POLITICA
Emergencia Económica sin fin en Chubut: Ignacio Torres busca extenderla 18 meses más
El gobierno de Chubut, encabezado por Ignacio Torres, presentó un proyecto para extender por 18 meses más la Emergencia Económica, Financiera y Administrativa en toda la provincia, en una señal clara de que la crisis fiscal no da tregua. La iniciativa será debatida este jueves 19 de junio en la Legislatura, donde ya se anticipa un clima de tensión entre las distintas fuerzas políticas.
La normativa actual, vigente hasta fines de este mes, será reemplazada por esta nueva prórroga que —según el Ejecutivo— busca “mantener el orden económico, administrativo y financiero del Estado”. Sin embargo, desde algunos sectores ya surgen voces críticas que advierten sobre la posibilidad de una normalización perpetua del estado de excepción, en detrimento de políticas de fondo que aborden estructuralmente el desequilibrio financiero de la provincia.
El proyecto, presentado la semana pasada, sostiene que es responsabilidad del Ejecutivo contar con herramientas legales que le permitan controlar el gasto público y aplicar medidas económicas excepcionales. Según el texto, la nueva declaración de emergencia abarcará a toda la estructura del Estado provincial: administración central, organismos descentralizados, empresas estatales y sociedades con participación mayoritaria del gobierno, incluyendo a los tres poderes del Estado. El único ente excluido de la medida es el Banco del Chubut S.A.
Uno de los puntos más sensibles del proyecto es su relación con los trabajadores estatales. El Ejecutivo aclara que la emergencia no afectará los salarios habituales ni impedirá las negociaciones colectivas, aunque se reserva la posibilidad de revisar componentes salariales extraordinarios “por acto administrativo fundado”.
La extensión de la emergencia por un año y medio más genera preocupación entre empleados públicos, sindicatos y sectores de la oposición, que reclaman mayor transparencia en la administración de los recursos y exigen que se convoque a un debate más amplio sobre la situación estructural de las cuentas provinciales.
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Durante una reunión este miércoles con agricultores en Toulouse, Emmanuel Macron sostuvo que el tratado Mercosur-Unión Europea “recibirá un no rotundo de Francia”. La información fue transmitida por la ministra de Agricultura, Annie Genevard, quien agregó que “Francia no puede, en esta etapa, validar el borrador de acuerdo ya que este borrador no protege los intereses de nuestros agricultores”.
Genevard precisó que sin “cláusulas de salvaguardia sólidas, medidas espejo o controles fronterizos” el país no dará su visto bueno. “No podemos aceptar que se produzcan e importen a Europa productos y alimentos que no respeten las normas que imponemos a nuestros propios productores”, afirmó.
El bloque sudamericano del Mercosur (integrado por Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) firmó un proyecto de acuerdo con la Unión Europea que busca reducir aranceles y facilitar exportaciones, incluyendo sectores automotriz e industrial de Europa y agroalimentario de Sudamérica. La ratificación aún depende de los 27 Estados miembros de la UE.
La declaración de Macron reaviva la tensión diplomática y coloca a Francia como un obstáculo clave para la entrada en vigor del acuerdo. La ministra recordó que “Francia se mantendrá sumamente firme” en el proceso.
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POLITICA
Fue víctima de mala praxis al nacer y recién ahora, con 23 años, la Justicia fijó su indemnización
La Justicia demoró 18 años en terminar de resolver el caso de una beba que al nacer sufrió una mala praxis médica, lo que le provocó parálisis cerebral. La víctima es actualmente una chica de 23 años que no puede controlar sus movimientos. Sus padres podrán recién ahora cobrar una indemnización.
La Corte Suprema de Justicia le puso punto final al proceso esta semana al elevar el monto de la indemnización que debe recibir la familia.
La muchacha, llamada M. en el fallo de la Corte, está en una silla de ruedas con sostén del tórax, se alimenta mediante un botón gástrico, no habla, ni controla sus esfínteres, emite gemidos o sonidos guturales, realiza movimientos cefálicos sin propósito y no tiene control motor voluntario o respuesta a órdenes verbales.
En 2007 sus padres, en representación de sus tres hijos menores, presentaron una demanda contra M.M.Y., S.O., Swiss Medical Group S.A., Clínica y Maternidad Suizo Argentina S.A., Docthos S.A. y HSBC Holding SA por los daños y perjuicios sufridos como consecuencia de la atención brindada por los médicos durante el parto.
El nacimiento de M tuvo lugar el 23 de enero de 2002 en la Clínica y Maternidad Suizo Argentina. Los padres invocaron que la deficiente atención durante el parto provocó a su hija una encefalopatía hipóxico-isquémica perinatal con daños multiorgánicos y cerebrales irreversibles (parálisis cerebral grado IV).
La sentencia de primera instancia dándole la razón al reclamo de la familia fue dictada por el juzgado civil N° 58 el 21 de diciembre de 2018.
Los demandados recurrieron y el 27 de abril de 2021 la Cámara de Apelaciones en lo Civil Sala K revocó parcialmente la sentencia de primera instancia.
El tribunal, al igual que la jueza de primera instancia, tuvo por probado que existió sufrimiento fetal durante el parto lo que, según consideró, fue con alta probabilidad la causa de la parálisis cerebral que padece M.
Sin embargo, el informe del Cuerpo Médico Forense indicó que no descartaba con certeza absoluta la existencia de otras causas. Mencionó que tanto el análisis de la placenta como un informe de la Academia Nacional de Medicina indicaban la posibilidad de que el origen de la parálisis cerebral fuera por causas anteriores al parto.
Por eso, la Cámara concluyó que existió una interrupción del nexo causal del diez por ciento y admitió la demanda en un noventa por ciento. Asimismo, rechazó la demanda respecto del obstetra y la partera y consideró interrumpido el nexo de causalidad con respecto al obrar de ambos.
Por último, el tribunal redujo a $13.294.887 la indemnización que había sido fijada por la jueza de primera instancia en $38.650.000 y modificó los intereses. Con este fallo, la familia fue a la Corte Suprema con un recurso extraordinario y finalmente con un recurso de queja.
La Corte finalmente ordenó elevar la indemnización para los padres de una niña. Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti hicieron lugar al reclamo de los familiares de la menor, en concepto de daño moral y lucro cesante, por entender que su planteo “guarda relación directa e inmediata con las garantías constitucionales que se invocan como vulneradas”.
Si bien entendió que los agravios por la “interrupción del nexo causal” era inadmisibles, el máximo tribunal hizo lugar a los planteos sobre algunos rubros indemnizatorios por entender que la sentencia apelada era arbitraria.
“No se advierte de qué modo ‘las condiciones de la joven’ y la manera en que ‘ha incidido el evento en su ánimo’ puedan, a la luz de las circunstancias descriptas, puedan resultar fundamento mínimamente aceptado de la reducción del daño moral decidido por la cámara”, dijo la Corte.
El máximo tribunal agregó que “la sentencia [de Cámara] no contiene una argumentación que siquiera pretenda explicar cuál sería la relación que existiría entre las severas consecuencias negativas que sufre M., cuya profunda repercusión en el ámbito espiritual resulta evidente de los hechos mismos”, dijeron Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti.
El fallo también cuestionó los argumentos para reducir la indemnización por daño moral de los padres de la niña. La Cámara había dicho que “las secuelas absolutamente discapacitantes de M. en todos los aspectos de su vida, ya sea para moverse, comer, dormir, hacer sus necesidades básicas poseen una entidad de tal envergadura que han incidido en ánimo de sus progenitores. La circunstancia que M. no pueda subsistir si no es con la ayuda ajena es fuente de terrible angustia y dolor en el espíritu de los padres, quienes además han expuesto la profunda inquietud por su futuro si ella sobrevive”.
Según las declaraciones de un testigo, “el ánimo de ellos es cambiante, por momentos de aceptación, por momentos de desánimo, mucha incertidumbre al futuro”.
La Corte advirtió que “tales argumentos no son consistentes con la disminución del monto indemnizatorio que la jueza había determinado tras hacer reseña detallada» y precisa de dichas circunstancias que daban cuenta de la terrible angustia e incertidumbre familiar.
Hernán Cappiello,Conforme a
POLITICA
El Gobierno investiga el descarrilamiento del Sarmiento y refuerza la decisión de privatizar los trenes
El día después del descarrilamiento del tren Sarmiento en las inmediaciones de la estación Liniers, que dejó el saldo de más de 20 heridos, el Gobierno asegura que se trata de una consecuencia de “20 años de desinversión” y da lugar a una investigación interna a través de la Junta de Seguridad en el Transporte (JST) para determinar en detalle lo sucedido.
El descarrilamiento de la formación 3358 que se dirigía de Moreno a Once y que dejó 20 heridos, diez de ellos con politraumatismos, refuerza además la idea de la administración de avanzar en la privatización de Trenes Argentinos Operaciones (SOF)
“La Junta de Seguridad en el Transporte está investigando. También la justicia. El problema es histórico, los trenes y las vías están en mal estado desde hace años”, sintetizó a Infobae un importante funcionario.
El accidente dio lugar a la apertura de una causa judicial, que incluyó la realización de exámenes toxicológicos al conductor de la formación. El juez Julián Ercolini, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 12, inició el expediente por “interrupción a los medios de transporte” tras la intervención de la Policía Federal.
En paralelo, la JST, organismo descentralizado bajo la órbita del Ministerio de Economía, lleva adelante el debido proceso de investigación que concluirá con un análisis del suceso para determinar los hechos y supervisar las medidas de seguridad operacional implementadas. Según supo Infobae, los resultados de la investigación serán aportados a la Justicia y evaluados internamente.
“El accidente no tiene que pasar y se hace todo lo posible para que no suceda. Fue raro, se dio en un cambio de señalización en plena modernización del sistema y pasó esto por una situación de incompatibilidad”, admitieron a Infobae por los pasillos de Balcarce 50, y añadieron: “Hoy estamos ante un sistema hibrido entre lo viejo y lo nuevo. Los sindicalistas dicen que hay que modernizar el sistema, pero sale fortunas”.
Si bien el presidente Javier Milei pregona la idea de avanzar con la privatización del servicio, no está en los planes de la administración hacerlo en el mediano y largo plazo. La compañía que gestiona las líneas urbanas (como el Belgrano Sur, Mitre, Roca, San Martín y Sarmiento), regionales y de larga distancia debe encarar un extenso proceso de “acomodamiento” para facilitar “el interés” de los privados. Para eso, aspiran a actualizar el nivel de las tarifas y a reducir la dotación de la compañía.
Tras una nueva falla ferroviaria que se suma al choque del Tren San Martin del año pasado, en Casa Rosada evitan hablar de un déficit de gestión y contraponen que el accidente surgió como consecuencia del deterioro del sistema, que se encuentra en estado de emergencia desde el 12 de junio del año 2024. “No es un tema de gestión sino de 20 años de desinversión”, aclararon a Infobae desde la mesa chica del presidente Javier Milei, y añadieron: “Siempre el mercado resuelve los problemas”.
“Tuvimos muchos años de gobiernos peronistas que no han invertido un centavo en las vías. El sistema está destruido y no hay plata para sostenerlo”, remarcó una importante fuente, y sumó: “Mientras hay 30 mil empleados. Algo no está funcionando. Debe venir un privado a hacer las obras que hacen falta y a mantener las vías porque los que dicen sostener el sistema ferroviario no han invertido. La idea de privatizar está”.
Horas después del episodio, con el servicio normalizado, desde Trenes Argentinos aclararon a través de un comunicado que el hecho se produjo durante un cambio de vías, y que ante el descalce, el tren frenó “a tiempo según establece el protocolo de seguridad operacional”.
A través del decreto 525/2024, el Poder Ejecutivo anunció el plan de emergencia ferroviaria por dos años en base a la evaluación de desempeño del año 2023, realizada por la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, que evidenció “la delicada situación” y detectó un elevado porcentaje de descarrilamientos en el transporte ferroviario de cargas por el estado de la infraestructura.
El diagnóstico admitía “deficiencias estructurales en la infraestructura y material rodante”, y preveía un trabajo coordinado entre la Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado (SOFSE) y la Administración de Infraestructura Ferroviaria (ADIF) para ejecutar un plan de obras.
Desde la secretaria de Transporte que lidera Luis Pierrini revelaron a este medio que desde la declaración de la Emergencia Ferroviaria, el área desembolsó 530 mil millones de pesos en obras “de carácter urgentes y prioritarias” que integran las 226 contempladas en el Plan de Acción de Emergencia Ferroviaria. “Dentro de las erogaciones, el 37% de dicho monto fue dirigido a obras de vías (casi 200 mil millones); el 40% se destinó a la compra de repuestos ferroviarios y reparación de material rodante, luego de 9 años que no se hacía nada de este estilo; el 16% a la inversión en señalamiento ferroviario; entre otras”, especificaron además.
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