El juez federal con competencia en provincia de Buenos Aires Alejo Ramos Padilla revocó la decisión de la Junta Electoral del Partido Justicialista bonaerense que había excluido la lista vinculada al intendente de Tigre, Julio Zamora, y ordenó su oficialización para las elecciones internas convocadas para el 15 de marzo.

La nómina está encabezada por Mario Alberto Zamora -su hermano- como candidato a presidente del Consejo Distrital del PJ en Tigre. La Junta Electoral había resuelto no oficializarla mediante la Resolución N° 10, al considerar que la lista de congresales provinciales no incluía la totalidad de titulares exigidos al cierre del plazo. Además, en una segunda resolución (N° 46), había rechazado la apelación presentada por la lista al entender que había sido interpuesta fuera del plazo de 24 horas previsto en el reglamento.

En sus fundamentos, Ramos Padilla declaró la “temporaneidad del recurso de apelación”. Explicó que la resolución que excluía la lista fue publicada el jueves 19 de febrero a las 23.30 en el sitio web partidario y que la mesa de entradas de la Junta Electoral funciona “de lunes a viernes de 12 a 17hs.”.

Como no existe modalidad de presentación digital, el magistrado consideró que la apelación presentada el siguiente día hábil debía considerarse válida.

Superado ese punto, el juez analizó el fondo del conflicto. Allí sostuvo que “no se trató de la incorporación de nuevos candidatos fuera del plazo estipulado”, sino de “la adecuación formal de una nómina ya previamente presentada dentro de dicho plazo”. Según detalló, los tres nombres cuestionados ya figuraban como suplentes en la lista original y fueron reubicados para completar la cantidad de titulares requerida en el distrito.

En ese sentido, afirmó que “no resulta ajustado a derecho privar de su participación electoral a una lista” por “defectos formales que se resuelven con el solo corrimiento de los candidatos”.

En la parte resolutiva, el magistrado ordenó a la Junta Electoral proceder a la inmediata oficialización de la lista de congresales de Tigre, efectuar el corrimiento correspondiente respetando la paridad de género y oficializar también la categoría de consejeros, que no había sido objetada.

Ramos Padilla dejó sin efecto la proclamación de la lista única realizada por la Junta en el distrito y dispuso que se garantice a ambas nóminas la asignación de número y color, así como los plazos para presentar los modelos de boleta y cumplir con los demás requisitos de participación.

La Justicia tiene en su poder documentos que vinculan de manera directa a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) con Real Central, la sociedad que figura como dueña de la mansión de Pilar, atribuida al tesorero de la entidad, Pablo Toviggino. Se trata de órdenes de pago, correspondientes al año pasado, por al menos $300 millones que fueron secuestradas por el juez federal Luis Armella en los allanamientos ordenados en diciembre pasado.

Los documentos, revelados por TN, ponen al descubierto transferencias realizadas en junio de 2025 a favor de Real Central SRL, cuyos titulares formales son la jubilada Ana Lucía Conte y su hijo, el monotributista Luciano Pantano.

La primera orden de pago está fechada el 19 de junio. El comprobante consigna una transferencia por $231.110.000 bajo el concepto “Servicio de logística”, con el número de orden 267894 y estado “Pagado”.

La segunda orden de pago es del 2 de junio. En ese caso, el monto asciende a $70.400.000, también bajo la descripción “Servicio de logística”, con número de orden 267372. En ese documento aparece la firma de Pantano sobre el final del documento, con la leyenda “P/Real Central SRL”.

Los documentos fueron encontrados en un allanamiento ordenado a fines de diciembre por el juez Armella, que incluyó procedimientos simultáneos en distintas sedes de la AFA y en la casa del empresario Javier Faroni por la empresa TourProdEnter, que administró los ingresos de la AFA en el exterior desde diciembre de 2021.

había revelado que otras dos sociedades vinculadas al entorno de Toviggino, Malte y Recomi, hicieron negocios con la AFA. El 27 de enero de 2022, Malte facturó $4,8 millones por 3000 test de coronavirus para la Liga Profesional. Por su parte, Recomi le emitió dos facturas a la AFA. La primera fue el 8 de agosto de ese año, por $544.500, y la segunda, del 5 de septiembre siguiente, por el mismo monto. “Servicio de asesoramiento”, se lee en el detalle del producto/servicio comercializado.

El que administraba esas dos sociedades era Juan Pablo Beacon. Fue accionista de Malte entre mayo de 2021 y mayo de 2022 y, por lo menos hasta el pasado 5 de diciembre, todavía tenía acciones de Recomi, firma a la que desembarcó en junio de 2022, según documentos judiciales y comerciales. Toviggino estaba al tanto del día a día de estas empresas, según pudo reconstruir LA NACION.