El Gobierno evalúa excluir de la reforma laboral el artículo que habilita el pago de sueldos en billeteras virtuales. Se trata de una de las modificaciones que está bajo análisis en la mesa chica del Ejecutivo en la previa de la sesión en el Senado del miércoles 11 de febrero.

Mientras que un sector de la Casa Rosada asegura que la iniciativa no formará parte del texto final, otros espacios internos sostienen que la discusión sigue abierta y que todavía no hay una definición tomada. La discusión expuso diferencias marcadas dentro del oficialismo a raíz de la tensión con los bancos.

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Se trata del artículo 35 del proyecto de reforma laboral, que sustituye el artículo 124 de la Ley de Contrato de Trabajo y autoriza el pago de remuneraciones en Proveedores de Servicios de Pago (PSP) habilitados por el Banco Central, además de otras entidades que pueda autorizar la autoridad de aplicación.

En Balcarce 50 advierten que el ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, se manifestaron puertas adentro en contra de avanzar con esa habilitación. “Es una medida que perjudica la capacidad de reactivación del crédito”, expresan sus cercanos.

El cambio desarticula la exclusividad de las cuentas bancarias para la acreditación de haberes. En varios despachos oficiales admiten contactos con los bancos para sostener el esquema actual, que promueve que los salarios acreditados en cuentas bancarias se transformen en depósitos que funcionan como fondeo para préstamos a personas y empresas.

En los sectores del Gobierno que quieren excluir el artículo también aparecen alertas por riesgos operativos y de supervisión. Mencionan además como antecedente el caso de Sur Finanzas -la financiera que quedó bajo investigación judicial por el caso AFA- como ejemplo de los “riesgos” de ampliar el universo de entidades habilitadas para pagar salarios sin un marco de control equiparable al bancario.

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Pese a las objeciones, en el Ejecutivo aclaran que la reglamentación va a ser “muy restrictiva” si el artículo finalmente se mantiene dentro del proyecto. La alternativa que se analiza en ese escenario es acotar el alcance, fijar exigencias adicionales y limitar el número de actores habilitados, siempre bajo la supervisión del Banco Central.

La Casa Rosada asegura que acordó cambios en la reforma laboral con más de 40 senadores, pero advierte tensiones por el capítulo tributario, que reduce el Impuesto a las Ganancias para sociedades. En Balcarce 50 se resignan por el momento a modificar el texto, más allá de que no cuenten con los votos de los gobernadores aliados parar impulsarlo.

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Sólo un puñado de representantes del Gobierno tiene el texto con los cambios que impulsarán en la reforma laboral cuando se trate en el Senado desde el miércoles que viene. Si las versiones que circulan son ciertas, las modificaciones apuntan, sobre todo, a congraciarse con los gobernadores, cuyo apoyo es clave para la sanción de la iniciativa. A la CGT, al parecer, sólo le darían un alivio a dos de sus demandas vinculadas con “la caja sindical”.

La nueva versión de la reforma laboral, según trascendió, incluiría una fórmula riesgosa para conformar a los gobernadores por la baja de impuestos que contempla el proyecto: postergar para más adelante la reducción de alícuotas de impuestos, como Ganancias para grandes empresas, que afectarán la masa de recursos coparticipables que reciben las provincias.

Dicen que el Ministerio de Economía buscó una variante que no resignara la baja de impuestos, una bandera de los libertarios, pero que la difiriera para encontrar una salida a mediano plazo de esta encerrona que pone en riesgo la sanción de la iniciativa si los mandatarios del interior se rebelan en el Congreso. Hay en juego una merma de aproximadamente $1 billón para las provincias.

Al mismo tiempo, a la CGT le concederían dos de los puntos que reclama modificar: dejarían a salvo las cuotas solidarias para los sindicatos (no así los aportes obligatorios que van a las arcas de entidades empresariales en concepto de capacitación) y se eliminaría el artículo 161, que recorta la contribución patronal destinada a las obras sociales del 6% al 5%, y que, según los sindicalistas, implica en los hechos un desfinanciamiento directo del sistema de salud administrado por los gremios. Las estimaciones oficiales indican que esta rebaja representa una pérdida de entre 679 y 700 millones de dólares anuales, equivalentes a aproximadamente el 0,1% del PBI.

Quedarían intactos, pese a la presión de la CGT, los artículos que reglamentan el derecho de huelga en servicios esenciales, la prelación de los convenios por empresa, la limitación de la ultraactividad de los convenios y las restricciones de las asambleas.

Si se confirman estas modificaciones, al sindicalismo sólo le darán alivio respecto de “la caja” multimillonaria que manejan, conformada, entre otros rubros, por la recaudación de las cuotas solidarias a través de los convenios colectivos, y el sistema de obras sociales.

El Gobierno mantiene cerrado bajo siete llaves el texto corregido de la reforma laboral y su contenido será el eje de la nueva reunión de la mesa política libertaria que preside el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, prevista para el lunes próximo, donde se evaluarán los apoyos de los gobernadores al proyecto oficial en el Congreso a la luz de la postergación de la baja de impuestos.

¿Ya estarán enterados los sindicalistas de los cambios previstos en la reforma laboral? “No sabemos nada porque seguimos conversando y nadie da cerradas las negociaciones”, dijo a Infobae un jefe de la CGT.

Un indicio claro acerca de la reacción sindical se producirá este viernes, a partir de las 11, cuando se reúna el Consejo Directivo cegetista en la sede de Azopardo 802: se analizarán las tratativas sobre el proyecto y también surgirá un debate acerca de las medidas de fuerza que se adoptarán para expresar el rechazo a la iniciativa que promueve Javier Milei.

El cotitular de la CGT Cristian Jerónimo (empleados del vidrio) anticipó que se evaluará una escalada del conflicto con el Gobierno que podría incluir movilizaciones y un paro general. “No vamos a permitir que este proyecto avance tal como está”, afirmó, tras lo cual aseguró que se analizan todas las herramientas legales, políticas y sindicales para impedir que rija la reforma laboral.

Hasta no tener certeza de cómo quedó el proyecto y cómo se modificará en el recinto, el sector dialoguista de la CGT, que es mayoritario, no quiere saber nada con un paro general y, en cambio, aceptará una movilización de protesta el miércoles 11 ante el Congreso, cuando los senadores comiencen a discutir la reforma laboral.

Sin embargo, como anticipó Infobae, los sindicatos agrupados en la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) plantearán hacer el miércoles un paro de 12 horas para favorecer la asistencia de los manifestantes a la concentración.

De una postura más dura que la CATT, la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y sus aliados propondrán un plan de lucha con paros y movilizaciones hasta lograr que fracase la sanción de la reforma laboral.

En realidad, es lo que ya comenzó este jueves con una marcha en la ciudad de Córdoba el nuevo frente sindical creado la semana pasada, sin el aval de la CGT, para frenar el proyecto oficial. Ese flamante polo ultraopositor está integrado por la UOM, la Federación de Aceiteros, ATE, el sindicato de pilotos y las dos CTA, entre otros, y el martes próximo prevé otra movilización en Rosario y luego otras medidas de fuerza contra el Gobierno.

En el Gobierno están al tanto de que podría decidirse una movilización de la CGT contra la reforma laboral y están dispuestos a aceptar esa protesta, pero están atentos para que no se haga ningún paro general que afecte la actividad y complique a los que quieren trabajar.

En cuanto a los cambios en la reforma laboral, hay dirigentes de la CGT que mantienen un cauto optimismo, pese a las versiones que indicarían que sus reclamos no fueron satisfechos en un 100% por el Gobierno.

Las tratativas de la CGT se mantienen con el ala política del Gobierno (Santiago Caputo, los Menem y Diego Santilli), más Patricia Bullrich, en una versión moderada de la actual jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, en total sintonía con Karina Milei.

Más allá de las cuotas solidarias y los fondos para las obras sociales, los sindicalistas aseguraron a Infobae que aún negocian con el Gobierno los artículos que limitan la ultraactividad de los convenios (buscan que no se caigan al vencimiento, sino que haya un período para renegociarlos) y el que fija la prelación de los convenios por empresa (quieren que no rompan el piso convencional establecido por los sindicatos con personería).

En la Casa Rosada, por su parte, admitieron que hay buena predisposición a ceder ante algunos reclamos “razonables” que hace la CGT: “Se mantiene la voluntad de alcanzar el mayor nivel de paz social posible y que la protesta quede reducida a los sectores ultra de la izquierda”, señalaron desde el oficialismo.

Pero, a la vez, resaltaron que Milei bajó la orden de no aflojar en los puntos centrales de la reforma laboral, aunque todos saben que eso puede significar el riesgo de que el proyecto se trabe en las cámaras legislativas.

Luego del traspié de su gira por el interior para hablar con los gobernadores, la CGT presiona para que se emita un nuevo dictamen en el Senado que contemple las modificaciones pedidas: cree, con razón, que una vez que el proyecto se debata en el recinto ya no habrá garantías de que los cambios sean los pactados.

Hasta ahora, esa alternativa sigue siendo descartada por La Libertad Avanza, que busca introducir los cambios a la reforma laboral durante la sesión en el Senado.

¿Habrá final feliz para el proyecto al que tanto apuesta el Gobierno para generar empleo? Por ahora, hay una guerra de versiones que anticipan posibles conflictos.

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La Confederación General del Trabajo (CGT) convocó para este viernes a las 11 a una reunión de su Consejo Directivo, en la sede de Azopardo. El objetivo es definir la estrategia para enfrentar la reforma laboral impulsada por el Gobierno y que llegará al recinto de la Cámara Alta la semana próxima. La central sindical analizará la posibilidad de convocar a un paro o movilización el día que se debata en el Senado.

La discusión se dará en un escenario de fuerte presión interna. Mientras un sector de la conducción privilegió en las últimas semanas el diálogo político y las gestiones con gobernadores, las organizaciones más combativas reclaman una respuesta inmediata y de alto impacto contra el proyecto oficial.

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Debate interno y estrategias en tensión

En la previa del encuentro, la CGT quedó atravesada por diferencias sobre el alcance de las medidas de fuerza. Los sectores más moderados impulsaron en las últimas semanas contactos políticos para intentar frenar o modificar la reforma, mientras que el ala dura exige avanzar hacia un paro general.

Varios dirigentes cegetistas mantuvieron diálogo con gobernadores del peronismo que expresaron su rechazo a la reforma y advirtieron sobre un posible impacto negativo en las condiciones de trabajo. Sin embargo, el respaldo no fue uniforme y algunos diálogos previstos con mandatarios provinciales quedaron en suspenso.

Por eso, entre las alternativas que se pondrán sobre la mesa este viernes aparece la convocatoria a una movilización frente al Congreso el día en que se inicie el debate, como una señal de rechazo al contenido de la reforma.

En paralelo, los sindicatos del transporte insistieron en que la CGT debe avanzar hacia un paro general y recordaron antecedentes de resistencia sindical a reformas laborales de gobiernos anteriores.

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Ese escenario expone las dificultades de la CGT para construir un frente político más amplio contra el proyecto oficial y suma incertidumbre sobre el margen de negociación real con el Gobierno.

La decisión que adopte el Consejo Directivo ordenará el posicionamiento de la central obrera frente a la reforma laboral y definirá su rol en una semana clave, con el Congreso como escenario y el conflicto sindical nuevamente en el centro de la agenda política.

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