Los movimientos sociales y piqueteros se preparan para un diciembre de alta tensión con el Gobierno nacional. Diversas organizaciones como la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), el Bloque Piquetero y Territorios en Lucha avanzan en conversaciones para coordinar acciones conjuntas antes de fin de año, mientras buscan sumar a gremios y sindicatos afiancen a una ofensiva política y callejera contra las políticas económicas de Javier Milei. “Va a ser un diciembre difícil”, sintetizaron y resonó a advertencia.

Funcionarios de la Casa Rosada, en diálogo con Infobae, afirman estar “preparados” para un fin de noviembre y el último mes de 2025 de “alta conflictividad y movilizaciones en todo el país”. Sin embargo, desde el Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, sostuvieron que la política de “tolerancia cero a los piquetes” se va a mantener. Y recordaron: “Los gerentes de la pobreza pueden amenazar todo lo que quieran, pero les recuerdo que de diez mil piquetes a año pasamos a cero corte arterias como la Avenida 9 de Julio”.

Dirigentes de la conducción de la UTEP le confirmaron a Infobae que trabajan en “un documento propositivo” que se presentará en los primeros días de diciembre, en coincidencia con la intención del Poder Ejecutivo de avanzar con una reforma laboral. “Será una propuesta integral desde la economía popular para discutir el rumbo del país”, señalaron desde la organización.

En diálogo con este medio, el secretario general de la UTEP, Alejandro “Peluca” Gramajo, adelantó que se está gestando una acción conjunta con distintos sectores del campo popular: “Estamos trabajando para hacer una movida importante a principio de diciembre con todos los movimientos sociales, populares y aquellos que se reivindican piqueteros. Algunos sectores sindicales también”. La ruta de las medidas de fuerza será cerrada, acordada, en los próximos días.

Gramajo explicó que, además de la coordinación territorial, la UTEP elabora un documento para instalar un debate público sobre la situación de millones de trabajadores que quedan fuera de la discusión sobre la reforma laboral impulsada por el Gobierno: “Estamos trabajando un borrador de documento donde vamos a plantear la problemática de los 10 o 12 millones de trabajadores que no discute la reforma laboral”. Y agregó: “Nosotros tenemos propuestas para intervenir en esta discusión. El debate principal está puesto en los trabajadores formales, pero el Gobierno intenta construir un relato público de que esta reforma va a resolver el problema de la informalidad, y sabemos que no es así”.

El dirigente también anticipó que también participarán en otros debates de la agenda oficial: “Por supuesto, también vamos a intervenir en la discusión sobre la política de los vouchers que supuestamente quiere implementar el Gobierno, que no es más ni menos que repetir el fracaso de Mauricio Macri y Alberto Fernández” con programas alternativos a lo que fue el programa Potenciar Trabajo que fue dato de baja por la Libertad Avanza y trasformado en Volver al Trabajo y Acompañamiento Social y que fue anunciado por la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

Esteban “Gringo” Castro, ex secretario general de la UTEP durante sus primeros 12 años de vida, también participará de manera activa en las marchas y movilizaciones. El dirigente ya mantiene conversaciones en el partido bonaerense de La Matanza con Juan Carlos Alderete, el líder de la Corriente Clasista y Combativa (CCC). “Nuestro pueblo está hambreado. Tenemos que pelear. No solo Milei, Caputo y Pettovello quitaron la comida a los comedores y merenderos comunitarios, con auditorias nunca realizadas, además nuestra conquista más importante que fue el Salario Social Complementario está en la mitad de la mitad de un salario mínimo, vital y móvil. Es indigno que se gane 78 mil pesos al mes trabajando 14 o 12 horas todos los días en las distintas actividades de la economía popular”, aseguró el integrante del Frente Patriótico por la Justicia Social.

“El hambre no espera”, reforzó la idea el dirigente del Movimiento Misioneros de Francisco y recordó que su principal convocatoria para las próximas movilizaciones -y las que ya encabezó- “es por el salario social complementario”.

“Se viene un diciembre duro”

En paralelo, dirigentes y militantes de movimientos sociales y sindicatos que integran la Multisectorial de La Matanza debatieron las próximas medidas para “enfrentar las políticas económicas del Gobierno nacional”. El encuentro se realizó en la Escuela Amarilla de Gregorio de Laferrere, donde los presentes coincidieron en “salir a las calles” y reanudar las movilizaciones de manera progresiva.

Entre los participantes hubo representantes de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), la CTA Autónoma de La Matanza, Barrios de Pie, el Partido Comunista local, el Sindicato de Canillitas, la Federación Argentina Azul; el Frente Patriótico por la Justicia Social y un Ala de Clubes de Barrios, personal del Hospital Paroissien y la Federación Argentina de Trabajadores de Aguas Gaseosas y Afines.

Los distintos sectores reconocieron que “se viene un diciembre duro” y acordaron “retomar las movilizaciones en forma paulatina para frenar las políticas de ajuste de Milei” con mayores concentraciones y protestas en las proximidades de las fiestas de Navidad y Fin de Año. También ratificaron su apoyo al gobernador bonaerense Axel Kicillof y cuestionaron el rol de la CGT, a la que acusaron de ser “funcional al Gobierno”.

En declaraciones a Radio Universidad, el secretario general de la CTA Autónoma distrital, Beto Galeano, sostuvo que “la democracia no es solo votar cada dos años, sino también expresarse libremente”.

El dirigente gremial también expresó: “La disputa es en las calles. Lo vamos a hacer junto a una buena parte de nuestro pueblo, que no es suicida, pero tampoco tiene miedo a las represiones y no se va a quedar de rodillas en su casa. Estamos dispuestos a ser el canal de expresión de las rebeliones populares”, afirmó.

El sindicalista reclamó “un modelo de país completamente distinto, con trabajo y salarios dignos”, y advirtió que buscarán “no repetir los errores del gobierno de Alberto Fernández”.

A su turno, El líder de la CCC, Juan Carlos Alderete, apuntó contra “la entrega del país a Estados Unidos por parte de los sectores oligárquicos que trabajan para dejar en la ruina al pueblo”. Explicó además que la Multisectorial de La Matanza había interrumpido sus reuniones “por las distintas tareas asumidas durante la cuestión electoral”, pero que ahora retomarán la coordinación de acciones.

Entre las definiciones de la Multisectorial, el referente de la CCC señaló que se resolvió lanzar una Jornada Nacional de Lucha el 28 de noviembre, que tendrá su epicentro en La Matanza, pero que, según adelantó, será coordinada a nivel federal junto a otras organizaciones de todo el país.

“La falta de trabajo es sinónimo de hambre”, explicó el exdiputado nacional, quien añadió que la jornada buscará visibilizar la situación social y rechazar las reformas previsional y laboral que impulsa el Gobierno, a las que calificó como intentos de “dividir al movimiento obrero”.

Agenda de movilizaciones

Mientras tanto, la UTEP definió un cronograma de acciones para los próximos días. El viernes 14 de noviembre realizará una concentración de la rama de trabajadores y trabajadoras del espacio público frente a la Secretaría de Trabajo de la Nación, a las 10 de la mañana. Reclamarán la apertura de una mesa de diálogo para la regularización del sector, denunciando persecuciones, decomisos y estigmatización por parte de fuerzas estatales.

En tanto, el 26 de noviembre, coincidiendo con la convocatoria del Consejo del Salario, habrá una nueva movilización a las puertas de la Secretaría de Trabajo. Exigirán el acople del Salario Social Complementario al Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVyM), su actualización, un bono de fin de año y la continuidad del programa durante 2026.

Con el calendario social y político en tensión, y diciembre en el horizonte, las organizaciones de base buscan volver a ocupar las calles como escenario central de disputa con el Gobierno libertario.

La bancada de Unión por la Patria (UxP) en el Senado ya prepara la última sesión antes del recambio legislativo.

José Mayans intentará juntar a sus 34 senadores y a otros legisladores para alcanzar los 37 para el quórum y abrir el Senado nacional el próximo miércoles 19 de noviembre.

No será una tarea fácil, los resultados electorales del pasado 26 de octubre impactarán desde el próximo 10 de diciembre con la reducción de la bancada peronista, que pasará a denominarse Fuerza Patria, de 34 a 28 integrantes.

Pero las conversaciones avanzadas entre el ministro del Interior, Diego Santilli, con los gobernadores de Santiago del Estero, Gerardo Zamora y de Catamarca, Raúl Jalil, podrían provocar que los senadores de estas dos provincias no se sumen a la última embestida de UxP. Si podrían acompañar los radicales Martín Lousteau y Pablo Blanco y Guadalupe Tagliaferri del Pro, que se están despidiendo de la Cámara alta.

El tema central para la oposición sería sancionar definitivamente los cambios a la Ley que regula la utilización de los Decretos de Necesidad y Urgencias (DNU). Una iniciativa que ya sancionó el Senado, pero diputados modificó, ya que no pudo alcanzar la mayoría absoluta del recinto en el tratamiento de un artículo, el tercero, que se refiere al plazo de 90 días para que se expidan las cámaras legislativas, sino el DNU carecería de valor. José Mayans y UxP avalarían la votación de Diputados.

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El pasado 4 de noviembre la Comisión de Asuntos Constitucionales, que preside la cordobesa de Provincias Unidas, Alejandra Vigo, dictaminó el proyecto que llegó en revisión. Allí se ratificó la sanción original, con el plazo de 90 días para su tratamiento en el Congreso, con un fuerte respaldo del bloque radical de Eduardo Vischi. Pero el kirchnerismo firmó en disidencia. Avala los cambios a la Ley de DNU, pero, ante un posible veto presidencial, los libertarios lo dan por descontado, sería más fácil que la Cámara baja insista con la norma.

Desde el 10 de diciembre La Libertad Avanza contará con más de un tercio de cada cámara del Congreso, lo que dejaría firme cualquier veto de Javier Milei a las iniciativas parlamentarias.

El artículo polémico

La iniciativa establece que un DNU deberá contar con ratificación parlamentaria cuando lo dispongan expresamente ambas Cámaras por mayoría absoluta de los presentes, dentro de los 90 días corridos desde su publicación en el Boletín Oficial. Si transcurrido ese plazo no se trata en el Congreso, el DNU pierde vigencia. Ese punto no logró la mayoría absoluta y será analizada nuevamente por el Senado nacional que podrá aceptar la postura de Diputados o insistir con su sanción. Todo indicaría que el miércoles próximo, Senado buscará aceptar la disidencia de Diputados.

La actual norma, sancionada en el 2006 a instancias de la exsenadora Cristina Kirchner, establece que, un DNU solo es rechazado si encuentra oposición en ambas cámaras, mientras que para su ratificación basta con la aprobación de una sola.

UxP y el rechazo a la Reforma Laboral

La bancadas de Unión por la Patria en ambas cámaras del Congreso están atentas a como se reconfigurará el Parlamento tras la renovación de diciembre. Las nuevas mayorías que intenta alcanzar La Libertad Avanza y los acuerdos entre la Casa Rosada y los gobernadores pusieron en estado de alerta a Germán Martínez, jefe del bloque en Diputados y a José Mayans en el Senado.

El diputado Hugo Yasky, de extracción sindical y líder de la CTA, presentó un proyecto que se contradice con las intenciones del oficialismo en el futuro debate de Reforma Laboral. La iniciativa del diputado de UxP modifica el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, estableciendo que la indemnización será de un mes de sueldo por cada año de servicio o fracción mayor a tres meses, calculada sobre la mejor remuneración mensual, normal y habitual del último año. Además, garantiza que el monto nunca sea inferior a dos meses de salario.

En los fundamentos, la iniciativa establece que el régimen actual se aparta del principio constitucional de protección contra el despido arbitrario. Los topes vigentes debilitan el carácter disuasivo de la indemnización, afectando el derecho de propiedad del trabajador y la garantía de igualdad.

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El diputado Hugo Yasky, además está organizando para la semana próxima, el lunes 17 de noviembre, una jornada de debate en el anexo de la Cámara baja con abogados laboralistas, sindicalistas y legisladores nacionales. “Será un nuevo encuentro del Foro por la Defensa del Derecho del Trabajo y la Justicia Social. Coordinados por el juez Roberto Pompa, con la participación de jueces laborales, abogados laboralistas y los diputados de extracción sindical”, le dijo a TN Hugo Yasky.

Agregando que, “como preceptos constitucionales y en el análisis del articulo 75 de la Constitución Nacional, que se refiere a la no regresividad de las leyes, las jornadas de empleo y la Reforma Laboral van a motivar un conjunto de intervenciones, con distintos enfoques, pero convergentes en la necesidad de defender la justicia laboral, de defender los derechos que forman parte de la doctrina laboral y de las conquistas del movimiento sindical”, dijo Yasky.

Senado

La Justicia rechazó el pedido de prisión domiciliaria presentado por la defensa de Julio De Vido, por lo que el ex ministro de Planificación Federal durante el kirchnerismo deberá cumplir su condena en una cárcel común.

El Tribunal Oral Federal 4 (TOF 4) resolvió desestimar el planteo y mantener la convocatoria prevista para el 13 de noviembre de 2025. El exfuncionario fue condenado a cuatro años de prisión por su responsabilidad en la tragedia de Once, ocurrida en 2012, que dejó 51 muertos.

Por la mañana, el abogado de De Vido, Maximiliano Rusconi, había calificado de “arbitrario” el fallo de la Corte Suprema que ratificó la condena y habilitó al TOF 4 a ordenar la detención del exministro. Ante la inminencia de un rechazo judicial, Rusconi adelantó que presentará una denuncia “ante el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias (WGAD) del Consejo de Derechos Humanos de la ONU con sede en Ginebra”.

En un comunicado titulado “Una nueva decisión arbitraria y violatoria de los derechos humanos fundamentales”, la defensa de De Vido cuestionó la rapidez con la que la Corte resolvió el caso y afirmó que el máximo tribunal “rechazó un recurso de queja en el cual esta defensa cuestionaba la legitimidad y el monto de la pena impuesta por la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal, con velocidad sospechosa y oportunismo evidente”.

Rusconi insistió en que la sentencia fue “injustificada y arbitraria” y que la resolución de la Corte “posibilitó que se ordenara la ejecución de la condena impuesta”.

La Corte Suprema ratificó la condena a Julio De Vido por la tragedia de Once y ordenaron su detención

Los jueces Fernando Canero, Ricardo Ángel Basilico y Néstor Costabel firmaron la resolución que “rechaza el planteo efectuado por la defensa técnica del condenado” y ratifica el cronograma judicial previsto. Paralelamente, Rusconi sostuvo que la Corte “omitió considerar que no tenía jurisdicción para pronunciarse”, ya que aún estaba pendiente “un planteo de prescripción de la acción penal”, que según el abogado “debió resolverse antes de cualquier otra cuestión de fondo”.

El letrado agregó que “cualquier decisión de privación de la libertad en este caso, cuya acción se encuentra extinguida, es una nueva manifestación de ilegitimidad y violación de las garantías fundamentales”.

También aclaró que De Vido “nunca fue condenado por el choque de Once, sino que fue absuelto”, y que la pena recayó sobre otra imputación “que quedó prescripta el 10 de diciembre de 2024”. La defensa presentó un recurso de reposición ante la Corte Suprema y espera que “tenga la atención que merece la seriedad del planteo”.

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