables”, cuestionó Marcos Schiavi, extitular de la Dirección Nacional Electoral (DINE) durante la gestión de Fernández.
El costo de las BUP
Según precisaron los voceros de la empresa postal, se prevé destinar $43.000 millones más IVA para la impresión de las BUP, tarea que se contratará por licitación privada. Indicaron, además, que la licitación está en curso, se presentaron una docena de oferentes y se estima que el proceso de contratación demandará 15 días más.
Un rápido cálculo permite advertir que el nuevo instrumento de votación será más oneroso que el de papeletas partidarias, advirtió Schiavi. “Lo planteamos cuando se discutió la ley en el Congreso: la BUP no es más barata. Al contrario, en este caso, su costo es claramente altísimo, incluso si se lo compara con la elección del 2023, en la que el Estado financió boletas partidarias con récord de listas presentadas y con hasta cinco categorías (incluida dos boletas PARLASUR) –planteó-. Ni la suspensión de las PASO, ni el desdoblamiento de las elecciones de la provincia de Buenos Aires ni las BUP generaron ahorro. Al contrario, las elecciones se encarecieron”.
Sin embargo, los impulsores de la boleta única exaltan que, aunque sean más caras, el nuevo sistema es más transparente que el anterior pues ya no son las agrupaciones políticas las encargadas de imprimir sus propias papeletas con aportes del Estado –lo que dio lugar a infinidad de denuncias por malos manejos de esos fondos- sino que la tarea se centraliza en el Estado.
-COSTO TOTAL DE LA ELECCIÓN LEGISLATIVA 2025: $395.133 millones
-GASTO DE LA ÚLTIMA ELECCION EN 2023: $422.537 millones (incluyó PASO y balotaje)
-CONTRATO CON EL CORREO ARGENTINO: $223.006.358.830
-CONTRATACIÓN ESCRUTINIO PROVISORIO Y TRANSMISIÓN DE TELEGRAMAS (INDRA): 21.000 millones más IVA.
-CONTRATACIÓN PARA CONFECCIÓN DE LAS BUP: 43.0000 millones más IVA.
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POLITICA
El Presidente y Karina Milei volvieron a respaldar a Manuel Adorni tras la polémica por sus vuelos

A pocas horas de la conferencia de prensa que dio Manuel Adorni, y en donde se defendió de los cuestionamientos por sus viajes al exterior, Karina Milei se volcó a X para apoyarlo.
“Mi apoyo, intacto”, escribió la secretaria general de la Presidencia. Y siguió: “Más allá de las operaciones del periodismo y la vieja política se quién sos y de tu integridad”.
Luego se sumó Javier Milei, que compartió un video de la cuenta de la Oficina de Respuesta Oficial que aseguraba que las críticas contra Adorni eran “operetas”. Sumó al video: “Pelear contra el statu quo, fin”.
Horas antes, el jefe de Gabinete se defendió en medio de la polémica por sus viajes: “No tengo nada que esconder, mi patrimonio lo construí antes de entrar al Gobierno, en los 25 años que estuve en el sector privado”. Fue luego de que su esposa, Bettina Angeletti, usara el avión presidencial en un vuelo a Nueva York y después del viaje en un avión privado a Punta del Este.
Leé también: En medio de la polémica por sus viajes, Adorni confirmó que el 29 de abril irá al Congreso
Adorni aclaró que su sueldo está congelado desde hace dos años y por qué no dará explicaciones la prensa sobre su patrimonio: “Hay una investigación judicial en curso. No puedo responder sobre aspectos específicos porque puedo entorpecer lo que está en curso”.
En la misma línea, agregó: “Estamos poniendo a disposición de la Justicia y los organismos de control correspondientes toda la información que necesiten. Quiero dejar algo en claro, ningún otro gobierno sostuvo una vara tan alta como la nuestra, nunca”.
“Hay denuncias penales de por medio. Si doy detalles, voy a interferir en esas causas. Vivo en Caballito y el resto de las propiedades en los diferentes barrios de la Ciudad lo deben cotejar con mi declaración jurada. Todo está declarado”, indicó Adorni.
Y añadió: “Lo que no está declarado es porque la declaración jurada no está vencida. Con respecto a la casa de Martínez es parte de una operación política y mediática para dañar al Gobierno. Lo del viaje a Punta del Este ya lo aclaré, y es un tema estrictamente familiar. Es un tema que está en la Justicia y no quiero interferir”.
Respecto del viaje realizado con su esposa, apuntó: “La dádiva habría sido si es que hubiera sido un regalo. Al viaje lo pagué yo. Es un tema de investigación judicial. Estoy cansado de decir que el viaje lo pagué. No es un dato menor. La dádiva es si yo no hubiese pagado. No veo tema de incompatibilidad y mucho menos de dádiva”.
Manuel Adorni
POLITICA
El descargo de Adorni: ataques a la prensa, pocas precisiones y una estrategia articulada con Santiago Caputo

Eran las 11.08 y los periodistas esperaban a Manuel Adorni en un auditorio poblado para la conferencia de prensa, la primera de él solo en tres meses y con los escándalos en torno a su figura al tope de la agenda. Fue un intercambio tenso, en el que el funcionario buscó confrontar con sus interlocutores y dar pocas precisiones sobre los viajes y su patrimonio, ejes de la polémica que lo tiene como protagonista.
“Gran equipo. Contra todo”, tuiteó el jefe de Gabinete, rodeado por los cinco ministros que lo acompañaron a enfrentar las preguntas de la prensa. El asesor presidencial, Santiago Caputo, no salió en la foto, pero tuvo una reunión previa con Adorni para ultimar la contraofensiva del jefe de Gabinete. Adorni embistió contra varios de los periodistas que lo consultaron por el pago de su viaje familiar a Punta del Este en un avión privado y por unas propiedades que se le adjudican y que no figuran en su última declaración jurada de bienes.
“Vos no sos juez, sos apenas un periodista. Escribiste cosas muy feas de mi”, le dijo Adorni al periodista Jonathan Heguier, de El Destape, cuando éste le cuestionó su viaje en jet privado a Punta del Este. “Todo lo que decís es falso. ¿Puedo recibir una disculpa por eso?”, le contestó a Nicolás Gallardo, del medio MDZ, mientras esgrimía una nota de ese mismo periodista, que sacó de entre los papeles que llevaba consigo, en la que se consignaba que el gabinete lo había “dejado solo” mientras llovían los cuestionamientos mediáticos por sus viajes, gastos y propiedades.
El jefe de Gabinete conocía de antemano el listado de los cinco periodistas que habían sido sorteados para hacerle las primeras consultas públicas desde el 6 de febrero pasado, fecha de su última conferencia de prensa en Balcarce 50, cuando presentó al canciller Pablo Quirno.
“¡Qué alegría verte!”, le dijo Adorni a una colega apenas llegó a la sala de conferencias. “Cuanta gente, che”, agregó, algo ansioso por comenzar. Con algunos minutos de retraso, el jefe de gabinete leyó casi sin levantar la vista del speech inicial, con aclaraciones sobre lo que no podría decir “para no entorpecer la causa judicial”, y archivos de los periodistas que se disponían a consultarlo.
El canciller Quirno y los ministros Luis Caputo (Economía), Federico Sturzenegger (Desregulación), Mario Lugones (Salud) y Alejandra Monteoliva (Seguridad) se ubicaron en la primera fila, al igual que otros funcionarios como el secretario de desregulación, Alejandro Cacace, y su par de Legal y Técnica, María Ibarzábal. Sin la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en la sala, los ministros mantuvieron el silencio y la seriedad durante los 48 minutos que duró la conferencia, y salieron eyectados de sus asientos ni bien el jefe de gabinete dio por terminado el intercambio. El final fue abrupto. Karina Milei le dedicó luego un tuit de respaldo.
“Vinieron a mostrarle apoyo a Manuel”, explicaron cerca del Presidente, aunque faltaron los ministros Diego Santilli (Interior), Sandra Pettovello (Capital Humano) y Carlos Presti (Defensa), éste último de viaje en el exterior.
La presencia adicional de funcionarios fue inusual. En el fondo de la sala de conferencias estaban también Aimé “Meme” Vázquez, jefa de Gabinete de Adorni, y dos colaboradoras de Caputo: Macarena “Maqui” Alifraco y la exfuncionaria de Medios Belén Stettler.
También el secretario ejecutivo de la Jefatura, Ian Vignale y el responsable de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt, otros dos funcionarios que responden al jefe de Gabinete.
El secretario de Medios, Javier Lanari, ubicado al lado de Santiago Caputo, daba indicaciones mediante señales a los funcionarios encargados de otorgarle el micrófono a cada periodista, para limitar repreguntas incómodas. Poco después de comenzada la conferencia, se sumó el titular de la Cámara Baja, Martín Menem, quien quedó de pie, al lado de la puerta de entrada.
Al terminar el intercambio, desde el Gobierno justificaban el contragolpe. “A la opinión pública le preocupa comer y llegar a fin de mes, ninguno de los argentinos se fue a dormir anoche preocupado por el tema Adorni”, expresó uno de los funcionarios que siguió minuto a minuto el intercambio en el auditorio del segundo piso de Balcarce 50.
Ese mismo funcionario relativizó el impacto negativo en la imagen del Presidente y la gestión de las denuncias contra el jefe de Gabinete (transformadas ya en causas judiciales), al afirmar que “hay que esperar tres o cuatro semanas” para definir si generaron efectos permanentes. Negaron, una y otra, vez, que a Adorni se le hubiese cruzado por la cabeza renunciar a su cargo, a pesar de que desde el propio oficialismo circularon, por lo bajo, nombres de eventuales reemplazos.
Detrás de bambalinas, y cuando todo terminó, Adorni recibió palmadas y felicitaciones de ministros y colaboradores en la antesala del salón de conferencias. Había, a criterio de los funcionarios, salido airoso del compromiso.
la conferencia de prensa,pic.twitter.com/0nDzAmBbDn,March 25, 2026,pic.twitter.com/dNZlR2jhQL,March 25, 2026,pic.twitter.com/2HnKQbxe0B,March 25, 2026,@madorni,pic.twitter.com/JO2XTpm2d1,March 25, 2026,Jaime Rosemberg,Manuel Adorni,Conforme a,,»La ignorancia es atrevida». Los posteos de Milei tras la conferencia de Adorni en la que habló de sus viajes y su patrimonio,,Tensión en Diputados. La audiencia por glaciares comenzó con polémica y la oposición anticipa su judicialización,,Polémica por los bienes. Adorni dijo que no tiene «nada que esconder» y que solo explicará su patrimonio ante la Justicia,Manuel Adorni,,»La ignorancia es atrevida». Los posteos de Milei tras la conferencia de Adorni en la que habló de sus viajes y su patrimonio,,Conferencia fallida. Lo que Adorni no contestó: el nuevo departamento, la casa en Indio Cua y un viaje que no le facturaron,,»Operación política». El video completo: qué dijo Adorni en la conferencia de prensa
POLITICA
Comenzó la audiencia pública sobre la modificación de la ley de Glaciares entre reclamos e impugnaciones

La audiencia pública por la modificación de la ley de glaciares comenzó con un pedido de impugnación de parte de legisladores de la oposición aduciendo que no se cumple con la ley que habilita la ponencia de la sociedad civil y de las organizaciones de la sociedad civil en la Cámara de Diputados.
El reclamo que lleva la firma de los diputados Maximiliano Ferraro, Sabrina Selva, María Inés Zigarán, Carolina Basualdo, Pablo Juliano, Adriana Serquis, Gabriela Estévez, Juan Brugge, Abelardo Ferrán, Lucía Cámpora y Pablo Farías; se presentó en la previa sosteniendo que las audiencias resultan “inválida por las graves irregularidades en la metodología adoptada para su desarrollo, las cuales restringen de manera ilegítima la participación ciudadana y vulneran el Reglamento de la Cámara, la Constitución Nacional, la Ley General del Ambiente (Ley 25.675) y los compromisos internacionales asumidos por la Argentina, en particular el Acuerdo de Escazú (Ley 27.566)“.
La presentación que se realizó al presidente de la Cámara, Martín Menem, obtuvo respuesta del diputado de La Libertad Avanza y presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoraz, quien, al principio, señaló que “un grupo de diputados presentó una impugnación. Esta impugnación se le dará curso por los canales administrativos. Las presentaciones judiciales fueron todas rechazadas. La justicia federal de misiones dijo que el procedimiento es válido. Las medidas cautelares todas fueron rechazadas. La impugnación no la voy a leer y tampoco los fallos judiciales”.
No existe un canal administrativo al respecto, por lo que esto generó el primer conflicto del día.

El segundo fue el plazo. Mientras el plenario de comisión había definido que las exposiciones iban a ser de 5 minutos, los que hoy pudieron ingresar se encontraron con que el plazo para exponer era de 4 minutos, lo que generó el reclamo de parte de los expositores y los diputados de la oposición.
Mientras iban exponiendo los autorizados a ingresar -se anotaron más de 120.000 expositores y sólo se aceptó la presencia de 200-, mientras transcurría la primera hora de la audiencia diputados del peronismo frenaron la audiencia para reclamar que la seguridad de la Casa no dejaba ingresar a los expositores. Luego de varios minutos de discusión, el diputado Mayoraz tuvo que retirarse del recinto para ir junto a los legisladores de Unión por la Patria para habilitar el ingreso de aquellos que estaban anotados para exponer.
La mayoría de los expositores que se opone a la modificación de la norma hizo referencia a la restricción a la audiencia de los más de 120.000 inscriptos, anunciaron en casi todos los pasos que buscarán impugnar judicialmente la iniciativa y, en buena parte de los casos, apuntaron contra los diputados del oficialismo a quienes acusaron en repetidas veces de “reírse” de las exposiciones.
Entre medio de tantos discursos que fueron señalando las razones por las cuales no se debía modificar la ley de glaciares, a favor del cuidado del agua y que “sólo 12 provincias definan sobre la totalidad del agua de los argentinos”, sólo el ministro de producción de San Juan apoyó el proyecto de LLA. Gustavo Fernández, quien fue abucheado en parte de su exposición, hizo referencia a que su provincia no tiene conflicto con el agua por las mineras sino “porque el kirchnerismo en los últimos 20 años abandonó las obras de mantenimiento del riego”, lo que generó aplausos del oficialismo. Pasado los 4 minutos, y mientras intentaba seguir hablando, los diputados de los bloques de la oposición le gritaron que se había acabado su tiempo. En ese clima se vive la audiencia.
Por el lado de los sectores que se oponen, el momento cúlmine estuvo de la mano de Marta Maffei, la ex diputada del ARI y autora de la ley original que el oficialismo intenta modificar. “El Senado votó un proyecto que deroga las claves de la ley actual, omite todos los recaudos legales y constitucionales», dijo la docente que formó parte de la Carpa Blanca a finales de los 90. “Esta audiencia es de una profunda ilegitimidad. Un puñado de diputados pretende sanear lo que quieren hacer convocando a esta farsa”, dijo la ex legisladora frente a los gritos de “mentira” que salían del bloque libertario y que Maffei respondía. Visiblemente enojada, señaló que su presencia “no convalida esta farsa” y que se reservaba el derecho de llevar adelante las acciones legales que crea necesarias. “Este es un proyecto regresivo y discrecional para que cada provincia haga lo que quiera con nuestra agua”, finalizó.
La otra gran figura fue Adolfo Pérez Esquivel, el premio Nobel de la Paz, quien señaló que se hacía presente “por una gran preocupación que es el agua. No es una mercancía, es un derecho que se le está quitando al pueblo”.
Otro de los más aplaudidos fue Andrés Nápoli, Director Ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN). El abogado ambientalista y magíster en Derecho Ambiental, no solo señaló la falta de legalidad de la audiencia por incumplir con las normas establecidas sino que el hombre que negoció “durante 8 años” el Acuerdo de Escazú —el primer tratado ambiental de América Latina y el Caribe—, dijo que con la modificación no se genera seguridad jurídica porque “van a ver cientos de demandas con esta ley”. Luego de hacer un recorrido sobre los fallos a favor de la ley vigente, Nápoli dijo que “no necesita modificarse ni interpretarse, necesita ser cumplida”.
En otro momento de la audiencia, y mientras se iban encadenando exposiciones en contra, el abogado ambientalista Enrique Viale mencionó “las multinacionales que se verán beneficiadas con la nueva Ley de Glaciares: Vicuña, Barrick Gold y Glencore”. Luego, anunció que “mañana denunciaré a la senadora Flavia Royón por incompatibilidad con la función publica y cohecho”. La acusó de trabajar para el gigante Río Tinto. “No representa a Salta, representa a las mineras”, advirtió Viale.
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