Las elecciones de este domingo 26 de octubre marcan el estreno a nivel nacional del sistema de Boleta Única de Papel (BUP), que implica un cambio mayúsculo en la forma de votar, de fiscalizar y de hacer el escrutinio.

La Boleta Única Papel (BUP) reúne a todos los candidatos en una misma pieza y garantiza la presencia de la totalidad de la oferta electoral el día de los comicios en cada centro de votación. En el diseño elegido, los partidos figurarán en las columnas (verticales) y los cargos a elegir en las filas (horizontales) para facilitar la visualización. Al lado de cada cargo se dispone una casilla en blanco para que el elector tilde el o los candidatos de su preferencia.

Cada elector vota para elegir diputados nacionales en todo el territorio de la República Argentina, y senadores nacionales en 8 distritos: Capital Federal, Chaco, Entre Ríos, Neuquén, Río Negro, Salta, Santiago del Estero y Tierra del Fuego.

Por lo tanto, habrá dos modelos de Boleta Única de Papel, según la jurisdicción.

El elector recibe la boleta, con la firma de la autoridad de mesa y una lapicera para marcar el voto.

En la cabina de votación se debe marcar el casillero correspondiente. Es una sola marca por categoría.

Luego se dobla la boleta por la línea punteada y se deposita en la urna.

Al finalizar, se firma el padrón y se reciben la constancia de voto y el DNI.

El gobierno de Javier Milei ya piensa en el escenario legislativo posterior al 10 de diciembre, cuando se produzca el recambio legislativo en ambas cámaras. Pese a que todavía no tiene garantías de que el Congreso apruebe la ley de presupuesto 2026, pretende ir por más y adelantó que presentará una segunda versión de la Ley de Bases, como así también los proyectos que surjan del seno del Consejo de Mayo.

El anticipo corrió por cuenta del secretario de Desregulación, el exdiputado nacional de la UCR Alejandro Cacace, ante los legisladores que integran la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, presidida por el libertario Alberto «Bertie» Benegas Lynch. Cacace es el número dos del Ministerio de Desregulación que comanda Federico Sturzenegger, quien rehuyó la invitación de los legisladores a sabiendas de que su figura no concita demasiadas simpatías en la oposición.

“La idea es que todo aquello que no se trató en la primera Ley Bases, más nuevos temas, esté incluido en una Ley Bases II”, indicó Cacace. “Se está trabajando, además, en el contenido del Pacto de Mayo, el cual fue suscripto por 18 gobernadores. El 15 de diciembre haremos el envío de esos proyectos, con la idea de que los trabajemos juntos, todos los bloques”, añadió.

El Pacto de Mayo se suscribió el 9 de julio de 2024 y redundó, recién este año, en la creación de un Consejo de Mayo, integrado por funcionarios, legisladores, representantes sindicales y empresariales y por el gobernador de Mendoza Alfredo Cornejo (UCR). El objetivo de ese consejo es acordar políticas públicas en torno de diversas temáticas, entre ellas la reducción del gasto público hasta llegar a 25% del PBI y las reformas tributaria, laboral y previsional.

Según indicó Cacace, el 15 de diciembre se presentarán las iniciativas eventualmente acordadas. También prometió una nueva “ley hojarasca”; la primera versión que envió Sturzenegger el año pasado, que tenía como objetivo derogar alrededor de 70 leyes consideradas obsoletas, redundantes o restrictivas, fue cajoneada por el propio oficialismo en la Comisión de Presupuesto.

Cacace concurrió a la comisión acompañado por el secretario de Transformación del ministerio, Maximiliano Fariña, quien precisó que en el último año y medio se despidieron 54.000 agentes de la función pública.

“El gobierno de Alberto Fernández tenía entre ministros, secretarios y subsecretarios, 307 autoridades superiores; en un año lo redujimos en un 40%, hoy hay 194 autoridades superiores”, señaló. “Eso implicó un ahorro de $5000 millones”, agregó.

En otro tramo de su exposición, Fariña le reprochó a los legisladores la derogación de cinco decretos delegados que había dictado el Poder Ejecutivo a instancias del Ministerio de Desregulación. Entre ellos, los que proponían la disolución o modificación de entidades como la Dirección Nacional de Vialidad, la Agencia Nacional de Seguridad Vial, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).

“La pregunta es por qué se dieron de baja estos decretos cuando no hubo un debate real. No convocaron a los empresarios involucrados como tampoco a funcionarios del Gobierno. Se derogaron en una discusión parlamentaria de apenas media hora. Al final, los sectores privilegiados y corporativistas terminan imponiendo su criterio sobre los legisladores y logrando su objetivo”, cuestionó.

La oposición le devolvió las gentilezas a los funcionarios con varios cuestionamientos a la gestión. Por caso, la diputada Julia Strada (Frente de Todos) criticó la desarticulación de la Comisión Nacional de Comercio Exterior, dispuesta por la cartera que conduce Sturzenegger, y el relajamiento de las medidas antidumping en perjuicio de las empresas locales.

“Que bajen los precios es, para nosotros, un gran indicador. No se eliminaron las medidas antidumping, se modificó y se acotó la duración de esas medidas porque claramente había un abuso que permitía que [empresas locales] cobraran hasta tres o cuatro veces más que afuera”, respondió Cacace.

Desde la izquierda, Christian Castillo insistió en preguntar sobre las transferencias que, vía un fondo fiduciario que fue disuelto por la cartera de Desregulación, debería recibir la Dirección Nacional de Vialidad. “Esos recursos para Vialidad deberían provenir de un porcentaje del impuesto a los combustibles; así lo establece la ley. Pero se los está quedando el Tesoro”, planteó.

Los funcionarios no respondieron, aunque sí destacaron las bondades de las medidas desregulatorias llevadas adelante por su cartera.

“Lo primero que buscamos con la desregulación es eliminar privilegios y barreras de acceso que tienen nuestros mercados. Argentina ha tenido durante décadas una construcción corporativa del poder”, sostuvo Cacace, quien indicó que “el Estado se convirtió en un instrumento para la concentración económica en favor de algunas empresas, y con eso privó a la libre competencia y acceso al mercado”.

“Con la desregulación se está logrando que aquellos que no podían participar del mercado, ahora pueden hacerlo, sean pymes o empresas extranjeras”, señaló.