POLITICA
En estampida, los clubes de fútbol dejan de pagar aportes sociales y previsionales, con una única excepción
Entre noviembre de 2025 y enero de 2026 se produjo un fenómeno nuevo en la administración de las asociaciones del fútbol: 29 de los 30 clubes de la Primera División dejaron de pagar aportes y contribuciones de la seguridad social.
El relevamiento de registros oficiales de ARCA, realizado por , muestra que la interrupción fue casi simultánea y atravesó a instituciones grandes, medianas y recién ascendidas.
La única excepción detectada es Estudiantes de La Plata, que figura con cumplimiento total.
La mayor parte de los clubes interrumpieron los aportes en diciembre. En ese mes dejaron de pagar Boca Juniors, River Plate, Argentinos Juniors, Lanús, Rosario Central, Belgrano y Barracas Central, entre muchos otros.
Algunos clubes se adelantaron y los interrumpieron en noviembre, como Banfield, Instituto de Córdoba y San Lorenzo.
Otros extendieron el incumplimiento hasta enero, como Racing Club y Tigre.
En el caso de Deportivo Riestra va más allá y aparece incluso con falta de pagos en febrero.
Lo que muestran los registros es algo más delicado que una mera demora administrativa. El empleador, en este caso cada club, actúa como agente de retención: descuenta del salario de los trabajadores un 11% destinado a jubilación, un 3% para obra social o prepaga y otro 3% para el PAMI. A esto se deben sumar las contribuciones patronales —que rondan el 24%—. Son todos recursos que nunca deberían permanecer en la caja de la institución.
Sin embargo, según la documentación analizada por , durante ese período la conducción del fútbol se quedó con fondos que provenían de los sueldos y que debían financiar la cobertura de salud de los empleados o aportar a sus futuras jubilaciones.
En términos legales, no depositar esos montos en los plazos establecidos puede configurar el delito de retención indebida. La normativa prevé que, si transcurren diez días hábiles sin regularización desde la fecha límite, el incumplimiento puede escalar al plano penal.
El incumplimiento masivo se produce en medio de una fuerte disputa entre el Gobierno nacional y la Asociación del Fútbol Argentino.
La cúpula de la AFA aparece, además, apuntada por denuncias de desvíos millonarios de fondos a empresas fantasma, vínculos con una mansión en Pilar a nombre de un monotributista y una jubilada, y manipulación de causas judiciales para evitar que avancen las investigaciones.
El 28 de julio de 2025, la administración de Javier Milei dispuso por decreto una actualización de la alícuota de contribuciones del fútbol para, según la comunicación oficial, “equilibrar el déficit del sistema jubilatorio”.
El encargado de comunicar la medida fue el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, quien lanzó duras críticas contra la conducción de Claudio Tapia. “Los directivos del fútbol son millonarios subsidiados por los jubilados”, afirmó públicamente, en referencia a la flaqueza de los aportes.
El origen de la tensión se remonta al régimen especial creado por el Decreto 1212/03 durante el gobierno de Eduardo Duhalde, que reemplazó el esquema general de aportes por un porcentaje aplicado sobre entradas, transferencias y derechos de TV.
Según la visión oficial, ese sistema se volvió deficitario. La nueva disposición fijó una alícuota del 13,06% más un adicional transitorio del 5,56% por doce meses. De acuerdo con datos oficiales citados por el ministro, el régimen había cubierto solo el 57% de sus obligaciones y acumuló un rojo de $7.000 millones entre noviembre de 2023 y abril de 2024.
El Gobierno también cuestionó maniobras para reducir la base de cálculo, como la venta de abonos en lugar de entradas.
El Ejecutivo intentó directamente derogar el régimen especial mediante el Decreto 939/24 para que el fútbol volviera al sistema común, pero la AFA obtuvo una cautelar del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 6, a cargo del juez Enrique Alonso Regueira, que frenó el cambio. Según Sturzenegger, si Vélez Sarsfield y River Plate hubieran tributado bajo el régimen general, sus aportes jubilatorios habrían sido 26 y 22 veces mayores, respectivamente.
La extensión del incumplimiento resulta llamativa. En Huracán e Independiente el corte aparece entre diciembre y enero; en Central Córdoba de Santiago del Estero se combinan interrupciones de seguro con contribuciones; Sarmiento de Junín y Talleres de Córdoba exhiben pagos parciales.
Incluso instituciones con fuerte estructura profesional, como Newell’s Old Boys o Vélez Sarsfield, figuran con interrupciones.
Al partir del análisis de , también hay señales de una creciente debilidad financiera en algunos casos. Argentinos Juniors acumula 74 cheques rechazados por más de $1.051 millones; Atlético Tucumán presenta un pico de deuda de $843 millones; Aldosivi registra un rojo de $6,5 millones en noviembre.
En Independiente Rivadavia se consigna que el año pasado llegó a situación 5 de deudor, el escalón más crítico del sistema financiero.
Para los trabajadores, las consecuencias son directas: aportes jubilatorios que no impactan en su historia previsional, cobertura de salud en riesgo y posibles conflictos al momento de tramitar prestaciones.
Para los clubes, el cuadro puede derivar en reclamos de la seguridad social, intereses acumulados, ejecuciones fiscales e incluso responsabilidades penales si se confirma la retención indebida. .
Camila Dolabjian,Conforme a
POLITICA
Un abogado constitucionalista advirtió cuáles son las mayores incongruencias de la reforma laboral: “Todo es un gran show”
Este viernes el abogado constitucionalista Diego Armesto visitó los estudios de LN+, donde se refirió a las mayores incongruencias de la reforma laboral que el oficialismo busca convertir en ley en el Senado. “En la Argentina todo es un gran show”, manifestó.
“Toda reforma laboral tiene tres patas: el Gobierno, los gremios y los empresarios. Cada una de esas patas, arregló. Los únicos que se quedaron afuera son los trabajadores», planteó Armesto.
En palabras del especialista, “la reforma laboral es regresiva: al trabajador privado lo va a perjudicar”. “Porque esta ley no crea trabajo: es simplemente un marco regulatorio. Desde ahí en adelante tenés con qué jugar”, remató.
“Nadie se puso a leer la ley finita, por ejemplo el artículo 14 actual que regula el fraude laboral sigue vigente, y eso es incongruente”, analizó Armesto.
“Por otro lado, el artículo de indemnizaciones está mal redactado, porque pone devengado, y el aguinaldo también es devengado”, subrayó el constitucionalista.
En su visita a los estudios de LN+, el abogado se animó a proyectar un hipotético escenario. “Si la ley se aprueba y el lunes la CGT hace una presentación judicial, va a ir a hacer un show, porque para acatar una ley, la misma tiene que estar promulgada”, planteó.
Según Armesto, “este proyecto es como volver al 1991 y encontrarse con la ley 24.013. Es como la ley nacional de empleo, con una diferencia: ahora no tenés multas”.
“Entonces, al no haber multa, no le generas la obligación al empleador de poner al trabajador en blanco”, argumentó.
Por último, el constitucionalista también se refirió a otro proyecto que será tratado por el Senado: el régimen penal juvenil.
“Todo esto es para que el domingo a la noche [en alusión a la apertura de las sesiones ordinarias] cuando hable Milei, el Presidente pueda gritar: ‘yo puse la ley penal juvenil’”, enfatizó.
“Porque todos esos slogans del tipo, “crímenes de adultos, penas de adultos”, son todos mentira», cerró Armesto.
Reforma laboral,Congreso Nacional,Javier Milei,,Conforme a,Reforma laboral,,Mapa de cortes. Video: los incidentes del Obelisco por una protesta contra la reforma laboral, desde un drone,,Tensión con la Policía. Manifestaciones y cortes en el centro porteño en protesta por la reforma laboral,,Congreso. Qué es la reforma laboral de Javier Milei que aprobó Diputados y cuáles son los principales puntos
POLITICA
El Superior Tribunal de Entre Ríos anuló la destitución de la fiscal anticorrupción Cecilia Goyeneche
La sentencia anuló el veredicto del Jurado de Enjuiciamiento que había dispuesto la remoción de Goyeneche de su cargo de fiscal en mayo de 2022. La determinación se correspondió con un fallo de la Corte Suprema de 2024. El máximo tribunal definió que se habían vulnerado los derechos de la acusada en el procedimiento. El hecho en el que se basó fue el corrimiento del Ministerio Público Fiscal como órgano acusador y su sustitución por un fiscal ad hoc.
Ahora, Goyeneche volverá a ocupar su lugar en la Procuración General de Entre Ríos. Sin embargo, ya no podrá ejercer como Fiscal Anticorrupción. Es que la funcionaria había llegado a ese cargo por una resolución administrativa del jefe de los fiscales, Jorge García. La medida era provisoria por la falta de reglamentación de este cargo creado en la Constitución de 2008.
Luego de la destitución de Goyeneche por el Jury, la Legislatura sancionó una ley reglamentando la Fiscalía Anticorrupción. Dispuso que el cargo principal y los dos secundarios tenían que ser cubiertos por concurso ante el Consejo de la Magistratura. Además, bloqueó la posibilidad de que, mientras estén vacantes, puedan ser subrogados.
“Las funciones que se le atribuyen al Fiscal Anticorrupción, los Fiscales Anticorrupción Adjuntos y el Fiscal Auxiliar no podrán ser asumidas por ningún otro integrante del Ministerio Público Fiscal”, consigna el artículo 6° de la ley 11.000.
El concurso para estos cargos se abrió en 2022. Pero por una serie de impugnaciones quedó empantanado. Hoy por hoy, el Consejo de la Magistratura lleva casi dos años de parálisis en el tratamiento de concursos.
Quién es Cecilia Goyeneche
La funcionaria judicial estuvo a cargo de las causas por delitos contra la administración pública provincial. En ese papel, se encargó de los casos más resonantes. En particular, de las investigaciones que derivaron en la condena al ex gobernador justicialista Sergio Urribarri.
Su desempeño en la denominada “Causa Contratos” fue la que complicó su carrera judicial. El caso investigaba los desvíos de fondos de la Legislatura hacia la política. El método utilizado era la contratación ficticia de personal.
En las pesquisas, surgió la intervención de un contador encargado de los aspectos administrativos de la operación. Su nombre era Pedro Opromolla. El hombre había tenido vínculo personal, comercial y profesional con el marido de la fiscal, Sebastián Orlando Bertozzi.
De esa relación surgió que Goyeneche sea copropietaria de inmuebles con Opromolla. Luego de que se rechazara su recusación en la investigación penal preparatoria, el propio Procurador García la corrió del expediente. En su lugar quedó la fiscal Mónica Carmona. El caso “Contratos”, develado en 2018, aún no llegó a juicio. Por ese vínculo, además, fue denunciada por dos abogados de origen radical Guillermo Mulet y Rubén Pagliotto.
Goyeneche concursó en este último tiempo para ser integrante del Tribunal Oral Federal de Paraná. Antes de la prueba de oposición, ocupa el primer puesto del orden de mérito.
Cuál fue la decisión del STJ
La sentencia hizo lugar al planteo de Goyeneche contra la decisión del Jurado de Enjuiciamiento de nombrar un fiscal ad hoc. Además, extendió esta determinación a todos los demás actos tomados con posterioridad. Entre ellos, el veredicto de remoción.
El dictado de este fallo correspondió a una conformación especial del Superior Tribunal. Es que los vocales del cuerpo ya habían intervenido con anterioridad en el proceso. Por eso debieron excusarse.
La decisión se tomó por el voto de los magistrados María Alejandra Abud, Aranzazú Quiroga, Marcelo Baridón, Santiago Brugo y Mauricio Mayer.
La sentencia debió tomar en consideración lo resuelto por la Corte. El máximo tribunal no avanzó sobre los hechos que se le atribuyeron a Goyeneche y que motivaron su destitución. Se centró en el aspecto formal de la designación de un fiscal ad hoc.
El Jurado de Enjuiciamiento había seguido este camino debido a que consideraba que el órgano acusador establecido por la Constitución no podría cumplir con objetividad su rol. Esa función correspondía al procurador García, que también había sido acusado de las mismas irregularidades que Goyeneche. No fue sometido a ningún proceso porque su cargo está en un limbo entre el Jury y el Juicio Político.
Si no era García, debía ser uno de sus subordinados. Que también lo eran de Goyeneche. Ese vacío legal fue completado de manera draconiana por los integrantes del Jurado de Enjuiciamiento. Convocaron a un abogado que componía la lista de conjueces. Después de varias excusaciones, Gastón Justet aceptó el cargo.
POLITICA
Encuesta: crece la desaprobación a Milei y la corrupción se consolida como el principal problema para los argentinos
En las últimas semanas, el presidente Javier Milei cosechó importantes triunfos en el Congreso, donde consiguió recuperar la iniciativa política, evitar derrotas y fragmentar al peronismo. Frente a la crisis de liderazgos en la oposición, el líder de La Libertad Avanza (LLA) activó un feroz ataque contra los grandes empresarios del país y volvió a confrontar con el titular de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, quien está en la mira de la Justicia por las denuncias de desvío de fondos a empresas fantasma.
El Presidente se mueve con soltura en el ring político, como si no tuviera motivos por los que preocuparse o como si su gestión no hubiera sufrido un desgaste. Defiende los logros de su plan económico y, lanzado en la “batalla cultural”, vocifera insultos contra los que considera enemigos de su modelo. Sin embargo, una encuesta realizada en febrero por AtlasIntel y Bloomberg refleja que crece la desaprobación a Milei y que aumenta la preocupación en la ciudadanía por la economía y el futuro del país. Además, la corrupción se consolida como el principal problema para los argentinos.
Desde junio de 2025, ese ítem trepó a la cima de las preocupaciones ciudadanas. En ese momento, desplazó al desempleo o la inflación. Concuerda con el estallido del escándalo por la difusión de la criptomoneda $LIBRA, que salpica al Presidente y su hermana, Karina Milei, y el avance de la investigación sobre el supuesto pago de sobornos en la extinta Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).
Días atrás, el juez federal Sebastián Casanello procesó al extitular de Andis Diego Spagnuolo, quien supo ser amigo de Milei -lo visitaba frecuentemente en Olivos-, por los delitos de cohecho activo (cobro de sobornos), fraude al Estado y negociaciones incompatibles con su cargo de funcionario público.
El estudio -de 4.761 casos- arroja datos sorprendentes. Por ejemplo, el 55.3% de los encuestados desaprueba a Milei, una cifra que creció seis puntos respecto de enero, frente a un 41.5% de aprobación. Desde finales de 2025, la consultora detecta un incremento del rechazo a la gestión libertaria.
En ese contexto, AtlasIntel y Bloomberg señalan que el 53.1% de los encuestados considera al gobierno de Milei como “malo o muy malo”, mientras que solo el 35% lo califica de “excelente o bueno”.
A su vez, Milei tiene una imagen positiva del 41% frente a un 57% de negativa. Respecto de febrero, esa cifra creció cinco puntos. Y es el peor registro desde octubre de 2024.
El gobernador bonaerense Axel Kicillof conserva un nivel similar de aprobación (40%), pero su imagen negativa está en entorno al 53%.
Por otro lado, el 62% de los argentinos tiene una “mala” percepción sobre la economía del país. Y el estudio refleja un marcado pesimismo en la población: el 50% cree que la economía empeorará durante los próximos meses y el 55% aguarda lo mismo para el mercado laboral.
Si bien la percepción de la inflación actual bajó al 25% -si se comprar con el pico del 60% a fines de 2024-, la expectativa de inflación para los próximos meses se mantiene en el 8.9%.
Por otra parte, la corrupción lidera la lista de preocupaciones de los argentinos, con un 43.9%. Más atrás figuran el desempleo (37.8%), los altos precios e inflación (33.5%) y la situación económica general (30.0%).
Entre tanto, el 71.4% de los encuestados cree que el nivel de criminalidad es “alto o muy alto”. Además, el 78.7% sospecha que las organizaciones criminales “controlan esferas importantes de la política y la justicia”.
En momentos en que Bullrich choca con su sucesora, Alejandra Monteoliva, por el ataque que sufrió por parte un integrante de la Policía Federal un camarógrafo en los alrededores del Congreso, el 58.3% califica de “malo o muy malo” el desempeño de la administración de Milei en seguridad pública.
No obstante, la propuesta impulsada por la Casa Rosada para bajar la edad de imputabilidad cosecha un gran apoyo en la sociedad. Es que el 61.3% de los consultados respalda el proyecto para reducir la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, frente a un 33,9% que está en contra.
En ese marco, el sondeo refleja una grieta en la sociedad respecto de la reforma laboral que apalanca Milei. Un 46% sostuvo que es necesaria, mientras que un 49% opinó lo contrario. En esa línea, el 59% de los encuestados reconoce su temor de que la reforma disminuya los derechos de los trabajadores, y el 55% considera que ampliará la precarización laboral.
pic.twitter.com/O5U9FBqbbB,February 26, 2026,pic.twitter.com/XHyFxVlYuI,February 26, 2026,Conforme a
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