El Tribunal Oral Federal N°6 dictó este miércoles la sentencia en el juicio por el atentado contra Cristina Kirchner. Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte recibieron condenas por su participación en el hecho ocurrido el 1 de septiembre de 2022. El tercer implicado en la causa, Nicolás Carrizo, fue absuelto por los jueces.

Fernando Sabag Montiel recibió una pena de diez años de prisión, mientras que Brenda Uliarte fue sentenciada a ocho años. El tribunal encontró a Sabag Montiel, quien gatilló un arma a centímetros de la cabeza de la entonces vicepresidenta, culpable del delito de tentativa de homicidio agravado por el uso de arma de fuego. A Uliarte, su pareja en ese momento, la consideró partícipe necesaria del mismo delito.

La condena de Sabag Montiel se unificó con una sentencia previa de cuatro años y tres meses de prisión por tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil. De esta manera, su pena total asciende a 14 años de prisión. En el caso de Uliarte, la Justicia también unificó la pena con una condena anterior por portación ilegal de documentos, lo que resultó en una sanción final de ocho años y dos meses.

El veredicto fue leído al mediodía por la presidenta del tribunal, Sabrina Namer, junto a los jueces Ignacio Fornori y Adrián Grünberg. Los condenados escucharon la sentencia sin sobresaltos, en una sala con custodia reforzada para la ocasión.

El tercer acusado del juicio, Nicolás Carrizo, resultó absuelto. Sobre él ya no pesaba ninguna acusación. Tanto la fiscalía como la querella retiraron los cargos en su contra durante el proceso. Carrizo se encontraba excarcelado al momento del veredicto.

En sus últimas palabras ante el tribunal, Carrizo se refirió a su situación personal y al tiempo que pasó detenido. “Me parece un poco injusto que vaya gente presa y tenga que esperar tanto tiempo para llegar a un juicio y recién ahí, a esa persona le digan: ‘Ah, bueno, ya te podés ir en libertad’”, expresó. “Siento esa impotencia, por haber pasado esos tres años que nadie me los va a devolver”, finalizó.

Las sentencias para Sabag Montiel y Uliarte fueron menores a las solicitadas por la fiscalía. El ministerio público había pedido penas de 15 y 14 años, respectivamente. La solicitud se basaba en agravantes como la alevosía y la violencia de género en modalidad de violencia política. El tribunal descartó estas calificaciones.

Fernanda López Puleio, abogada de Sabag Montiel, postuló la inimputabilidad de su defendido. El defensor de Uliarte solicitó la suspensión del trámite por una supuesta “incapacidad sobreviniente” de la acusada para enfrentar el proceso. Ambas solicitudes fueron desestimadas.

Horas antes del veredicto, Fernando Sabag Montiel ofreció un relato confuso. Afirmó que el caso estuvo “armado” y lo comparó con la muerte del fiscal Alberto Nisman. “Básicamente, lo que quiero aclarar es que toda esta causa estuvo armada. Que plantaron un arma”, dijo.

En una declaración desordenada, mencionó a la jueza María Servini, al fiscal Carlos Rívolo, a Santiago Maldonado y al diputado Gerardo Milman. También se refirió al presidente de Brasil, Lula da Silva. “Todos sabemos que [Lula] fue a visitar a Cristina y le pidió expresamente y personalmente que se encargue de mi situación”, afirmó. Brenda Uliarte, por su parte, optó por no hablar antes de conocer la sentencia.

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La Justicia Electoral resolvió este miércoles quién encabezará la lista de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires. El juez federal Alejo Ramos Padilla rechazó así el pedido del Gobierno de Javier Milei para que Diego Santilli reemplazara a José Luis Espert, quien se bajó de la candidatura en medio de un escándalo por sus vínculos con “Fred” Machado, detenido por narcotráfico.

Karen Reichardt será quien encabece la lista del partido oficialista en la provincia de Buenos Aires, decisión tomada por el juez federal Alejo Ramos Padilla. La Libertad Avanza tiene la opción de apelar este fallo ante la Cámara, según confirmaron fuentes de Balcarce 50 a . Los tiempos son ajustados, dado que la elección está programada para el 26 de octubre y la apelación podría retrasar el proceso de reimpresión de boletas.

Ramos Padilla aceptó la renuncia de Espert, así como las de Lucía Elizabeth Benardoni (que ocupaba el puesto N°34) y María Gabriela Gobea (suplente N°5). El Gobierno solicitó estas bajas para asegurar la paridad de género si Santilli se ubicaba primero en la lista.

Además, el juez declaró inconstitucional la aplicación del artículo 7 del Decreto 171/19 para el reemplazo del primer candidato titular de la lista. Este artículo había sido utilizado por la representación legal de LLA para exigir que Santilli reemplazara a Espert.

Ramos Padilla argumentó que, si bien la Ley 27.412 establece la paridad de género en los ámbitos de representación política, no existe una ley que determine cómo deben realizarse los reemplazos de candidatos ya oficializados en caso de renuncia, fallecimiento o incapacidad permanente. Señaló que el decreto al que hizo referencia LLA fue regulado por el Poder Ejecutivo y no por una ley del Congreso.

Recordó que, en un caso anterior, la Corte Suprema y la Cámara Nacional Electoral declararon la “inconstitucionalidad” de la aplicación de ese decreto para definir el reemplazo.

El juez también explicó: “¿Por qué la reglamentación no puede resultar válida para quien encabeza la lista? Porque, junto con el último suplente, se trata del único puesto de la lista de candidatos/as que, al quedar vacante, no afecta la paridad de género».

Además, sostuvo que, de acceder al pedido de LLA, el candidato varón número tres (Santilli) saltearía a la candidata mujer número dos (Reichardt). “Se produce un efecto cascada donde todos los candidatos varones deben anteponerse a las candidatas mujeres que poseían un mejor lugar en la lista y, por lo tanto, contaban con más chances de acceder a un cargo. De este modo, la reglamentación no solo regula una situación por fuera de las previsiones legales, sino que, además, en este caso concreto genera un efecto contrario al espíritu de las normas legales y constitucionales que debería reglamentar”, señaló Ramos Padilla.

El juez consideró que la salida de Espert del listado no se debió a una causa de fuerza mayor (como fallecimiento), sino a una decisión del partido. Además, la renuncia de dos candidatas mujeres fue notificada de manera “intempestiva” para asegurar la paridad si Santilli ascendía.

El juez enfatizó: “En vez de mantener la posición original de la totalidad de la lista oportunamente oficializada, la alianza busca forzar, mediante la renuncia de dos candidatas mujeres, que no solamente quede un varón encabezando la lista, sino que otros 16 candidatos varones pasen por encima de las candidatas mujeres que originalmente se les anteponían, lo que resulta manifiestamente contrario a las normas de rango constitucional y legal que regulan la materia“.

Ramos Padilla indicó que corresponde mantener “incólume” el orden de la lista y aplicar el “movimiento natural ascendente” de todas las candidaturas. “Una conclusión contraria a la aquí efectuada, tal como sostuvo la señora representante del Ministerio Público Fiscal [por Roteta], implicaría tolerar que el remedio (paridad) se vuelva en contra del propio colectivo protegido y tendería a agrandar la brecha que la ley de paridad de género pretendió achicar”, concluyó.

Este contenido fue producido por un equipo de con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Paula Rossi.