POLITICA
Emiliano Yacobitti, luego del rechazo al veto presidencial: “La gente sigue apoyando el sistema de universidades públicas”

El debate en torno al financiamiento de las universidades públicas se reavivó después del rechazo, en la Cámara de Diputados, de los vetos presidenciales a las leyes de Financiamiento Universitario y Emergencia Pediátrica. En este contexto, Emiliano Yacobitti, vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), reflexionó en una entrevista concedida a CNN Radio sobre el rol de la sociedad, los desafíos presupuestarios y el futuro de la educación superior argentina.
En sus primeras palabras, Yacobitti describió el alivio que sintió como representante de la UBA ante la masiva movilización ciudadana en defensa de la universidad pública. “Lo primero que sentí fue alivio porque, cuando empecé a ver la cantidad de gente en Ciudad de Buenos Aires y las imágenes a lo largo y ancho de la Argentina, me hizo reflexionar que la gente sigue apoyando el sistema de universidades públicas”, valoró.
En este sentido, consideró fundamental ese apoyo en momentos donde se debate la subsistencia universitaria: “Más allá de los resultados y rankings internacionales, es muy importante para quienes todos los días hacemos la universidad sentir el respaldo de la sociedad. Fue muy tranquilizador porque hace más de un año y medio venimos de esta discusión. Ya tuvimos un veto que se iba a resolver con un presupuesto que no se trató. Eso llevó a mucho desgaste y la pelea se hizo muy larga”. Para el vicerrector, “hoy tendríamos que estar pensando en cómo hacer la universidad mejor para todos los días y no en cómo mantenerla abierta”.
Al analizar el anuncio que había hecho el gobierno sobre aumentos en las partidas presupuestarias para los establecimientos universitarios, Yacobitti fue contundente: “El aumento anunciado es una anualización del recorte salvaje que se viene haciendo este año”.
Además, explicó que los salarios docentes cayeron abruptamente frente a la inflación: “Cuando arrancó el gobierno de (Javier) Milei, los salarios de los profesores se encontraban bordeando la línea de pobreza. Desde fines de 2023 hasta hoy, hubo una pérdida salarial de 40%”. Esa caída en el valor adquisitivo del salario docente golpeó con fuerza a la vida universitaria y a la proyección de las carreras del profesorado: “Ayer para muchos fue la posibilidad de repensar cómo llegar a fin de mes y de sentarnos para ver cómo hacemos la mejor universidad posible”.
En la entrevista, Yacobitti consideró central el papel de las universidades en la vida institucional argentina. Ante la consulta sobre si la UBA concurriría a un eventual llamado del presidente, fue enfático: “Por supuesto, es la obligación de las universidades. Las universidades permanentemente hacen eso, que tengan el rango de autonomía, no quiere decir que no trabajen permanentemente en las necesidades que tiene el país en cuanto a los graduados”. Y sumó: “Ver en conjunto cómo diseñar políticas de Estado para favorecer la permanencia, la creación de nuevas carreras”.
La pérdida de recursos y la erosión de los salarios también impulsó una migración de docentes y una reducción en la oferta académica, reveló el vicerrector. En el último Consejo Superior de la UBA, según contó Yacobitti, la decana de Agronomía informó que el 10% de los docentes más antiguos, que poseen mayor formación, dejaron de dar clases. “Algunos se van a la actividad privada porque no pueden vivir con estos salarios”, detalló.
La dificultad para sostener la planta docente obligó a revisar el plan de estudios: “El año pasado reformamos el plan de la carrera de Ciencias Económicas y dejamos de dar la oferta de muchos cursos en las sedes porque no conseguís los profesores”.
En este punto, reconoció también que algunas universidades privadas restringen la posibilidad de que sus docentes con dedicación exclusiva puedan dictar clases en universidades públicas. Y apuntó: “No se puede mercantilizar la educación y que se tome como competencia. El momento en que el gobierno desfinancia, tenés a las universidades que se llevan a los profesores y no los dejan dar clases. La mayoría de esas universidades privadas se formaron con profesores que tenían dedicaciones exclusivas en la UBA y, en el tiempo que se les permitía esa dedicación, daban clases en esas universidades”.
Sobre la comparación internacional, el vicerrector alertó por el bajo nivel de inversión estatal en educación superior. Y concluyó: “Argentina invierte en educación superior apenas un 0,49% del PBI, de acuerdo al presupuesto que propone Milei para el año que viene, un porcentaje similar al de Venezuela. Muy lejos del 1,5% de los países desarrollados o del 0,9% que se invertía en 2017 durante el gobierno de Mauricio Macri”.
POLITICA
PJ Bonaerense: crecen las chances de un acuerdo para que Kicillof asuma en lugar de Máximo Kirchner

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, se encamina a convertirse en el próximo presidente del PJ bonaerense en el marco de un acuerdo entre el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) y el cristinismo. En las últimas horas se aceleraron las reuniones para llegar a un esquema de consenso antes del cierre de listas partidaria del próximo domingo.
A la par de un consenso macro que involucra la figura de Kicillof, todavía resta la conformación del consejo del partido. Allí, las negociaciones siguen. Por lo pronto, habría cierto consenso para que la vicepresidencia primera sea para la actual vicegobernadora, Verónica Magario. Mientras que la vice segunda y la secretaría general para el cristinismo o figuras cercanas a ese espacio.
Las reuniones seguirán en los próximos días. Quiénes están a cargo de las negociaciones se muestran optimista para llegar a un esquema de consenso que incluya a todos los sectores. Por estas horas, lo que se tiene que terminar de definir es cómo será esa distribución. En el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) están preparando nombres para el consejo del partido. El ministro de Gobierno, Carlos Bianco, es quién baja la directiva dentro del kicillofismo.
El miércoles se reunió con intendentes y referentes de la Quinta sección electoral. Este jueves recibió a representantes de la Séptima sección en su despacho. Uno de los planes es respetar a quien ya tiene presencia dentro del esquema partidario: que siga, ya sea como consejero o congresal nacional.

En las distintas reuniones que se mantuvieron estos días, Kicillof trasladó a sus negociadores -entre los que están principalmente los ministros Gabriel Katopodis, Andrés Larroque, Carlos Bianco-, además del diputado provincial, Mariano Cascallares; que podría aceptar quedar al frente del PJ siempre y cuando haya garantías. Esas garantías, entienden en La Plata, son tener el respaldo del kirchnerismo a la gestión de su gobierno. Pero en el corto plazo también está el 2027.
En la tarde de este jueves, desde la gobernación bonaerense, dejaban correr que el consenso para que el mandatario provincial sea el presidente partidario avanzaba. Con la idea de que el partido acompañe los lineamientos de la gestion, tal como ocurre en todas las provincias con gobiernos peronistas. Esto es lo que pidió el MDF en el contexto de las conversaciones por la presidencia del partido. Y luego comenzó a generarse el consenso interno para que Kicillof sea quien lo presida.
La semana pasada, desde la actual conducción del partido advirtieron que Máximo Kirchner iba a proponer que en un marco de acuerdo y para evitar una interna, sea Kicillof quien lo suceda. En un primer momento, la jugada del diputado nacional no cayó nada bien en el entorno del gobernador; ya que se entaron por los medios. Sin embargo, con el correr de los días la novedad se convirtió en negociación política y efectivamente se avanzó en un esquema de entendieminto.
La posibilidad de que Kicillof quede al frente del PJ bonaerense no es nueva. De hecho, algunos intendentes se lo trasladaron tiempo atrás, cuando el mandatario reunió a todos los jefe comunales que reportan en el MDF en un encuentro casi furtivo en medio del Parque Pereyra Iraola, el 31 de octubre úlitmo. En esa cumbre, a una semana de la derrota electoral del peronismo en las elecciones a diputados nacionales y el mismo día que Cristina Kirchner difundió una carta responsabilizando al gobernador por la estrategia electoral adoptada -es decir el desdoblamiento electoral y el resultado que había obtenido el peronismo-, algunos inendenetes del corazón kicillofista le sugirieron ir por el PJ de la provincia que gobierna, ya que en septiembre Fuerza Patria había ganado la elección provincial por casi 14 puntos.
En tanto que quien evidenció la posición del cristinsimo fue la diputada provincial e intendenta en uso de licencia de Quilmes, Mayra Mendoza. En los últimos días, la legisaldora mantuvo algunas reuniones en sus distritos abocadas al PJ quilmeño. Ella seguirá como presidenta del partido en su municipio. En ese marco, bregó por “la unidad del partido”.

Este miércoles se reunió con distintos gremios y detalló que “el partido, en sus distintos órdenes, El partido, en sus distintos órdenes, tiene que encontrar síntesis, abrazar a todos y todas aquellas que creemos que lo fundamental es enfrentar al actual modelo nacional y acumular fuerzas contra las políticas de Milei que dañan a nuestro pueblo, como el proyecto de flexibilización laboral que quieren tratar en el Congreso nacional”.
La legisladora también enfatizó que “ninguno de nosotros es tan importante como el colectivo que conformamos y que tiene que seguir ampliándose de cara a los desafíos que deberemos enfrentar”. Toda una señal interna. Pese a que suben las acciones para que Kicillof sea el futuro presidente del justicialismo en la provincia que gobierna, en el kirchenrismo advierten que quien presida el PJ no podrá omitir el reclamo por la libertad de la expresidenta Cristina Kirchner. Otro mensaje para Kicillof, no solo en lo que refiere al PJ bonaerense, sino también a la proyección que pueda llegar a tener para 2027.
POLITICA
Apartan a la UIF como acusadora en medio del juicio contra Odebrecht por el pago de coimas

En una decisión que debilita la acusación contra Julio de Vido y otros funcionarios del kirchnerismo, la Unidad de Información Financiera (UIF), que es el organismo antilavado del Estado, fue apartada como querellante en pleno juicio oral por el pago de coimas de la constructora brasileña Odebrecht para la construcción de dos plantas potabilizadoras de Agua y Saneamientos Argentinos (Aysa).
La decisión fue de los jueces de la Cámara Federal de Casación Carlos Mahiques, a quien el Gobierno quiere mantener en el cargo por cinco años, a pesar de que ya cumplió la edad de jubilación de 75 años, y su colega Mariano Borinsky. El juez Diego Barroetaveña votó en disidencia.
El efecto concreto es que la UIF debería dejar de intervenir en el juicio y dejar la acusación en manos de la fiscal Fabiana León, con el mismo tribunal que juzga a Cristina Kirchner por el caso de los cuadernos de las coimas. Claro que la UIF puede recurrir a la Corte e intentar revocar esta decisión.
El planteo para apartar a la UIF como acusadora en este juicio lo realizó uno de los acusados, Carlos Ben, extitular de AYSA, y se basa en el decreto del presidente Javier Milei que le quitó esa facultad al organismo que se encarga de perseguir el lavado de dinero.
El argumento es que la tarea de acusar en el juicio les corresponde a los fiscales y no a la UIF.
Esto ya provocó que el organismo antilavado sea apartado de otras causas como aquella en la que se investiga la fortuna del fallecido exsecretario presidencial Daniel Muñoz, que la justicia interpreta que es el botín recaudado en la causa de los cuadernos de las coimas. Dijo la Justicia que Muñoz era el intermediario entre los Kirchner y los cobradores de las coimas para mantener los contratos de obra pública.
No es unánime esta postura en la Casación, ya que en otros fallos se mantuvo a la UIF en el rol de querellante en la causa, por ejemplo, de la Ruta del Dinero K y en el caso contra Martín Insaurralde por el Yategate.
En los casos donde la UIF fue apartada votaron Mahiques, Borinsky y Guillermo Yacobucci; en los que fue confirmada votaron los jueces Gustavo Hornos y Javier Carbajo.
Cuando el asunto llegó a la Corte dijo que era inoficioso pronunciarse en un recurso presentado por la UIF, mientras que sí aceptó tratar el del fiscal, en lo que fue intrerpretado como que la UIF ya carece de legitimación para litigar, pero nada está dicho explícitamente.
La decisión en este caso revoca una resolución del Tribunal Oral Federal N° 7, integrado por los jueces Germán Castelli, Enrique Méndez Signori y Fernando Canero.
Los jueces de la mayoría establecieron que, tras la entrada en vigencia del Decreto 274/2025, el organismo de inteligencia financiera ya no tiene facultades para acusar penalmente, incluso en expedientes iniciados con anterioridad.
El conflicto se originó cuando la defensa de Carlos Humberto Ben solicitó que la UIF fuera apartada del proceso.
El argumento fue que el decreto 274/2025 —dictado por el Poder Ejecutivo el 16 de abril de 2025— derogó el decreto anterior (2226/2008) que permitía a la UIF actuar como querellante.
El Tribunal Oral había rechazado inicialmente este pedido, argumentando que el decreto no especificaba qué sucedía con las causas en trámite y que, por “seguridad jurídica”, la UIF debía continuar.
Sin embargo, la Casación revirtió esta postura. Mahiques destacó que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) recomendó a la Argentina reconsiderar este rol de la UIF para no afectar su autonomía e independencia operativa”.
Audiencia en la Cámara de Casación Penal ante el juez Mariano BorinskyNicolás Suárez
Mahiques argumentó que el rol de acusar corresponde constitucionalmente al Ministerio Público Fiscal (MPF). Mantener a la UIF como querellante implica un “gasto de recursos humanos y económicos” innecesario y riesgo de contradicciones. Dijo que la aplicación debe ser inmediata.
El juez Mariano Borinsky adhirió a esta postura y dijo que se trata de una cuestión de “puro derecho”. Borinsky reforzó la idea de que la derogación busca “dotar al funcionamiento de la UIF de una mayor autonomía” y evitar la “influencia indebida”, cumpliendo con el artículo 120 de la Constitución Nacional que otorga la titularidad de la acción penal a los fiscales.
Ambos jueces aclararon que si bien se aparta a la UIF hacia el futuro los actos procesales que el organismo ya cumplió en el expediente mantienen su validez.
En minoría, el juez Diego Barroetaveña votó por declarar inadmisible el recurso de la defensa, sin entrar a debatir el fondo de la cuestión sobre el decreto.
Este es un caso contra la empresa brasileña Odebrecht, que pagó sobornos a funcionarios en toda la región para obtener contratos de, que obra pública, y que en Argentina.
Tiene en el banquillo de los acusados al exministro de Planificación, Julio De Vido, su mano derecha, Roberto Baratta, el exsecretario en Obras Públicas; el exsecretario en la Obras Públicas, José López, y una veintena de empresarios, por las irregularidades en la construcción de dos plantas potabilizadoras de la empresa estatal AySA.
Se trata de la versión local del Lava Jato, la megatrama de corrupción que comenzó a salir a la luz con una investigación de la Policía Federal de Brasil hace más de una década y que fue ampliándose con las declaraciones de funcionarios y empresarios arrepentidos.
Además de los funcionarios procesados por las irregularidades en los contratos con la firma brasileña, están en juicio Carlos Humberto Ben, Oscar Raúl Biancuzzo, Carlos María Donnoli, Carlos Alberto Di Somma, Antonio Ernesto Caucino, Aldo Benito Roggio, Tito Biagini, Carlos Guillermo Enrique Wagner, Eduardo Miguel Blomberg, Conrado Alejandro Martín, Pedro Antonio Casiraghi, Lucas Patricio Cesa, Diego Luis Pugliesso, Gustavo Horacio Dalla tea, Miguel Fabián Cabanne, Raúl Edgardo Batallan, Sergio Gabriel Chividini, Jaime José Juraszek Junior, Roberto Fabián Rodríguez, Osvaldo Roberto Gandini, Martín Molinolo Menafra y Carlos Luis Dentone Loinaz.
José López,Hernán Cappiello,Conforme a
POLITICA
Coimas en la ANDIS: Diego Spagnuolo solicitó la devolución de USD 80.000 que le secuestraron

El extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, solicitó a la Justicia la devolución de 80.000 dólares y 2.000 euros secuestrados de su caja de seguridad en el marco de una causa por presunta corrupción.
Su abogado, Mauricio D’Alessandro, argumentó que el dinero pertenecía al exfuncionario desde antes de ingresar a la gestión pública y que no accedía a dicha caja desde abril de 2023. Sin embargo, la fiscalía considera el hallazgo como un elemento de cargo, señalando que los bienes de Spagnuolo se incrementaron tras su designación por el presidente Javier Milei.
Spagnuolo fue indagado junto a otros 15 sospechosos bajo la acusación de liderar una organización que direccionaba la compra de medicamentos de alto costo para personas con discapacidad y sectores vulnerables.
Según la investigación del fiscal Franco Picardi, el organismo aplicaba sobreprecios sistemáticos y cartelizaba las adquisiciones entre un grupo específico de droguerías mediante la manipulación del sistema informático SIIPFIS. La maniobra afectó al Programa Incluir Salud, destinado a pensionados, madres de siete hijos y adultos mayores en situación de pobreza.
La causa se originó a partir de la filtración de audios donde Spagnuolo presuntamente admitía el pago de sobreprecios y coimas que, según sus dichos, se destinaban a la Secretaría General de la Presidencia.
La defensa del exfuncionario impugnó estas grabaciones sosteniendo que son falsas y que fueron “elaboradas con inteligencia artificial”, logrando que la Cámara Federal ordene un peritaje. No obstante, el juez Sebastián Casanello avanzó con la recolección de evidencia basada en el contenido de los teléfonos celulares de los sospechosos involucrados en el entramado.
El fiscal define el caso como un “entramado delictivo” montado para manipular procesos de compra de insumos críticos. La hipótesis judicial sostiene que la organización no solo direccionaba contratos, sino que incluía el pago de sobornos a funcionarios con poder de decisión dentro de la ANDIS.
De confirmarse los procesamientos por parte de la Cámara Federal, Spagnuolo y el resto de los implicados quedarían a las puertas de un juicio oral por malversación de fondos destinados a la asistencia de personas con discapacidad.
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