El empresario de la carne Alberto Samid le acercó una irónica propuesta laboral a la diputada nacional del Pro, María Eugenia Vidal, luego de que la exgobernadora bonaerense anunciara en un posteo en LinkedIn que, a partir del 10 de diciembre, se quedará sin su banca en el Congreso y planea volcarse al sector privado.

A través de un posteo en la red social X, el dueño de la cadena de carnicerías La Lonja deslizó: “María Eugenia, yo te ofrezco trabajo en mi carnicería del mercado de Morón. Para el puesto de cajera”. “Eso sí, te tenes que levantar todos los días a las siete de la mañana para venir”, la chicaneó a continuación.

Unas horas más tarde, Samid retiró la oferta a raíz de “referencias negativas” de usuarios sobre Vidal.

En reemplazo, puso a disposición un puesto de atención al cliente. “Dada a la infinidad de referencias negativas hacia María Eugenia Vidal para el puesto de ‘cajera’, me veo en la obligación de retirar dicho ofrecimiento”, escribió. E ironizó: “Igualmente le ofrezco el puesto de ‘atención al público’, sin acceso al dinero en caja”.

El candidato a diputado nacional de la Provincia por el Frente Patriota Federal cerró el planteo con el siguiente comentario: “Si decidís volver a vivir en tu casita de Morón -pasó su infancia y adolescencia allí antes de mudarse a la Capital-, podes venir a trabajar en bici y te ahorras el viático. Total estás a 15 cuadras”.

Después de negarse a formar parte de la alianza entre La Libertad Avanza (LLA) y Propuesta Republicana (Pro) rumbo a las elecciones legislativas, Vidal comunicó en la red social profesional sus deseos de “reinventarse” en el plano laboral, con la mira puesta en el vencimiento de su mandato como diputada dentro de cuatros meses.

“Goberné, fui diputada, firmé y redacté leyes, tomé decisiones difíciles. Pero esta vez decidí no asumir ningún cargo porque elegí no ceder mis convicciones. Ya me pasó en 2019 cuando perdí la elección en la provincia de Buenos Aires. Eso significa que tengo que salir a buscar trabajo en el privado. Durante dos años (con pandemia incluida) di clases, trabajé para organismos internacionales, hice consultorías para el sector privado y asesoré a varias ONG, pero nunca trabajé en relación de dependencia dentro de una empresa», sostuvo.

Vidal se describió brevemente y afirmó que en su carrera política llegó el momento de hacer un cambio, aunque aclaró que es difícil hacerlo a los 51 años: “Tenés más experiencia, contactos y aprendizajes pero también más costumbres, mañas, certezas y una zona de confort que cuesta mucho dejar atrás”.

“Cuando uno hace política, pareciera que toda esa experiencia se pone en pausa. O en duda como si todo lo aprendido no fuera aplicable más allá del Estado”, aseveró la ex jefa provincial.

Acto seguido, planteó la duda sobre si existe un riesgo en que un empleador contrate a una persona que provenga de la política y, a su vez, si alguien con trayectoria en el Estado puede insertarse en el sector privado.

Vidal también enumeró los aprendizajes que le dejó su experiencia en el sector público y detalló: “Cuando toca armar equipos en vez de buscar 11 Messi lo mejor es buscar 11 buenas personas, idóneas y que tengan las ideas frescas; a la hora de destinar recursos muchas veces hay que elegir entre lo malo y lo horrible; siempre es mejor dar la cara cuando las cosas no salen; por más buenas ideas, lo importante es tener un método”.

Por último pidió a los usuarios recomendaciones y sugirió una pregunta: “Todo el tiempo pedimos que quienes se dedican a la política entiendan al sector privado, que no vivan toda la vida del Estado y sepan lo que es trabajar como cualquier empleado o emprendedor. ¿Cuando llega el momento estamos dispuestos a darles ese lugar?“.

El impacto fiscal que tendrán las iniciativas que se debatirán este miércoles en la Cámara de Diputados y el riesgo de que alteren el equilibrio fiscal serán los argumentos que oficialistas y aliados agitarán durante la sesión en un último y agónico esfuerzo por frenar la ofensiva opositora.

Según estimó la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), si la oposición consigue insistir en la ley que vetó el presidente Javier Milei que dispone, por un lado, un aumento del 7,2% para todas las jubilaciones y pensiones y, por el otro, una actualización del bono que cobran los jubilados de la mínima a $110.000 mensuales, el costo fiscal total será de 0,32 punto del PBI en lo que queda del año. Anualizada, esta cifra se eleva a 0,78 punto del PBI.

Además, agrega la OPC, la ley prevé un esquema de anticipos mensuales en concepto de compensaciones por parte del Estado para atender el déficit de las cajas previsionales provinciales no transferidas. Si bien este esquema no tiene efecto económico, tiene efecto financiero cuyo costo, según la OPC, será de 0,17% del PBI entre agosto y diciembre de 2025, con un costo anualizado de 0,38% del PBI.

En el texto de la ley, la oposición consignó distintas fuentes de financiamiento para costear estas medidas aunque, de acuerdo a las estimaciones de la OPC, no resultan suficientes y solo alcanzan el 0,39% del PBI. No obstante, los opositores insistirán en que el costo fiscal se verá parcialmente compensado con el poder de compra que recuperarán los jubilados y pensionados con la nueva ley: según la OPC, quienes perciban el haber mínimo mejorarán su poder de compra en un 16% mientras que el resto de la escala se beneficiará en un 11%.

Discapacidad

La ley que propone declarar la emergencia por discapacidad hasta 2026 –prorrogable por un año más– también fue vetada por el presidente Milei con el argumento de su elevado impacto fiscal. Según la OPC, el costo total de las medidas se estima en un rango de $2,4 billones (0,28% del PBI) a $4,3 billones (0,51% del PBI).

Este número es variable porque la norma habilita nuevas altas de la pensión por discapacidad, lo que eleva el costo de la medida. “Se estima un aumento de entre 493.000 y 946.000 nuevos beneficiarios. Considerando la aprobación reciente de suba de haberes previsionales, este costo se estima en un rango de $2 billones (0,25% del PBI) y $4 billones (0,48% del PBI)”, indica la OPC.

Además, la norma establece una compensación de emergencia a prestadores del servicio, que demandaría un gasto por única vez de $278.323 millones (0,03% del PBI). Empero, se dispone además una actualización mensual de los aranceles, cuyo impacto fiscal es difícil de estimar, advierte la OPC.

ATN y combustibles

Además de las leyes vetadas por el Poder Ejecutivo, en la sesión se debatirán dos iniciativas impulsadas por los gobernadores y que ya tienen media sanción del Senado. Se trata del proyecto para coparticipar el Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y el que establece un nuevo esquema de reparto de la recaudación del impuesto a los combustibles. Ambos implicarían transferencias automáticas, de libre disponibilidad y con impacto directo en las cuentas provinciales.

En efecto, si la oposición consigue convertir la iniciativa en ley, los ATN pasarían a distribuirse casi íntegramente de manera automática, con una ganancia neta frente al reparto discrecional actual. Por el impuesto a los combustibles, las provincias pasarían de recibir el 25,5% al 57% de la recaudación. La Fundación Mediterránea estimó en un informe que si ambas reformas hubieran regido en 2024, el gasto provincial podría haber aumentado hasta un 1,5%, y el costo para la Nación habría representado el 60% de su superávit financiero.

Otra ley que la oposición intentará rescatar del veto presidencial es la que procura fondos de emergencia para la ciudad de Bahía Blanca y la localidad de Coronel Rosales, afectadas por un fuerte temporal en marzo pasado. La norma habilitaba fondos especiales dirigidos a la reconstrucción de esa ciudad bonaerense y subsidios para los afectados por un total de $200.000 millones.

En junio pasado, el presidente Milei vetó totalmente la ley con el argumento de que no contemplaba fuentes de financiamiento para costear el fondo de emergencia. En su última sesión el Senado rechazó el veto e insistió en la ley, por lo que si la Cámara de Diputados sigue este mismo camino, será la primera vez que el Congreso logre dejar sin efecto un veto presidencial en lo que va de la gestión libertaria.