En un clima oficialista marcado por descalificaciones al periodismo, intentos de blindaje a Manuel Adorni y defensa de los créditos del Banco Nación, el presidente Javier Milei retuiteó una serie de publicaciones en las que se acusó a Alejandro Álvarez, subsecretario de Políticas Universitarias y férreo defensor del modelo libertario, de formar parte de un plan para desestabilizar al mandatario en los inicios de su gestión en connivencia con Franco Bindi, pareja de la diputada Marcela Pagano.

Los tuis replicados por Milei provienen de una cuenta atribuida a la abogada Giselle Robles. En una primera instancia, se acusa a Pagano de querer presidir, con el objetivo de una conspiración interna, la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados en 2024. Aquel episodio terminó en escándalo y derivó en la ruptura de la exconductora de TV con el bloque oficialista junto al entonces jefe de bancada Oscar Zago.

En ese mismo posteo, también se exhiben supuestas capturas de chats donde se relaciona con la Embajada de Rusia a Bindi, quien años atrás compartió con Robles la defensa del financista Leonardo Fariña y luego el manejo del extinto Canal Extra.

En el segundo posteo se involucra directamente a Álvarez en el supuesto intento golpista, donde se menciona también a la vicepresidenta Victoria Villarruel, que lleva más de un año y medio aislada del Ejecutivo. “Los comentarios en diciembre de 2023 que hacían Bindi y Alejandro C. Álvarez eran: ‘asume Milei, rompe todo y a los seis meses entra Victoria Villarruel, ya está todo acordado’. Por eso Bindi organizó la foto en la que salió Villarruel con la cúpula de Prefectura y Gendarmería”, sostuvo la cuenta ligada a Robles, que tomó peso tras la amplificación por parte del Presidente.

El hecho generó suspicacias dado que Álvarez, pese a provenir de una cuna peronista -su padre Alejandro “Gallego” Álvarez fue fundador de Guardia de Hierro-, haber sido militante justicialista en el ámbito universitario y tener un paso como funcionario de Néstor Kirchner , había ganado notoriedad dentro del actual oficialismo a partir del conflicto universitario como un activo defensor de las políticas de la Casa Rosada y una de las voces de la denominada “batalla cultural” libertaria.

En ese sentido, se mostró afín a “Las Fuerzas del Cielo” —la agrupación alineada con el asesor Santiago Caputo— y ha sido un habitué del canal de streaming Carajo.

La propia Pagano reaccionó, reclamó la salida del funcionario e ironizó sobre el accionar presidencial, al mismo tiempo que fogoneó la interna del Gobierno al atribuir la acusación a un lineamiento de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Desde La Libertad Avanza, quien recogió el guante fue la diputada Lilia Lemoine —de estrecho vínculo con los Milei y enfrentada con Pagano—, que salió al cruce con un mensaje que mantuvo el volumen alto. “Vos no le vas a marcar la agenda a nadie nunca más, groncha ridícula. El Presidente sabrá qué hacer con cada cosa. Vos no sos ni fuiste parte de este espacio y te falla si crees que te queda nafta para seguir operando. Más boluda que Dalbón sos”, respondió la legisladora, que la semana pasada fue nombrada como nueva presidenta de la Comisión de Juicio Político.

La diputada Pagano y su pareja Bindi vienen de sufrir un revés judicial luego de que la Cámara Federal de Casación rechazó su intento de ser aceptados como imputados y acceder al expediente en la causa por las grabaciones clandestinas vinculadas a la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). El caso investiga presuntas irregularidades en la compra de medicamentos para personas con discapacidad, con sobreprecios y maniobras cartelizadas, por las que está procesado el extitular Diego Spagnuolo.

La investigación se originó a partir de la filtración de audios en los que el exfuncionario habría admitido el pago de coimas e involucrado a funcionarios del entorno presidencial, entre ellos, Karina Milei. En ese contexto, el Gobierno apuntó a Pagano y a Bindi —que supo representar intereses de Venezuela en la Argentina y se lo asoció con las negociaciones con el gobierno de ese país para el retorno del gendarme Nahuel Gallo— como posibles responsables de la difusión de esos audios.

En una jugada de alto riesgo político, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Stuzenegger, concurrirá al Senado para defender el proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada, que comenzará a discutirse este miércoles en las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General.

La presencia de Sturzenegger es, cuanto menos, una jugada arriesgada si se tiene en cuenta que el bloque kirchnerista, que preside José Mayans (Formosa), lo considera el principal responsable del achicamiento del Estado que viene llevando a cabo la administración libertaria de Javier Milei y desde hace rato viene amenazando con pedir su comparecencia en la Cámara alta.

Pero el escenario será aún más inestable para el ministro si se tiene en cuenta la crisis que atraviesa el Gobierno desde que se conocieron nuevos pormenores de la causa $LIBRA, que desbaratarían las explicaciones del jefe del Estado sobre su participación en el escándalo de la criptomoneda, y salieron a la luz los gastos en viajes en avión privado y en la compra de propiedades del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que todavía no fueron debidamente esclarecidos.

Como si esto fuera poco, el proyecto que viene a defender Sturzenegger desarma gran parte de la ingeniería creada por Máximo Kirchner y La Cámpora a partir de la sanción de diferentes leyes que establecieron restricciones en el acceso a la compra de tierras a extranjeros y la prohibición de vender o usar para cultivo zonas boscosas afectadas por incendios intencionales.

También diluye el régimen de regularización dominial para barrios de emergencia y villas, programa también impulsado por el kirchnerismo, endurece los criterios para la expropiación -medida inspirada en el caso YPF-, y la aplicación del proceso de juicio sumarísimo para los casos de desalojo de usurpaciones de viviendas y terrenos.

La reunión por el proyecto de propiedad privada está convocada para el miércoles a las 16 y forma parte de una estrategia acordada por el oficialismo con los bloques dialoguistas y que terminará con la apertura del recinto del Senado el jueves, en una sesión que tendrá por finalidad principal darles estado parlamentario a los casi 60 pliegos judiciales enviados por el Gobierno la semana pasada.

La convocatoria a la sesión se definirá este martes a las 18.30 en una reunión de labora parlamentaria a la que los jefes de bloque de la Cámara alta, con excepción del kirchnerismo, llegarán con el temario acordado en un encuentro previo que Patricia Bullrich (Capital), la jefa de la bancada oficialista, sostendrá con sus pares de la oposición dialoguista.

La idea, a la que sólo le falta la convocatoria oficial, es sesionar el jueves para aprobar la designación de la exsenadora Lucila Crexell como embajadora ante Canadá y un paquete de ascensos militares, entre los que se encuentran todos con dictamen desde la semana pasada.

Antes de la presencia de Sturzenegger este miércoles está convocada la comisión de Justicia y Asuntos Penales, a las 12.30, para tratar un proyecto de ley que busca agravar penas por el delito de falsa denuncia. La principal impulsora de la iniciativa es la radical Carolina Losada (Santa Fe) quien este martes encabezará una nueva jornada, será la tercera, para difundir el tema.

El proyecto había obtenido dictamen el año pasado, pero el texto nunca llegó al recinto y el despacho de comisión caducó con la renovación de un tercio de la Cámara alta que operó el pasado 10 de diciembre.