POLITICA
Elecciones en Chaco: Capitanich se juega su resurrección política, pero tiene una rival interna que lo incomoda
RESISTENCIA, CHACO.- De cara a los comicios de este domingo, luego del duro golpe que significaron las últimas elecciones provinciales, Jorge Capitanich logró rearticular las distintas expresiones del peronismo en la provincia bajo una misma lista, una integración que le permite ubicarse por debajo del gobernador Leandro Zdero en las encuestas, pero en zona de competencia.
Detrás de “Chaco Merece Más”, la lista que encabeza “Coqui”, están las tropas de viejos caudillos chaqueños, como el exmandatario Domingo Peppo o el exintendente de Resistencia Gustavo Martínez.
Esa síntesis tuvo, sin embargo, una contradicción: por fuera quedó una nueva línea peronista que para Capitanich podría significar algo más que la diferencia entre el primer puesto y el segundo.
Se trata de “Primero Chaco”, la nómina que encabeza Atlanto Honcheruk pero que guía políticamente Magda Ayala, la intendenta de Barranqueras que lo secunda, y que cuenta con el apoyo de otros 10 jefes comunales.
En el PJ reconocen el riesgo que encarna Ayala. Hacia adentro y hacia afuera. “Somos la única oposición real en Chaco”, se convirtió en uno de los pilares de campaña de Capitanich. “Todo lo que se hizo en Barranqueras fue obra de nuestro Gobierno. Se sacan fotos en obras que nosotros hicimos”, asegura “Coqui” en uno de sus spots.
En ese mismo spot de campaña se advierte el otro eje en la estrategia: capitalizar el descontento con la gestión de Zdero que nace, aseguran, al calor del “tarifazo” aplicado en servicios básicos y capturar el rechazo hacia el presidente Javier Milei, que consideran particularmente profundo en la provincia.
En el mismo video con el que busca desacreditar a Ayala, Capitanich aprovecha para juntar lo que el gobernador Zdero, a contramano de su alianza con los libertarios, pretende separar: su nombre con el de Milei. “Somos los únicos capaces de poner límite al plan siniestro de Milei y Zdero”, enfatiza Capitanich.
El daño que la intendenta Ayala, de 34 años, podría ejercer sobre el armado de Capitanich también quedó reflejado en la campaña del gobernador radical. Además de evitar confrontar directamente con Ayala, Zdero no se privó de recalcar que la candidatura de la barranqueña representa la “novedad” dentro del PJ. Hay voces dentro del peronismo que van más allá y sugieren que la postulación de Ayala no fue una expresión alternativa del peronismo que creció silvestre y desinteresadamente.
En las filas de Capitanich se quitan la responsabilidad de encima a la hora de hacer un balance sobre el cierre de listas. Ponen en duda las chances reales que había de sellar un acuerdo con Ayala y deslizan que sus pretensiones eran intencionalmente desmedidas. “Es evidente cuando no hay predisposición al acuerdo”, explican.
A favor de esta interpretación juegan las aspiraciones políticas de la intendenta, que concibe a estas elecciones como una gran vidriera provincial. De hecho, ya aclaró que, de resultar electa, dejaría la intendencia para asumir su banca como diputada.
La diagonal de Ayala no es anecdótica. Podría definir para uno u otro lado una elección que cerca de Capitanich auguran “ajustada”, en donde hay mucho más en juego que el balance de fuerzas en el congreso provincial.
Luego del golpe que le asestó Zdero en 2023, el tres veces gobernador de la provincia medirá la vigencia electoral de su apellido -que podría sobrevivir políticamente en su hija, Patricia- y, por lo tanto, el volumen de su voz en la discusión nacional.
Retener las ocho bancas que pone en juego en el Congreso sería un éxito político: no solo tendría cómo comprometer la gestión de Zdero -arrebatarle la conducción de la Cámara, incluso-; sino que también definiría su lugar en la mesa nacional de cara a las elecciones de octubre y el 2027. Nadie descarta que el domingo, de haber una foto celebratoria, de la provincia de Buenos Aires llegue alguna figura de incuestionable estirpe cristinista.
Hay una interpretación alternativa que matiza el potencial daño que Ayala le puede ocasionar a la lista de Capitanich. Esa línea argumental sostiene que buena parte del peso electoral de todo lo que desafíe la conducción de “Coqui” es propio, por lo que la porción de votos que podría desviarse hacia la intendenta Ayala es menor. En Chaco, estiman que existe cerca de un 5% del electorado peronista que es “anticoquista”. Ese antagonismo sería comparable al de cualquier radical de etiqueta.
Ninguna de las encuestas que circularon en los últimos días exhibió a Capitanich en el primer lugar. Algunas, sin embargo, las que eligen mirar en el PJ, lo ubican en una zona de “empate técnico” con Zdero. Por eso, cada voto pesa mucho.
Al “coquismo”, los comicios también le servirán para constatar que el piso electoral no se desfondó luego de la derrota en 2023, marcada a fuego por el caso de Cecilia Strzyzowski, la joven que desapareció el 2 de junio de aquel año, presuntamente asesinada por su pareja, César Sena, hijo de Emerenciano, exlíder de uno de los movimientos sociales más importantes de Chaco. Ambos están presos y esperan el juicio junto con Marcela Acuña, pareja de Emerenciano.
Capitanich no pudo encapsular el escándalo: la estrechez del vínculo con los movimientos sociales provinciales, a los cuales nutrió de recursos durante más de una década, quedó a la vista en una de las listas colectoras, que incluía a Emerenciano Sena y a Acuña.
Entre otras cuestiones, estas elecciones son importantes para la carrera electoral de Capitanich porque, tras el escándalo, llegó a decir públicamente que su etapa política estaba “cumplida”.
Con el caso de la “Rosadita” chaqueña -una trama de facturas truchas que involucra a movimientos sociales, roza a Capitanich, y se dio a conocer con uno video con chicos cargando dinero- sobrevoló la silueta de un fantasma que no alcanzó a asustar, pero que tampoco fue bienvenido. “Nada es inocuo”, reconoce uno de los armadores de Coqui.
POLITICA
Reglamentaron la ley que amplía el registro de datos genéticos y pone el foco en el ADN de violadores
El Gobierno oficializó este jueves un cambio de fondo en la política criminal argentina al aprobar, mediante el Decreto 709/2025 publicado este viernes en el Boletín Oficial, la nueva reglamentación de la Ley 26.879, que regula el funcionamiento del Registro Nacional de Datos Genéticos Vinculados con la Investigación Criminal.
El decreto establece que el Ministerio de Seguridad será la autoridad de aplicación de la ley, desplazando así a la órbita de Justicia que hasta ahora tenía bajo su control la base de datos. El texto ordena la transferencia de toda la información existente en el antiguo registro al nuevo sistema, que amplía su alcance a la investigación de una gama más amplia de delitos graves.
La decisión central del Ejecutivo responde a la necesidad de adaptar el marco normativo a los avances científicos y tecnológicos de los últimos años, así como a las modificaciones introducidas por la Ley 27.759, que amplió el objeto del registro.
Según el decreto, la individualización genética se considera “la herramienta más eficaz y certera usada para la identificación criminal”, y su uso forense resulta clave para el esclarecimiento de hechos bajo investigación judicial, la identificación de presuntos autores y la desvinculación de personas ajenas al delito.
En el considerando de la norma, enfatizaron que el almacenamiento, registro y tratamiento de los datos personales deberán realizarse bajo “estricto secreto y confidencialidad”, en línea con la Ley de Protección de los Datos Personales 25.326 y los convenios internacionales suscriptos por la Argentina.
Además, se dispone que los perfiles genéticos se almacenen en una base de datos separada de la información filiatoria de los aportantes, y que se guarde constancia de los funcionarios que accedan al registro, garantizando la trazabilidad y la administración segura de la información.
A su vez, subrayaron que el registro contribuirá a evitar la revictimización que se produce cuando los delitos quedan impunes, y que su objeto incluye también la identificación de personas extraviadas, desaparecidas o fallecidas, así como la discriminación de las huellas del personal que interviene en la escena del hecho delictivo.
En este sentido, la reglamentación prioriza el ingreso de perfiles genéticos de imputados, procesados y condenados por homicidios dolosos, abusos sexuales, narcotráfico y robos agravados.
La nueva normativa refuerza la coordinación federal y la interoperabilidad entre jurisdicciones, promoviendo el intercambio de información con registros provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
De acuerdo con lo estipulado, esta base de datos contará con información proveniente de laboratorios acreditados bajo normas de la Organización Internacional de Estandarización (ISO) y del Organismo Argentino de Acreditación.
En cuanto a la conducción del organismo, el decreto dispone que, hasta que se sustancie el concurso público de oposición y antecedentes para la designación del director titular, el Poder Ejecutivo podrá nombrar a un director interino con especialización en genética forense y experiencia probada en la materia. La autoridad de aplicación deberá aprobar el procedimiento del concurso en un plazo de 120 días hábiles desde la entrada en vigencia del decreto.
Para esto, derogaron la reglamentación anterior, aprobada en 2017, bajo el argumento de “readecuar y reforzar el marco normativo vigente para el uso forense de datos genéticos, mediante el establecimiento de altos estándares de seguridad, confidencialidad, interoperabilidad entre jurisdicciones y respeto por los derechos fundamentales, con especial énfasis en la rigurosidad científica, la coordinación federal y la transparencia en el manejo de datos personales sensibles”.
La reglamentación también prevé la creación de la Comisión Nacional de Huellas Genéticas, encargada de coordinar, asesorar y supervisar la implementación y funcionamiento del registro, así como de intervenir en el concurso para la designación del director.
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El anexo del decreto aclara cómo funcionará la recolección, almacenamiento y uso de perfiles genéticos en investigaciones penales:
- Para la obtención de perfiles genéticos de personas imputadas, procesadas o condenadas, la normativa exige que las autoridades judiciales ordenen la extracción de muestras biológicas dentro de los cinco días hábiles posteriores al acto procesal correspondiente. Se priorizarán los perfiles de imputados, procesados o condenados por homicidio doloso, abuso sexual, narcotráfico y robo agravado.
- Una vez extraída la muestra y configurado el perfil genético, el laboratorio interviniente deberá remitir al Registro, en un plazo de cinco días hábiles, la información filiatoria y genética pertinente, junto con copia de la resolución judicial.
- Los perfiles genéticos serán eliminados del Registro si la situación procesal no se resuelve y la investigación supera los tres años, o si una resolución judicial desvincula definitivamente a la persona de la causa penal.
- El Registro no podrá negar a los titulares el acceso a sus datos. Se deberá dejar constancia de las consultas y dar a conocer el procedimiento para solicitar la rectificación de datos erróneos, la cual deberá realizarse en un plazo máximo de cinco días hábiles.
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POLITICA
El Senado le exige a Guillermo Francos que aplique la Emergencia en Discapacidad y amenaza con removerlo de su cargo
En la sesión de este jueves, el Senado se opuso al decreto 681/2025 por el cual se promulgó la ley de Emergencia en Discapacidad -luego del rechazo del Congreso al veto de Javier Milei-, pero suspendió su aplicación. El Ejecutivo considera que el Parlamento omitió indicar la manera en la cual se financiaría.
La iniciativa, redactada por el legislador de la UCR Martín Lousteau, se aprobó en la sesión de este jueves por 54 votos a favor y cinco en contra. “(El Ejecutivo) está incumpliendo con la ley por no aplicar la Emergencia en Discapacidad”, advirtió Lousteau.
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Acompañado por los senadores Guadalupe Tagliaferri (PRO), Pablo Blanco (UCR) y Alejandra Vigo (Provincias Unidas), el senador de la UCR además apuntó contra el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, al advertir que el funcionario se atribuye competencias legislativas al suspender la puesta en marcha de la Emergencia en Discapacidad.
Según explicó Lousteau, el ministro Coordinador tiene la obligación de realizar las ampliaciones y las modificaciones presupuestarias, para de esa manera asegurar el cumplimiento de las medidas adoptadas por el Congreso.
“Hace dos años que no hay presupuesto por decisión del propio Gobierno, que impidió su tratamiento, por lo que desde entonces las partidas se asignan discrecionalmente“, concluyó el senador.
La iniciativa fue acompañada por el bloque de Unión por la Patria. “hay una falta de interpretación del Presidente de lo que es el Estado de Derecho, y esto genera una gran inseguridad jurídica”, argumentó el presidente del bloque, José Mayans.
Pedidos de moción de censura contra el ministro Francos
Por el incumplimiento de la puesta en marcha de la Emergencia en Discapacidad, tanto en Diputados como en el Senado -y desde distintos bloques opositores- hay pedidos de mociones de censura contra Guillermo Francos.
En la próxima sesión de la Cámara Baja (sería el 8 de octubre) se fijarían una fecha para tratar los pedidos de interpelación en la Comisión de Asuntos Constitucionales. Se trata del primer paso para llevar adelante una moción de censura. De aprobarse esa moción en ambas cámaras, el jefe de Gabinete perdería la confianza del Congreso y debería ser removido del cargo.
“Conforme al artículo 101 de la Constitución Nacional pedimos la interpelación del jefe de Gabinete para que cumpla con el artículo 19 de la Ley de Emergencia en discapacidad y asigne las partidas presupuestarias. Es su obligación legal. De lo contrario, deberá afrontar las consecuencias. Las leyes se cumplen”, posteó Fernando Carbajal, de Democracia para Siempre, uno de los espacios que realizó la presentación contra Francos. Desde Unión por la Patria, Encuentro Federal y Coherencia -el bloque que agrupa a los exlegisladores oficialistas- hicieron pedidos similares.
Qué es la moción de censura
Es el procedimiento por cual el Poder Legislativo puede exigir la responsabilidad política al Ejecutivo. Se requieren dos etapas. La primera, consiste en la aprobación de un pedido de interpelación a los efectos del tratamiento de la moción de censura. Esta etapa puede ser promovida en cualquiera de las cámaras y requiere una mayoría absoluta de los miembros.
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La segunda etapa de ejecución -la moción de censura- también requiere el voto de la mayoría absoluta sobre la totalidad de cada una de las cámaras y cuyo efecto es la remoción del funcionario. Sin embargo, no hay impedimento para que el Presidente vuelva a nombrarlo.
Senado, Discapacidad, Martin Lousteau
El caso del fentanilo contaminado que provocó la muerte de al menos 124 personas en Argentina sumó en las últimas horas una prueba clave que complica aún más a los empresarios involucrados. La Justicia incorporó al expediente un video registrado por las cámaras de seguridad de la casa del director del laboratorio Ramallo, Javier Tchukran, donde se observa a los hermanos Diego y Ariel García Furfaro participando de una reunión que hoy es investigada como un intento de encubrimiento.
El encuentro se llevó a cabo el 17 de mayo de 2025, apenas cinco días después de que la ANMAT realizara la denuncia penal por el lote 31202 de fentanilo. En ese video, hallado en el celular de Tchukran, se escucha al empresario admitir que ordenó borrar toda la información vinculada al laboratorio. “No hay un solo gramo de información”, aseguró frente a los García Furfaro, en una frase que se convirtió en uno de los pasajes más comprometedores del proceso judicial.
El juez federal Ernesto Kreplak procesó con prisión preventiva a los tres protagonistas del encuentro. Tanto los García Furfaro como Tchukran están acusados de adulteración de sustancias medicinales agravada por resultado de muerte, un delito que contempla penas de hasta 25 años de prisión.
La causa, que ya tiene 17 imputados y siete detenidos, no solo apunta contra los empresarios farmacéuticos, sino también contra fallas graves en los mecanismos de control estatal. Documentos internos del Instituto Malbrán habían advertido en marzo sobre la falta de robustez en los procesos de producción, la existencia de “riesgos críticos” y la presencia de bacterias peligrosas en los lotes. Sin embargo, esas alertas no fueron atendidas hasta mayo, cuando los fallecimientos ya se habían multiplicado.
En paralelo, la investigación sumó testimonios que exponen un clima de irregularidades dentro de los laboratorios. El técnico químico Eduardo “Ruso” Darchuk, exjefe de producción, declaró que durante una reunión interna una jefa de control microbiológico reconoció haber omitido un resultado positivo en una muestra de fentanilo. “La verdad, me olvidé”, habría dicho, según reconstruyó Darchuk. Aquella omisión, de haber sido corregida a tiempo, podría haber evitado la tragedia.
Las consecuencias judiciales también alcanzaron a otros integrantes de la familia García Furfaro. Ariel, señalado como el principal responsable del grupo, fue procesado junto a sus hermanos Diego y Damián, su madre Nélida Furfaro y su abuela Olga Arena. Todos enfrentan embargos multimillonarios: un billón de pesos en el caso de Ariel y quinientos mil millones para Diego.
El avance de la investigación revela un entramado de negligencias empresariales y fallas regulatorias que explican cómo un medicamento adulterado pudo circular en hospitales y clínicas de todo el país. La Justicia sostiene que hubo una “decisión deliberada de encubrir la contaminación” y que los responsables priorizaron el negocio por encima de la salud de los pacientes.
El video:
No te puedo creer que en el caso del fentanilo son todos kukas, debe ser un error.
Voten bien , pelotudos.✌️👎
pic.twitter.com/7TvkxrWvOD— Hippies con Osde (@HippiesConOsde) October 2, 2025
La entrada Un video secreto complicó a los García Furfaro en la causa del fentanilo contaminado se publicó primero en Nexofin.
Fentanilo contaminado,GARCIA FURFARO,Javier Tchukran,Laboratorio Ramallo
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