POLITICA
En Casa Rosada aseguran saber quién realizó la filmación a Adorni antes de tomar el vuelo privado
Mientras la Justicia busca información para dar con el autor del video que muestra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, rumbo al avión privado que lo llevó a Punta del Este, el pasado feriado de carnaval, en Casa Rosada aseguran saber quién lo filmó.
Según aseguró una importante voz de Balcarce 50 a se trata de una mujer que es “delegada sindical”, “empleada de planta” y “comunista”, según la definición que dieron para referirse a su vínculo con un sector de la izquierda local.
Aseguraron que se llama Victoria Correa, que milita en las filas de Nicolás del Caño, en el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS). Trabajaría en Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) o uno de los organismos de control.
Agregaron que cumple funciones laborales en el lugar. Y que no fue difícil identificarla porque “trabajan unas 70 personas en el lugar” y fue vista en el lugar.
El domingo, frente a la difusión de las imágenes del momento en que abordaba en el aeropuerto de San Fernando el jet privado que habría alquilado para viajar a Uruguay, Adorni había denunciado un complot interno. “Es una campaña para desestabilizar al Gobierno desde adentro”, dijo el domingo en LN+. Dijo que el video fue filmado “desde adentro” y prometió una investigación interna.
Ayer hubo un pedido de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) a las empresas que operan en el Aeropuerto de San Fernando, que envíen el material fílmico que tengan del día de partida y retorno de Adorni, en febrero pasado.
Fue, según consta en el escrito, en el marco de la causa caratulada como “Adorni, Manuel sobre Malversación de caudales públicos y cohecho”, en la que el denunciante es el diputado Esteban Paulón y que es investigada por Lijo.
En el texto circulado por la fuerza a las firmas que operan en el lugar se consignó: “En cumplimiento del oficio judicial recibido en esta fuerza de seguridad en el día de la fecha, que guarda relación el expediente mencionado en el epígrafe, solicito quiera tener a bien efectuar la conducente de manera inmediata, a los fines de llevar a cabo las gestiones necesarias para resguardar todo tipo de registro fílmico obrante en el sistema de circuito cerrado del hangar e instalaciones que usted representa, correspondiente a los días 12 y 17 de febrero de 2026″.
Lijo avanza con la investigación y de acuerdo a la información que recibió respecto del pago del avión en el que voló Adorni ya sabe que: el tramo de ida aparece a nombre de la productora Imhouse, de Marcelo Grandio, el periodista que trabaja en la TV Pública, es amigo de Adorni y dijo que lo alojó en su casa de Uruguay. Y el de vuelta forma parte de un paquete de 10 viajes facturados a un tercero.
Así lo informaron a fuentes judiciales, que dijeron que quien está registrado como comprador de los 10 vuelos no sería una figura pública. Se llama Agustín Issin Hansen y en la factura aparece con un domicilio en Uruguay. La Justicia prepara un exhorto diplomático con un pedido de información.
Desde hace casi dos semanas, Adorni quedó en el epicentro de una sucesión de polémicas y denuncias que comenzaron luego de que se conociera que su esposa, Bettina Julieta Angeletti, viajó en el avión presidencial a Nueva York. Poco después llegó la difusión del video en el que se lo ve a Adorni junto a ella y su amigo Marcelo Grandío, rumbo a Punta del Este por subirse al avión privado en el aeropuerto de San Fernando.
Tras lo que en las últimas horas surgió que Angeletti figura como la responsable de comprar una casa de descanso en un country, en noviembre de 2024 y que no figura en la declaración jurada de Adorni ante la Oficina Anticorrupción (OA).
La adquisición de la propiedad trascendió por medio de una denuncia penal la diputada Marcela Pagano.
Según documentación catastral, obtenida por en un trámite regular ante la Dirección Provincial de Registro de la Propiedad bonaerense, Angeletti figura como única titular de la Unidad Funcional 380 de Indio Cua desde el 15 de noviembre de 2024, cuando se la compró a otro particular. El documento deja constancia de su fecha de nacimiento, su nacionalidad y de que está casada con el jefe de Gabinete.
Tal como contó este diario, aún no se sabe si la casa en el country figura en el anexo reservado con los bienes de Angeletti. Los funcionarios públicos están obligados por ley a declarar el patrimonio de sus cónyuges, pero ese archivo no se puede consultar en línea; es facultad del Ministerio de Justicia decidir si lo da a publicidad o no ante el pedido de un particular o una entidad interesada.
En cambio, sí debe entregarlo a pedido de una autoridad judicial. Esto es así desde 2013, cuando el kirchnerismo impulsó una reforma de la Ley de Ética Pública que fue muy cuestionada por restringir el acceso a datos patrimoniales de los funcionarios.
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POLITICA
Caso Libra: el fiscal se defendió de las críticas por supuestas demoras en la investigación y filtraciones de documentos
En un comunicado, el fiscal Eduardo Taiano dio precisiones sobre el análisis técnico de los dispositivos secuestrados en la investigación conocida como causa $LIBRA y explicó las medidas adoptadas tras la filtración de documentación privada de los imputados.
En medio de las críticas por presuntas demoras de la investigación, la fiscalía detalló que luego del secuestro de dispositivos electrónicos, se encomendó su apertura y análisis a la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP).
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Durante ese proceso, profundizó el comunicado, se emitió el 17 de noviembre de 2025 un informe preliminar, en el que se consignó, entre otras circunstancias, que el trabajo se encontraba “en curso”. “Ese informe es privado en tanto no aborda conclusiones definitivas. Es orientador”, aclaró Taiano.
En esa línea, el fiscal aclaró que “el informe final con conclusiones rigurosas, fue elevado a esta fiscalía el 13 de enero de 2026 y, tras su incorporación al sistema de gestión judicial el 24 de febrero de 2026, quedó disponible para las partes, con anterioridad a la difusión pública de documentación vinculada a la causa acontecida el 6 de marzo de 2026″.
Por último, en el comunicado emitido se aseguró que “las precisiones servirán para llevar claridad respecto de lo acontecido más allá de que esta fiscalía reafirma su compromiso con el avance de la investigación, el respeto de las garantías procesales y la adecuada preservación de la información sensible, en resguardo de la eficacia del proceso”.
En la causa están imputados Hayden Mark Davis (representante de “Kelsier Ventures”), Julian Peh (de “Kip Protocol”), Mauricio Gaspar Novelli, Manuel Terrones Godoy (socios de “Tech Forum Argentina”), Bartosz Lipinski (de “Cube Exchange”) y Sergio Daniel Morales (ex asesor de la CNV y socio de Terrones Godoy en “City Entertainment SRL”).
También el Presidente Javier Milei y la secretaria general de la Presidencial, Karina Milei.
El fiscal a cargo del caso aseguró que se trata de una compleja red de transacciones vinculadas a criptomonedas que podrían estar relacionadas con “pagos indirectos a funcionarios públicos a los fines de la concreción de los hechos”.
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“Es claro que nos encontramos ante una pesquisa cuya extrema complejidad impacta en la duración del proceso, en el que se hallan imputadas gran cantidad de personas relacionadas entre sí mediante complejos vínculos informales, que incluyen actividades en el extranjero; y frente a la posibilidad de que los fondos detectados en USDT sean convertidos en otra moneda sin autoridad central, por lo que la demora podría tornar de imposible su cautela posterior», sostuvo el fiscal.
La investigación busca establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar que rodearon la creación y el lanzamiento de Libra, la criptomoneda promocionada por Milei a través de sus redes sociales, el viernes 14 de febrero.
Eduardo Taiano, Libra, Justicia
POLITICA
Allanan las dos sedes de la AFA en la causa que investiga la quinta de Pilar adjudicada a Toviggino
El juez federal de Campana, Adrián González Charvay, ordenó allanamientos en las dos sedes principales de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA): las oficinas de la calle Viamonte 1366, en el centro porteño, y el predio de Ezeiza.
Es en el marco de la causa que investiga la quinta de Pilar adjudicada al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino. González Charvay busca información de la empresa TourProdEnter, que recolectaba ingresos comerciales de la AFA en el exterior y cobraba, a cambio, el 30%, según el acuerdo comercial firmado.
El operativo está a cargo de la Prefectura Naval Argentina. Lo que busca la Justicia son documentos contables.
Fuentes de la AFA dijeron a que el operativo es una “orden de requisitoria con allanamiento en subsidio”; es decir, que la Prefectura tenía la instrucción de pedirle a la AFA la documentación y solo si no se la daban, estaban autorizados a avanzar por la fuerza. Fuentes judiciales dijeron, en cambio, que la orden era directamente allanar.
La AFA luego emitió un comunicado: “En el día de la fecha NO se llevó a cabo ningún allanamiento. Se trató de una requisitoria de documentación en el marco de actuaciones legales en curso”, dice el texto, que agrega: “El flujo de ingreso y egreso tanto de personal como de visitas se desarrolla con absoluta normalidad”.
González Charvay avanza con esta medida mientras en la Cámara Federal de Casación se discute si la causa debe tramitarse en su juzgado o volver al de Marcelo Aguinsky, juez del fuero penal económico de la Capital Federal.
Para definir eso, los camaristas Javier Carvajo, Angela Ledesma y Mariano Borinsky convocaron a una audiencia para el 30 de marzo. Abrieron el recurso del fiscal de Cámara de San Martín Carlos Cearras, que se había opuesto a que el asunto quedara en Campana como pidió el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia.
TourProdEnter pertenece al productor teatral Javier Faroni. No solo se quedó con el 30% de todos los ingresos comerciales de la AFA en el exterior durante los últimos cuatro años; también embolsó el 10% de todas las salidas de dinero vinculadas a tareas de “logística” en los contratos que intervino para la entidad de la calle Viamonte y de la Selección desde 2021, según surge de la copia firmada del contrato entre las partes que obtuvo .
Titulado “Acuerdo de Agente Comercial Internacional”, el documento lo firmaron Claudio “Chiqui” Tapia y Toviggino, como presidente y secretario ejecutivo de la AFA, el 9 de diciembre de 2021; es decir, apenas un día después de que la esposa de Faroni, Erica Gillette, presentó una “oferta” de trabajo a la AFA con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026. La oferta de TourProdEnter fue enviada el 8 de diciembre de 2021.
El contrato, tal como quedó formulado, le otorgó a TourProdEnter LLC su representación comercial exclusiva en todo el mundo, con la sola excepción del territorio argentino, para promover en nombre de la AFA “la suscripción de acuerdos de sus marcas, emblemas, imágenes y otros derechos incluidos”. Y, también, la “concertación de distintos eventos deportivos y comerciales”.
Como parte de sus funciones, TourProdEnter LLC también quedó autorizada a “actuar como agente de cobro de los contratos de esponsoreo y/o patrocinio que genere, y en aquellos casos que así AFA se lo requiera”, y a abocarse a la “promoción de las distintas actividades de AFA y/o sus Selecciones Nacionales a los fines de obtener distintos acuerdos que produzcan dinero para AFA”.
La quinta de Pilar, en Villa Rosa, tiene cinco hectáreas y está valuada en 20 millones de dólares. Cuenta con helipuerto, caballerizas, instalaciones deportivas y un garage con 45 autos de alta gama, de colección, motos y hasta dos karting de competición, como los que usa el hijo de Toviggino.
La tasación definitiva de esos bienes, junto con otros, como dos terrenos en Pilar y uno más sobre la ruta 8, está aún en curso, en manos de peritos de la Corte Suprema.
La Justicia investiga a quienes figuran como sus dueños, Luciano Pantano y su madre Ana Conte, titulares de la firma Real Central. Se trata de un exdirigente de la AFA que es monotributista y una señora jubilada. Sus perfiles económicos no se condicen con la dimensión de la quinta y sus prestaciones. Distintas pruebas reunidas en la causa vinculan el predio a los máximos dirigentes de la AFA, puntualmente a Toviggino.
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POLITICA
Un grupo de funcionarios peronistas ocupó por varias horas la antesala del despacho del intendente de San Isidro
Un enfrentamiento político en el municipio de San Isidro derivó en la ocupación del hall previo a la oficina del intendente Ramón Lanús durante varias horas, luego de que se limitara la cantidad de asesores asignados a una concejal, en una acción reivindicada por militantes cercanos al ministro provincial Andrés Larroque.
La ocupación comenzó en la tarde de ayer y finalizó cerca de la 1 de la madrugada, sin que se produjeran intervenciones policiales.
Entre los protagonistas de la protesta figuraron Marcos Cianni, director provincial de Deporte Social, y Manuela Schuppisser, concejal que lidera el espacio alineado con el kirchnerismo identificado con Larroque. Ambos, junto a militantes, se instalaron en el edificio municipal ubicado en la calle 9 de Julio, a metros de la avenida Libertador.
La tensión escaló tras la decisión del presidente del Concejo Deliberante, Jorge Álvarez, de eliminar los contratos extra que este grupo había obtenido mediante un acuerdo con la gestión anterior en 2021, lo cual les permitía tener el doble de asesores que el resto de los concejales. Pero esto llegó a su fin a partir de marzo, cuando se resolvió “normalizar” y “equiparar” recursos y contratos para todas las bancas.
Cómo fue la ocupación y la respuesta del Concejo Deliberante
La secuencia se desarrolló bajo una fuerte presencia de seguridad luego de las 20, cuando agentes de la policía bonaerense y personal privado contratado por el municipio rodearon la manzana comprendida entre 25 de Mayo y Libertador.
“Cianni tomó la privada de Lanús”, subrayaron con tensión. La raíz inmediata del conflicto está vinculada al recorte de asesores que buscó eliminar privilegios y establecer condiciones idénticas para todos los representantes. Hasta que entró en vigor este cambio, el grupo de Schuppisser y Cianni gozaba de un régimen especial. Al perder esa prerrogativa, el sector intensificó su reclamo mediante la ocupación, acción.
Desde la presidencia del Concejo Deliberante expresaron que “estos son aprietes de un sector marginal del kirchnerismo, que se referencia con el ´Cuervo´ Larroque. Antes arreglaba con el gobierno de Posse. Ahora no aceptan que hay un gobierno diferente en San Isidro y que las cosas cambiaron», ratificaron.
Además informaron que el grupo beligerante reclama que se quedaron afuera de la presidencia de una comisión, algo que tendrían que haber arreglado de manera interna con su bloque. “Este grupo viene haciendo amenazas desde febrero. Son los mismos que se manifestaron en el inicio de sesiones del Concejo, a gritos de “Lanús basura, vos sos la dictadura”.
Y dejaron firme un mensaje: “Los sanisidrenses no vamos a ser rehenes de la interna del PJ, ni vamos a dar un paso atrás frente a los aprietes y la violencia».
La protesta reaviva la fractura en el peronismo local
Durante la apertura de sesiones, el espacio liderado por Manuela Schuppisser también realizó una movilización con bombos en el recinto, interrumpiendo reiteradamente el discurso de Ramón Lanús.
Este grupo exigía el acceso a la presidencia de una comisión en el Legislativo local, beneficio negado primero por el bloque mayoritario del peronismo y luego por la presidencia del Concejo Deliberante, hecho que formalizó la ruptura interna.
Por su parte, desde el entorno de Andrés Larroque, ministro bonaerense y referente del sector movilizado, los voceros consultados por QUEPASA limitaron la respuesta a una denuncia: “Hubo una situación de apriete hacia la concejala del espacio”. Y no se brindaron más precisiones sobre el vínculo directo entre los militantes que protagonizaron la ocupación y la reacción del oficialismo local frente a los cambios administrativos.
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