POLITICA
En el segundo año de Milei, Argentina retrocedió 5 lugares en el ranking global que mide la corrupción
Pese al discurso contra la “casta política” y sus “prácticas corruptas” del presidente Javier Milei, en su segundo año de gestión, Argentina retrocedió cinco lugares en el Índice de Percepción de la Corrupción 2025. Se trata de una medición que hace anualmente la ONG Transparencia Internacional, líder en esta materia.
Quedó así en el puesto 104 sobre 182 países, en un ranking en el que los primeros lugares corresponden a los países más transparentes y los últimos, a los más corruptos. En 2024, Argentina se había ubicado en el lugar 99 sobre 180 naciones relevadas ese año.
En la medición realizada en 2025 y conocida hoy, se sumaron Belice, país centroamericano ubicado sobre el Caribe, y Brunei, una pequeña nación en la Isla de Borneo, en el sudeste asiático.
Argentina obtuvo 36 puntos sobre 100, el máximo puntaje asignado a los países más transparentes, según la edición 2025 del CPI (como se lo conoce por su sigla en inglés), un punto menos que en 2024, o sea una pero perfomance que un año atrás.
“Las malas novedades para Argentina en este Índice están relacionadas, seguramente, a la ausencia total de interés del gobierno en impulsar políticas anticorrupción. Nada se hizo en estos dos años para prevenir y sancionar la corrupción. A esto se le suman los casos Libra y ANDIS (Agencia Nacional de Discapacidad), que además de la sospecha de casos de corrupción no generaron una respuesta contundente por parte del Gobierno”, sostuvo Pablo Secchi, director de Poder Ciudadano, capítulo argentino de TI.
Este puntaje deja a nuestro país por debajo del promedio del continente americano, que es de 42 puntos. Aparece, así, junto a naciones como Belice y Ucrania, y es superado por países como Zambia, Lesoto, Gambia, y República Dominicana.
Los mejores y peores
El ranking del Índice de Percepción de la Corrupción 2025 lo lidera Dinamarca con 89 puntos y, en segundo lugar, otro país nórdico, Finlandia con 88 puntos.
En el otro extremo, los países con peor ubicación son Sudán del Sur y Somalía, que comparten el puesto 181 con 9 puntos, y Venezuela en el puesto 180 con 10 puntos.
“Es ampliamente conocido que el desarrollo capitalista sólido y socialmente eficiente no se obtiene con pases mágicos en la retórica y a la vez barriendo la tierra debajo de la alfombra, sino con políticas adecuadas y sostenidas en el tiempo. En el caso de la integridad, y a la luz de la evidencia internacional disponible, estas políticas constituyen una deuda pendiente cada vez más urgente”, afirmó Martín D ́Alessandro, presidente Poder Ciudadano, en un comunicado difundido por esta organización cuando se conoció el resultado del Índice a nivel mundial, esta madrugada en Argentina.
La medición en América
Argentina se ubica en el puesto 19 de 33 países del continente americano, cuyo promedio es 42 puntos, ocho por encima de los que consiguió Argentina.
Los países con mejores puntajes de la región fueron Canadá (75 puntos) en el puesto 16, y Uruguay (73 puntos) en el puesto 17.
Haití con 16 puntos, Nicaragua con 14, y Venezuela con 10, son los peores puntuados de América.
Desde 2012, 12 de los 33 países en la región obtuvieron peores puntajes, mientras que solo República Dominicana (37) y Guyana (40) registraron mejoras significativas. “Años de inacción gubernamental han erosionado la democracia y permitido el crecimiento del crimen organizado transnacional, perjudicando directamente a las personas, al socavar los derechos humanos, los servicios públicos y la seguridad”, sostuvo TI en un comunicado difundido hoy a las 7 am, hora de Europa Central, en esta madrugada en Argentina.
“Durante años, la corrupción ha permitido que el crimen organizado transnacional se infiltre en la política de países como México (27 puntos sobre 100), Brasil (35 puntos) y Colombia (37), fomentando la impunidad y las injusticias. En la actualidad, Costa Rica (56) y Uruguay (73), las democracias más fuertes de América Latina y con mejores resultados en el IPC, también sufren la violencia alimentada por la corrupción y el crimen organizado”, advirtió la organización líder en la lucha contra la corrupción a nivel mundial.
En el otro extremo, “países con instituciones fallidas y cooptadas, como Nicaragua (14) y Haití (16), continúan subsumidos en la corrupción y las redes criminales arraigadas”, agregó TI en su informe.
En ese sentido, recordó que, en toda la región, “la corrupción en los servicios públicos tiene graves consecuencias en la vida cotidiana de las personas”.
Puso como ejemplo el caso de Perú (obtuvo 30 puntos sobre 100), donde “la fiscalía está investigando presuntos sobornos en el programa de alimentación escolar para eludir los controles sanitarios, que podrían haber resultado en la distribución de comidas contaminadas y en enfermedades infantiles”.
Respecto de Argentina, la ONG internacional aseveró que “las investigaciones sobre presunta corrupción en la gestión de fondos para medicamentos destinados a personas con discapacidad muestran riesgos similares para los grupos vulnerables”.
En cuanto a la baja puntuación de Venezuela, la atribuyó a “años de corrupción generalizada y actividades ilícitas, que han disparado la pobreza y la desnutrición. En el país millones de familias sobreviven con escasos alimentos, agua y electricidad”.
También señaló que en varios países, “la reducción del espacio cívico debilita la supervisión y la rendición de cuentas”. Y citó el caso de El Salvador (32 puntos), las restricciones impuestas a las organizaciones de la sociedad civil limitan el escrutinio y la supervisión independiente de las acciones del gobierno”.
“La corrupción no es inevitable. Nuestras investigaciones y nuestra experiencia como un movimiento global en la lucha contra la corrupción demuestran que existe una hoja de ruta clara para exigir rendición de cuentas al poder en favor del bien común, desde procesos democráticos y mecanismos de supervisión independiente hasta una sociedad civil libre y abierta”, aseveró François Valérian, presidente de Transparencia Internacional, electo en 2023.
En lo que pareció una referencia a Donald Trump, agregó: “En un momento en el que observamos un peligroso desprecio de las normas internacionales por parte de algunos Estados, hacemos un llamado a gobiernos y a sus líderes para que actúen con integridad y estén a la altura de sus responsabilidades para ofrecer un futuro mejor a las personas de todo el mundo”, agregó este experto en cumplimiento de normas de integridad y anticorrupción, conocido por su trayectoria en el sector público y privado francés.
Cómo se elabora el Índice
El IPC mide anualmente la percepción de la corrupción de empresarios y expertos, pero sólo en relación a la conducta del sector público, o sea en el ámbito político y administrativo.
Es un índice compuesto, una combinación de al menos 3 y hasta 13 encuestas y evaluaciones de la corrupción, recopiladas por una variedad de instituciones reconocidas, entre ellas, el Banco Mundial, el Foro Económico Mundial, y distintas empresas.
Las puntuaciones reflejan las opiniones de especialistas y actores del ámbito empresarial sobre cómo perciben la corrupción en el Estado, pero no la visión del público en general. Actualmente, el IPC es el indicador de corrupción más utilizado en todo el mundo.
En el caso de Argentina, la medición se hizo en base a ocho encuestas de distintas entidades internacionales: el Índice de Transformación de la Fundación Bertelsmann, las Calificaciones de Riesgo País de Global Insight, el Anuario de Competitividad Mundial del International Institute for Management Development (IMD), The Economist Intelligence Unit Country Ratings, la Guía Internacional de Riesgo País de PRS Group, el Proyecto Variedades de Democracia, el Foro Económico Mundial, y el Índice de Estado de Derecho del Proyecto Justicia Mundial.
La organización explica que la elaboración del Índice se basa en la percepción, porque “normalmente, la corrupción implica actividades ilegales y deliberadamente ocultas que solo salen a la luz a través de escándalos y procesos judiciales. Esto hace muy difícil calcular su impacto real”. Y aclara que “las fuentes y encuestas que conforman el Índice de Percepción de la Corrupción se basan en cuestionarios cuidadosamente diseñados y calibrados, junto con las respuestas de expertos y empresarios”.
En 2012, Transparencia Internacional revisó la metodología utilizada para construir el índice para permitir la comparación de puntuaciones de un año a otro. “El proceso para el cálculo del IPC se revisa periódicamente a fin de asegurar la mayor solidez y coherencia posible. La revisión más reciente la realizó el Centro Común de Investigación de la Comisión Europea en 2017″, según informó TI.
Para que un país o territorio se incluya en el Índice, debe estar presente en un mínimo de tres de las trece fuentes de datos en las que se basa el Índice. El que un país no aparezca en la lista no implica que esté libre de corrupción, sino que no hay datos suficientes para calcular su nivel de corrupción con exactitud,» aclararon en TI.
La puntuación de cada país se determina calculando la media de todas las puntuaciones estandarizadas disponibles sobre ese país, redondeada a un número entero. Existe la posibilidad de que avances en el control de la corrupción en el sector público contrarresten los casos negativos, mejorando el puntaje final. También puede suceder que acciones de corrupción registradas en un país tarden un año o más en aparecer reflejadas en las fuentes, por lo que no se vean reflejadas en el último IPC, sino recién en el siguiente.
Infografías: Marcelo Regalado
POLITICA
El resurgimiento de la interna y la nueva etapa política que el Gobierno quiere inaugurar cuando Milei vuelva de EEUU
Con el presidente Javier Milei en los Estados Unidos, donde volverá a encontrarse este sábado con Donald Trump, en la Argentina el Gobierno trabaja intensamente en diferentes áreas para comenzar una nueva etapa política cuando el mandatario nacional regrese a Buenos Aires, que iniciará con el impulso de más reformas que están en carpeta.
El contexto no es casual. En Balcarce 50 quieren aprovechar los días afuera del Presidente para bajar los decibeles de una interna que resurgió con los cambios en el Ministerio de Justicia que empoderaron a Karina Milei y dejaron un saldo perdedor para Santiago Caputo. Si bien el desembarco de la hermana presidencial en una cartera clave generó impacto, hacia adentro de la Casa Rosada genera incertidumbre la proyección que abre la maniobra: hasta dónde buscará extender su poder la secretaria general.
Así las cosas, mientras todavía se está terminando de acomodar la nueva estructura a cargo de Juan Bautista Mahiques, la mesa política se volverá a reunir esta semana para definir las próximas iniciativas que se enviarán al Congreso.
La secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzábal Murphy, aceleró los procedimientos de revisión junto al ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, para que la modernización laboral pudiera ser promulgada antes de que el mandatario nacional partiera rumbo a Miami, la primera parada de su gira internacional.
En esa ciudad, Milei participará de una cumbre convocada por Trump para mandatarios de América Latina, con el objetivo de afianzar la relación y tratar de reducir la influencia de China en la región.
El líder libertario participará de un almuerzo de honor organizado por su par republicano y luego será premiado por el comité de la Hispanic Prosperity Gala.
El argentino tenía previsto asistir al evento que organizó esa entidad para mediados de febrero, pero suspendió el viaje a último momento por cuestiones de agenda.
Lo que sucedió en aquel momento fue que Trump lo invitó al primer encuentro de la Junta de La Paz, que se hacía tan solo unos días más tarde. Por lo tanto, priorizó esa visita y suspendió su participación en la otra gala para no estar tanto tiempo fuera del país.
Ahora, Milei se verá nuevamente con el presidente estadounidense, en lo que será su séptimo encuentro con el norteamericano (entre formales e informales) desde el 2023 a esta fecha.
Posteriormente, volará a Nueva York para encabezar la inauguración de la Argentina Week, la convención que reúne a importantes empresarios de todo el mundo y busca atraer inversiones.
Allí, se mostrará con un grupo de gobernadores a los que convocó formalmente, a través de la Cancillería, para que muestren el potencial productivo de sus respectivas provincias.
Estarán Marcelo Orrego (San Juan), Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy), Gustavo Sáenz (Salta), Claudio Vidal (Santa Cruz), Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro), Alfredo Cornejo (Mendoza), Ignacio Torres (Chubut) y Juan Pablo Valdés (Corrientes).
En tanto, al Presidente lo acompañarán su hermana y secretaria general, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; los ministros Luis Caputo (Economía), Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado), Mario Lugones (Salud) y Pablo Quirno (Relaciones Exteriores). También estarán el titular del Banco Central, Santiago Bausili, y el secretario de Comunicación, Javier Lanari.
Una vez finalizado este evento, el mandatario se trasladará directamente a Chile para la asunción de José Antonio Kast, aunque la comitiva —excepto Karina— podría volver directamente a Buenos Aires.
Ya de regreso, Adorni tiene previsto convocar a una nueva reunión de la mesa política para comenzar a analizar los pasos a seguir en el inicio de estas sesiones ordinarias.
De acuerdo con lo que precisaron a este medio algunos de los integrantes de ese grupo, la idea es ultimar la estrategia para la ley de Glaciares y el financiamiento universitario, las dos iniciativas que impulsará el Gobierno en los próximos días.
El primero de esos proyectos ya tiene media sanción del Senado y está esperando a ser discutido en la Cámara de Diputados. Mientras que el segundo ingresó durante el verano y es una alternativa a una norma similar que vetó meses atrás el Presidente. Sin embargo, el Congreso lo ratificó, por lo que entró en un limbo.
En Infobae en vivo, la periodista Maia Jastreblansky detalló los cambios propuestos por la administración libertaria para encontrar una solución intermedia.
“El proyecto original hablaba de una recomposición presupuestaria desde el año 2024 y de actualizar por IPC. El nuevo solo contempla los gastos de 2026 y prevé una actualización si el índice de precios al consumidor supera el 14,3 %. Es una suerte de cláusula gatillo”, describió.
Además de Adorni y Karina, la mesa política está integrada por los ministros Luis Caputo (Economía) y Diego Santilli (Interior); la jefa de bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el subsecretario de Gestión Administrativa, Eduardo “Lule” Menem; el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt; y el asesor presidencial, Santiago Caputo.
El esquema de la administración nacional todavía se está ordenando luego del reemplazo de Juan Bautista Mahiques por Mariano Cúneo Libarona en el Ministerio de Justicia y todos los cambios que se dieron a partir de esto.
Una de las primeras medidas que tomó el flamante funcionario fue reemplazar a toda la cúpula de la cartera y de los organismos que dependen de él.
De esta manera, se desplazó a quien era el secretario de Justicia, Sebastián Amerio, cercano a Caputo, quien luego de extensas negociaciones fue nombrado en la Procuración del Tesoro.
Las conversaciones para reubicar al dirigente del riñón del estratega político se sucedieron a lo largo de todo el jueves, cuando circularon múltiples versiones, pero se confirmaron recién el viernes.
Incluso, se especuló con la posibilidad de que Amerio pasara a depender de Ibarzábal Murphy, otra funcionaria fiel a Caputo, en lugar de reportar a Mahiques.
De hecho, un primer comunicado que trascendió indicaba que la Procuración iba a trasladarse a la órbita de la Secretaría de Legal y Técnica, pero fue solo un borrador que nunca se publicó oficialmente.
En ese texto, se argumentaba que ese cambio en el organigrama tenía “el objetivo de fortalecer la coordinación estratégica en la defensa jurídica del Estado y acompañar, con mayor cercanía institucional a la Presidencia de la Nación, la estrategia jurídica de este Gobierno”.
Cuando Milei esté de nuevo en la Argentina, es probable que los nuevos funcionarios ya estén plenamente ocupados en sus tareas y que la cúpula libertaria ya haya avanzado con las leyes que impulsará en el corto plazo.
Por su parte, Santilli tiene en mente comenzar la otra semana con una nueva gira por el interior del país para volver a buscar los votos para las reformas, como hizo en la previa de las sesiones extraordinarias.
Business,International Relations,Corporate Events,Diplomacy / Foreign Policy,Europe
POLITICA
Reclamos de la CGT por la reforma laboral, tensión con la industria e interna en Justicia: los frentes abiertos del Gobierno
Con la reforma laboral en vigencia, un nuevo capítulo se abre en el mercado de trabajo argentino, en medio de una disputa creciente entre el Gobierno y el sector industrial por el rumbo de la economía. Mientras el oficialismo defiende la apertura económica y cuestiona el modelo productivo anterior, los empresarios reclaman un período de transición para adaptarse al nuevo escenario.
La ley, aprobada por el Congreso hace el viernes 27 de febrero, comenzó a regir desde el momento en que fue publicada en el Boletín Oficial. Desde entonces, se aplica tanto a los nuevos contratos laborales como a los ya existentes.
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Sin embargo, la implementación inmediata de la norma deja una incógnita relevante: qué jueces serán los encargados de aplicarla. Los jueces laborales nacionales dejaron de recibir nuevas demandas, mientras que el fuero laboral de la Ciudad de Buenos Aires todavía está en etapa de creación. Además, aún falta la reglamentación de algunos aspectos de la reforma.
El Gobierno considera que la modificación del régimen laboral es una condición necesaria para fomentar la creación de empleo. Pero dentro del propio debate económico se reconoce que la reforma por sí sola no garantiza ese resultado. El factor decisivo seguirá siendo el nivel de actividad económica.
Ese punto está en el centro del conflicto entre la Casa Rosada y el sector industrial. La tensión quedó expuesta durante la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, cuando el presidente Javier Milei calificó a algunos empresarios de “prebendarios”.
El ministro de Economía, Luis Caputo, reforzó esa línea de argumentación. En distintos planteos públicos hizo una defensa del libre mercado y reiteró que el Gobierno mantendrá la política de apertura económica.
Desde la Unión Industrial Argentina (UIA) respondieron con un posicionamiento defensivo del sector. Los industriales sostienen que el Estado debe acompañar el período de transición que implica pasar de un modelo económico cerrado a otro más abierto.
Caputo, por su parte, afirma que el Gobierno acompañará a aquellas industrias que estén dispuestas a competir. Pero al mismo tiempo sostiene que el país no tiene hoy un modelo industrial que valga la pena preservar porque, según su visión, no es suficientemente potente ni genera empleo.
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Debajo de ese malestar oficial con el empresariado también aparece otro desacuerdo de fondo. En el Gobierno creen que parte del sector industrial impulsa una devaluación y se opone a la política de dólar barato que adoptó la administración de Milei.
Los industriales rechazan esa interpretación. Señalan que no pretenden volver al esquema económico anterior, pero advierten que la transición hacia una economía más abierta implica un proceso de normalización complejo.
Según explican, el modelo actual ya no depende de la emisión monetaria ni del gasto público para sostener la actividad. En ese nuevo escenario, las empresas consideran que el desafío pasa por reducir costos —algo que describen como difícil debido al peso de los impuestos— y lograr un abaratamiento del crédito para la producción y el consumo, que todavía se mantiene en niveles elevados.
La interna por el control de Justicia
Mientras la discusión económica dominó el plano público durante la semana, en el terreno político el foco estuvo puesto en la interna dentro del Gobierno por el control del Ministerio de Justicia.
La disputa entre Santiago Caputo y Karina Milei terminó resolviéndose a favor de la hermana del Presidente. El nombramiento de Santiago Viola como nuevo secretario de Justicia reflejó ese desenlace: Viola, apoderado de La Libertad Avanza, conoce a Karina Milei desde la campaña electoral. Además, fue quien acercó al actual fiscal general porteño Juan Bautista Mahiques al primer círculo de poder del oficialismo.
El anterior secretario de Justicia, Sebastián Amerio —alineado con Santiago Caputo— es considerado dentro del Gobierno como un funcionario con capacidad técnica. Por ese motivo le ofrecieron ocupar la Procuración del Tesoro.
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El actual titular de ese organismo, Santiago Castro Videla, está siendo evaluado como posible candidato para integrar la Corte Suprema de Justicia.
En paralelo, el frente judicial también tendrá novedades en los próximos días. La semana próxima el juez Diego Amarante indagará al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y al dirigente Pablo Toviggino.
El magistrado investiga si ambos cometieron un delito al no entregar al Estado, dentro del plazo legal, los aportes que la Asociación del Fútbol Argentino había retenido a sus empleados y jugadores. Según fuentes del expediente, el juez parece inclinado a procesarlos. De todos modos, la definición final del caso dependerá del avance de la causa, que continúa abierta.
Javier Milei, Unión Industrial Argentina, UIA, Ministerio de Justicia, Justicia, reforma laboral
POLITICA
El plan de Karina Milei para potenciar la formación de militantes libertarios para buscar la reelección en 2027
Con la mente en las elecciones del 2027, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, ideó un plan para que las regionales provinciales de La Libertad Avanza puedan dar lugar a la formación de referentes que se conviertan en futuros dirigentes políticos del espacio y defiendan las ideas de Javier Milei. Con algunas experiencias en funcionamiento, las autoridades nacionales trabajan en la unificación de criterios para centralizar el objetivo partidario.
Bajo esa premisa, la referente porteña, Pilar Ramírez, anunció recientemente la organización de lo que denominó “Escuela de Dirigentes”, que funciona con otra metodología en varias provincias. “Nuestro modelo de Ciudad exige cuadros bien formados“, argumentó la jefa del bloque libertario en la Legislatura porteña a través de su cuenta de X, luego de una reunión organizativa con la titular de La Libertad Avanza.
Según supo Infobae de fuentes partidarias, la Ciudad de Buenos Aires motoriza el diseño de una instancia formativa, con la participación de varios integrantes del Poder Ejecuivo, para “crear una comunidad” que nuclee e integre a personas que se referecian con el espacio.
Asimismo, se abrirá un canal de capacitación, con actividades formativas y sociales como charlas, debates y cursos en los que participen ministros y referentes que permitan moldear el perfil “anti casta” de los militantes y nutrirlos del lineamiento ideológico. El proyecto en el que trabajan los equipos que responden a la legisladora podría estar listo a mitad de año y apunta a robustecer las filas violetas en la previa al desafío de competir por la Ciudad.
En Buenos Aires, el diputado y armador libertario, Sebastián Pareja, impulsó la Escuela de Formación, Debate y Análisis Político, fundada por la legisladora Miriam Niveyro, y con sede en distintos puntos de la provincia. “Esta institución desarrolla el pensamiento crítico de ideas comprometidas con los principios del liberalismo; los mismos promueven el respeto a la vida, la libertad y la propiedad privada”, reza la página web de la entidad que dirige académicamente Fernanda Coitinho y que funciona desde hace cinco años con intención de “educar a la ciudadanía”.
Algo similar ocurre, de manera artesanal, en el interior del país en provincias como Córdoba, La Rioja y San Juan, con las particulares que cada regional le imprime a la dinámica.
Ante este escenario, las autoridades nacionales del sello buscan unificar criterios y centralizar la metodología para ordenar las instancias formativas a las que someterán a la militancia, pero también a quienes quieran acercarse. “Todo partido en formación tiene la obligación de hacerlo”, reveló una importante fuente de La Libertad Avanza a Infobae.
“La idea es retomar experiencias de las provincias y centralizar criterios después del 20 de marzo”, sostuvo una fuente del ecosistema libertario.
Es que detrás de la necesidad de elevar el nivel de los referentes del partido se esconde la determinación de ampliar la representación a nivel nacional rumbo al 2027 por lo que este año apostaran a reforzar la presencia en el interior. Atentos a la posibilidad de que los gobernadores desdoblen las elecciones, en las filas libertarias prometen que atenderán las alianzas trazadas, pero anticipan que de anticipar los comicios competirán con los propios en todos las provincias sin importar el sintonía con los gobiernos provinciales. “Si adelantan, tenemos obligación de presentar listas”, afirmó una voz al respecto.
Pasados los primeros dos años de gestión, y luego de haber conquistado la personería jurídica, La Libertad Avanza vio validada en octubre la estrategia que lleva el sello de Karina Milei y la colaboración del titular de la Cámara de Diputados y vicepresidente del espacio, Martín Menem, y Eduardo “Lule” Menem, subsecretario de Gestión Institucional.
“La demostración de octubre es que la gente sigue confiando en la marca por eso tenemos que trabajar para potenciarla y llevar el modelo de Milei a todos lados”, argumentó a este medio un dirigente del espacio.
Pasada la primera reunión partidaria convocada por la menor de los Milei, en la que los referentes provinciales se llevaron el mandato de impulsar la implementación de la Boleta Única de Papel (BUP) en todas las legislaturas, en la mesa nacional maduran la posibilidad de repetir una vez por mes las reuniones con las autoridades provinciales del partido para mantener aceitada las instancias de debate internas.
En paralelo, el Poder Ejecutivo tiene entre su lista de prioridades el envío al Congreso de una reforma política que modifique el sistema de votación actual. Para eso, aspiran a eliminar las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), modificar el régimen de partidos políticos, entre otros puntos.
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