Con la participación de peritos de parte, y técnicos en representación del Ministerio Público Fiscal, comenzó una pericia clave sobre la fortuna de Cristina Kirchner. El estudio se realiza en el marco de una causa reabierta por orden de la Cámara Federal porteña, y que se concentra en ocho puntos para determinar si hubo inconsistencia en las declaraciones juradas de 2009 a 2015. Dos aspectos centrales ordenó el fiscal federal, Gerardo Pollicita, que se analicen: la exteriorización de inmuebles, y la declaración de plazos fijos y tenencia de dólares.

Pese a que tres jueces consideraron en distintas ocasiones que no había elementos para que Cristina Kirchner sea imputada por el delito de enriquecimiento ilícito, la Cámara Federal porteña ordenó el año pasado que el expediente se reabra y se profundice una pericia técnica ante lo que entendieron como “presuntas inconsistencias en las declaraciones patrimoniales”.

Las dos últimas causas que debían establecer si había la comisión de algún delito alrededor de la fortuna de la expresidenta tramitaron en los juzgados federales a cargo de María Eugenia Capuchetti y Julián Ercolini.

En esta oportunidad, el Tribunal que se ocupa de revisar las actuaciones de los jueces y fiscales de instrucción, entendió que debía reabrirse la causa que en junio de 2024, por pedido del fiscal federal Gerardo Pollicita, Ercolini archivó y que se concentraba en el período 2009 – 2015 (incluye las presidencias de Cristina Kirchner).

Al impulsar la acción penal -al inicio del caso-, el Ministerio Público Fiscal realizó medidas de prueba tendientes a clarificar la evolución patrimonial de Cristina Kirchner entre 2003 y 2015, como así también las supuestas inconsistencias y omisiones en la forma que su patrimonio fue exteriorizado en sus declaraciones juradas.

Con el expediente reabierto, el fiscal Pollicita ordenó la realización de un peritaje contable. El estudio está a cargo de los peritos del Ministerio Público Fiscal y la defensa de Cristina Kirchner, a cargo de Carlos Beraldi, que designó un perito de parte.

La pericia busca esclarecer las posibles inconsistencias en cuanto a la declaración del valor accionario de las firmas Los Sauces S.A. y Hotesur SA, ambas investigadas por lavado de activos. Al respecto, bajo la lupa, se encuentra también un conjunto de bienes que integran el acervo hereditario de Néstor Kirchner.

El informe pericial de carácter contable debe despejar posibles irregularidades ante lo que los denunciantes marcaron como diferencias entre el valor de las acciones de la firma Los Sauces S.A. consignadas por Néstor Kirchner y Cristina Fernández en sus respectivas exteriorizaciones; la confusión entre el patrimonio personal de Néstor Kirchner y Cristina Fernández con el de la firma Los Sauces S.A. en virtud de las acreencias que los ex mandatarios declararon en el año 2010 con dicha sociedad.

También se ordenó analizar algunas operaciones comerciales celebradas entre las dos empresas de la familia Kirchner y Austral Construcciones S.A, propiedad de Lázaro Báez, también acusado junto a la expresidenta y a su hijo Máximo Kirchner en las causas por maniobras de blanqueo.

Como tercer punto, los especialistas se encuentran realizando un análisis ante la posible confusión entre el patrimonio de Cristina Fernández y la firma Hotesur SA en las declaraciones juradas correspondientes a los años 2011, 2012 y 2013 en las que declaró deudas con la empresa de la que era accionista.

Sobre este aspecto puntualmente, se había denunciado una “errónea exteriorización de los bienes y deudas por parte de Cristina Fernández a partir de la disolución de la sociedad conyugal, en tanto no había tenido lugar la partición y distribución de los bienes del acervo hereditario de Néstor Kirchner”.

Al ordenar la reapertura de la pesquisa la Cámara Federal porteña, a finales del año pasado, hizo lugar a un reclamo de la Unidad de Información Financiera (UIF) querellante en la causa, y ordenó reabrir el caso “respecto a los sucesos acontecidos en el período comprendido entre los años 2009 y 2015”.

En respuesta a ese criterio, con la causa delegada en la fiscalía, se ordenó la realización de un peritaje contable que ya se encuentra en pleno proceso. Se busca determinar si hubo inconsistencias o no, en las declaraciones juradas presentadas por Cristina Kirchner, ante la Oficina Anticorrupción en el período bajo estudio.

Cuando la Cámara Federal porteña reabrió el caso, dijo que era necesaria el estudio pericial, “a fin de que un profesional en la materia, proveído de toda la documentación necesaria (declaraciones juradas, escrituras de inmuebles, copias del juicio sucesorio, etc.), proceda a echar luz sobre las inconsistencias y omisiones en las declaraciones juradas aquí denunciadas y, en su caso, determinar las consecuencias impositivas que podrían traer aparejadas”.

El oficio bajo el cual el cuerpo de peritos del Ministerio Público Fiscal comenzó la tarea asignada, detalla un conjunto de propiedades a fin de determinar la titularidad, la fecha de incorporación al patrimonio y el carácter propio o ganancial de los inmuebles. Se trata de inmuebles ubicados en la ciudad de Río Gallegos.

Respecto a las propiedades, se consultó sobre una casa ubicada en la capital santacruceña, sobre la calle 25 de Mayo, para “determinar la titularidad, la fecha de incorporación al patrimonio, el carácter propio o ganancial del mismo, así como también, la superficie del inmueble”. Se añadió la necesidad de esclarecer “si hubo alguna variación en el valor declarado en el período 2009 a 2015, y en su caso señalar —si hubiere— motivos contables que fundamentan dicha variación”.

La pericia contable, además, deberá estudiar dos inmuebles que tienen un común denominador: Lázaro Báez.

Se trata de un terreno que pertenecía a Austral Construcciones SA (nave insignia de Báez), sobre el cual Cristina Kirchner amplió su hotel boutique Casa Patagónica Los Sauces, lindante a su residencia de El Calafate.

Sobre ese inmueble, el fiscal Pollicita pidió que se informe respecto a la titularidad, y la fecha de incorporación al patrimonio, y el carácter del mismo. Hay que recordar que Lázaro Báez le dio en permuta ese terreno sobre el cual se hizo la obra de ampliación del complejo turístico. Una de las inconsistencias denunciadas es que no se cambió la titularidad del inmueble y que fue declarado tardíamente.

La justicia quiere saber el tipo de bien del que se trata, es decir, si el mismo resulta ser un terreno o si se verifican construcciones, siendo que, en este último caso, “se deberá determinar el valor de las mismas, la fecha de su realización y si el titular contaba con la capacidad económica para la realización de la construcción”.

En ese mismo sentido, la justicia preguntó sobre la titularidad, la fecha de incorporación al patrimonio del terreno ubicado en El Calafate, identificado como Fracción CCXXIII. El 50% de ese terreno fue entregado por la ex presidenta a Báez como parte de la permuta del otro terreno bajo investigación.

Cuando en 2016 Cristina Kirchner cede todos sus bienes en partes iguales a Máximo y Florencia Kirchner, ese terreno pasó a quedar en condominio con Báez y sus hijos. El fiscal Pollicita pidió que se detalle si ese inmueble se encuentra debidamente declarado ante la Oficina Anticorrupción en el período 2009 a 2015 y bajo qué titularidad.

La Cámara también puso la mirada en la “errónea” exteriorización de un terreno de 87.000m2 sobre el Lago Argentino, El Calafate. La fiscalía había indicado que desde figuraban como copropietarios Cristina y Austral Construcciones del 50% cada uno y que, “pese a ello, la aquí imputada nunca habría declarado el bien a su nombre sino que lo habría hecho a nombre de su cónyuge”.

Ese terreno fue valuado en 2016 en 14.700.000 pesos, en el marco de la causa conocida como la Ruta del Dinero K, donde Lázaro Báez fue condenado por haber lavado 55 millones de dólares.

En este expediente se había denunciado que los plazos fijos y los depósitos en dólares declarados en 2014 en el proceso sucesorio de Néstor Kirchner «no se condecían con lo informado en la Oficina Anticorrupción» desde el fallecimiento del expresidente.

Los camaristas, cuando ordenaron reabrir el caso, señalaron que “las inconsistencias en las declaraciones juradas patrimoniales de la nombrada se encuentran debidamente acreditadas, tal como lo sostuvo la parte querellante, y dicha circunstancia es -de por sí- una manifestación visible del desequilibrio entre el patrimonio real de aquella y lo efectivamente declarado”.

Por ese motivo, la fiscalía, pidió determinar en relación a los plazos fijos y depósitos de dinero declarados en las presentaciones realizadas Cristina Kirchner y Néstor Kirchner por Cristina Elisabet ante la Oficina Anticorrupción al cierre de cada año —durante el período 2009 a 2015 ambos inclusive—, “la cantidad, monto y tipo de moneda, especificando si los datos consignados se corresponden con la información proporcionada por las entidades bancarias y con aquella declarada ante el fisco”.

La suma de dinero comprometida podría superar los cuatro millones de dólares.

En función de éste ítem de la pericia, se solicitó establecer si los ex presidentes “se desprendieron y/o incorporaron bajo cualquier acto jurídico, a título personal, bienes inmuebles o bienes muebles registrables durante el período comprendido entre los años 2009 a 2015, ambos inclusive, debiendo en su caso puntualizar fecha de incorporación al patrimonio, monto de la operación, origen de los fondos y capacidad económica para realizar dichas operaciones”.

El patrimonio de Cristina Kirchner fue foco de diversas investigaciones y como señaló el fiscal Pollicita, hay hechos de lavado de dinero corroborados y atribuidos a la ex presidenta a través de diversos negocios con su ex socio comercial, Lázaro Báez.

En diciembre de 2015 cuando dejó la Casa Rosada, la ex mandataria ostentaba un patrimonio de 77 millones de pesos, su incremento -según sus declaraciones juradas- fue sólo resultado de la gestión pública, del desarrollo inmobiliario familiar y de las firmas hoteleras. Estos dos últimos rubros, fueron -tiempo después- cuestionados por la justicia por haber sido utilizados “como pantallas para simular fondos de origen espurio”.

Fue meses después, con el primer llamado a indagatoria vigente, que entregó todos sus bienes en parte iguales a sus hijos Máximo y Florencia Kirchner. Allí comenzaron las primeras declaraciones juradas sin ninguna de las 25 propiedades ni empresas hoteleras como tampoco aquellos plazos fijos cuestionados por la justicia.

La declaración jurada de 2017 (que corresponde, siempre, al período fiscal anterior) expuso que la ex presidenta tenía un patrimonio de $ 3.499.043: menos que el declarado junto a Néstor Kirchner en 2003 cuando llegaron a la Casa Rosada.

Sus bienes a fines de 2015 ascendían a 77.303.100,23 pesos: 13 millones más que el período anterior. Sus patrimonio se componía de 26 inmuebles (casas, terrenos fiscales, departamentos) valuados en 15.516.730 pesos.

Hay que recordar que los Kirchner fueron investigados en 2009 porque según sus propias declaraciones juradas de bienes, su patrimonio había aumentado 158% en un año. Entre 2007 y 2008, pasaron de tener bienes, dinero en efectivo y sociedades por 17,8 millones de pesos a acumular 46 millones.​

El período fiscal 2022 cuyas declaraciones patrimoniales se presentaron en julio de 2023, mostraron que la fortuna de Cristina Kirchner pasó de 48 millones de pesos a 118.808.582,05. Equivalen a poco más de 200 mil dólares, cotización blue de aquel año.

Cuando finalizó su mandato como vicepresidenta de la Nación, su patrimonio también mostró un notorio crecimiento. Dejó la función pública con un patrimonio de 250 millones de pesos y muy lejos de los 4 millones que declaró cuando asumió la vicepresidencia en diciembre de 2019.

Aquella fue su última declaración jurada, que recibió la Oficina Anticorrupción de la actual gestión de Javier Milei. Entre sus bienes expuso tener un auto O Km, el usufructo del departamento del barrio de Recoleta y de un terreno de El Calafate, son los bienes de mayor valor, sumado a acciones de Mercado Libre y Apple, entre otras.