El juez federal Sebastián Casanello procesó hoy a una serie de empresas de seguros acusadas de haberse beneficiado con contratos irregulares con el Estado durante el gobierno de Alberto Fernández, que desde el año pasado está procesado también en esta causa.

En el mismo fallo, Casanello procesó además a Daniel Rodríguez, que era el intendente de la Quinta de Olivos y estaba vinculado a Héctor Martínez Sosa, uno de los brokers contra los que también avanzó el año pasado la causa.

Rodríguez fue nombrado intendente de la residencia presidencial por Alberto Fernández, pero hacía trabajos para él desde antes de que asumiera como presidente. Esas tareas las pagaba Martínez Sosa, que tenía una vieja relación de confianza con Fernández.

Casanello procesó a Rodríguez como “partícipe secundario” de los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y como autor del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario.

Entre otros motivos, porque colaboró para los encuentros entre Martínez Sosa y Alberto Fernández; por ejemplo, habilitando la entrada del broker a la Quinta de Olivos sin dejar registro.

En cuanto a las empresas, hoy fueron procesadas Héctor Martínez Sosa y Cía SA, Bachellier SA, Bri Broker SA, TG Broker SA, San Ignacio SA, San Germán Seguros SA y San Cristóbal Sociedad Mutual de Seguros Generales.

Los representantes de estas compañías -y quienes actuaron para beneficiarlas- ya habían sido procesados, pero el juez avanzó ahora contra las empresas basado en la ley 27.401, vigente desde el 1° de diciembre de 2017, que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas.

A la Justicia le corresponde actuar contra una compañía cuando constata que tuvo “una organización defectuosa, que en lugar de prevenir los riesgos inherentes de la actividad, los aceptó y dio plausibilidad a la comisión de delitos en su beneficio”, explicó Casanello en su fallo.

El juez marcó una diferencia entre San Cristóbal y el resto de las sociedades. Dijo que esta empresa sí contó con un sistema de normas y procedimientos dictados con anterioridad a los hechos del proceso para “regular la conducta ética de sus dependientes en la mayoría de los procesos de la compañía”, pero que “falló en su debida implementación”.

Es decir que, si bien “por sobre el resto esta compañía hizo esfuerzos concretos para mejorar su política de integridad”, eso “no la exime de responsabilidad”. De todas formas, en caso de ser condenada, podría recibir un castigo menor.

Casanello no fue el primer juez de esta causa: la recibió de Julián Ercolini después de las primeras indagatorias. Casanello interviene en este expediente como subrogante a cargo del juzgado federal 11, que no tiene juez titular desde la muerte de Claudio Bonadio, en 2020. Su suplencia se termina este jueves.

La Cámara Federal sorteará este miércoles, a las 11, al magistrado que se hará cargo del juzgado y de todas las causas que se tramitan en él. Entre ellas, el caso de la corrupción en la Agencia de Discapacidad, en el que ayer fue procesado Diego Spagnuolo, exdirector de ese organismo que fue además abogado personal de Javier Milei.

Cuatro jueces participarán del sorteo: María Servini, Ariel Lijo, María Eugenia Capuchetti y Marcelo Martínez de Giorgi, informaron fuentes de la Cámara Federal. Eso, siempre y cuando ninguno de ellos se excuse antes de las 11. En otras oportunidades, Servini pidió quedar fuera de la lista porque ella tiene a su cargo, además, el juzgado electoral. Los jueces que no entran en el bolillero son los que piden eso o los que ya tienen otra subrogancia.

En esta causa se investigan irregularidades en el manejo de contratos de seguros de entidades públicas durante el gobierno de Alberto Fernández, que llegó a la Presidencia con mucha experiencia en esta materia porque años antes había sido Superintendente de Seguros (durante el gobierno de Carlos Menem).

De los presuntos hechos de corrupción investigados en este caso habrían sacado provecho las firmas procesadas por Casanello, sin haber puesto en marcha procedimientos para prevenir que eso sucediera.

El procesamiento del año pasado del expresidente, confirmado por la Cámara Federal, fue por el delito de “negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública”, que castiga con una pena de prisión de uno a seis años e inhabilitación perpetua al funcionario que “se interesare en miras de un beneficio propio o de un tercero”.

Para el juez está claro que Fernández intervino, como presidente, para favorecer los negocios del broker de seguros Héctor Martínez Sosa, una persona “de su círculo íntimo” para quien había trabajado como asesor». Entre 2010 y 2019, Martínez Sosa fue el principal cliente de Fernández, que por entonces brindaba servicios de abogado y lobista.

De los negocios que multiplicó Martínez Sosa también era parte su mujer, María Cantero, a quien el expresidente nombró como su secretaria privada cuando asumió al frente del Poder Ejecutivo.

Según Casanello, Fernández se involucró en el “plan de expansión de los negocios” del grupo de Martínez Sosa con el Estado, expansión que se constata en los números.

Sus comisiones, durante el gobierno de Fernández, fueron de $2252 millones y representaron casi el 60% del total de las comisiones que pagó Nación Seguros.

Ese monto fue mucho más que lo que cobró la empresa que quedó en el segundo lugar, la firma del broker Torres García, que se hizo del 17% de las comisiones.

Junto con los procesamientos, Casanello ordenó embargos sobre las compañías de seguros. El más alto, contra Bachellier SA, fue de $9.669.697.257,25. Esta firma, que es una de las vinculadas a Martínez Sosa, tuvo contratos con Gendarmería Nacional Argentina, el Ministerio de Seguridad de la Nación, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, la Policía Federal Argentina y la Prefectura Naval Argentina.

La Corte Suprema de Justicia dejó hoy firme la condena a cuatro años y medio de prisión efectiva para Claudio Uberti, extitular del Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI) durante el kirchnerismo, por haber intervenido en el ingreso al país de US$790.550 sin declarar, que llevaba en un maletín el empresario venezolano Guido Alejandro Antonini Wilson —quien permanece prófugo— cuando arribó junto a él a la Argentina en la madrugada del 4 de agosto de 2007.

Con esta condena, el tribunal en lo penal económico número 1 debería ordenar la captura de Uberti para que empiece a cumplir esta condena en prisión.

Ese dinero de origen venezolano, dijo Antonini Wilson ante el FBI estadounidense, era para financiar la campaña electoral del kirchnerismo.

Uberti es uno de los “arrepentidos” que está siendo juzgado en el caso de los cuadernos de las coimas. Allí confesó: “Yo le llevaba a Néstor Kirchner bolsos con el dinero que recaudaba de las concesionarias viales que estaban bajo mi órbita”. Dijo además: “Cristina Kirchner estuvo presente varias veces en las que yo fui a dejar los bolsos, ella sabía todo lo que se hacía”.

La Corte, con la firma de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, rechazó el recurso de la defensa de Uberti por cuestiones formales: el incumplimiento de la Acordada 4/2007, que fija los parámetros sobre cómo deben sustanciarse las presentaciones ante la Corte Suprema de Justicia.

Con esta decisión, quedó firme la condena de prisión efectiva de Uberti como coautor de contrabando de importación de dádivas, agravado por la intervención de dos o más personas y por su condición de funcionario público en grado de tentativa.

Por la misma razón, la Corte también rechazó las quejas de las defensas de un grupo de funcionarios que también habían sido condenados a la pena de entre 10 meses y un año de prisión en suspenso por encubrimiento de contrabando agravado por su condición de funcionario público.

Se trata del guarda aduanero Jorge Lamastra, la entonces responsable del Control Aduanero del Aeroparque Jorge Newberry de la AFIP-DGA María Cristina Gallini; el entonces jefe de la División de Fiscalización y Operativa Aduanera de Aeroparque de la AFIP-DGA Guillermo Lucángeli; y la entonces directora de Fiscalización y Operativa Aduanera de la Dirección Aduana de Ezeiza Rosa García Santillán.

En la madrugada del 4 de agosto de 2007, el empresario venezolano Antonini Wilson intentó ingresar al país una valija con US$790.550, en billetes de US$50.

Había llegado a Aeroparque en un vuelo privado, facturado a la empresa con participación estatal Energía Argentina S.A. (Enarsa), junto a Uberti, su entonces secretaria privada Victoria Carolina Bereziuk; el presidente de Enarsa, Exequiel Omar Espinosa; y otros cinco ciudadanos venezolanos vinculados a la petrolera venezolana PDVSA, en el marco de la gestión de contratos para la construcción de una planta regasificadora en la Argentina, vinculada al trabajo de Enarsa.

El dinero oculto en la valija fue detectado con un escáner operado por personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, en un contexto en el que, según se acreditó, el guarda aduanero Lamastra se mostró reticente al control en función de lo avanzado de la hora.

Pero la agente María Luján Telpuk insistió en que ver qué contenía la valija luego de que el escáner mostrara que llevaban una gran cantidad de objetos con forma rectangular.

Cuando le preguntó qué llevaba, Antonini Wilson dijo “libros y unos papelitos”. Al abrir la valija y ver los billetes verdes, el venezolano dijo que eran unos US$60.000. Al contarlos, resultaron ser 790.550 dólares.

Luego del episodio, Antonini Wilson participó de un acto en la Casa Rosada y se volvió a Miami. Nunca fue a retirar el dinero y no se presentó ante la Justicia argentina que, sin éxito, reclamó su extradición. Como colaborador del FBI, declaró ante autoridades estadounidenses que el dinero estaba destinado a la campaña de Cristina Kirchner. En 2007, era primera dama y buscaba llegar a la Presidencia por primera vez.

En la causa, Uberti fue indagado y luego le dictaron la falta de mérito. El caso estuvo a punto de prescribir hasta que el juez en lo penal económico Pablo Yadarola procesó al exministro de Planificación Julio De Vido y al exjefe de la AFIP Ricardo Echegaray –responsable de la Aduana en ese momento–, junto a Uberti, Bereziuk (luego sobreseída por la Cámara), Ezequiel Espinosa y los funcionarios aduaneros.

El caso llegó a juicio y en 2023 el Tribunal Oral Penal Económico 1 condenó a Uberti a cuatro años y medio de prisión efectiva; y absolvió a De Vido y a Echegaray. Fueron condenados Rosa Nélida García (un año de prisión en suspenso), Guillermo David Lucangeli (un año de prisión en suspenso), María Cristina Gallini (un año de prisión en suspenso) y Jorge Félix Lamastra (10 meses en suspenso).

Para el tribunal, Uberti tuvo una participación en el entramado al llegar al país con el dinero y, al ser descubierto, fue directo a la quinta de Olivos esa mañana a informarle al entonces presidente Kirchner lo que había ocurrido, según el mismo declaró en el juicio. Para el tribunal no quedó demostrado que De Vido le hubiera dado la orden de que trajera esa valija. El fiscal general Marcelo Agüero Vera no acusó a Echegaray.

En noviembre de 2024, la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó las condenas y las absoluciones.

“La integración de las pruebas realizada en el fallo para sostener la responsabilidad de Uberti en el hecho no padece de arbitrariedad o parcialidad en su configuración. Por el contrario, se han enlazado indicadores directos del modo en que se vincularon Uberti y Antonini Wilson en torno al ingreso de la valija conteniendo el dinero que es objeto de imputación y esos elementos de juicio están reforzados por un cuadro indiciario de peso cargoso indudable”, dice el fallo.

Los condenados buscaron llegar a la Corte para revocar esa decisión, pero sus planteos quedaron ahora desestimados y las condenas firmes.