POLITICA
Santa Fe | Pullaro quedó a dos votos de la mayoría en la Constituyente y buscará negociar acuerdos individuales para aprobar las reformas
ROSARIO.- En la noche del domingo, el gobernador Maximiliano Pullaro se mostraba confiado luego del triunfo electoral. Muy cerca de él decían: “Sacamos 33 convencionales, nos faltan dos [para la mayoría], pero tenemos tres o cuatro con los que vamos a poder acordar”.
Con casi el 35 por ciento de los votos, Pullaro no consiguió la mayoría propia para impulsar los cambios que pretende para la nueva constitución santafesina, cuya versión vigente data de 1962, pero quedó a las puertas de esa mayoría. En su entorno se reservan quiénes son los “tres o cuatro” con los que aspiran a cerrar acuerdos.
En el tablero final para la reforma de las 69 bancas en juego, el oficialismo (Unidos por Santa Fe) se quedó con 33 (20 de distrito único, 13 de las 19 que se ponían en juego en cada departamento), a sólo dos de la mayoría propia. El peronista más votado, Juan Monteverde (Más para Santa Fe), obtuvo 12 (8 y 4, respectivamente), mientras que La Libertad Avanza dispondrá de 9 (7 de distrito único, 2 de victorias en departamentos, entre ellas Rosario). El Partido Somos Vida y Libertad, de Amalia Granata, obtuvo siete convencionales, y Activemos, de Marcelo Lewandowski, tendrá 4. Cierra la cuenta la sorpresiva Alejandra Oliveras, la boxeadora que comandará un bloque de tres convencionales.
“El temor era que Milei sacara 20 puntos y con eso había otra vez tres tercios en la provincia, algo peligroso para nosotros. Pero no lo lograron”, comentaron en el entorno del gobernador.
Está claro que la posibilidad de reelección por un período para el gobernador y vicegobernador es el artículo que despierta más críticas. “Es injusto que los diputados, los intendentes, los senadores, todos puedan reelegir, y el gobernador no”, dicen en el espacio oficialista.
Pullaro sostiene, en este como en otros artículos, la estrategia de conseguir “acuerdos puntuales”, según el tema que se trate, aunque el peronismo en sus distintas versiones y el sector que encabeza Granata ya anticiparon que se opondrán a que la reelección del gobernador pueda aplicarse en 2027 y Pullaro quede habilitado para quedarse otros cuatro años más en el poder. Desde el oficialismo recuerdan que la reforma constitucional nacional de 1994, acordada entre el PJ y la UCR, le permitió al entonces presidente Carlos Menem ir por su reelección, y conseguirla, al año siguiente.
La reforma
Durante la campaña, Pullaro se concentró en otros aspectos de la reforma, algunos de los cuales también son rechazados por la oposición, como darle rango constitucional al proyecto de ley de Ficha Limpia, ya vigente en la legislación santafesina. Allí, Pullaro desafía al peronismo, tomando en cuenta que es precisamente ese sector el que se opone, en el Senado nacional, a la aprobación de la norma, con el argumento de que se trata de una ley “contra Cristina Kirchner”, condenada en doble instancia por la Justicia.
Otro punto medular de la reforma tiene que ver con la limitación a sólo dos mandatos (una reelección) para concejales, intendentes, senadores y diputados provinciales, hoy sin límite para quedarse en sus puestos en la medida en la que son reelectos. “No creemos que nadie se oponga en este caso”, explican los impulsores de la reforma.
Otro de los artículos que Pullaro impulsará consiste en la eliminación de la inmunidad de proceso y una limitación en la inmunidad de arresto y de expresión de los legisladores. En lo local, se apunta a casos como el del senador provincial Armando Traferri, un hombre clave en la estructura del PJ santafesino que fue candidato a convencional por el departamento de San Lorenzo, con acusaciones en la Justicia vinculadas al juego ilegal y vínculos con el narcotráfico.
También se proponen cambios en el Poder Judicial. Además de subir el número de miembros de la Corte Suprema (de los seis actuales, a siete, para que sea un número impar) y establecer que los nuevos jueces sean propuestos por el Poder Ejecutivo, con acuerdo parlamentario y con límite en los 75 años, tal como prevé la legislación nacional. Y se crea el Consejo de la Magistratura santafesina, también en línea con la constitución nacional reformada en 1994.
La seguridad, caballito de batalla de Pullaro en la gestión y en la campaña, estará presente en la reforma a través de un artículo que incorpora la seguridad pública “como un derecho fundamental, estableciendo principios orientados a la prevención del delito, la reinserción social y el respeto a los derechos humanos”. Pullaro mismo advirtió que la ley no tendrá “un gramo de garantismo” y que se busca endurecer las condiciones de detención de los responsables de delitos graves (narcotráfico) “porque si cometen delitos dentro de las cárceles eso ya es responsabilidad del Estado”, según razonan en el gabinete de Pullaro.
La propuesta oficial también incluye una ampliación de los derechos reconocidos, como el derecho al agua, la protección ambiental contra el cambio climático y los derechos de consumidores y usuarios. Quedaron fuera de la discusión propuestas de la oposición como la eliminación del Senado provincial (fuertemente criticado por La Libertad Avanza). Otras quejas apuntaron a la “falta de discusión con los vecinos” de las normas a reformar, un conjunto que en principio no aceptaría cambios.
“Estamos pensando el futuro a 20, 30 años”, se entusiasmó Pullaro, que prevé el inicio de las discusiones para julio o agosto próximo, entre las elecciones del 29 de junio (cargos locales como concejales y algunas intendencias) y las legislativas nacionales, el 26 de octubre.
En cuatro días, Javier Milei plebiscitará su gestión en las urnas. Lo hará en una batalla electoral cuyo principal escenario, por la cantidad de votantes, será la provincia de Buenos Aires, el lugar en el que La Libertad Avanza sufrió una dura derrota a manos del peronismo/kirchnerismo hace menos de dos meses.
La derrota del 7 de septiembre agravó la interna en el Gobierno por el armado de listas y potenció la fragilidad del triángulo de hierro que además del Presidente integran su hermana Karina y el asesor todoterreno, por ahora sin cargo, Santiago Caputo.
Caputo cuestionó hasta el último día a Sebastián Pareja y a los Menem por las candidaturas y la estrategia. La pelea revivió con mucha intensidad en las últimas 48 horas en La Matanza, el distrito con mayor cantidad de votantes de la provincia. Y recayó en Luis Ontiveros, el coordinador que responde a Pareja. Es una pelea por la fiscalización, que implica el desembolso de una suma de dinero que libertarios y macristas estiman en un promedio de 400 millones de pesos. Mucha plata. El que más fiscales aporta, más dinero administra. En La Matanza, dicen, una buena fiscalización requiere de entre 3500 y 4000 fiscales. “Y nunca podés fiscalizar el 100 por ciento. El único que fiscaliza el 100 por ciento es Fernando Espinoza”, confió a uno de los armadores del distrito.
Las últimas tres reuniones por este tema terminaron mal. Tuvieron lugar en el local partidario de LLA en Vicente López, sobre la Avenida Maipú, frente a la Quinta de Olivos, donde tiene sus oficinas el concejal Luis Palomino. Por los empresarios que aportan a la campaña y que se encargan de la recaudación estuvo, según pudo reconstruir este medio, Sebastián Braun, accionista de La Anónima.
José Luis Acevedo fue en representación de Diego Santilli, que encabeza la lista bonaerense. Lucas Yacob dijo presente por Cristian Ritondo, también estuvo Luciano Gómez Alvariño de Pro. Hubo un referente de Alejandro Finocchiaro, que es el representante de La Matanza del macrismo. Finocchiaro fue ministro de Educación con Mauricio Macri en Nación y con María Eugenia Vidal en Provincia. Fiscaliza en La Matanza desde 2015. Con su sector fue la principal discusión y terminó con un mensaje crítico: “Vamos a retirar a todos los fiscales nuestros”. A cuatro días de las elecciones, la fiscalización de La Matanza para LLA-Pro presenta un problema grande.
“Nos quieren dar escuelas en diferentes circuitos electorales para esconder al elefante”, dijo gente cercana a Finocchiaro a . El elefante es el culpable de la derrota y el encargado de recibir el dinero por la fiscalización. “Si hay circuitos electorales con diferentes responsables, nadie se hace cargo”, precisó. “Pedimos tres circuitos electorales, aportamos unos 600 fiscales, estaba todo bien hasta hoy”, contó uno de ellos. “Hoy (por el martes) nos dijeron que no nos podían dar nada”, añadió.
Cercanos al armador bonaerense Sebastián Pareja intentaron bajarle el tono al conflicto y negaron que el Pro se haya bajado de la fiscalización, en diálogo con este medio. “No hubo ningún problema en La Matanza y ahora en octubre va a ser lo mismo. Digan lo que digan”, desafiaron del bando de los “territoriales”. En cambio, echaron culpas a Finocchiaro, como el responsable de “generar ruido” por un “problema personal” con Ontiveros.
Ontiveros entró como legislador provincial en septiembre por la tercera sección electoral, en la lista que encabezó el excomisario Alejandro Bondarenko. En aquel momento no solo Finocchiaro sino Caputo culparon al dirigente libertario por la mala fiscalización en Matanza. “Fue un desastre”, recordaron. “Él dice que él solo puede poner 2000 fiscales. No es creíble. Nosotros, en nuestro mejor momento, que fue la elección de 2017, pusimos 3500, el 90% de las mesas cubrimos. Éramos gobierno en Nación y en Provincia. Si él puede solo, que lo haga”, retrucaron enojados en el Pro.
Cerca de Leila Gianni, la candidata a concejal de LLA en septiembre, también mostraron malestar con Ontiveros y dijeron que se retirarían de la fiscalización. Confirmaron, además, que el Pro retiró a sus fiscales por ahora.
Pero esta pelea, la pelea por la fiscalización, por la plata, no está saldada. Puede que en las próximas horas se resuelva con un llamado en las altas esferas.
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POLITICA
De amparos a la amenaza de juicio político: la falta de aplicación de las leyes de emergencia le abre un frente judicial a Milei
El conflicto por la falta de aplicación de las tres leyes de emergencia -la de financiamiento universitario, la de emergencia pediátrica y la de emergencia en discapacidad- escaló en las últimas horas al terreno judicial y político. Universidades públicas, profesionales y familiares de pacientes del Hospital Garrahan, y organizaciones de personas con discapacidad preparan amparos judiciales, mientras el Congreso advierte que no votará el Presupuesto 2026 si el presidente Javier Milei no destina fondos a las leyes aprobadas.
Constitucionalistas consultados por TN advirtieron que en caso de sostenerse esa decisión, el Presidente podría incurrir en el delito incumplimiento de sus deberes de funcionario público y avanzar un juicio político, y señalaron que para el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, el Congreso podría recurrir a una moción de censura para desplazarlo de su cargo.
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La controversia se desató luego de que el Ejecutivo promulgara las normas, pero suspendiera su aplicación “hasta tanto el Congreso determine las fuentes de financiamiento”, según los decretos 759, 760 y 681 de 2025. La decisión generó una ola de reclamos en los sectores afectados, que advirtieron sobre la gravedad institucional de dejar sin efecto leyes vigentes aprobadas por amplias mayorías legislativas.
En ese contexto, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) convocó para este martes un plenario extraordinario en la Facultad de Derecho de la UBA para definir una acción judicial conjunta.
Universidades en pie de reclamo
El presidente del CIN, Oscar Alpa, confirmó a TN que en el plenario de rectores van “a evaluar el tema legal y hacer una presentación conjunta de todas las universidades nacionales y definir qué tipo de medida judicial” pueden realizar. Además, adelantó que el sistema universitario seguirá “reclamando por el Presupuesto del año que viene, porque son dos temas fundamentales, no solo la ley de este año, sino también el presupuesto para 2026”.
Según el comunicado oficial del organismo, el plenario se realizará desde las 13 en formato híbrido, con participación de todos los rectores del país, y tendrá como eje la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario. La norma, sancionada por amplia mayoría, dispone la actualización automática del presupuesto universitario según la inflación, recomposición salarial para docentes y no docentes, y la convocatoria a paritarias nacionales.
Sin embargo, la aplicación quedó en suspenso por decisión del Ejecutivo. Para los especialistas consultados, el argumento del financiamiento no tiene sustento legal. “El Presidente no tiene ninguna posibilidad de disponer él la suspensión de la aplicación de las tres leyes, sino que debe avanzar en su implementación”, explicó el constitucionalista Pedro Caminos.
Además, sostuvo que tanto la ley de administración financiera como la de ejecución del presupuesto “son normas generales y anteriores” que no pueden prevalecer sobre las leyes específicas sancionadas este año.
Caminos agregó que las personas o instituciones afectadas, como las universidades, “podrían iniciar acciones judiciales reclamando el pago de sumas de dinero o la ejecución de prestaciones”, e incluso advirtió que “el jefe de Gabinete podría ser objeto de una moción de censura” si el Congreso decide avanzar con ese mecanismo previsto por la Constitución.
Emergencia pediátrica y amparos en el Garrahan
En el Hospital Garrahan, el personal de salud realizó este martes un paro de 24 horas en rechazo a la decisión del Gobierno. “No queremos naturalizar esta noticia porque hoy tenemos una ley promulgada, pero el Gobierno insiste en darle la espalda a un hospital de referencia”, dijo a este medio la nutricionista Norma Lezama.
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“Es muy indignante que haya salido en el Boletín Oficial la promulgación de la ley, pero con una medida que lo suspende”, señaló. “El Poder Ejecutivo tiene que cumplir la ley, el hospital ya no puede esperar más, ya hay 300 profesionales menos, están renunciando terapistas, neonatólogos, cirujanos, todo lo que es emergencia, la gente viene al hospital y si no están los equipos no podemos seguir atendiendo”, advirtió.
La Ley 27.796 declara la emergencia sanitaria pediátrica y busca garantizar recursos para áreas críticas como neonatología, oncología infantil y cirugía cardíaca. Pero el decreto 760/2025 dejó su aplicación supeditada a la aprobación del Presupuesto 2026.
El constitucionalista Mariano Bar sostuvo que “la situación es exactamente igual que la de la ley de emergencia en discapacidad que promulgaron con una especie de inaplicabilidad por falta de fondos. Eso no tiene sustento constitucional alguno”. En su análisis, “el que fija y legisla es el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo ejecuta leyes. No dice si están bien o si están mal”.
Bar advirtió que la negativa del Ejecutivo “da lugar a mociones de censura y posible remoción del jefe de Gabinete”, y destacó que “la no ejecución implica un exceso en su facultad reglamentaria o de promulgación de las leyes”.
Discapacidad y la nulidad de los decretos
La ley de emergencia en discapacidad fue la primera en quedar bajo la figura de promulgación sin ejecución, un mecanismo que los constitucionalistas califican de “inexistente”. El constitucionalista Andrés Gil Domínguez planteó en su cuenta de X que “el Decreto 681/2025 es nulo de nulidad absoluta e insanable e inconstitucional al violar objetivamente el procedimiento de formación y sanción de las leyes”.
El especialista subrayó que el artículo 83 de la Constitución es claro: una vez que el Congreso insiste con una ley vetada y alcanza las mayorías necesarias, el Ejecutivo “debe promulgarla, publicarla y aplicarla”. Añadió que el decreto firmado por Milei “lesiona los derechos de las personas con discapacidad” y que cualquier ciudadano puede promover “acciones de amparo, denuncias penales por abuso de autoridad o solicitar un juicio político contra el Presidente por mal desempeño en el cargo”.
En la misma línea, Diego Armesto señaló que la decisión del Ejecutivo constituye “una flagrante violación a los procedimientos constitucionales” y afecta a “sectores vulnerables protegidos por el artículo 75 inciso 23 de la Constitución”. Para el abogado, “el Ejecutivo desoye el mandato de ley y crea esta figura del reveto o veto reload, que va en contra de las cláusulas constitucionales”.
Armesto recordó que en el caso de la ley de discapacidad ya se presentó un amparo colectivo en el juzgado de Campana, y que “las universidades y el Garrahan también van a tener la posibilidad” de recurrir a la Justicia.
Denuncias, citaciones y amenaza de moción de censura
En el plano político, la diputada Cecilia Moreau afirmó que “no hay excusas ni explicaciones que justifiquen que no se aplique una ley tal como fue aprobada”. El bloque peronista presentó un proyecto de resolución para exigir la aplicación inmediata de las tres normas. “El Poder Ejecutivo desconoce las facultades del Congreso y elabora novedosos y ridículos argumentos para evadir sus obligaciones”, sostuvo la legisladora.
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El socialista Esteban Paulón amplió una denuncia penal por “abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público” contra Milei; Francos; el ministro de Salud, Mario Lugones, y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. “Las leyes están para cumplirse”, señaló.
Mientras tanto, el Congreso mantiene pendiente la moción de censura contra Francos, dictaminada la semana pasada en comisión por sectores opositores. Si prospera y el Senado acompaña la medida, el jefe de Gabinete deberá dejar su cargo por pérdida de confianza legislativa.
Discapacidad, garrahan, universidades, Congreso de la Nación, Javier Milei
“Cambia o muere”, fue la contundente frase que usó un alto funcionario del Gobierno para describir el escenario que enfrentará Javier Milei después de las elecciones legislativas. Según informó Clarín, en el Ejecutivo se multiplican las versiones sobre una inminente reconfiguración del gabinete, que incluiría la salida del canciller Gerardo Werthein, la posible fusión de los ministerios de Seguridad y Justicia, y hasta dudas sobre la continuidad del jefe de Gabinete, Guillermo Francos. La medida buscaría “dar aire a la gestión” y cerrar las disputas internas que atraviesan a La Libertad Avanza.
La tensión se disparó tras un supuesto enojo de Werthein por el “avance de Santiago Caputo en las negociaciones con los Estados Unidos” y las críticas que recibió de las “Fuerzas del Cielo”. En Casa Rosada aseguran que el canciller dejará el cargo tras los comicios y que su reemplazante sería Nahuel Sotelo, actual secretario de Culto y figura cercana a Caputo. El eventual ascenso también implicaría el regreso de Úrsula Basset, desplazada por Werthein en septiembre.
Javier Milei sobre el swap con Estados Unidos: “Sería tomar deuda para pagar deuda”
En paralelo, la salida confirmada de Patricia Bullrich del Ministerio de Seguridad el 10 de diciembre aceleró los planes de una fusión con Justicia. Según trascendió, la nueva cartera sería conducida por Guillermo Montenegro, del PRO, mientras Sebastián Amerio seguiría como secretario de Justicia y Alejandra Monteoliva, colaboradora de Bullrich, asumiría como secretaria de Seguridad.
En el entorno de Cúneo Libarona admitieron su alejamiento tras los comicios y señalaron que se dedicará “a su familia y a su salud”, tras cumplir con la “implementación del Código Procesal Penal en 14 provincias”.
Los movimientos refuerzan la influencia de Caputo dentro del Gobierno, aunque su expansión despierta interrogantes sobre el papel de Karina Milei, cuya aprobación será clave para cualquier cambio. “Tiene que barajar y dar de nuevo”, sostuvo otro funcionario cercano al Presidente, en alusión al relanzamiento que se reclama puertas adentro. Sin embargo, el resultado electoral será decisivo: una derrota podría acelerar el reacomodamiento interno, mientras las “tribus libertarias” advierten que los hermanos Milei “no permitirán una intervención del macrismo” en el gabinete.
La entrada En el Gobierno dan por aseguradas las salidas de Gerardo Werthein y Mariano Cúneo Libarona se publicó primero en Nexofin.
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