POLITICA
Elecciones en Misiones: dos sacerdotes fueron sancionados por sus homilías críticas al “poder desmedido” de Carlos Rovira

POSADAS.– Marcos y Fabián Szyszkwoski son hermanos. Ambos son sacerdotes y se desempeñan como capellanes de la policía de Misiones. Denunciaron ayer “persecusión política” al recibir la orden de la Jefatura de concurrir a trabajar a la comisaría más cercana a su domicilio cumpliendo un horario de 8 a 12 horas. La sanción se concretó después de una homilía crítica del poder hegemónico que ostenta Carlos Rovira, exgobernador y líder del partido que manda en la provincia.
Marcos Szyszkwoski pronunció en la invocación religiosa del domingo 25 de Mayo una fuerte crítica al poder de Carlos Rovira, aunque sin mencionarlo. El discurso se viralizó y tuvo gran repercusión a pocos días de las elecciones provinciales de este domingo, cuando se elegirán 20 diputados para la Legislatura local y se renovarán parcialmente algunos concejos delibertantes.
“Vivimos en un Estado que se llama libre, pero donde el poder real no se elige: se perpetúa. Donde los cargos cambian, pero las decisiones no. Donde la voluntad que gobierna no ocupa ningún despacho visible, pero todo lo decide desde las sombras. Un poder desmedido en control. Que no da la cara, pero impone su peso en cada rincón”, afirmó Szyszkwoski, de 45 años, hace 10 días en Santo Pipó.
El cura también defendió a los policías que hoy están presos por haber participado de protestas policiales, uno de los cuales, Ramón Amarilla, es hoy candidato a diputado provincial en las elecciones de este domingo.
Son muchos los que critican el mérito de la causa por la cual esos efectivos permanecen encarcelados, con acusaciones que no avanzan. El más visible es Ramón Amarilla, quien será candidato a diputado provincial desde el Penal de Cerro Azul, donde lo encarcelaron acusado de haber participado en un grupo de whatsapp donde se planeaban reclamos salariales violentos.
Amarilla niega terminantemente haber integrado dicho grupo.
“Si en serio les doliera, no habría policías silenciados por opinar, ni docentes agobiados por salarios indignos, ni médicos que trabajan extenuados por migajas. No habría presos sin juicio, ni ciudadanos con miedo a hablar en voz alta”, agregó Szyszkwoski, el domingo 25 de mayo.
Días después, desde la Jefatura de Policía les ordenaron tanto a Marcos como a su hermano Fabián, de 35 años y también capellán policial, que se presentaran a trabajar en la comisaría más cercana a la parroquia donde prestan servicios.
“Estamos de 8 a 12 sin tareas asignadas y es claramente un castigo por haber levantado la voz. Esto es un feudo con fachada de democracia”, redobló la apuesta, Marcos, en diálogo con LA NACIÓN.
Los hermanos Szyszkwoski salieron al aire ayer en el programa de Nelson Castro, en radio Rivadavia, y ratificaron que se sienten perseguidos políticamente.
Ante la consulta por la situación de los capellanes, una fuente cercana al Ministro de Gobierno, Marcelo Pérez, explicó que los hermanos Szyszkwoski “cobran un sueldo de la policía, de 1.200.000 pesos y no estaban prestando ningún servicio”.
“Su condición de cobrar y no trabajar se hizo visible por el discurso del 25 de mayo”, argumentaron desde el oficialismo provincial sobre la sanción a los dos sacerdotes. “Revisamos su situación y prácticamente estaban cobrando por no hacer nada. Nosotros tenemos capellanes evangelistas que cumplen horarios, incluso algunos acuden a un domicilio que sufrió un robo y levantan la denuncia. También otros capellanes católicos”, explicaron desde el Ministerio de Gobierno.
LA NACIÓN también consultó al obispo de Posadas, moseñor Rubén Martínez, pero su vocero explicó que estaba de viaje y no podía responder. Martínez, de cuya diócesis depende el padre Marcos, desautorizó el discurso político del capellán, según pudo averiguar .
“El cura que se mete en política está metiendo la pata. Nuestro rol no es decir a quién votar sino acompañar y esclarecer”, afirmó Martínez ayer en el habitual mensaje de cada miércoles en FM Tupambaé, una radio controlada por el obispado de la capital misionera.
Por otra parte, el obispo de Oberá, monseñor Daniel Bittar, le dijo en un mensaje al padre Fabián, que el accionar de la Jefatura Policial no estaba bien. No realizó, sin embargo, ningún pronunciamiento público.
El padre Marcos negó ante LA NACIÓN cualquier motivación partidaria en su mensaje. “Se trató de una reflexión propia de una invocación como la del 25 de Mayo, nunca pensé que iba a tener semejante repercusión”, explicó.
Los dos curas vienen de una familia de 10 hermanos de Aristóbulo del Valle, con una madre docente jubilada y un padre que trabajó toda su vida en la chacra. Marcos y Fabián tienen un tercer hermano que también es cura, en San Vicente.
Una de las hermanas es también candidata a concejal en Aristóbulo del Valle por el lema cuya principal cara visible es Ramón Amarilla, el vocero de la Mesa Policial que en mayo del año pasado encabezó la mayor protesta de estatales contra el gobierno provincial.
Aquella protesta también incluyó marchas de docentes a la casa de Carlos Rovira, el gobernador Hugo Passalacqua y manifestaciones frente a la Legislatura en las cuales se derribaron triples vallados y se tiraron piedras.
Fue tal la incapacidad del Gobierno provincial para controlar a los policías en rebeldía que la Casa Rosada envió 200 efectivos de fuerzas federales, buscando apaciguar la protesta que representó uno de los mayores desafíos al poder de la Renovación.
Finalmente, el gobierno de Misiones decidió que gendarmes y prefectos no actuaran contra los policías locales para evitar una crisis todavía mayor.
POLITICA
Santilli viajó a Corrientes para sumar el apoyo de Valdés, pero no dio certezas de un acuerdo por la deuda que reclama la provincia

CORRIENTES.– El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, recibió hoy al ministro del Interior, Diego Santilli, en el marco de la gira federal que el funcionario nacional realiza por expreso pedido del presidente Javier Milei en busca de apoyo legislativo para el presupuesto 2026 y las reformas laboral, previsional y tributaria que la Casa Rosada intentará aprobar en las sesiones extraordinarias del Congreso, previstas del 10 al 31 de diciembre.
La agenda entre la Nación y la provincia fue amplia, y Valdés priorizó un reclamo histórico: la regularización de deudas y compensaciones que la Casa Rosada mantiene con Corrientes. “Queremos acordar lo mejor para el país y para Corrientes”, sintetizó Santilli durante la conferencia de prensa brindada en el Salón Amarillo de Casa de Gobierno, luego de ser recibido por el mandatario en el aeropuerto local.
“Hay varios frentes de trabajo: cajas no transferidas, equilibrios fiscales, compensaciones y un paquete que incluye incluso la discusión por tierras”, detalló Valdés. Al mismo tiempo, Santilli planteó la complejidad del escenario fiscal nacional: “Cuando uno mira el presupuesto, el 85% del gasto es jubilación, salud y educación. La frazada es corta, por eso es necesario crecer y crecer”.
Valdés, por su parte, volvió a mencionar el reclamo por el punto de coparticipación perdido, que nunca fue compensado adecuadamente: “Estamos hablando de cerca de un 20% de la coparticipación provincial. Son unos 500 o 600 mil millones por año. Esa pérdida la seguimos pagando hasta hoy”.
Ambos funcionarios coincidieron en que la Argentina necesita una etapa de crecimiento basada en exportaciones, inversiones y baja del riesgo país. “Si bajamos el riesgo país y hay crédito, hay posibilidades reales de desarrollo. Tenemos que desandar trabas y convertirnos en un país serio”, señaló Santilli. “Vengo con la agenda del Presidente, que impulsa reformas estructurales para que la economía vuelva a crecer”, sumó.
Dijo además que lo que observa en los gobernadores es “un consenso general: un país creciendo implica más recursos para todos”. Cabe destacar que de los 20 mandatarios provinciales afines al Gobierno que firmaron el Pacto de Mayo en julio de 2024, Santilli ya se entrevistó con 15.
La reunión incluyó un repaso extenso sobre infraestructura y desarrollo productivo. Según indicaron ambos funcionarios, se habló de las regalías de Yacyretá y Salto Grande; el segundo puente Chaco–Corrientes, una obra prioritaria para el gobierno provincial; y la agenda agropecuaria: arroz, forestación, ganadería y mercados de exportación.
“Hablamos de todo: deudas, caja, obras pendientes, producción, política y realidad nacional. Este tiene que ser el puntapié inicial para una agenda de trabajo seria entre Nación y Provincia”, dijo Valdés.
Consultado por posibles alivios para el sector productivo, Santilli confirmó que se harán en el marco del proyecto de reforma laboral que trabajará el Congreso. “Las reformas incluyen una baja fiscal y modificaciones en la legislación laboral. La presión tributaria en Argentina es la más alta de Sudamérica, y la industria del juicio destruye a las pymes”, sostuvo.
La llegada de Santilli ocurre en una transición clave: Valdés está finalizando su mandato y se acerca la asunción del nuevo Ejecutivo provincial que estará a cargo de su hermano Juan Pablo Valdés. Por eso, el encuentro se leyó como un gesto político importante para ordenar la relación con la Nación en esta nueva etapa. “Este encuentro tiene que ver con lo que vamos a trabajar a futuro y con la institucionalidad de Corrientes y de la Argentina”, aseguró Valdés.
En línea con esto, días pasados, consultado por , el gobernador electo Juan Pablo Valdés dijo que está manteniendo conversaciones con distintos funcionarios nacionales, de manera que la transición sea ordenada y de continuidad, en línea con lo que plantea el gobierno saliente.
Conforme a,,Lavado. Allanan la sede central de la financiera ligada al “Chiqui” Tapia y el club Banfield,,Un monotributista y una jubilada. Carrió denuncia por lavado de dinero a dos supuestos testaferros de Chiqui Tapia,,Nuevo intento. Kicillof pide apoyo para tomar deuda y la Legislatura lo trataría otra vez el miércoles
POLITICA
Sebastián Amerio: “Con la reforma del Código Penal venimos a terminar con años de gobiernos que defendían a los delincuentes”

El Gobierno Nacional anunció el envío al Congreso del proyecto de Reforma Integral del Código Penal, una iniciativa que busca transformar de raíz el sistema de justicia penal argentino y endurecer las sanciones a los delitos más graves. El secretario de Justicia, Sebastián Amerio, subrayó la trascendencia de esta medida, enmarcada en el denominado Plan Tolerancia Cero, y afirmó que responde al mandato social de combatir la inseguridad.
El proyecto presentado agrava las penas para delitos considerados especialmente graves, como homicidios, robos, narcotráfico, pornografía infantil y trata de personas. Además, introduce un cambio sustancial al eliminar la prescripción en casos de abuso sexual y homicidio agravado, lo que implica que estos delitos no podrán quedar impunes por el paso del tiempo.
La iniciativa se tratará en sesiones extraordinarias durante el verano próximo y forma parte del paquete de reformas que el gobierno de Javier Milei presentará para su debate en el Congreso Nacional. Este mediodía, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la futura senadora Patricia Bullrich brindaron detalles de la propuesta referida al Código Penal.
Según el comunicado difundido por el Ministerio de Justicia en redes sociales, “el castigo no puede verse condicionado por el tiempo, porque implica un acto de injusticia con las víctimas”.
Sebastián Amerio, por su parte, remarcó que la reforma representa un quiebre con políticas anteriores: “Con esta reforma, vinimos a terminar con años de gobiernos que defendían a los delincuentes. Nosotros defendemos a las víctimas”, dijo el secretario de Justicia al referirse a la iniciativa.
El funcionario también explicó que el nuevo Código Penal garantiza el cumplimiento efectivo de la pena en el 82% de los delitos. Actualmente, cuando la condena no supera los tres años, el condenado no cumple prisión efectiva. Con la reforma, se elevan los mínimos de las penas, lo que impide que los delincuentes recuperen la libertad de manera anticipada.
El texto oficial detalla que las condenas perpetuas dejarán de tener un límite temporal. Así, quienes sean condenados por homicidio agravado enfrentarán prisión perpetua, es decir, permanecerán en la cárcel de por vida. Esta disposición busca reforzar la protección de las víctimas y garantizar que los crímenes más graves reciban una respuesta proporcional.
La iniciativa se integra con otras reformas estructurales del sistema penal, como la implementación del Sistema Acusatorio y la reducción de la edad de imputabilidad. El Gobierno sostiene que, con este paquete de medidas, se cumple el mandato social de poner fin a la inseguridad y de orientar el sistema penal hacia la protección de las víctimas, desplazando el foco de los derechos de los criminales.
Amerio enfatizó la importancia de la actualización normativa, al señalar que el Código Penal vigente fue redactado hace un siglo y responde a una realidad social y criminal muy distinta a la actual. “Hoy estamos dando un paso muy importante enviando el nuevo Código Penal al Congreso”, afirmó el secretario de Justicia al presentar el proyecto.
Con la remisión de esta reforma al Congreso, el Gobierno Nacional busca consolidar un nuevo paradigma en materia penal, en el que la severidad de las penas y la efectividad de su cumplimiento sean ejes centrales para enfrentar la criminalidad y responder a las demandas de la sociedad.
POLITICA
Allanan la sede central de la financiera ligada al “Chiqui” Tapia y el club Banfield

El juez federal Luis Armella ordenó hoy un allanamiento en la sede central de la financiera Sur Finanzas, vinculada al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia. Según confirmaron fuentes judiciales a , en total son 19 los operativos ordenados por la Justicia por una causa en la que se investiga una maniobra de lavado de dinero en el Club Atlético Banfield. Ese expediente se alimentó en las últimas horas con la información que aportó la DGI en una denuncia por lavado y evasión.
Efectivos de la Policía Federal (PFA) llegaron esta mañana a la sede central de Sur Finanzas, en Seguí al 700, en el centro de Adrogué. En ese lugar hubo otro allanamiento hace una semana por la causa Andis.
“En total son 19 objetivos, incluyendo la sede del club Banfield”, dijo una fuente judicial.
Los allanamientos se realizan en otro expediente, a cargo del juez Armella, donde investiga una presunta maniobra de lavado de activos por parte de Oscar Tucker y Federico José Spinosa, en representación del Club Banfield. Según consta en la causa, supuestamente sumaron al patrimonio del club un préstamo con Auriga League S.A. por 2.000.000 de euros, sin devolver la plata.
Vencidos los plazos sin pagar, se renegoció un mecanismo de repago de la obligación vinculada a la transferencia del jugador Agustín Urzi, que le daba a Auriga el derecho al 30% del precio neto de la transferencia del jugador, desde Banfield al club Juárez, de México.
Hubo otro acuerdo posterior del 31 de enero de 2024, donde se habría ratificado el préstamo y la participación del 30% en futuras transferencias y la garantía de 1.000.000 de euros incluso si la transferencia no se realizaba.
La denuncia de la DGI tramita en el otro juzgado federal de Lomas de Zamora, a cargo de Federico Villena. El desarrollo de la causa se demoró por un pedido de incompetencia de la fiscal Cecilia Incardona, que actúa en los dos expedientes. En las próximas horas, el juez Villena deberá responder ese pedido de incompetencia y luego avanzar con las medidas de prueba que pidió la DGI.
Entre las pruebas que aportó esa repartición, hay un listado de transferencias sospechosas de unas 250 personas jurídicas que se hicieron a través de la plataforma de Sur Finanzas PSP. Allí aparecen varios clubes de Primera y del Ascenso.
reveló que el ranking de los clubes lo encabezan San Lorenzo, con $660 millones, Racing Club, con $100.005.990, y Argentinos Juniors, con con $200 millones transferidos. También están mencionados otros clubes como Temperley, Los Andes, Excursionistas, Deportivo Morón y Defensores de Glew. En la mayoría de los representantes del Ascenso no figura el monto transferido.
Algo similar ocurre con el Fideicomiso de Reconstrucción Banfileña, integrado poe el club Banfield y a la firma Banfileños SA, donde aparecen el expresidente de esa institución Eduardo Juan Spinosa, Federico José Spinosa, Ignacio Javier Uzquiza y Oscar Fabián Tucker. Todas esas personas ya estaban siendo investigadas en el expediente radicado en el juzgado federal N°2 de Lomas de Zamora. Con ese dato, Incardona pidió el viernes a la tarde que la causa pase a ese juzgado.
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