POLITICA
Elma Saiz: “En España cuidamos el equilibrio fiscal, pero con la gente adentro”

“No estoy con tanto jet lag, en Estados Unidos me siento peor”, dice con una sonrisa Elma Saiz, la ministra de Inclusión y Migraciones y pieza clave del gobierno del socialista Pedro Sánchez.
En el contexto de una gira de dos días por el país, que constó de encuentros con la colectividad española y disertaciones en universidades, sin contacto con funcionarios nacionales, la ministra evita, en su diálogo con , cualquier referencia crítica al gobierno libertario.
A un año de aquellos choques verbales entre el presidente Javier Milei y Sánchez, que derivaron en la salida de la embajadora española en el país, Saiz se cuida de no dañar el vínculo diplomático, aunque resalta los logros de su gobierno y se muestra “orgullosa de ser socialista”, un término denostado por Milei y las huestes libertarias.
Saiz, que estará hoy en la ex-ESMA, valora por sobre todo el vínculo, que mejoró notablemente desde aquellos chispazos, con el embajador Wenceslao Bunge en Madrid, y el español Joaquín Aristegui en la residencia de Buenos Aires, donde se llevó a cabo la entrevista.
–Hace un año, la embajadora española dejaba el país, por el conflicto entre ambos presidentes. ¿Su presencia aquí es una muestra de distensión?
–La relación es correcta y se remonta a nuestras raíces históricas. Estamos aquí por la importancia que tiene la colectividad española en el país y los argentinos en España. Es muy importante para nosotros poder trabajar juntos.
–¿Quedó alguna huella de ese intercambio crítico entre los presidentes?
–España ha mirado siempre a Argentina, miles de españoles encontraron en vuestro país un refugio en tiempos de dictadura, y fue siempre un ejemplo de justicia en materia de derechos humanos. Y ahora, con el paso de los años, estamos devolviendo de alguna manera esa protección con nuestras políticas públicas, todo lo que nos dieron, a los argentinos que están en nuestro país.
–Milei acaba de decretar restricciones migratorias, incluso pagos en salud y educación universitaria. ¿Cómo son las políticas de España en ese punto?
–La política migratoria de España pone en el centro los derechos humanos y el aporte de los flujos migratorios al país. Hay más de tres millones de trabajadores extranjeros en España, estamos con cifras históricas de afiliación, el aporte de los extranjeros es clave. Tenemos políticas de migración que son faro en el mundo. Los flujos migratorios se deben a muchos motivos, pero lo importante es cómo se gestiona y tenemos una política muy clara.
–Milei tiene un vínculo ideológico con Vox y su líder Santiago Abascal, que están en las antípodas de este pensamiento.
–A través de un estudio, hemos puesto cifras recientemente de cuanto impactan la xenofobia y el racismo en el PBI y la riqueza de España, por lo cual no es algo que tiene que ver solo con los valores y los derechos humanos, sino también con la economía. Defendemos el aporte positivo de la población migrante, contra el racismo y la xenofobia, que impactan en el 1,3% del PBI.
–¿Cómo se mide ese impacto?
–Es un estudio del impacto laboral, la incidencia que tienen ese racismo y esa xenofobia en los trabajos precarios, la brecha salarial en la retribución desigual, también en la educación, donde los extranjeros no llegan a los estudios superiores, no tienen igualdad de oportunidades. Son un aporte importante al crecimiento de nuestro país.
Hernan Zenteno –
–¿La economía puede ser un punto en común para reparar el vínculo bilateral?
–Somos el segundo país inversor en Argentina, en Uruguay el primero, y los lazos históricos que tenemos van a perdurar en el tiempo. Somos comunidades absolutamente vinculadas. Son relaciones comerciales que hay que trabajar.
–¿Qué postura tiene España frente al acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur?
–Es un acuerdo histórico, tanto Argentina como España lo impulsan porque beneficia a la ciudadanía. Esa es la postura y ojalá se pueda alcanzar pronto un acuerdo.
–Menciona los derechos humanos. ¿Hay una diferencia insalvable entre ambos gobiernos?
–La postura de España apunta a la puesta en valor de la memoria democrática. Y le repito, durante años hemos tenido a la Argentina como faro en la justicia restaurativa.
–Habla de un Estado protector, aquí se sostiene que hay que achicarlo. ¿Cómo piensan ese tema en el gobierno español?
–Lo hemos constatado desde la evidencia, cada vez que hemos tenido que afrontar desafíos, es perfectamente compatible el crecimiento económico con avanzar en derechos y en protección social. Cada vez que enfrentamos una pandemia o un problema recurrimos a un Estado fuerte, lo público es lo que protege, tanto desde la protección a empresas, autónomos, pensiones, y demás sectores. El escudo social, lo público, es lo que protege.
–No es un gasto, entonces…
–Me gusta hablar de inversión social, estamos batiendo récord en cifras históricas de gente trabajando, salarios, reduciendo brechas entre hombres y mujeres, y a la vez una gran responsabilidad fiscal, sin inflación. En un año, el de la pandemia, redujimos la pobreza en siete puntos, y hoy estamos en las cifras más bajas de pobreza en 20 años, generando medio millón de empleos por año. Desde la izquierda se puede gestionar la economía, la diferencia es que no dejamos afuera a nadie. Los desafíos muchas veces son comunes, lo que difieren son las respuestas. En España, en 2008, se optó por salvar a los bancos, nosotros optamos por salvar a la gente.
–Miles de argentinos están buscando obtener su ciudadanía. ¿Hay algún plan para ellos?
–Acabamos de enviar al parlamento una importantísima reforma, un manual de instrucciones, la denominada ley de extranjería. Se eliminan trámites burocráticos, quienes llegaron a España tienen un fast track para obtener un empleo aún si han llegado para formarse, en centros especializados. Se han ampliado los visados para trabajar de seis meses a un año, para dar certidumbre tanto a empresas como a trabajadores. Y para las familias hemos ampliado a los 26 años la posibilidad de ingresar al país para los hijos de quienes llegan primero. Tienen prioridad, también, las víctimas de trata o violencia de género, sectores especialmente vulnerables.
–¿Y para los ilegales?
–Hay una figura de arraigo para que puedan demostrar vínculos con España y así regularizar su situación, y se reduce el tiempo de residencia de tres a dos años.
–¿Qué siente cuando Milei o Abascal hablan del socialismo como una enfermedad?
–Siento preocupación, porque quiero que lo que sienta me aporte. La preocupación me hace reaccionar, y me hace estar muy orgullosa de ser socialista, algo que no se es de 8 a 15, sino todo el día, no solo como ministra, sino con mis amistades, poner en valor todos los avances. Las grandes transformaciones, las que han hecho esta sociedad más justa, más inclusiva, desde el matrimonio igualitario hasta la igualdad de oportunidades, tienen el sello socialista. Hay que luchar y explicarle a la sociedad todo lo que hemos hecho.
–¿Ve factible una reunión entre ambos presidentes?
–[Piensa] La relación diplomática entre ambos países es hoy la correcta. Pongo en valor los lazos entre España y Argentina, la idea es mejorar la calidad de vida de ambos países, así entiendo la buena política.
–¿Le hubiese gustado ver a algún ministro del Gobierno?
–Para mí, lo importante fue escuchar y cuidar a nuestra colectividad, y a los argentinos que están en nuestro país. Para la comunidad trajimos anuncios: vamos a ampliar la cobertura sanitaria a tres colectivos: personas con discapacidad, menores y víctimas de trata. Hasta ahora era solo a los jubilados. También para los españoles que viven aquí habrá acceso a cobertura sanitaria en caso de ir a España por un breve período de tiempo.
POLITICA
El Gobierno amplió fondos a la SIDE: el porcentaje que se destina a sueldos y los gastos más “llamativos”

El Gobierno destinó, a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) publicado en el Boletín Oficial (B.O), $26.117.900 a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). La gran mayoría de ese monto es para el pago de sueldos del personal, según se desprende del propio documento, con casi $20 mil millones para ese rubro, según detallaron fuentes del Poder Ejecutivo.
En la Casa Rosada explicaron que, básicamente, no alcanzó el monto que se había destinado inicialmente al organismo y hubo que ampliarlo. “Se sacó un DNU de reconducción del presupuesto, porque no hay presupuesto”, dijeron en referencia a la ausencia de una aprobación vía parlamentaria de los gastos e ingresos del Estado desde 2022.
“No es un aumento técnicamente. Es que el presupuesto prorrogado 2024 alcanzó hasta ahora y para terminar el año hay que aumentar el presupuesto”, ampliaron en relación a lo asignado y que figura entre los gastos públicos del organismo que, a diferencia de otros, también tiene uno de “gastos reservados” por las características del trabajo que realizan.
Sobre lo publicado este lunes en referencia a los gastos, en la Casa Rosada sostuvieron: “La Secretaría de Inteligencia es uno de los tantos organismos del Estado que se quedó sin fondos”. Y recalcaron que la gran mayoría del financiamiento se va en sueldos, como se desprende de los documentos oficiales publicados en el Boletín Oficial.
El tema creció luego de que el exdiputado peronista Alejandro “Topo” Rodríguez afirmó en su cuenta de la red social X que se destinaron “350 millones de pesos para cubiertas, 300 millones de pesos para prendas de vestir y 40 millones de pesos para utensillos de cocina y comedor” en la ampliación presupuestaria de la SIDE.
Ante la consulta puntual de fuentes del área de Inteligencia explicaron que el hecho de que figuren esos ítems corresponde con nomencladores de los sistemas de la administración pública para encasillar los gastos, pero no necesariamente implica que sean esos exactamente.
“Se ponen utensillos de cocina, pero puede ser que se hayan comprado hornos para determinadas bases que hay en diferentes puntos del país o bien otros elementos de mayor valor que un cuchillo o un tenedor como parece desprenderse de ahí”, detalló una voz conocedora de la materia.
“Lo mismo con las cubiertas. Pueden englobarse ahí otros gastos para la flota de automotores que es realmente muy amplia y requiere actualizaciones”, detallaron. El punto en que insistieron es que el mayor porcentaje de lo destinado es para sueldos de personal. “Casi 20 mil millones de 26 mil millones”, graficaron.
La SIDE está bajo la órbita de Sergio Neiffert, desde junio de 2024, tras la salida de Silvestre Sívori, primer responsable de la Inteligencia local de la administración libertaria. Neiffert quedó en el epicentro de una polémica cuando se supo que mantuvo una fuerte discusión en su propia casa con José Lago Rodríguez, subsecretario bajo su órbita.
A su vez, Lago Rodríguez estaría bajo la mira la División de Asuntos Internos (DAI) del organismo por un viaje a Azerbaiyán, que de acuerdo a información publicada en el sitio Sección País habría sido financiado con fondos reservados y disfrazado de misión oficial, pero que supuestamente habría sido para asistir como espectador a una carrera de Fórmula 1 en la que participó el argentino Franco Colapinto.
El viaje fue en septiembre junto al director del Servicio de Inteligencia Argentino (SIA), Alejandro Colombo, bajo el pretexto de participar de un foro.
@JMilei,pic.twitter.com/3KdMBmEkfI,December 1, 2025,Conforme a
POLITICA
La CGT puso en duda que el Gobierno tenga el proyecto de reforma laboral: “Nosotros no sabemos nada”

La incertidumbre domina el escenario sindical tras las últimas declaraciones de Jorge Sola, miembro del triunvirato de la CGT, quien puso en tela de juicio la existencia misma del proyecto de reforma laboral que impulsa el Gobierno nacional. En diálogo con Infobae en vivo, Sola manifestó que la central obrera no recibió ningún borrador y que la falta de comunicación solo agrava los temores dentro del sector. “¿Será cierto que está redactado? Nosotros no sabemos nada y ante la falta de noticias certeras podemos pensar cualquier cosa», expresó Sola.
El dirigente advirtió que la discusión está teñida por una mirada ideológica que, según él, se impone sobre el análisis del impacto real de la reforma: “Hay una mirada más ideológica sobre la reforma laboral, que sobre el impacto que puede llegar a tener. Está más cerca de replicar el DNU 70/23, que la creación de una mirada que pueda incorporar más empleo en negro al registrado”, precisó.
En esa línea agregó: “Si una institución como lo es la CGT o los empresarios no tienen noción directa sobre lo que se está escribiendo, la verdad que es un problema, para la clase política es un gran problema, que dicen tener la solución, y cosa que dudo notablemente”.
Sola también puso el foco sobre los riesgos de avanzar hacia negociaciones individuales por empresa, advirtiendo que estas estrategias debilitan la posición de los trabajadores, y explicó que defender la negociación por actividad es un principio básico en la protección de los derechos laborales. “No afecta el poder de negociación de los sindicatos, sino de los trabajadores. Cuando negocias por empresa tenés menos poder de negociación. Habrá algunos que serán más condescendientes y otros que aplicarán más el derecho. En Argentina y en el derecho laboral se tiene que defender la fuerza de trabajo, porque es la que tiene menos fuerza. Defendemos la negociación por actividad, sin dejar de considerar que hay algunas miradas particulares sobre las necesidades que se tienen”, sostuvo.
En un clima de marcada tensión, el sindicalista expuso la existencia de obstáculos políticos e ideológicos que, a su criterio, dificultan toda instancia de diálogo genuino. “Hay cuestiones ideológicas del Gobierno contra nosotros. Hay una idea de que quien está enfrente es una confrontación con quien tiene ideas diferentes, políticamente, eso triunfa en una parte del gobierno cuando debería triunfar la sensatez. Ese sector del gobierno es el de Sturzenegger. El triángulo es más negociador. Ahí está la verdadera negociación”, describió, sugiriendo internas dentro del propio oficialismo.
Para Sola, la exclusión de los representantes sindicales del proceso de debate estructural impide la construcción de soluciones realistas para el mercado de trabajo. “Lo que debería triunfar es la sensatez, cuando haces una reforma recae sobre los actores principales y en esta negociación no están sentados en la mesa para opinar o para proponer ideas y generar soluciones. Nosotros tenemos miradas distintas, porque los que laburan no son los políticos”, reflexionó.
Consultado sobre instrumentos como el banco de horas, Sola remarcó que su aplicación debe depender de cada convenio colectivo y que no tiene el mismo efecto en todos los sectores. También abordó el debate en torno a la reducción de la jornada laboral, señalando que el mundo ya discute ese tema y que podría formar parte de la agenda para enfrentar el desempleo. “En el mundo se está pensando la idea de reducir la jornada laboral, si nosotros tenemos problemas de desempleo y queremos que más personas se introduzcan en el empleo formal, ¿no sería mejor que se reduzca la jornada laboral?”, expresó.

La preocupación de la CGT también abarca el deterioro salarial y la pérdida de empleos, problemas que, según Sola, se profundizaron con la aceleración inflacionaria y la imposición de topes en las paritarias. “Ahora tenemos dos problemas, la caída del empleo y los trabajadores que tienen empleo y no le alcanza, porque han pisado las paritarias. La caída del poder adquisitivo es peor ahora, la inflación venía altísima y ahora aún se prevé que va a haber una inflación del 2% y te topean la paritaria, lo que hace que al trabajador no le termine alcanzando”.
El sindicalista también puso distancia respecto del relato oficial que vincula conflictividad laboral con actitudes perjudiciales hacia los empleadores. “Se armó un discurso de que el laburante viene para joder al empleador, no es así, el laburante lo único que quiere es trabajar para llevar el pan a su casa”.
Antes de concluir, Sola insistió en la necesidad de incentivos fiscales que acompañen la inversión productiva y recalcó la urgencia de una reforma tributaria. “Hoy el empresario que quiere invertir, quiere incentivos fiscales. Es imprescindible la reforma tributaria, estamos en recesión, el INDEC no lo dice, pero es así. Esto es lo importante, que se promueva la economía.”
De este modo, la CGT refuerza su postura y siembra dudas sobre la transparencia y los objetivos del Gobierno en su propuesta de modificación laboral, mientras en los despachos oficiales la agenda se mueve entre negociaciones políticas y el desafío de sumar consensos parlamentarios.
POLITICA
El Gobierno frena la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, pero no descarta impulsarla en el futuro

El Gobierno finalmente no incluyó en el anuncio sobre el contenido del proyecto de nuevo Código Penal a la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, como lo estuvo analizando el fin de semana, aunque no descarta hacerlo en el futuro.
”Nosotros, los técnicos, levantamos los temas todo el tiempo y las definiciones políticas llegan de arriba», dijo a un funcionario del Gobierno, que participó de la redacción de la iniciativa, al explicar la determinación oficial.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dieron una conferencia de prensa en la Casa Rosada en la que dieron detalles del proyecto de ley que enviarán al Congreso para modificar el Código Penal.
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunciaron que el nuevo Congreso contemplará la reforma.Presidencia
El proyecto agrava las penas para delitos comunes, para la corrupción y dispone que no son imprescriptibles los delitos graves. Durante el fin de semana, una fuente del Ministerio de Seguridad había dicho a que se incluían entre esos delitos los de corrupción. Y una fuente del Ministerio de Justicia coincidió: “Está en estudio”, admitió.
En el anuncio de este lunes, cuando le preguntaron a Bullrich, la ministra dirigió la consulta al viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, que estaba sentado en la primer fila, quien negó que estuvieran incluidos como imprescriptibles los delitos de corrupción.
En el proyecto de reforma están incluidos el homicidio agravado; el abuso sexual, la producción, comercialización y distribución de material de abuso sexual infantil; la corrupción de menores, la promoción y facilitación de la prostitución, explotación y rufianería, la sustracción de menores con fines sexuales, la trata de personas, el secuestro, los atentados al orden constitucional y al sistema democrático, los procesos contra organizaciones criminales, y el terrorismo y su financiamiento.
Mas tarde, un funcionario del Gobierno explicó lo ocurrido de esta manera: “Patricia dijo que está a estudio, pero no está puesta hoy la corrupción como imprescriptible. Pero ella lo dijo en la conferencia, y charlaremos sobre la posibilidad de hacerlo. Todavía hoy no está puesto. No es algo tan urgente como parece, porque mientras se es funcionario no corre la prescripción”.
“Habría que ver el caso bien y la definición política al respecto. Nosotros los técnicos levantamos los temas todo el tiempo y las definiciones políticas llega de arriba y las acomodamos. Hoy no está puesto todavía como un delito imprescriptible”, explicó este funcionario cercano a la mesa donde se decide el texto final que se enviará al Congreso.
El nuevo texto del Código Penal prevé el agravamiento de las penas. Se elevarán los mínimos y máximos de una gran cantidad de delitos. Entre estos delitos están el homicidio simple que pasa de 8 a 25 años a 10 a 30 años de cárcel.
Según el texto de la reforma, para el homicidio agravado la pena es de prisión perpetua cuando la víctima sea el presidente, jefe de Gabinete, ministros, docentes, menores de 16 años o mayores a 65 años. También si ocurre el crimen en un lugar de concurrencia masiva, centro educativo o deportivo o en la vía pública, mediante armas, automotores u otros elementos aptos para producir la muerte de un número indeterminado de personas o por encargo.
La lesiones leves pasan de un mes de mínima a 1 año de máxima, para situarse en 1 año de mínima a 3 años de máxima. Mientras que la pornografía infantil actualmente se pena con 3 a 6 años de prisión y se prevé ir de 3 a 12 años con agravantes que llevarían el mínimo a 4 años.
El proyecto, en el que trabajaron en forma conjunta los ministerios de Justicia y de Seguridad, aumenta a 10 años la pena de trata de personas y a 15 si es agravada. En el hurto se eleva la pena de 1 a 3 años. Y en el robo de 3 a 8 años de prisión o de 3 a 10 años si es con violencia sobre las personas.
La iniciativa oficial eleva las penas para la corrupción: el cohecho pasa de 6 años de pena máxima a 10 años. Asimismo, se eleva en un tercio adicional cuando se trate de contrataciones públicas. Si el que comete el delito es presidente, vicepresidente, jefe de Gabinete, entre otros, la escala va de 5 a 15 años. Como consecuencia de las reformas, el 82% de los delitos pasarán a ser de cumplimiento con prisión efectiva.
Hernán Cappiello,Conforme a
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